Los años amargos. Pensamiento político en México a fines del siglo XX

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(Apareció como “Los años amargos. Pensamiento político en México a fines del siglo veinte” Historia y Política. Ideas, procesos y movimientos sociales, Núm. 11, Madrid, 2004) 

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  1. Panorama

Es difícil hacer una historia de las ideas políticas de los últimos treinta años en México. Para empezar, no hay distancia suficiente: es un periodo demasiado breve y demasiado próximo, no puede verse con claridad lo que significa verdaderamente la obra de un autor. Cuesta trabajo separar la paja, desentenderse del ruido de la publicidad. Por otra parte, no hay tampoco grandes ideas en política. En el plano normativo e institucional no hay prácticamente ninguna novedad en las últimas décadas del siglo veinte, ni en México ni en el resto del mundo: se han puesto al día y se han generalizado algunos de los mecanismos básicos del gobierno representativo, se ha discutido mucho sobre el significado de los Derechos Humanos, sobre las identidades nacionales, pero son todo ideas del siglo diecinueve. En cuanto al estudio de la política mexicana, tampoco hay mucha originalidad: se han adaptado modelos de la Ciencia Política estadounidense, con resultados más o menos interesantes.

Ha habido, eso sí, mucha polémica sobre asuntos puntuales, discusiones a veces inteligentes, a veces superficiales: casi siempre violentas y amargas, asociadas muy estrechamente a la disputa política del momento. Es decir: donde se discute para ganar una elección, para imponer un programa, para justificar una decisión política.

Es imposible o casi imposible saber lo que quedará de todo ello, lo que tendrá valor duradero. Es seguro que la relativa popularidad de un autor no significa gran cosa[i]. Tampoco la ambición sistemática ni el volumen de la obra. Un ejemplo: en la primera mitad del siglo veinte los pensadores más reconocidos en México fueron acaso José Vasconcelos, Manuel Gómez Morín, Vicente Lombardo Toledano, que rara vez se leerán, si no es por interés historiográfico; en cambio, las reflexiones más incisivas, originales y duraderas, que todavía se leen sin haber perdido interés, están tal vez en la obra brevísima y dispersa de Jorge Cuesta.

Hago dos excepciones. Octavio Paz, que fue el intelectual de más prestigio del fin de siglo, sin comparación: lo más consistente de su obra está en la crítica del totalitarismo, muy afín a la de Castoriadis; lo más original está en sus reflexiones sobre la tradición y la modernidad, conservando mucho del ánimo radical del surrealismo[ii]. Rafael Segovia, académico y docente de incalculable influencia, que diagnostica con claridad no superada los problemas fundamentales del arreglo posrevolucionario: la debilidad del Estado, el lugar del nacionalismo, la función de las elecciones, la dificultad de la democracia en México[iii]. Sabemos que la obra de ambos será indispensable para entender el periodo.

Lo que sigue no es una historia de las ideas sino un panorama de las discusiones políticas de México en el fin de siglo: la evolución de algo que es poco más que un clima de opinión, la evolución del sistema de creencias que forma la base del pensamiento político. Dicho en una frase, lo que puede verse en ese plano es el abandono más o menos general del discurso de la Revolución Mexicana y la adopción de ideas, argumentos y modelos más convencionales, propios del liberalismo continental y de la tradición pluralista norteamericana. Es un cambio que coincide, por supuesto, con la crisis del arreglo político posrevolucionario. Los resultados son inciertos todavía.

Se escribió y se habló mucho de política en los últimos años del siglo. Hubo una proliferación notable de revistas, periódicos, programas de debate en radio y televisión[iv]. De hecho, hubo una politización generalizada de la vida social: todos los ámbitos aparecían permeados por los conflictos de la política, en todos se hablaba de democracia y participación, en todos se denunciaba el peso del priísmo. En la base no había un sistema de ideas sino un clima de descontento. No se puede señalar a unos cuantos autores que hayan transformado la manera de pensar la política. Académicos, periodistas, agitadores, políticos profesionales, todos participaron en la formación de una nueva actitud, cuyo eje era la crítica de los gobiernos del PRI. Era una atención minuciosa, cotidiana, agitada, polémica, que con frecuencia no iba más allá de la anécdota, pero que finalmente modificó de modo muy sustancial la manera de mirar la política en el país. Al menos la manera como la miran las elites.

Hubo dos ideas dominantes: la democracia y la liberalización económica. En términos prácticos, la crítica del régimen posrevolucionario se concretó en la denuncia del autoritarismo y de la excesiva intervención del Estado en la economía y la vida social. Se trataba de “normalizar” la vida pública del país y ponerlo al día, de acuerdo con el canon vigente, con un sistema político pluralista y una política económica liberal. Eso significaba abandonar la retórica revolucionaria y varios de los motivos básicos del nacionalismo mexicano del siglo veinte. Paradójicamente, quienes llevaron la iniciativa en el proceso de reforma y del cambio de lenguaje político fueron los gobiernos priístas[v]; paradójicamente, el auge de las ideas democráticas fue acompañado de una acusada hostilidad hacia los partidos políticos, con una deriva antiparlamentaria en la que vale la pena reparar.

