El problema de la ley

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El problema de la ley es de los que no pierden actualidad. hay días en que todo el periódico parece una larguísima crónica judicial, si no de nota roja, y nadie se sorprende demasiado. La mitad de nuestra vida pública transcurre entre abogados, jueces y policías, siempre tenemos pendiente algún juicio, desafueros, arbitrariedades y desfalcos. No es sólo eso: no es cosa reciente ni es sólo de políticos. Hace décadas, hace incluso siglos que nos quejamos todos de la ilegalidad ambiente, a veces divertidos, incómodos, a veces resignados, furiosos, despectivos. Durante mucho tiempo tuvimos la suerte de poder culpar al PRI y todo resultaba más sencillo. Hoy lo más frecuente es que se hable de los defectos de nuestra cultura jurídica, aunque nadie sabe bien a bien de qué se trata eso ni cómo podría remediarse.

Es difícil definir el problema. No se trata sólo de la delincuencia, aunque haya delincuencia, sino de una larga serie de actividades cotidianas, perfectamente habituales, que se realizan al margen de la ley sin mayor disimulo. Incluso con buena conciencia, como si fuese lo más normal o no hubiera remedio. Para entendernos, se puede empezar por una enumeración: sin salir de lo ordinario está la malversación de fondos públicos, el desvío de recursos, el arreglo de licitaciones y permisos, también la falsificación de documentos, la evasión de impuestos, el contrabando, el financiamiento irregular de campañas, el soborno de jueces, policías, agentes del ministerio público, también por supuesto están las invasiones de tierras, el comercio ambulante. La lista podría hacerse mucho más larga, pero no hace falta. Si hiciésemos un mapa de la ilegalidad lo veríamos reproducir entera la estructura social del país con todas sus desigualdades y sus contradicciones, con toda su complejidad. Dicho de otro modo, no hay un único problema ni puede haber por lo tanto una solución general.

Anotemos un par de matices. La mayor parte de la gente cumple la mayor parte de las leyes la mayor parte del tiempo. No vivimos en una selva. Aparte de eso, a todos nos importa la legalidad: según lo que dicen las encuestas, la mayoría de los mexicanos piensa que la corrupción es un problema grave, que habría que combatir (cualquiera que sea la idea que se tiene de la corrupción). Los empresarios que evaden impuestos y que compran contratos y favores dicen que debería aplicarse la ley con mucha más energía, lo mismo que los jerarcas religiosos que llevan décadas sorteando el artículo 3 y el 130, lo mismo que los ciudadanos comunes y corrientes. Eso, que no es sólo hipocresía, forma parte del problema de la legalidad.

Recuerdo un caso de hace unas cuantas semanas que ayuda a ver las cosas con un poco de claridad, un conflicto insignificante que ni siquiera llegó a la prensa: era parte de un reporte de tráfico en el radio, si no me equivoco. Resumo. La policía de la capital había tratado de desalojar, sin éxito, a doscientas o trescientas personas que habitaban ilegalmente en un predio en la Delegación Xochimilco. Por lo visto, el propietario había denunciado la invasión hacía dos o tres años, los jueces le habían dado la razón y habían requerido a las autoridades de la ciudad para que desalojasen a los invasores. En dos años nadie había movido un dedo. El propietario había seguido entonces un nuevo juicio en contra del gobierno, por desacato, y lo había ganado también, en tres instancias, de modo que el gobierno no tenía más remedio que realizar el desalojo para evitarse una sanción: envió entonces, eso fue lo que supimos por la radio, dos patrullas con cuatro policías que, por supuesto, no fueron capaces ni siquiera de entrar al predio.

Para lo que hay en el país, el caso es de lo más sencillo. Hay un ciudadano con títulos legales de propiedad, que ha sido despojado. Los jueces sentencian eso mismo. Hay un grupo de ciudadanos que, según lo más probable, no tiene muchas otras opciones para conseguir vivienda y que en todo caso está dispuesto a defender su posesión. Hay un gobierno que por conciencia social, por estrategia, por inercia o por cálculo político decide no intervenir, dejar pasar, agotar todas las instancias judiciales. Es la clase de situación que se usa típicamente para mostrar que el incumplimiento de la ley es un obstáculo para el desarrollo económico, porque provoca incertidumbre. Sea. Podría servir también como ejemplo para dejar en claro que la ilegalidad es sólo un indicio de otros problemas, que no se resuelven con una carga de la policía montada.

Añado sólo otro detalle del caso, para completar el panorama. Según lo que decía el propietario, entrevistado en esa misma emisión de radio, había un líder de los invasores, más o menos alineado con el PRD, que incluso había intervenido en el asalto al congreso de hace un par de años. No es para sorprenderse. Las invasiones de tierras son siempre organizadas, son un negocio político, y el gobierno necesita algún interlocutor para evitar desmanes mayores, para incorporar de algún modo a esa población, para negociar lo que haga falta: cuando no lo hay sucede lo de San Juan Ixtayopan, por ejemplo. ¿Corrupción? Por supuesto que sí. Pero de eso está hecho nuestro orden político y no es sencillo imaginar una alternativa. La pobreza –que conste- es sólo una parte del problema.

 

La Crónica de hoy, 12 de enero de 2005