La democracia mafiosa. Estado, autoridad y democracia en México

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(Apareció publicado como: “Mexico’s democracia mafiosa“, Harvey y Serrano (eds.) Party politics in an ‘Uncommon Democracy’, Londres: Institute of Latin American Studies, Univ. of London, 1994. La versión en español apareció en Escalante, La democracia mafiosa, México: Reflexiones sobre el Cambio A.C., 1999)  Otro formato: aquí  

 

En 1912 publicó Emilio Rabasa La constitución y la dictadura, uno de los libros más influyentes y peor apreciados del siglo. Y no es extraño. Lo que Rabasa decía era bastante desagradable, y lo decía con demasiada claridad. En muy pocas palabras, la dictadura del general Díaz había sido necesaria porque la Constitución de 1857 era impracticable.

No es que el tema fuese nuevo; al contrario. Durante todo el diecinueve, la mayor obsesión de los letrados mexicanos fue el profundo desacuerdo que había entre las leyes y las costumbres, que obligaba a gobernar fuera de la ley. En lo más ostensible, eso hacía a los políticos hipócritas; pero ponía también en evidencia, para muchos, la difusa e irremediable inmoralidad del pueblo entero, que se negaba -silenciosamente- a vivir de acuerdo con el derecho.

Rabasa, sin embargo, no ve en ello un problema moral. El divorcio entre el derecho y los usos sociales se le impone con la fuerza de la necesidad histórica. En su modelo se reúnen la trama densa de las costumbres y la deliberada construcción de formas jurídicas: el orden natural de los usos, y la invención [i]. Siempre hay, por lo tanto, lugar para discrepancias y desajustes. Lo único peculiar del caso mexicano es la magnitud de la brecha.

Según su argumento, la Constitución del 57 “no podía normar el Gobierno, porque el Gobierno resulta de las necesidades del presente y no de los mandamientos teóricos” [ii]. Pero era forzoso, por razones históricas que es fácil entender, respetar la forma constitucional del Estado. La solución fue la singular dictadura de Díaz, un acuerdo que Rabasa describe como sigue:

Por encima de la constitución que debía unirlos, el Gobierno, desconcertado con ella, y el pueblo, que no lograba coordinar, tenían el concierto real, sin el que ninguna situación puede mantenerse ni como transitoria; las dos grandes dictaduras que llenan la época constitucional tuvieron la aquiescencia y el concurso de la nación, que sentía su utilidad. [iii]

No habiendo, como no había, una ciudadanía activa y responsable, las instituciones republicanas y liberales no podían arraigar. Pero, con todo, Rabasa era optimista; creía que era posible ajustar la Constitución a las necesidades de gobierno, de modo que, si la democracia ideal nos estaba negada en México, “sí nos será dado llegar a esa suerte de oligarquía democrática en que entran y figuran todos los elementos populares aptos para interesarse e influir en los negocios de la República” [iv].

Hoy es un lugar común en el periodismo político que el régimen de la posrevolución es un nuevo Porfiriato. Se apuran los símiles y se hacen equilibrios y acrobacias para señalar éste o aquel parecido; pero es cosa un poco pueril, porque no se trata sino de confirmar la mitología del discurso oficial sobre la revolución y su caricaturesca imagen del Antiguo Régimen.

Por supuesto, en un sentido trivial, los gobiernos priístas son autoritarios como lo era el General Porfirio Díaz. Pero eso apenas sirve para explicar nada. Una comparación útil, sin embargo, tendría su meollo en el tema de Rabasa: en las razones del divorcio entre las leyes y las costumbres, que es la forma más radical y más simple de preguntar por la posibilidad misma de una forma política moderna: republicana, democrática y liberal.

 

  1. La Democracia imaginaria

En México no cuesta ningún trabajo ver al Estado en todas partes. Apenas hay asunto que deje de tener complicaciones políticas más o menos próximas. Sobre eso, sin embargo, se han fabricado fantasías que oscurecen mucho las cosas.

Ocurre, sobre todo, que la crítica académica del régimen ha seguido en mucho los pasos de la oposición política, y que ésta ha fundado su identidad, desde hace décadas, sobre la ilusión de su exterioridad. La estilización de ciertos rasgos, que puede tener utilidad teórica, ha sido exagerada por razones ideológicas muy comprensibles; y el resultado es una imagen confusa y poco realista del régimen, por decir lo menos. Una imagen, y es lo que me importa, que por lo común deja fuera de foco a la sociedad.

Desde luego que los estudios sobre el régimen político y el sistema de partidos son cada vez más refinados, más sutiles. Pero esa sutileza y ese refinamiento suelen pecar por exceso, y por defecto. Un exceso de atención hacia los mecanismos del poder presidencial y las formas de influencia del partido oficial, y una falta de perspectiva histórica y de imaginación para tratar el orden social.