El rasgo más característico de la discusión política del fin de siglo en México es el predominio de los intelectuales. Más que los políticos: parlamentarios o dirigentes de partidos, más que los académicos, quienes sobresalen en la vida pública y dirigen los movimientos de la opinión son intelectuales, es decir, figuras públicas –a veces académicos, a veces literatos, artistas, locutores, periodistas- que intervienen en la política con una intención básicamente normativa, para defender causas concretas. A diferencia de lo que sucede en otros países, en México los intelectuales tienen su gran momento de celebridad e influencia en los últimos veinte años del siglo[vi].

Contribuyeron a ese resultado varios factores: la decadencia del sistema de educación superior, la politización general a partir del tema de la democracia y sobre todo la influencia de los medios de comunicación masiva. La universidad mexicana no se recuperó nunca de la crisis de fines de los sesenta: crisis demográfica, institucional, de organización; vivió un periodo de extraordinaria agitación política y después un deterioro progresivo por falta de recursos públicos y de flexibilidad académica. Los sistemas de incentivos que se diseñaron para aumentar la productividad académica a partir de los años ochenta fueron insuficientes para contrarrestar la tendencia o romper el círculo vicioso de deterioro, desprestigio y reducción de presupuesto[vii]. Sigue habiendo trabajo académico en las universidades, por supuesto, a veces de gran calidad, pero separado de la esfera pública, deliberadamente orientado hacia los circuitos internacionales: hay sobre todo investigación empírica que sigue las tendencias de la Ciencia Social norteamericana, estudios de comportamiento electoral, de políticas públicas, modelos de elección racional. Nada para el consumo del gran público, desde luego.

Sin embargo, había necesidad de que se hablase de política. Había necesidad de que se discutieran los asuntos públicos en público, como reacción ante la crisis de 1968, a la turbulenta presidencia de Luis Echeverría (1970-1976), al giro modernizador de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). Académicos, escritores y artistas se agruparon básicamente en torno a dos revistas: Plural, la revista de Octavio Paz, de la que surgirá Vuelta, de inclinación básicamente liberal, y Nexos, dirigida por Enrique Florescano y después por Héctor Aguilar Camín, que reunía a un amplísimo grupo situado en el centro-izquierda. Ambas se ubicaron en principio como espacios de crítica del régimen priísta; con el tiempo, sus diferencias políticas se harán más agudas y la distancia entre ellas desembocará en un antagonismo abierto, en una serie de “guerras culturales” de notable esterilidad. Lo importante es que se convirtieron en plataformas indispensables para la consagración de los nuevos intelectuales[viii]. El inicio de ambas fue bastante modesto, con escasa publicidad, pero con el paso del tiempo y sobre todo a partir de los noventa comenzaron a recibir fuertes ingresos por la publicidad oficial, es decir: fueron reconocidas como espacios de diálogo que el gobierno necesitaba o prefería mantener abiertos[ix]; en cierto sentido fueron un recurso de sustitución del Congreso y de los partidos, que carecían de credibilidad. Su existencia acreditaba la vocación pluralista del régimen.

La transformación más notable provino de los medios masivos. Repentinamente, después de haberse mantenido como medios de entretenimiento inocuo durante décadas, la radio y la televisión se abrieron a la discusión política en la década del noventa. Numerosas emisoras de radio y casi todos los canales de televisión crearon programas de debate, para discutir los “grandes problemas nacionales”. Era parte de la politización de la época, también era un negocio y una forma de intervenir directamente en la política, como recurso de presión. La lógica de los medios terminó por imponerse: primero en los contenidos, porque hacían falta intervenciones breves, lapidarias, posiciones claras, argumentos simples; después en la selección de los participantes, que debían construirse como mercancías, debían ser figuras reconocibles, con las que el público pudiera identificarse, que sirviesen como reclamo. Así se constituyó el Star System, con dos docenas de figuras públicas: periodistas, escritores, algunos académicos, locutores, personajes con alguna notoriedad a los que se asignó el papel de “intelectuales” populares. A ellos se deben en buena medida los movimientos de la opinión pública del fin de siglo.

La creación del Star System tuvo consecuencias en el conjunto de la vida pública. La prensa periódica lo aprovechó como recurso para atraer lectores. Lo mismo las editoriales. Incluso las Secretarías de Estado, cuando comenzaron a crear consejos ciudadanos para explicar su labor. Rara vez habrá tenido tanta influencia la opinión de un grupo de notables tan reducido[x]. Ahora bien: ese lugar requería que los “intelectuales mediáticos” no apareciesen vinculados a ningún partido político, su autoridad se derivaba en buena medida de su aparente neutralidad. Por esa razón sus pronunciamientos, aparte de ser simples, apodícticos, tendían a ser acusadamente moralistas, de un moralismo sentimental y casi abstracto que fue decisivo en el clima intelectual del fin de siglo.

Poco a poco se generalizó la imagen de la política como una “gran confrontación” entre la Sociedad y la clase política del PRI[xi]. La idea común era que esa confrontación se resolvería con la democracia, una democracia pluralista, pero el lenguaje en que se explicaba tenía una clara impronta populista –de los “pequeños” contra los “grandes”- y acusaba una propensión antiparlamentaria e incluso antiestatal.

 

  1. La herencia de la Revolución

En el fin de siglo hizo crisis el arreglo político del régimen posrevolcionario mexicano. Coincidió el surgimiento de una nueva oposición, mucho más beligerante y mejor organizada, capaz de ganar elecciones, con la fractura y la descomposición de las redes de intermediación política del PRI. Fue un proceso lento, entreverado de escándalos y conflictos, con cambios drásticos en la orientación de la política económica e incluso en la definición del lugar del Estado. El discurso revolucionario del régimen, gastado a fuerza de ambigüedades e inconsecuencias, terminó por ser prácticamente insignificante: hasta que el gobierno adoptó los motivos y el lenguaje de los partidos de oposición.

