La nueva delincuencia

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La semana pasada fue noticia la camorra napolitana porque se rebasó, por lo visto, un límite implícito de violencia con cuatro asesinatos en cuatro días, sesenta y siete en lo que va de año. El gobierno se vio obligado a manifestar su indignación y anunciar medidas enérgicas: el presidente Prodi habló de una “emergencia criminal” en todo el sur de Italia, el ministro del interior, Giuliano Amato, anunció el envío de mil policías más a Nápoles y pidió al gobierno regional y al ayuntamiento un “pacto para la seguridad”, el ministro de Justicia, Clemente Mastella, dijo que el envío del ejército era “una hipótesis” para considerar. Los periódicos italianos especularon sobre una guerra entre clanes. En los días siguientes todas las agencias de prensa tenían fotografías y video de esos mil policías: enérgicos y ocupadísimos, según lo había prometido el ministro. Casi no fue noticia una “emergencia criminal” parecida en Mathare, en los arrabales de Nairobi: un pleito entre dos bandas por el control de la venta ilegal de licor que terminó con ocho o diez muertos, decenas de casas incendiadas, motines. Varios parlamentarios condenaron la violencia y exigieron el inmediato restablecimiento del orden. En cualquier otra semana las noticias serán de Brasil o Sudáfrica, Estados Unidos, El Salvador o México, y serán muy similares.

En ocasiones así parece que sea indispensable una dosis de histrionismo en la reacción de los políticos. Rara vez serán eficaces las medidas enérgicas que se anuncian en una situación de “emergencia”, quiero decir: rara vez servirán para controlar la delincuencia, no digamos ya acabar con ella, pero permiten que la gente se sienta más segura. Es un poco absurdo: hemos oído las declaraciones cien veces, sabemos que nunca pasa nada, pero por alguna razón esas frases de sonoridad bélica tienen un efecto tranquilizador; acaso sea la necesidad de sentir que hay una línea que separa con claridad a los buenos de los malos, a los criminales de los buenos ciudadanos. Sobre todo porque no hay esa línea, no es nunca del todo clara.

El nombre genérico de “delincuencia organizada” no dice gran cosa. Son muchas y muy distintas las formas de organización y delincuencia. Implican siempre alguna complicidad más o menos activa de la clase política, de policías, jueces, diputados, también de empresarios y banqueros, de la gente común y corriente. Ocupa un lugar en el sistema de reproducción del orden.

La mafia –la mafia siciliana, en Sicilia—es una forma de orden: familista, primitivo, brutal, un orden que afecta al conjunto de la vida en la isla. Tiene un vago origen señorial, como orden basado en relaciones personales, de confianza, con un lenguaje que sobre todo subraya la importancia del honor. En la práctica, para la mafia no hay más objetivo ni valor que el poder: desnudo, personal, inmediato, sanguinario cuando hace falta (la riqueza se adquiere de paso y tiene un valor derivado, en la medida en que es un recurso para tener poder); la mafia se explica en tres palabras: obediencia, silencio, muerte. Tiene un origen remoto, de hace dos o tres siglos, pero adquirió su poder e influencia como parásito de la economía de mercado y el régimen democrático, y está presente hoy en casi todas las actividades de Sicilia, desde la hostelería hasta la banca y los programas de desarrollo. Números aproximados: cinco mil miembros juramentados, veinte mil auxiliares, quinientos mil vinculados de alguna manera a los negocios de la familia: empresarios, profesionistas, políticos, jueces, policías. La camorra napolitana es similar, aunque de organización más horizontal. También es un fenómeno masivo y antiguo, imbricado con la vida cotidiana de la mitad de la ciudad de Nápoles: constructores, contratistas, estibadores, comerciantes.

Las formas más recientes de delincuencia organizada, como la que ha surgido a raíz del narcotráfico, no suelen tener la misma densidad social. Llegan al mundo empresarial o a la política por la puerta trasera y sólo por necesidades instrumentales, porque hace falta limpiar el dinero o tener una mano amiga en el aparato del Estado. Esa exterioridad la hace más peligrosa, por eso hace falta domesticarla.