El modelo que es hoy clásico del sistema político mexicano lo ideó, hace más de veinte años, Daniel Cosío Villegas, y es de sobra conocido:

La singularidad, notable en sí misma, de esta estabilidad política y de semejante progreso económico crece si se reflexiona que México los ha conseguido sin acudir a ninguna de las dos fórmulas políticas consagradas: la dictadura o la democracia occidental. (…) Por eso he concluido que las dos piezas principales y características del sistema político mexicano son un poder ejecutivo -o, más específicamente, una presidencia de la República- con facultades de una amplitud excepcional, y un partido político oficial predominante. [v]

Con sabiduría y enorme capacidad de persuasión, Cosío supo ordenar toda la vida política del país con sólo esos dos puntos de apoyo. Pero aquello era resultado de una trabajosa abstracción, imaginada a propósito para dar un panorama sintético de la política mexicana a un público extranjero [vi].

De entonces para acá, la conclusión de Cosío se ha convertido en una premisa. Y eso entraña sus riesgos. En particular porque depende de lo que en México sería una interpretación “liberal” de la historia [vii], que quiere ver en ella un esfuerzo permanente de vida cívica, con sus momentos de gloria en la República Restaurada de Juárez y el breve interregno de Madero.

A cuento de esto, tiene sentido recordar que Cosío Villegas era un defensor entusiasta de la Constitución de 1857; estaba en eso muy lejos de Rabasa [viii], porque imaginaba una sociedad muy distinta. Y aquí aventuro una hipótesis casi trivial: los conceptos básicos con que se explica nuestro orden político dependen, sépase o no, de una interpretación de la historia.

Aunque sea hoy difícil de percibir en muchos casos, el nexo era evidente en la obra de Cosío, como lo es en la de Lorenzo Meyer, que camina en una dirección parecida. Encuentra, otra vez, en la Presidencia y el Partido los mecanismos característicos del orden político mexicano; pero los descubre en la trama de una historia que vale la pena tener en mente.

Con minucioso detalle, Meyer ha escrito el relato de la formación del Estado como monopolio de la violencia [ix]. Después de un diecinueve caótico y una dictadura eficaz pero de base precaria, el gran problema es la pacificación de las facciones revolucionarias; la solución, por supuesto, la creación del partido oficial bajo control del Presidente:

 

(Plutarco Elías Calles) propuso la creación de un partido que agrupara en su seno a todas las facciones que componían la “Familia Revolucionaria”. El objetivo de esta nueva organización sería no el de competir por la toma y preservación del poder frente a otros partidos, sino el de proveer un mecanismo a través del cual se resolvieran pacíficamente las múltiples controversias existentes en el seno mismo del grupo gobernante…[x]

De lo cual resulta, por una parte, que “el PRI no es un partido político en el sentido tradicional, sino una organización gubernamental encargada de coordinar procesos electorales” [xi]; pero de otra, y es mucho más interesante, que las del Estado y el Partido son vidas paralelas. Más todavía, que la existencia misma del Estado como monopolio de la violencia depende del partido oficial.

Mucho se ha hecho después para documentar con detalle las prácticas políticas, los mecanismos de control y los procedimientos electorales del régimen. Pero no se ha cambiado gran cosa de ese modelo clásico del sistema político. Sólo que parece cada vez más viejo, cada vez más oneroso, autoritario, corrupto y, por añadidura, ineficaz.

Es cosa lógica. Hay muchas cosas que han cambiado en los últimos cuarenta años: el nivel educativo, la proporción de población urbana, la estructura productiva, los medios de comunicación. Tanto que parece incluso verosímil la idea de un “cambio civilizatorio” [xii]. Si, con todo eso, el régimen político sigue siendo el mismo, por fuerza hay que convenir en que es anacrónico. Y no faltan razones para pensar así; más difícil es saber, en cambio, cómo podría “ponerse al día”.

La respuesta habitual viene ya dada por las premisas del modelo: el problema está en la Presidencia y el Partido, la solución está en quitarlos de enmedio. Contribuye a eso, y no poco, el clima ideológico mundial de fines de los ochenta, con su impreciso credo democrático, y las expresiones electorales del descontento, más o menos organizadas.

Hace ochenta años, y con bastante buen sentido, prevenía Emilio Rabasa contra el entusiasmo “adolescente” por los procedimientos electorales en México. “El resumen de esta concepción, escribía, se encierra en dos supuestos enteramente falsos: el primero, que la elección popular es sencillamente realizable; el segundo, que la elección efectiva pondrá en orden todo el organismo político” [xiii]. Escandaloso como parece, su razonamiento es en mucho afín al de la mayoría de los pensadores políticos del siglo.

Lo curioso es sólo que los modernos letrados mexicanos dejen de lado toda la carga escéptica del saber político contemporáneo para hablar de las elecciones. Por un mecanismo cultural que valdría la pena desentrañar, los procesos electorales en México tienen para muchos hoy todo el encanto, un poco místico incluso, que tenían las abstracciones de Rousseau. “Si hay tal cosa como la voluntad general, escribe Héctor Aguilar Camín, en las elecciones de julio de 1988 tuvimos el más cercano indicio de su existencia” [xiv]; en un tono parecido, Federico Reyes Heroles: “En julio de 88 México le dijo al mundo, y a sí mismo, que había cambiado” [xv].