En el plano más general, la crisis del régimen no ofrece mucho misterio. Fue una consecuencia de las transformaciones sociales del siglo veinte. El orden priísta surgió en una sociedad de treinta millones de habitantes, predominantemente rural, agrícola y analfabeta, de escasa y difícil comunicación; a pesar de todos sus cambios y ajustes no podía articular una sociedad de cien millones, urbana, ocupada sobre todo en la industria y los servicios, integrada por la televisión[xii]. El cambio fue masivo, global. Entre otras cosas, permitió el crecimiento de una clase media urbana, con acceso a la educación media y superior, relativamente independiente de los mecanismos de intermediación del PRI: una clase media que fue producto del éxito de las políticas desarrollistas, orientadas hacia el mercado interno y las necesidades de la población urbana. Por ese mismo motivo sus expectativas de consumo y movilidad se vieron gravemente afectadas por las sucesivas crisis de los años setenta y ochenta. Aparte de eso, la clase media estaba predispuesta por muchas razones contra la retórica y las prácticas habituales del régimen[xiii]. Fue el núcleo de la oposición electoral y el catalizador para la nueva conciencia política[xiv].

Hay dificultades políticas, graves, a partir de 1970. No obstante, la crisis del arreglo priísta se generaliza por el agotamiento del modelo económico que había logrado el crecimiento y la estabilidad durante los diez años anteriores. Lo primero que se hace evidente son los defectos del cierre de la economía mediante recursos de protección absoluta, no arancelaria, y la politización de los mercados. Es obvio además que con ambas cosas se crean ocasiones de corrupción. Poco a poco se generaliza una nueva idea de la economía –lo que después se llamará el “neoliberalismo”- a partir de una crítica de la intervención política de los mercados, que se traduce en una crítica de la participación pública en la economía[xv]. Pero es el conjunto del orden posrevolucionario el que es puesto en entredicho.

Lo que más llama la atención del arreglo político mexicano del siglo veinte es su estabilidad. Es sabido: la clave está en la organización del partido. También en las elaboradas ambigüedades y contradicciones del proyecto revolucionario. No hay punto de comparación entre el PRI y el PCUS: la revolución mexicana no es totalitaria, el partido no es un mecanismo de disciplina burocrática sino una extensa red de intermediación, que sirve para negociar el incumplimiento selectivo de la ley, dada la debilidad del Estado. Hay momentos bastante radicales, de acusada inclinación antiliberal, sobre todo en los años treinta[xvi], pero lo que termina por imponerse es un acomodo pragmático en que la politización de los mercados y las relaciones sociales permite la concentración del poder, porque obliga a todos a negociar.

No hay una doctrina de la revolución mexicana. No hubo un programa previo ni la organización de un partido que pudiera dar coherencia a la lucha contra la dictadura de Díaz. La unidad del movimiento armado, la idea de la Revolución es en realidad una reconstrucción hecha a posteriori, a partir de la Constitución de 1917. No obstante, tampoco la Constitución es un documento homogéneo. Hay en ella la traza liberal, heredada de la Constitución de 1857, con un fuerte acento anticlerical, también ingredientes republicanos, socialistas, agraristas, un insistente nacionalismo, es decir: la Constitución es un arreglo accidental de la coalición extraordinariamente compleja que se impuso en 1916. Puede parecer paradójico a primera vista, pero esa heterogeneidad en la definición jurídica del régimen fue uno de los factores decisivos de su estabilidad[xvii].

Es difícil exagerar la importancia de la Constitución de 1917 para la vida política mexicana del siglo veinte. No sólo ha servido para legitimar la política de los gobiernos revolucionarios: también la oposición, también los motines y las rebeliones, hasta llegar al EZLN. Todo se ha hecho durante décadas en nombre de la Constitución. A pesar de todas las reformas, cientos, a pesar de que no se cumpla[xviii] y precisamente porque no puede cumplirse: desde su redacción está pensada no como descripción, sino como proyecto de transformación de la sociedad. La Constitución es la idea revolucionaria. Durante casi cien años ha servido como definición del orden deseable. Eso ha dado a las discusiones políticas en México una rigidez muy característica, porque todos los problemas fundamentales remiten al texto de la Constitución, en particular a un pequeño conjunto de artículos[xix] que tienen un valor propiamente totémico: el 3, el 27, el 123, el 130.

Conviene detenerse en ello un instante. La Constitución de 1917 instaura un Estado revolucionario, que tiene la obligación de transformar a la sociedad; por eso se confiere a la autoridad pública la capacidad para intervenir en todos los ámbitos y se le asignan responsabilidades concretas con respecto a la organización de la propiedad, la educación, la protección del trabajo, la salud, la regulación del mercado o de las formas de culto religioso. La justificación última, reiterada varias veces en el texto, es la voluntad de la Nación[xx]. Sin duda, el artículo 27 es la pieza fundamental para la estructuración del orden político: establece la exigencia del reparto agrario, define los procedimientos de restitución y dotación para las comunidades campesinas, los criterios de expropiación, fraccionamiento y distribución de tierra para configurar la propiedad ejidal y comunal, constituye como propiedad de la nación todos los recursos del suelo y el subsuelo, de las aguas de los mares territoriales, ríos y lagunas interiores. El artículo 27 establece de entrada que la propiedad de tierras y aguas corresponde originalmente a la nación, que puede transmitir su dominio, pero que tiene “en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público”[xxi].

