¿Amnistía para quién? ¿Para qué?

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Se discute en estos días en Francia una “amnistía social” propuesta en el senado por el Partido Comunista y el Frente de Izquierdas.

En términos muy simples consistiría en anular, borrar los delitos que hayan cometido los asalariados a partir de 2007 “con motivo de conflictos laborales o como consecuencia de actividades reivindicativas”. Borrar los delitos y las penas que les corresponderían, se entiende. La ley tiene límites, desde luego. Ampara únicamente infracciones cuya pena máxima sea inferior a cinco años de prisión, y desde luego excluye cualquier delito que implique “violencia física y secuestro”.

La ministra de justicia, Christiane Taubira, y el ministro delegado de economía, Benoît Hamon, han ofrecido argumentos muy razonables a favor de la ley. Es verdad, cualquier persona sensata entiende el enojo de los trabajadores que han visto reducidos sus ingresos, su acceso a los servicios públicos, la seguridad social, cualquier persona entiende la desesperanza de los miles de despedidos, desempleados jóvenes y de mediana edad, a los que nadie ofrece ninguna expectativa mejor para el futuro próximo. Ni para los siguientes cinco años. Cualquier persona sensata, con el corazón en su sitio, comprende y comparte el enojo de los trabajadores, sobre los que ha caído el peso de la crisis desproporcionadamente, como siempre. No obstante, el presidente Hollande se opone a la ley. Tampoco le faltan razones.

Los partidarios de la amnistía dicen que se rehúsan a “criminalizar” la protesta. La expresión resulta ambigua. Según yo, “criminalizar” la protesta sería convertir en delito el hecho de protestar. Pero provocar incendios, destruir propiedades, coches, robar, saquear comercios, agredir a transeúntes, funcionarios o policías son delitos con independencia del propósito de quien tire las piedras o lleve los machetes –no se trata de “criminalizar” nada. Los jueces, en Francia y en cualquier otro lugar, suelen entender que hay “circunstancias atenuantes” en situaciones como las que vivimos estos últimos años. Y ante los mismos hechos pueden dictar sentencias muy diferentes. Es sensato esperarlo, pedirlo. Hasta ahí. Otra cosa –es lo que argumentan los opositores desde el Partido Socialista –permitiría que mañana mismo cualquiera: la derecha, o la ultraderecha, organizaciones racistas u homófobas, ultramontanas, pidiesen la misma laxitud, y ejercer el mismo derecho a cometer desmanes –porque se sienten heridos en sus ideales, en sus valores, en su patriotismo o lo que sea.

No deja de ser curioso, lo señala Maurice Szafran en Marianne, que los más enérgicos opositores a la “amnistía social” estén proponiendo ahora mismo una amnistía para los “exiliados fiscales” arrepentidos. Es la misma coalición que en España pedía leña para desalojar a los desorientados manifestantes del 15-M, y proponía después “amnistía fiscal” para los grandes evasores de impuestos.

Una amnistía es una decisión política, que depende de un consenso social acerca de lo justo, lo prudente, lo deseable, y lo posible. No somos los únicos que lo estamos discutiendo en estos días. No es sencillo.

La Razón, 7 de mayo de 2013