Las hipérboles tienen su justificación en el vergonzoso desorden de la elección presidencial del 6 de julio de 1988. Un episodio crítico, es cierto, pero de ninguna manera inédito. La novedad -si lo es- estriba en que la inmensa mayoría de los letrados, los periodistas y no pocos políticos no lo contaron como un “episodio”, sino como índice de una transformación histórica de largo aliento y, sobre todo, irreversible.

Sobre el esqueleto del modelo de Cosío Villegas, la crisis electoral ponía de manifiesto -para los más- una enérgica voluntad democrática de “la sociedad” coartada, obstruida por el aparato del poder presidencial y su partido. La versión común en la prensa es una franca caricatura, pero no del todo ajena a los razonamientos de los intelectuales.

Desde 1983, Enrique Krauze había popularizado la idea de que la sociedad mexicana tiene un “agravio insatisfecho” por la turbiedad de los procedimientos electorales [xvi]. Una interpretación, dicho sea de paso, que se apoya en la imaginaria democracia histórica de la República Restaurada, como ocurría a Cosío Villegas:

 

Por diez años -escribe Krauze-, bajo las presidencias de Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada, México ensayó una vida política a la altura de los países avanzados de Europa o de Estados Unidos. (…) existía una verdadera división de poderes, un respeto fanático -¿y qué otro cabe?- por la ley, soberanía plena de los estados, elecciones sin sombra de fraude, magistrados independientes y absoluta libertad de opinión… [xvii]

De acuerdo con esa lógica, la sociedad está empeñada, desde hace un siglo, en construir un orden democrático; más aún tras el “cambio civilizatorio” de los últimos cuarenta años. Pero una clase política anacrónica, atrincherada en el Partido oficial, se obstina en el autoritarismo. “Unos son los tiempos de la sociedad mexicana -escribe Federico Reyes Heroles-. Otros los de quienes llevan el gobierno. El desfase niega la democracia.” [xviii]

En algún momento, con intención o sin ella, ese tipo de razonamientos se asimilan a la idea, siempre popular, de la maldad estatal. Con mucha facilidad, además, porque puede traducirse en la malignidad de un grupo de usurpadores visiblemente hipócritas y, a veces, ostentosamente ricos. Los avatares de la democracia se explican, pues, por la oposición beligerante de la Sociedad y el Sistema: una Sociedad civil, ansiosa por participar en la formación de un gobierno de leyes, y capaz por tanto de articular el interés público; y un Sistema de fraude e imposición, hecho para servir a intereses particulares, privados.

El modelo es lógico. Incluso demasiado lógico. Pero creo que es defectuoso, y que su falla es culpa, sobre todo, de la historiografía liberal que lo sostiene.

 

 

  1. Ciudadanía y Estado

En un texto reciente habla Mario Vargas Llosa de la aptitud latinoamericana para “desalmar a las palabras”:

En nuestros países -escribe-, las ideas, las creencias, los sistemas que importamos a menudo experimentan mágicas sustituciones de sentido y de médula, aunque su apariencia prosiga incólume. Se siguen llamando lo mismo pero, en realidad, se han vuelto antípodas de lo que dicen ser. [xix]

Tiene razón, sin duda, en eso. Pedir “propiedad” en el uso de las palabras no es un prurito literario, sino un programa político; en realidad, un programa de regeneración política. Porque no es cosa sólo de hipocresía, no de una “estafa” deliberada. Es apenas indicio de una deformidad histórica en el proceso de construcción de nuestras formas políticas.

Si no lo he visto mal, en esos equívocos está enredada la discusión sobre la democracia mexicana. Pero hay que ir más despacio.

La condición ciudadana, en el moderno sentido de la expresión, es sólo posible en formas individualistas del orden social. De hecho, la ciudadanía consiste en la individuación de la vida pública. De modo que no cuesta trabajo ver que hay un nexo histórico entre la formación del mercado, como estructura de relaciones impersonales entre individuos, la constitución del Estado y del Derecho formal universal, y la aparición de ciudadanos.

Desde luego, la ciudadanía es también una idea; es el eje, en realidad, de un idioma normativo que por su propia inercia trasciende las condiciones sociológicas que lo fundaron. Es cosa común y entendible, pero que da lugar a numerosas ambigüedades.

Con bastante ingenuidad se criticaron, durante mucho tiempo, las instituciones de la democracia liberal por ser meramente “formales”; con una miopía similar, hoy se defiende la utilidad, la necesidad moral de su establecimiento en todas partes del mundo, en la idea de que son, en efecto, mecanismos formales capaces de encauzar un movimiento casi natural de la política. Pero ocurre que no son sólo formas; o, por mejor decirlo, que como formas derivan su sentido de un conjunto de usos y valores sociales: de lo que, en breve, cabe llamar la moral cívica.