Hay otros artículos que se refieren también a la propiedad y sus límites: lo básico está dicho en el 27, cuya redacción afecta obviamente a las estructuras de poder local, pero también a la posición de cualquier propietario con respecto a la autoridad pública. Ese fundamento clásico de la sociedad civil de la tradición anglosajona, la propiedad privada, tiene una vigencia limitada en el orden jurídico mexicano: sobre todo, remite de inmediato a la política. Lo que me interesa subrayar es que en el artículo 27 –como en el resto de la Constitución, por otra parte- se define el carácter revolucionario del Estado, se explica la necesidad de politizar la vida social y se instituye a la Nación como fundamento y justificación del poder. Todo eso hace de la Constitución casi un texto sagrado para el régimen: en ella se establece formalmente el vínculo entre la forma del Estado, la Nación y la Revolución.

Se ha dicho con frecuencia que el nacionalismo es el rasgo básico de la ideología y la retórica de la revolución mexicana. Es verdad. No obstante, su trayectoria es bastante más sinuosa de lo que sugiere el lugar común. El nacionalismo mexicano depende en mucho de la vecindad con Estados Unidos y se define a partir de ella, pero eso significa que también varía en sus acentos y en su contenido según las oscilaciones del escenario internacional, que en el siglo veinte son muy violentas[xxii]. Con excepción de algunos momentos, la coyuntura de 1938 o la de 1973, las expresiones nacionalistas tienden a ser tibias y alusivas en lo que se refiere a la política exterior: lo que se subraya, sobre todo a partir de 1940, es la “unidad nacional”[xxiii] que significa armonía de clases y continuidad histórica. El Estado revolucionario representa a la Nación, que se expresa en una sola historia.

El nacionalismo mexicano, como casi todos, tiene que inventarse una tradición. Necesita confundir la historia de la patria con la forma del régimen, explicar que la historia profunda de la nación desemboca necesariamente en una forma política concreta. Es una tarea difícil en cualquier parte porque toda historia es confusa. En México, en particular, hacía falta conectar los varios liberalismos del siglo diecinueve, los movimientos reaccionarios que iniciaron las guerras de independencia, la desordenada rebelión de 1910 y la Constitución de 1917, dejando fuera, como anti-México, a la mitad de los gobiernos y movimientos políticos, a la mitad de las figuras públicas desde Iturbide, Bustamante y Santa Anna en la primera mitad del siglo XIX, hasta Comonfort, Maximiliano de Habsburgo y Porfirio Díaz.

Esa reconstrucción ideológica de la unidad de la historia nacional como proyecto revolucionario tuvo su momento clásico en la obra de Jesús Reyes Heroles, El liberalismo mexicano, publicada en 1961[xxiv]. Es un trabajo brillante de acomodo erudito de la historia intelectual mexicana para fabricar la tradición de un “liberalismo social”, originada durante las guerras de independencia y continuada durante todo el siglo diecinueve. En la escritura de Reyes Heroles, “una de las principales enseñanzas del proceso liberal mexicano consiste en mostrar la gestación de una forma política nacional” que se caracteriza por su ánimo popular: “uno de los méritos de los liberales mexicanos fue hacer coincidir la persecución de sus fines con necesidades concretas de amplios grupos de población.”[xxv] Lo fundamental de esa historia es la idea de que el liberalismo mexicano, nacional y nacionalista, con una permanente preocupación por los problemas agrarios, desarrolló un concepto de propiedad distinto al anglosajón: la propiedad subordinada al interés público y a las necesidades del pueblo, tal como se establecería más tarde en la Constitución de 1917.

Bastantes años más tarde, como Presidente del PRI, Reyes Heroles defendería la naturaleza revolucionaria del partido y del Estado, su compromiso con “un desarrollo no exclusivamente capitalista”, apoyado en la reforma agraria, el control de los recursos estratégicos y la importancia del sector público en la economía: “Objetivamente se puede, mediante la orientación rectora del Estado, subordinar el desarrollo económico, público y privado, a los intereses nacionales”[xxvi]. La Revolución era ya un valor adquirido en la cultura política mexicana y se defendía como ingrediente básico de la identidad nacional[xxvii]. Es importante anotarlo porque durante décadas la discusión política en México tuvo un contenido, digamos, historicista: lo que se disputaba era el “verdadero significado” de la historia.

La crítica de los gobiernos revolucionarios desde los primeros tiempos se apoyó en una interpretación distinta de la Revolución: lo más frecuente era oponer la revolución democrática de Madero (1910) a la revolución autoritaria del grupo sonorense (1920). Pero hacía falta también una mirada distinta del resto de la historia. Sin duda, la pieza básica para esa crítica general del régimen fue la Historia moderna de México, de Daniel Cosío Villegas[xxviii], que se ocupa de los últimos treinta años del siglo diecinueve, es decir, el último gobierno de Juárez y la dictadura de Porfirio Díaz. Es una obra monumental, lo que se podría llamar con poca exageración una historia definitiva del periodo como conjunto. Sus consecuencias para el debate político no son menores.