La violencia en Nairobi muestra un fenómeno más interesante. Lo que aparece en la prensa en primer lugar es el conflicto entre dos bandas rivales, los “mungiki” y los “talibán”, que pelean por los beneficios derivados de la protección para la destilación y la venta ilegal del chang’aa, es decir, lo que cualquier periódico llamaría una “guerra de clanes” o de pandillas o familias. Es otra cosa. El conflicto se produce en Mathare, una de las barriadas en el cinturón de Nairobi donde, por lo visto, la policía no se atreve a aparecer normalmente, por lo que ha “delegado” las funciones de mantenimiento del orden público en esas dos organizaciones. Es difícil saber lo que son realmente: las notas de prensa se refieren a los “mungiki” a veces como una pandilla, una banda criminal, a veces como una secta, una organización política o un grupo étnico; algo parecido pasa con los “talibán”. Según la información que encuentro, el conflicto es más o menos como sigue.

El control sobre la destilación y la venta del chang’aa en Mathare había estado hasta ahora en manos de los “talibán”, que cobraban un tanto a los productores y un tanto a los comerciantes que venden la bebida. Los “mungiki”, excluidos del negocio, decidieron prohibir el consumo y la venta. El pretexto, por lo visto, fue que los destiladores habían traicionado a la organización y estaban pagando a la policía y al gobierno regional. En lo que viene a continuación no hay misterio: los productores protestaron, pidieron ayuda, y cada grupo tenía que proteger a los suyos y hacer valer su autoridad. Lo interesante es que ambas organizaciones, aparte de vender protección, ofrecen servicios urbanos básicos: agua y electricidad (que roban del suministro público) y tienen una base de apoyo de vaga definición étnica en localidades distintas, cerca de Nairobi. Diez muertos, manifestaciones amenazadoras, más de cien casas quemadas, refuerzos para unos y otros que llegan de otras poblaciones. Algunos diputados advierten que el gobierno podría estar favoreciendo un “clima de inseguridad” y desorden para inducir atentados contra líderes de la oposición; por supuesto, el portavoz del gobierno, Alfred Mutua, pide que no se politicen los asuntos de seguridad, explica que en Mathare sólo hay un problema de “ley y orden”.

¿Es delincuencia organizada? Sin duda, pero también es otra cosa, una especie de “gobierno privado” informal más o menos tolerado por las autoridades, que toleran también el comercio informal, la producción informal, el suministro informal de luz y agua. Sirve además para desestabilizar, para organizar motines y manifestaciones de espontánea indignación popular, para amagar con inminentes conflictos étnicos y justificar severas medidas de seguridad. Es una forma de parasitar la miseria y hacerla políticamente rentable.

El extraño orden de Mathare, el de una sociedad entera sumergida en la informalidad, parece un reflejo distorsionado de los enclaves del nuevo capitalismo extractivo que ha proliferado sobre todo en sociedades en guerra civil o con precarios gobiernos tiránicos –Angloa, Congo, Sierra Leona—que tienen apenas el reconocimiento mínimo indispensable para otorgar una concesión, y que son prácticamente formas de parasitar la legalidad. Las empresas, pequeñas empresas de nacionalidades discretas, son como minúsculos estados: protegidas por ejércitos privados se establecen en tierra de nadie, con sus propias reglas y su sistema de comunicación con los mercados internacionales de diamantes, oro o petróleo; con frecuencia no tienen otro vínculo con el país más que el pequeño porcentaje que pagan como impuesto y que suele ir directamente a las cuentas personales de quienes otorgaron la concesión. No son las grandes empresas, que tienen que cuidar su prestigio, sino segundas o terceras filiales de nombre desconocido: todo es legal, sin duda, pero el aspecto de la operación no es tan pulcro como cabría desear. Es una forma moderna de hacer negocios (inversiones de alto riesgo y altísima rentabilidad). Sólo desconcierta un poco el que se parezca tanto a la delincuencia organizada. A veces, alguno de esos gobernantes termina en el Tribunal Penal Internacional.

En el nuevo orden mundial la línea que separa a la delincuencia de los negocios honrados, la política, la vida ordinaria, es tal vez más borrosa que nunca. Las desigualdades regionales, el retraimiento del Estado, las conexiones globales ofrecen numerosas ocasiones que invitan al parasitismo. Vivimos por eso en una permanente emergencia que poco a poco se vuelve banal.

La Crónica de hoy, 15 de noviembre de 2006