El mínimo tema de la transparencia electoral, que parece hoy cosa sencilla y hasta obvia, es en realidad un ápice del proceso civilizatorio occidental, que complica a todas las estructuras del orden social. Y que descansa, al cabo, como lo sugiere Hayek, en un lento aprendizaje de usos y hábitos colectivos [xx].

Lo que ocurre en México es que no se ha completado ese proceso civilizatorio del mismo modo que en las sociedades europeas, en cuyo modelo se funda nuestra noción de ciudadanía. Y en el primer sitio donde se hace evidente la deformidad, por llamarla así, es en la moral pública.

Desde el siglo pasado son frecuentes las quejas incluso violentas por la inmoralidad que hacía fracasar los mejores propósitos, las leyes más razonables, las instituciones más justas. Lucas Alamán, por ejemplo, un conservador lúcido y consecuente, lamentaba la “completa extinción del espíritu público” [xxi], mientras el General José María Tornel veía a México convertido en “el ludibrio y el escarnio del universo” [xxii], y Benito Juárez encontraba en todo “el reinado del desorden y la inmoralidad” [xxiii].

No hace falta mucha imaginación para entender que aquella inmoralidad era sólo consecuencia de la institución de formas políticas que tenían poco que ver con las formas sociales del orden. Y que la convicción de una “minoridad culpable” del país entero era resultado de la fantasía del orden cívico, del orden civilizado como se imaginaba que debía existir en Europa o en los Estados Unidos.

Comoquiera, siempre ha sido, por ostensible, incómoda la brecha entre el ideal cívico y la rutina del orden político. Y si lo más común ha sido culpar de ello a la inmoralidad social, las soluciones han solido ser variantes de la pedagogía autoritaria del jacobinismo. El Constituyente de 1824, por ejemplo, con muy buen sentido reconocía la necesidad de fundar el orden republicano sobre una moral cívica:

 

Sin estas virtudes, sin la obediencia debida a las leyes y a las autoridades, sin un profundo respeto a nuestra adorable religión, en vano tendremos un código lleno de máximas liberales, en vano haremos ostentación de buenas leyes, en vano proclamaremos la santa libertad. [xxiv]

Pero a continuación no podía sino suponer que las leyes podrían guiar a las costumbres, y pedir a los legisladores de los estados que se preocupasen por inculcar en el pueblo “las reglas eternas de la moral y del orden público” [xxv].

De entonces acá, la educación y la moralización han sido los grandes temas del discurso político. Los temas inevitables del empeño de crear ciudadanos. Porque la otra vía para acortar la brecha, esto es, la adecuación de las instituciones a las prácticas sociales, estaba cancelada de antemano.

A principios de este siglo, Rabasa entendió que, si la sociedad mexicana no alcanzaba la condición ciudadana, el orden jurídico era también -por eso mismo- defectuoso. El problema es que no podía ser reformado; no, al menos, en contra de los supuestos del idioma democrático liberal. Y no sólo por el triunfo histórico de los partidos liberales, porque los conservadores no eran menos doctrinarios.

En efecto, lo único extraordinario es la terquedad con que se mantuvo siempre el ideal político de la ciudadanía. Acaso tenga razón Mario Vargas Llosa cuando dice que “en el discurso político la falta de propiedad es un signo inequívoco de incivilización” [xxvi]; pero no es lo más extraño que donde se dice libertad, o democracia o legalidad, terminen imperando la arbitrariedad o las componendas, no eso sino que deba hablarse, por fuerza, de democracia, de libertad, de ciudadanía.

Eso puede decir algo sobre la enajenación de los grupos urbanos letrados, pero no basta como explicación. Porque con mucha frecuencia, los mismos que lamentaban la inmoralidad y que imaginaban instituciones impracticables, sabían congraciarse con los caciques y meterse a arreglar una elección o un golpe de Estado. Pero además, los campesinos e indígenas incorporaron también, y muy pronto, el lenguaje y las razones del discurso democrático en los textos de sus quejas y en sus proclamas políticas [xxvii].

En los hechos, nadie se conformaba con los límites y los modos legales; y sin embargo, la ley era un recurso indispensable para definir los terrenos del conflicto político. Mantener un derecho irrealizable daba paso franco, de una parte, a la arbitrariedad en la gestión pública; pero daba también armas y razones a cualquier oposición. Invocar los principios constitucionales tenía por eso un acusado aire ritual, y un sentido político siempre equívoco.

No es, pues, que el idioma democrático liberal fuese insignificante, sino que se articulaba en una lógica perversa y, con todo, razonablemente funcional.