La historia de Cosío Villegas cambia el centro de atención, lo traslada de la revolución a la República Restaurada, es decir, propone como contraste para juzgar la vida política del país el horizonte del liberalismo tardío del diecinueve: “con la constitución política de 1857 México adquiere el rostro de un país organizado a la moderna; rostro duradero, además, pues casi sin afeite lo ha conservado cerca de cien años”[xxix]. Su historia no es apologética, pero su juicio no ofrece muchas dudas, el liberalismo de Juárez era un programa con vitalidad y futuro: “otro de los rasgos característicos de la República Restaurada: una disputa interminable, airada, brillante, incisiva, agobiadora, sobre la validez de la Constitución como molde para engendrar y contener la vida política nacional y mantenerla viva y libre, pacífica y fecunda”[xxx]. En otras obras, Cosío insiste en la misma idea: los vicios y defectos de la dictadura de Díaz no pueden atribuirse a los liberales del 57 o del 67, es decir, el modelo liberal pudo ser eficaz, tuvo vigencia y la sigue teniendo, un siglo después[xxxi].

Postular una continuidad semejante implicaba una crítica del régimen revolucionario, en la medida en que éste se había alejado del modelo constitucional del liberalismo[xxxii]. La crítica resultaba ser tanto más grave cuanto que afectaba al fundamento historicista de la legitimidad del régimen. El propio Cosío sacó las consecuencias en uno de los libros más influyentes de la segunda mitad del siglo: El sistema político mexicano[xxxiii]. Según su argumento –conocido de sobra- lo que había en México era un régimen autoritario apoyado sobre dos piezas básicas, el Partido y la Presidencia: un partido omnipresente y una Presidencia omnipotente; su conclusión era la necesidad de reformar el sistema para establecer una democracia liberal, como la que se había imaginado en 1857.

La claridad y la sencillez del modelo de Cosío Villegas lo hicieron clásico; tenía además la enorme ventaja de conservar la lógica del nacionalismo. Era cosa de usar a Juárez, después a Madero, contra la deriva autoritaria de los gobiernos de Díaz Ordaz (1964-1970), Echeverría (1970-1976) y López Portillo (1976-1982). El análisis tenía sus defectos, que se agravaron en la divulgación. En particular, la exageración en el poder que Cosío atribuía al Presidente que, en sus propias palabras, “bien podría llamarse Emperador Sexenal[xxxiv]. Muy pronto se hizo corriente el uso de hipérboles semejantes, todo era “monárquico” o “imperial” en el sistema político mexicano, cuando no directamente “despótico”. Lo peor no es que las metáforas fuesen de una crasa inexactitud, sino que desviaron la atención de una generación entera de intelectuales, que se dedicó a bordar sobre los tópicos de la omnipotencia presidencial sin prestar casi ninguna atención a los mecanismos reales de organización del arreglo político[xxxv].

 

  1. La crisis del fin de siglo

Es un lugar común la idea de que el proceso de democratización en México se inició con el movimiento estudiantil de 1968. La verdad es que son cosas que no tienen mucho que ver, aparte de que la elite política y cultural del fin de siglo estuviese formada por los jóvenes de la generación del 68. El movimiento estudiantil de México, como el de casi todas partes, fue bastante confuso, sin un programa ni una idea articulada: comenzó como un asunto muy localizado, con la exigencia de que se castigaran abusos de la policía contra universitarios de la Ciudad de México y se extendió muy rápidamente a otras universidades y otras ciudades del país. Con la inercia de las movilizaciones el movimiento se radicalizó y la respuesta del gobierno se hizo cada vez más violenta, hasta culminar en la masacre de Tlatelolco.

No hay una herencia intelectual o política del 68. Hubo vagas exigencias de democratización, intentos muy fallidos de reformar la Universidad, el ánimo contestatario típico de la contracultura y una deriva ultraizquierdista de la que surgirían unos cuantos grupos de “guerrilla urbana” en los setenta. Lo importante es que se convirtió en un mito. Fue mucho más visible que otras protestas, la represión fue más espectacular, pero además fue un movimiento de jóvenes, universitarios, de clases medias, con el que se identificó buena parte de la elite del fin de siglo[xxxvi]. Por supuesto: con el paso del tiempo han prevalecido los rasgos simbólicos, que se resumen en la noche de Tlatelolco; todo ha quedado en una primera gran confrontación de la Sociedad o el Pueblo contra el PRI, anticipación de todo lo que sucedería después. Una exageración y una distorsión, sin duda[xxxvii]. Pero eso no le quita nada al valor simbólico.

De hecho, la reconstrucción más o menos mistificada del movimiento comenzó muy poco después. Aparte de las narraciones, crónicas y memorias, está la interpretación de Octavio Paz publicada en Postdata, en 1971, donde los rasgos concretos del conflicto pierden importancia porque éste resulta ser expresión de otra cosa, mucho mayor: “En el transcurso de unas cuantas semanas apareció claramente que los estudiantes, sin habérselo propuesto expresamente, eran los voceros del pueblo. Subrayo: no los voceros de esta o aquella clase, sino de la conciencia general.”[xxxviii] Ahora bien, lo que tuvo una influencia enorme fue sobre todo el intento de Paz de incorporar el movimiento estudiantil y la masacre de Tlatelolco en el esquema de una historia simbólica de México, a través del arquetipo de la pirámide.

