Idea de la civilidad

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Hay noticias que pasan sin escándalo, porque casi no son noticia. La semana pasada dos policías del Distrito Federal acusaron a sus jefes de extorsionarlos: les exigían dinero, eso dijeron, para la campaña de López Obrador. Su superior salió a desmentirlos al día siguiente, explicó que eran malos elementos, que estaban pendientes de suspensión por acumular ausencias y que hacían esas declaraciones para desestabilizar al PRD. Podría ser. Lo malo es que nunca se pondrá en claro porque a nadie le importa verdaderamente. Lo malo es que suena muy parecido, idéntico, a lo que hemos oído docenas de veces, desde hace décadas; aparece cada tanto un grupo de policías que denuncia el sistema de extorsión en el que están atrapados y siempre resulta que eran malos elementos, que tenían cuentas pendientes, que actuaban de mala fe. Todos sabemos de qué se trata. No es noticia.

El caso no es único, ni mucho menos. En los últimos meses hemos leído acusaciones similares por parte de muchos otros empleados del gobierno de la capital, de las demás dependencias, obligados a entregar dinero para financiar la estrategia política de su jefe. También supimos que los funcionarios superiores organizaban rifas en la oficina, para el mismo fin. El dinero, según lo que se ha publicado, se entregaba a la asociación civil que preside el Secretario de Gobierno de la ciudad. Hubo refutaciones tímidas, confusas, alguna broma del Jefe de Gobierno, porque cuando se habla de esos temas le gana la risa. La verdad: no era para preocupar a nadie, la noticia llegó a aparecer si acaso en páginas interiores, como cosa pintoresca. Es sabida, ostensible, vergonzosamente explícita la confusión entre las funciones de gobierno, la estrategia del partido, el juego político de los altos funcionarios y los intereses del Jefe de Gobierno, todo va mezclado en un enredo de comités, asociaciones, fideicomisos y grupos de amigos. La Asamblea procura arropar la operación obstruyendo posibles investigaciones, pero sobre todo para cubrir las formas, porque a nadie le preocupa mayormente: no veremos ningún desplegado de intelectuales denunciando nada, pidiendo que se respeten los derechos de los pobres diablos que trabajan para el gobierno de la ciudad, ni que haya una separación clara de las funciones públicas y las ambiciones privadas. No peligra la patria por nada de eso.

Es lo de siempre. Lo sabemos todos. El gobierno se ocupa como si fuese tierra conquistada. Los funcionarios tienen que pagar para conservar el empleo: en dinero, en especie, en lealtad, con su presencia física si hace falta, porque el trabajo es un favor. También los empresarios tienen que pagar para cobrar sus contratos, lo hemos visto (salvo que Carlos Ahumada fuese el único empresario metido en eso, salvo que René Bejarano actuase por su cuenta, sin ninguna relación con el partido, salvo que no haya habido ni dólares ni maletas ni nada). Cuanto más se aumenta la nómina es más imponente, abrumador el mecanismo. De hecho, es el recurso más simple y más eficaz para organizar la obediencia: la “salarización” de la sociedad. Los salarios, además, se pagan con impuestos, con lo cual se cierra el círculo.

Ha sido muy impresionante la movilización de las últimas semanas. Desde luego. Hubo sin duda muchísima de esa gente convencida de la causa, incluso la mayoría. El intento de usar el aparato judicial para descalificar de antemano a López Obrador era una maniobra torpe, con todo el aspecto de una provocación: aunque hubiese un fondo de verdad en el caso. Igual de torpe que el retroceso, dicho sea de paso. Bien. Nada de eso debería ocultarnos el hecho de que la notoriedad del asunto, el éxito de la movilización, la publicidad que tuvo, todo ello fue obra del gobierno, pagado con recursos públicos. Directamente: con los recursos para publicidad del gobierno de la capital, con partidas especiales asignadas por la Asamblea de Representantes, también indirectamente: con los fondos de la asociación civil que oportunamente preside el Secretario de Gobierno.

Lo más trágico de todo es que se haya hecho bajo el signo de la resistencia y peor: que se haya adjetivado de civil. Importa porque sigue, fue un episodio pero la trama viene de lejos y sigue. Estamos acostumbrados. Durante décadas, en el periodo clásico del PRI, también quienes ocupaban el gobierno eran “el pueblo”; los opositores, así fuese un insignificante periódico independiente, resultaban ser “los poderosos”. De modo que no había más remedio que defender a nuestros príncipes contra las asechanzas del poder. Y pagar para que nos dejaran defenderlos, que así de temible era el enemigo. Estamos en las mismas, con un gobierno que se siente autorizado a lo que sea porque no se asume como gobierno: es el pueblo en rebelión.

A López Obrador lo ataca el gobierno federal, es verdad. Él contraataca desde el gobierno de la capital. Llamemos a las cosas por su nombre: es saludable hacerlo, de vez en cuando. O busquemos alguna imagen un poco menos tramposa. Tenemos a una tribu acampada en el Poder Ejecutivo federal, haciéndole la guerra a otra tribu, que tiene sus campamentos en los gobiernos de Zacatecas, Michoacán, Guerrero y el Distrito Federal. No hay nada civil en ello, ni por asomo.

 

La Crónica de hoy, 4 de mayo de 2005