Es posible seguir el tema hasta los tiempos más recientes, porque los equívocos se repiten. Hace pocos años escribía Rafael Segovia:

 

La elección de los cargos populares se convierte por consiguiente en un arma y no en un método de selección: se busca la renovación de las élites gobernantes y a la vez se quiere mostrar lo endeble de la base legitimadora del gobierno. Es la revancha de una sociedad civil autoritaria, expresada por partidos autoritarios, sobre un gobierno igualmente autoritario. [xxviii]

Un horizonte poco prometedor. Y muy parecido al que vio Rabasa, o casi cualquiera de los liberales decimonónicos. Uno que, sin embargo, pareció a muchos superado por la escandalosa crisis electoral de 1988. Francisco José Paoli, por ejemplo, reconocía que, hasta entonces, había prevalecido el mismo, viejo escenario:

 

Habría que aceptar que nuestro régimen autoritario ha tenido en el pasado gran respaldo en una cultura política que en gran medida lo propiciaba o toleraba. Se trata de una cultura política pasiva, providencialista, ritual y llena de consensos implícitos y sobreentendidos generalizados. [xxix]

Pero las cosas eran ya distintas, por “la modificación de patrones de una cultura pasiva en muchos ciudadanos, que adoptaron valores y desarrollaron convicciones participativas”[xxx]. Un tema difícil de tratar y de medir, pero que a fines de los ochenta era un tópico casi incontestado.

Es el caso que, desde el terremoto de 1985, muchos descubirieron formas y recursos de organización espontánea que se antojaban inéditos [xxxi]. Cuando pasaron, además, de la cooperación a la protesta, con una imprecisa pero insistente exigencia de democracia, no era difícil creer que el viejo ideal cívico estaba ya al alcance. Incluso los más recelosos eran optimistas; Luis Aguilar, por ejemplo, veía una “cultura de la racionalidad, aún inconclusa y restringida, pero ya imparable” [xxxii].

Pero el optimismo tiene sus riesgos. Entre ellos, reincidir en los vicios lingüísticos que apunta Vargas Llosa, y encontrar la ciudadanía donde nos haría falta que estuviese, y sólo por eso, porque hace falta.

 

 

  1. La otra historia

Buena parte de las imprecisiones, los malentendidos y las exageraciones que hay en lo que se escribe sobre las nuevas formas de organización y protesta se deben a la estrechez del modelo político en que se apoyan. Lo cual quiere decir, si no he visto mal, que dependen, al cabo, de una peculiar interpretación de la historia del país; la que he llamado la “historia liberal”.

El esquema necesita una sociedad que, hasta hace bien poco, fuese pasiva y hasta dócil; una sociedad desorganizada, y en casi todo sumisa al arbitrio de un Estado ubicuo y prepotente.

Sin embargo, creo que hay buenas razones para contar otra historia, muy diferente [xxxiii]. La historia de una sociedad activa y fuerte, que ha impuesto sus formas de organización, sus prácticas y sus procedimientos, en contra de las instituciones modernas que han querido las constituciones de los últimos dos siglos. Habría que ver en ella, no la inercia, la resistencia puramente pasiva del orden tradicional, sino una fuerza creativa, una capacidad cierta de construcción de formas políticas propias.

En ese sentido, tendría razón Luis Aguilar en que “la determinación de lo público (…) se ha vuelto monopolio de estado-gobierno” [xxxiv], siempre y cuando estuviese claro que se trata de lo público en su definición cívica, como producto de la concurrencia de individuos con intereses generalizables. Sólo el Estado, como institución, determina lo público porque está obligado constitucionalmente a fundar su acción en formas cívicas; o al menos a simularlas. Y no porque no exista en absoluto iniciativa social.

Puede sonar extraño, pero no es cosa nueva. Es fácil ver la misma lógica en la reacción de la Nueva España contra las Reformas Borbónicas, a fines del siglo XVIII. De hecho, una de las interpretaciones más clásicas de la guerra de independencia se apoya en esa idea; Juan Suárez y Navarro explicaba así, en 1850, el golpe de Iturbide:

¿Cómo libertarse de perder de un golpe toda su importancia civil y religiosa, si no era proclamando un órden político que los guareciera del torrente reformador, desbordado en Madrid, que desde allí amagaba todos los dominios ultramarinos? [xxxv]

Aquella habría sido, pues, una ofensiva contra el Estado como institución, la defensa de un orden anterior, de jerarquías y privilegios. El producto, ha dicho Antonio Annino, “único caso en la historia occidental, de una victoria completa de las aristocracias territoriales en su lucha secular contra la monarquía absoluta” [xxxvi].

Desde entonces, ninguna forma constitucional ha podido imponerse sin problemas. Sólo en ocasiones la resistencia ha desembocado en conflictos mayores, pero siempre ha sido necesario negociar el orden político, imaginar arreglos fuera de lo previsto por las formas jurídicas.

Siendo esto así, no habría que sorprenderse de que la sociedad proteste, ni que se organice más allá e incluso en contra del Estado. Mucho menos que ocurra para resistir un proyecto general de “modernización” -en circunstancias económicas adversas- como ha sido el caso de los gobiernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas.

A partir del intento reformista de los borbones, la sociedad mexicana ha producido sus propias formas de orden, distintas y en mucho opuestas a la lógica estatal moderna.