Postdata está en una extraña encrucijada entre la crítica política, la antropología estructural, el ensayo histórico y la poesía. Lo que busca Paz es la lógica de una “historia invisible”, una estructura profunda de las representaciones políticas en México, algo que se manifiesta en el pasado pero que no es pasado[xxxix]. Encuentra la forma de la pirámide: “Arquetipo arcaico del mundo, metáfora geométrica del cosmos, la pirámide mesoamericana culmina en un espacio magnético: la plataforma-santuario. Es el eje del universo, el sitio en que se cruzan los cuatro puntos cardinales, el centro del cuadrilátero: el fin y el principio del movimiento.”[xl] Por medio de una vertiginosa serie de analogías descubre la misma estructura repetida en toda la historia del país: “Herederos de México-Tenochtitlan, los españoles se encargaron de transmitir el arquetipo azteca del poder político: el tlatoani y la pirámide.”[xli] El proceso culmina en el PRI, que es una pirámide[xlii]; en el zócalo de la Ciudad de México, donde estaba la gran pirámide, el lugar del tlatoani azteca y del Presidente de la República; en la plaza de Tlatelolco, sobre otra pirámide, con su plataforma para el sacrificio.

La poderosa escritura de Paz hizo que la imagen perdurase y que se impusiera como clave de interpretación del régimen. Por supuesto, en la pluma de sus imitadores y seguidores, mucho menos dotados, lo que quedó fue básicamente una metáfora de la concentración del poder y la idea un poco absurda de una “continuidad histórica” del autoritarismo[xliii]. La imagen se confundió, además, con las metáforas monárquicas que había sugerido Cosío Villegas como aproximación para definir el poder presidencial. Pero hay algo más: la retórica del nacionalismo revolucionario había elaborado un sistema de representaciones para identificar a la Nación con la Revolución, con el Estado y con el Partido, que se personificaba en el Presidente de la República. Es decir: para el sentido común, en la cultura política mexicana, era perfectamente natural esa amalgama de la historia y la política en un solo bloque, esa condensación no sólo de la autoridad, sino de toda la vida pública en la figura del Presidente[xliv].

En ese punto coincidieron, aunque fuera con intenciones opuestas, los apologistas y los críticos del régimen. Unos y otros contribuyeron a crear una imagen desorbitada del poder presidencial, que oscurecía la complejidad del arreglo posrevolucionario. A partir de los años setenta proliferaron los estudios sobre el presidencialismo, más o menos serios[xlv], pero sobre todo se consolidó el mito de la omnipotencia del Presidente como un entendido básico de la reflexión política. Se consolidó porque resultaba muy útil para todos. Dentro del PRI había servido siempre para señalar a un árbitro de las disputas internas. Para los periodistas era mucho más práctico para explicar lo que fuera, puesto que todo se reducía a las intrigas palaciegas. Los críticos podían remitir cualquiera de los defectos y deformidades del régimen, desde el subdesarrollo hasta la corrupción o la arbitrariedad policiaca, a la voluntad del Presidente. Los opositores, cada vez más beligerantes y mejor organizados, podían presentar un cuadro muy sencillo y muy atractivo de su lucha: había una sola gran batalla, que consistía en quitarle al PRI la Presidencia[xlvi].

Importa mucho el contexto. La inconformidad y las críticas aumentan después de 1968 no sólo por la manifestación brutal de la vis represiva del régimen, sino por el agotamiento del modelo de desarrollo económico basado en la industrialización por sustitución de importaciones. La denuncia de los excesos del poder presidencial coincide con los últimos avatares “izquierdistas” del PRI, con dos presidentes de personalidad excesiva, para decirlo con suavidad: Luis Echeverría y José López Portillo, dos presidentes que trataron de hacer frente a la crisis económica acentuando la politización de los mercados[xlvii]. El resultado fue una espiral de inflación, déficit público, endeudamiento, devaluación de la moneda e inflación, que culminó con la nacionalización de la banca y la “crisis de la deuda” en 1982.

Durante el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) cambia completamente el escenario. El régimen abandona incluso la retórica revolucionaria, se adoptan “políticas de ajuste” y liberalización que provocan la ruptura definitiva con la izquierda, incluso la izquierda del PRI, con la que habían tratado de reconciliarse los gobiernos anteriores[xlviii]. A partir de la elección presidencial de 1988 prácticamente toda la literatura política se refiere ya a la “transición a la democracia”[xlix]. La larga agonía del régimen posrevolucionario fue notoriamente estéril, a fin de cuentas, en lo que toca al pensamiento político. Hubo algunos estudios empíricos notables[l], trabajo muy útil con los datos de distribución del voto, que habían sido menospreciados hasta entonces, pero no había otra idea de la política fuera del horizonte de la instauración de una democracia liberal, pluralista, según el modelo angloamericano, que en la práctica se reducía a la derrota electoral del PRI.

Hubo una desafortunada coincidencia entre el trabajo académico y la militancia política, bajo el signo de la “gran confrontación” entre la Sociedad y el PRI. No era posible ni siquiera un diagnóstico de la situación que no remitiera al problema político inmediato de la siguiente elección. Por otra parte, la inercia del mito presidencialista arrastró también la definición ideológica de los partidos, hasta dejarlo todo reducido al problema único de la elección presidencial.