El sistema institucional de los habsburgo, jerárquico y corporativo, había sido, sobre todo, un aparato de mediación entre cuerpos con privilegios particulares, entre potestades eclesiásticas y civiles, entre culturas e identidades distintas. Un aparato complicado pero flexible, cuyo principio de equilibrio y de gestión era el reconocimiento formal de las diferencias [xxxvii]; una forma política, pues, difícilmente compatible con el individualismo del modelo estatal moderno, o incluso con la homogeneidad del dominio de las monarquías absolutas.

La heterogeneidad étnica, cultural, económica, regional, que había sido construída políticamente durante la colonia, no desapareció con la independencia. No se disolvieron las viejas lealtades corporativas en una identidad nacional. Las diferencias se reprodujeron, y con ellas la necesidad de mecanismos de intermediación que, sin embargo, no cabían en las formas constitucionales.

La supervivencia en el mercado, como la vida pública, no podían ser asuntos individuales: comprometían siempre vínculos corporativos, de parentesco, vecindad o patrocinio [xxxviii]. No había lugar, pues, para la construcción racional de intereses generalizables bajo la forma de leyes; al contrario, era casi forzoso que buscasen todos protección y garantía de sus privilegios [xxxix].

Ese margen que daba la discrepancia entre las hipótesis constitucionales y el orden social fue el espacio de los intermediarios; una extensa red de caciques, hacendados, agiotistas, jefes militares y agitadores profesionales, capaces de mantener la cohesión y la estabilidad política mediante la negociación de la desobediencia de sus clientelas.

El ideal de la obediencia directa e incondicional a la autoridad pública -producto de los designios divinos o de la Voluntad General- fue desplazado, en la práctica, por un sistema de reciprocidad. El orden debía ser negociado a cada paso, debía ser “arreglado” por los intermediarios que, por encima de jurisdicciones y competencias formales, gestionaban el cobro de impuestos, el reclutamiento y mando de tropas, los nombramientos de funcionarios, contratos y obras públicas, y sobre todo, el incumplimiento selectivo de la ley.

El sistema tiene algunas similitudes importantes con el modelo de “dominación patrimonial” que imaginó Max Weber [xl]: el poder político es, en ciertos rasgos, una extensión del poder doméstico, no hay una distinción nítida entre funciones y recursos públicos y privados y, sobre todo, priva el mando “personal”, atento a “solicitantes concretos y a circunstancias, censuras, promesas y privilegios puramente personales” [xli]. Pero no es, sin más, un orden tradicional.

De hecho, muchas de las formas, los recursos y el idioma normativo del modelo de Estado liberal y democrático fueron, desde temprano, incorporados a las prácticas políticas. La fusión, que no deja de ser extraña, recuerda en cosas al arreglo político de la Italia meridional de fines del diecinueve [xlii], y habría que entenderla, acaso, como resultado de la evolución de la singular forma política que fue la Monarquía Hispánica [xliii].

Por supuesto, las cosas han cambiado en los últimos doscientos años: hoy es mucho más remoto el riesgo de una insurrección o un golpe de Estado, pero a la vez son más complicados los equilibrios y mucho mayores los recursos de presión y negociación. Sobre todo, el proceso no es el de un progresivo desplazamiento de las formas tradicionales por las modernas, sino de un aumento en la densidad y complejidad de los mecanismos de intermediación [xliv].

La lógica de la reciprocidad se ha servido, desde antiguo, de las formas y procedimientos constitucionales, a la vez que el dominio del Estado reposa sobre la red de los intermediarios. Su coexistencia, sin embargo, no deja de ser problemática. En particular porque el idioma normativo democrático liberal, formalizado además en la Constitución, es un factor de erosión permanente de la legitimidad del poder político, y porque el parasitismo de los intermediarios obstruye los intentos de una gestión pública “moderna”.

Hay, pues, una brecha entre las condiciones de ejercicio del poder y las formas jurídicas e ideológicas de su justificación; una contradicción estructural entre las exigencias de legitimidad y estabilidad que, en su forma más inmediata, aparece como corrupción.

De ahí, con toda lógica, se sigue el irremediable descrédito de los políticos y de la política, con firmes raíces en la tradición hispánica. Un tópico convincente y conocido, que ayuda a arraigar e impulsar los reclamos democráticos, porque vincula las protestas coyunturales con una trama cultural de larga duración. A los manejos turbios, a los arreglos fraudulentos y a la ostentosa hipocresía de la política se le opone, de manera natural, un ideal de transparencia donde pueden converger las visiones orgánicas del pensamiento católico, la imprecisa tradición “aristocratizante” de los grandes propietarios, el antiestatismo de las clases medias, el autoritarismo jacobino de los partidos de izquierda, y el regeneracionismo mesiánico de los movimientos “nacional-populares”.

De nuevo, en el impulso democrático de los tiempos recientes, amenazan los equívocos de siempre.

 

 

Nota final

Sin decirlo así, Emilio Rabasa veía a México forzado a elegir entre una República aristocrática y una Democracia mafiosa. Sin costumbres civiles sólo cabía, según su argumento, bien reducir la participación a los grupos ilustrados, o bien aceptar la corrupción de las formas cívicas. El prefería lo primero, por supuesto, y proponía una nueva Constitución, adecuada para nuestra barbarie, con rígidas restricciones para el ejercicio de la ciudadanía. Pero ni el idioma normativo ni la experiencia de los últimos dos siglos permitían hacerlo.

La mayoría de los letrados y los políticos han rechazado los dos extremos del dilema la regeneración jacobina de la sociedad, para elevarla a la altura del modelo cívico, se ha mantenido siempre, dándole un extraño fondo pedagógico a buena parte de las políticas públicas. Al mismo tiempo, el ejercicio cotidiano del poder político ha acomodado la lógica de la reciprocidad en una estructura democrática.

Algo ha cambiado, sin embargo, en el discurso político reciente. Hoy la elección parece estar, para los más, entre un autoritarismo arcaico y una democracia sin adjetivos. Creo, sin embargo, que hay razones bastantes para no ser tan optimista; es obvio que las costumbres de la clase política se llevan mal con el orden jurídico vigente; pero no parece tan claro que las costumbres de la sociedad sean, en eso, muy distintas.

 

 

Notas

 

    [i]. “(…)en todos los órdenes de la sociedad hay siempre una dosis de invención, (…). Sin embargo, no puede dejarse de observar que las instituciones sociales son, antes que definiciones de principio, reiteración de prácticas que logran estabilizar para el futuro el sentido del comportamiento”, Martín Díaz y Díaz, Emilio Rabasa: teórico de la dictadura necesaria. México: M.A. Porrúa, 1991, p.45.

    [ii]. Emilio Rabasa, La constitución y la dictadura México: Porrúa, 1990, p.241.

    [iii]. Ibidem., p.242.

    [iv]. Ibidem., p.245. No sobra recordar que Rabasa hacía el elogio de la dictadura de Díaz como forma transitoria, para prevenir la creación de una dictadura revolucionaria.

    [v]. Daniel Cosío Villegas, El sistema político mexicano. México: Joaquín Mortiz, 1972, p.21.

    [vi]. El material que compone el libro fue originalmente presentado en una serie de conferencias en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Texas, que publicó la primera versión.

    [vii]. El liberalismo histórico mexicano ha sido, más bien, un republicanismo con acentos jacobinos, pero eso es materia para otro tipo de trabajo. Apunto el tema en mi ensayo “La sumisa desobediencia. Notas sobre el problema de la autoridad en México”, Anuario de la Academia mexicana de la historia. 1992, (en prensa).

    [viii]. Ver Daniel Cosío Villegas, La Constitución de 1857 y sus críticos, México: SEP, 1980.

    [ix]. Lorenzo Meyer, “El Estado mexicano contemporáneo”, en Centro de Estudios Internacionales, Lecturas de política mexicana, México: El Colegio de México, 1977.

    [x]. Ibidem., p.14.

    [xi]. Ibidem., p.33.

    [xii]. Con cierta exageración, Héctor Aguilar Camín ha escrito, en un libro bastante popular, que la urbanización de los últimos cuarenta años es índice del “mayor cambio civilizatorio vivido por nuestro país desde su conquista, a principios del siglo XVI.”, Después del milagro, México: Cal y Arena, 1988, p.151.

    [xiii]. Emilio Rabasa, op.cit., p.118.

    [xiv]. Héctor Aguilar Camín, op.cit., p.293.

    [xv]. Federico Reyes Heroles, La democracia difícil, México: Grijalbo, 1991, p.73.

    [xvi]. Enrique Krauze, Por una democracia sin adjetivos, México: Joaquín Mortiz/Planeta, 1986.

    [xvii]. Ibidem., p.47.

    [xviii]. Federico Reyes Heroles, op.cit., p.54.

    [xix]. Mario Vargas Llosa, “América Latina y la opción liberal”, en Barry B. Levine (Comp.) El desafío neoliberal, Bopgotá: Norma, 1992, p.19.

    [xx]. Es un tema clásico en toda la obra de Hayek: la manera como el orden social se construye por la espontánea e indeterminada creación de pautas colectivas de comportamiento. “Vivimos en una sociedad civilizada -escribe en su último libro- porque hemos llegado a asumir, de forma no deliberada, determinados hábitos heredados de carácter fundamentalmente moral…”, Friedricjh A Hayek, La fatal arrogancia, México: Unión Editorial, 1991, p.33.

    [xxi]. Lucas Alamán, Historia de Méjico, desde los primeros movimientos que prepararon su independencia en el año de 1808 hasta la época presente. [1852] México: F.C.E., 1985, Vol.V, p.904.