La derecha, agrupada en torno al Partido de Acción Nacional, había sostenido hasta los años setenta una doctrina nacionalista y católica, inspirada en el “personalismo” de Mounier y Theilard du Chardin. A partir de 1975 adopta una inclinación “empresarial” y pragmática, acusadamente antiintelectual[li], volcada en su estrategia hacia la mercadotecnia y de una ambigüedad absoluta en lo que respecta al régimen político. El pensamiento tradicional de la derecha era abierta y directamente reaccionario[lii], contrario a la definición básica del Estado revolucionario y de la Constitución de 1917. Después de la crisis interna de 1975 y sobre todo después de la elección de 1988 la definición doctrinal se hace más flexible –el propósito es ganar elecciones- sin que haya intelectuales de peso ni una plataforma nueva, medianamente razonada[liii].

La izquierda tuvo serios problemas de identidad durante todo el siglo, porque tenía que definirse contra un régimen revolucionario. Como organizaciones políticas había un Partido Comunista de estricta obediencia soviética, el Partido Popular Socialista, fundado por Vicente Lombardo Toledano, a veces de oposición y a veces aliado del PRI, y una serie de pequeños partidos radicales. Su peso electoral fue mínimo hasta que se fundió en el Partido de la Revolución Democrática[liv], bajo el liderazgo de Cuauhtémoc Cárdenas, en 1989; pero entonces también se hizo borrosa su definición ideológica: aparte de algunos guiños hacia el EZLN y la Cuba de Castro, en su programa y su lenguaje lo que hay es una recuperación del nacionalismo revolucionario del viejo PRI, contra la orientación liberal de los gobiernos de Salinas de Gortari (1988-1994) y Zedillo (1994-2000).

Lo que sí hay en la segunda mitad del siglo es una abundante literatura marxista en todas las Ciencias Sociales que, como corresponde a la tradición, carece de una idea propia de la política y el Estado. Hay que subrayar, por su influencia, los esfuerzos hechos por “desenmascarar” el carácter clasista del régimen posrevolucionario[lv] y el intento de recuperar una Revolución “verdadera” que no sería ni la de Madero ni la del Constituyente, sino la de Zapata y Villa, de presunta pureza campesina[lvi]. La transición más significativa del fin de siglo está en el abandono general del lenguaje marxista y la recuperación del cardenismo como modelo: para la vieja izquierda el gobierno de Lázaro Cárdenas había significado la subordinación definitiva de las “clases populares” en un sistema paternalista y autoritario[lvii]; la izquierda del fin de siglo, en cambio, hace suyo ese mismo modelo y convierte a Cárdenas en un personaje casi mitológico[lviii]. Es decir: lo que queda de la izquierda se pasa con armas y bagajes al cardenismo como culminación de la Revolución Mexicana.

En los partidos dominaba el pragmatismo, una deliberada vaguedad en los programas y en el discurso, cuyo motivo básico y casi único era la democracia. Los intelectuales se hicieron eco de esa vaguedad porque la “gran confrontación” entre la Sociedad y el PRI no podía ser “partidista”. Podía hablarse y se hablaba en nombre del Pueblo o de la Nación, pero ambos términos tenían resonancias priístas, eran piezas muy gastadas de la retórica del nacionalismo revolucionario; apareció entonces como opción la “Sociedad Civil”, depósito de todas las virtudes imaginables: un polo de pureza –desinterés, espontaneidad, transparencia- exactamente opuesto al PRI, al gobierno, al Estado, a los políticos.

El uso de la expresión se generalizó después de los terremotos de septiembre de 1985, en la Ciudad de México: se usó para hacer el elogio de la colaboración masiva y espontánea de la gente en las tareas de rescate, en contraste con una reacción lenta e ineficiente del gobierno, de la que se sospechaba además que estaba lastrada por la corrupción[lix]. Muy pronto la catástrofe adquirió proporciones legendarias. Era el ejemplo material de la “gran confrontación”, donde se había manifestado la oposición absoluta entre el régimen (el Estado, los políticos, el PRI, todo mezclado) y la Sociedad Civil, una oposición que era básicamente moral.

No había ninguna claridad en el uso de la expresión: podía significar cualquier cosa. Para la izquierda era un sustituto del Pueblo o del proletariado. Para la derecha empresarial y para los nuevos liberales servía como sinónimo de iniciativa privada: el elogio de la Sociedad Civil era el reverso de la crítica del Estado. Con frecuencia el término adquiría connotaciones populistas: la Sociedad Civil eran los “de abajo”, en lucha contra los “de arriba”, incluyendo a todos los partidos; otras veces se identificaba con el círculo de notables que dirigían asociaciones civiles, con los intelectuales públicos. Se suponía que era el motor de la democratización, pero se usaba con una lógica antiparlamentaria.

En ese contexto hay que situar el episodio indigenista iniciado por la rebelión del EZLN y que adquirió su definición en un “diálogo con la Sociedad Civil”, fuera de los partidos y las instituciones políticas. En eso estaba mucho de su atractivo. Se escribió mucho al respecto, sobre todo cuando se logró transformar a la guerrilla en un movimiento “identitario”. La izquierda encontró en el indigenismo un discurso de sustitución para afirmar su identidad con los temas más clásicos: el colonialismo, la explotación, la discriminación, la justificación de la lucha armada. Pero todo fuera del escenario principal[lx]. Se escribió sobre tolerancia, identidad y diferencia, sobre diversidad cultural y pluralismo jurídico, sobre el significado de la modernidad. Fue sobre todo ocasión para que antropólogos y filósofos participaran en la polémica internacional del multiculturalismo: no hubo muchas novedades[lxi]. En general, la discusión estuvo falseada por la distancia y el desconocimiento, por una construcción quimérica del mundo indígena[lxii].