    [xxii]. José María Tornel, Breve reseña histórica de los acontecimientos más notables de la nación mexicana. [1852] Mpéxico: INEHRM, 1987, p.12

    [xxiii]. Benito Juárez, Exposición ante el Congreso de Oaxaca, 1849, en Juárez, Exposiciones (cómo se gobierna), Edición de Angel Pola, México: INEHRM, 1987, p.219.

    [xxiv]. Proemio Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, 1824, en Felipe Tena Ramírez, Leyes fundamentales de México, México: Porrúa, 1987, p.166.

    [xxv]. Ibidem., p.166.

    [xxvi]. Mario Vargas Llosa, op.cit., p.21.

    [xxvii]. Muy seguramente, el nuevo lenguaje fue transmitido por la extensa red de abogados que desde la colonia llevaban las querellas judiciales de los pueblos, por los que habían servido en el ejército nacional, o por los allegados a los hombres fuertes regionales.

    [xxviii]. Rafael Segovia, “El fastidio electoral”, en S. Loaeza y R. Segovia (Comps.) La vida política mexicana en la crisis, México: El Colegio de México: 1987, p.19.

    [xxix]. Francisco José Paoli, “El régimen presidencialista de Partido de estado y su cambio”, Sociológica, México, UAM, n.11, sept.-dic. 1989, p.108.

    [xxx]. Ibidem., p.109.

    [xxxi]. Mucho de ese entusiasmo puede verse, con claridad, en los textos de Carlos Monsiváis, Entrada libre. México: ERA, 1989.

    [xxxii]. “Su incumplimiento -sigue diciendo Aguilar- se manifiesta en el hecho de que un público plebeyo subsiste como alteridad y recriminación a un público culto, ilustrado. La cultura de fin de siglo parece encaminarse hacia la actitud de entender y reconocer las diferencias, así como de dirimir objeciones, discrepancias y conflictos con referencia a criterios universales…”, Luis F. Aguilar Villanueva, “Rasgos de la vida pública mexicana”, Sociológica, UAM, año4, N.11, sept.-dic.1989, p.149.

    [xxxiii]. He trabajado sobre un esquema general de interpretación del siglo diecinueve mexicano en Fernando ERscalante Gonzalbo, Ciudadanos imaginarios, México: El Colegio de México, (en prensa).

    [xxxiv]. “La estatalización de la sociedad y la gubernamentalización del estado han sido efectos de una vida pública ausente o limitada. La determinación de lo público se ha desprendido de la iniciatiova e inteligencia social y se ha vuelto monopolio de estado-gobierno.” Luis F. Aguilar, op.cit., p.138.

    [xxxv]. Juan Suárez y Navarro, Historia de México y del General Antonio López de Santa Anna (1850), México: INEHRM, 1987, p.5.

    [xxxvi]. Antonio Annino, “El pacto y la norma: los orígenes de la legalidad oligárquica en México”, Historias. n.5, enero-marzo 1984, p.5. El propio Annino habla, en textos más recientes, no ya de la victoria de poderes sociales, sino de una “constitución histórica estamental”, Annino, “Las ocultas paradojas del Quinto centenario”, Anuario 1992, Academia Mexicana de la Historia, (en prensa).

    [xxxvii]. Ver Howard J. Wiarda, “Law and political development in Latin America”, en Wiarda (Ed.) Politics and social change in Latin America: The distinct tradition, Mass.: The University of Massachussetts Press, 1982, y J. M. Ots Capdequí, El Estado español en las Indias, México: F.C.E., 1986, p.44 ss.

    [xxxviii]. La misma tendencia es reconocible en las relaciones de los peones con los hacendados, de las comunidades campesinas, o de los sectores más modernos e ilustrados; ver, sobre esto, Balmori, Diana, Stuart Voss y Miles Wortmann, Las alianzas de familias y la formación del país en América Latina, México: F.C.E., 1990, passim.

    [xxxix]. Para entenderlo no es necesaria una especial sensibilidad hacia las peculiaridades culturales de México; incluso un modelo elemental de elección racional podría explicarlo sin dificultad. Ver, por ejemplo, Fernando Escalante Gonzalbo, “El fracaso del Estado”, Universidad, UNAM, México, julio 1992, passim.

    [xl]. Max Weber, Economía y sociedad. México: F.C.E., 1981, Cap.3-IV, passim.

    [xli]. Ibidem., p.785.

    [xlii]. Como la Mafia italiana, la clase política mexicana ha desempeñado, desde el siglo pasado, funciones de “intermediación parasitaria” vinculadas de diversos modos con el aparato institucional del Estado. Sobre las funciones políticas de la Mafia, ver, por ejemplo, Eric J. Hobsbawm, rebeldes primitivos, Barcelona. Ariel, 1983.

    [xliii]. Ver Luis Díez del Corral, La Monarquía hispánica en el pensamiento político europeo, Madrid: Alianza, 19

    [xliv]. Muchas de las reformas y de las nuevas políticas del régimen de Salinas de Gortari podrían servir para confirmarlo; el Programa Nacional de Solidaridad, por ejemplo, o los mecanismos para la transformación del régimen agrario.