El zapatismo sirvió para recuperar algunos de los motivos de la izquierda festiva y contracultural de los sesenta: el culto a la autenticidad y la naturaleza, la denuncia de la sociedad de consumo. Fue un retorno al 68, incluyendo su deriva antiparlamentaria, como expresión espontánea de la “gran confrontación” que habría de decidirse en el año 2000.

 

Epílogo

El cambio fundamental en el sistema de creencias de la cultura política mexicana se produjo durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. El gobierno adoptó en buena medida el lenguaje de la oposición: democracia, libertad, Sociedad Civil, pero además le dio un contenido concreto a través del Programa Nacional de Solidaridad, la firma del Tratado de Libre Comercio con los EE.UU., la creación del Instituto Federal Electoral, la reforma de algunos de los artículos totémicos de la Constitución: el 130 y el 27.

Hubo entonces una extraña, paradójica coincidencia en la definición del nuevo lenguaje. Al menos, en un aspecto fundamental: el antiestatismo. Para la derecha tradicional se trataba de la vieja lucha contra el orden revolucionario, contra la educación pública. Para la derecha empresarial era la defensa de la libertad y la competencia, de la iniciativa privada. Para la izquierda era una secuela de la tradición revolucionaria, la reivindicación de los derechos del Pueblo contra el Poder. Para el gobierno era la justificación indispensable de un programa de reformas para la “normalización” del país. Todos estaban de acuerdo: el enemigo era el Estado. Concretamente, el Estado surgido de la revolución.

Como definición positiva estaba la democracia, que no significaba más que pluralismo y alternancia[lxiii]. Esbozos de una nueva idea del Estado, que querría identificarlo con cualquier empresa: un extraño intento de definirlo fuera de la política, en la medialengua de la mercadotecnia. Fue lo que quedó como programa político del primer gobierno del PAN[lxiv].

Es curioso: la crítica del Estado que señaló la agonía del régimen posrevolcionario tenía su piedra de toque en la denuncia de la arbitrariedad y la corrupción. Se apoyaba en lo que dice el sentido común de cualquiera: en México no ha habido un Estado de Derecho eficaz, suficiente. La política: la estabilidad, la representación, la gestión pública están entreveradas de ilegalidad. No hubo prácticamente ningún estudio empírico sobre ello[lxv]. Seguramente la vaguedad era más útil políticamente. El resultado es que seguimos sin saber de qué está hecho el Estado mexicano.

[i] La publicidad y la nueva lógica del mercado editorial y de los medios de comunicación masiva introducen distorsiones imposibles de evitar, salvo con el paso del tiempo.

[ii] Octavio Paz, Obras completas, México: FCE, 2003, 14 vols.

[iii] En la obra de Segovia hay un estudio temprano de la Ilustración hispánica, en Tres salvaciones del siglo XVIII español, México: Universidad Veracruzana, 1968; un incomparable estudio empírico de la cultura política mexicana: La politización del niño mexicano, México: El Colegio de México, 1975, y una serie de ensayos sobre la vida política mexicana, reunidos en Lapidaria política, México: FCE, 1996.

[iv] Como ilustración sirve un dato: aparte de los diarios tradicionales, que siguen circulando, como Excélsior, El Universal, Novedades, El Sol de México, El Día, El Heraldo, en los últimos treinta años del siglo se fundaron en México más de media docena de diarios de circulación nacional, con agenda política propia: Uno más uno, La Jornada, El Financiero, Reforma, Milenio, La Crónica de hoy. En 2003 se sumó El Independiente. Casi ninguno tiene un tiraje superior a los 100 000 ejemplares.

[v] Véase Luis F. Aguilar, “Las reformas mexicanas: hechos y agenda”, en Barry Levine (Comp.) El desafío neoliberal. El fin del tercermundismo en América Latina, Bogotá: Norma, 1992.

[vi] Hacia el fin de siglo, en los Estados Unidos, Russell Jacoby hablaba de la decadencia de los intelectuales públicos, sustituidos por los académicos y especialistas (Russell Jacoby, The Last Intellectuals. American Culture in the Age of Academe, Nueva York: Noonday Press, 1987). De modo parecido especulaban sobre el eclipse de los intelectuales en Francia Michel Winock ( Le siècle des intellectuels, Paris: Seuil, 1999) y Jean-Francois Sirinelli ( “Les enfants de l’éclipse”, Le débat, Gallimard, n.103, enero-febrero 1999.)

[vii] Un diagnóstico clásico de Gabriel Zaid, de fines de los ochenta, referido particularmente a la Universidad Nacional Autónoma de México: “Muchas salidas razonables se vuelven imposibles de realizar, imposibles de decir públicamente y hasta imposibles de pensar, frente a la tradición, la nostalgia, las ideas hechas, la inercia, los intereses creados.” Tanto que sólo cabría abandonarla: “Habrá quien piense que abandonar la UNAM es derrotista, o peor aún: traición a la patria. Pero ahí está el error del mito megalómano. La UNAM no es la patria: es una de tantas cosas que tuvieron sentido, crecieron y se arruinaron”. Grabriel Zaíd, “UNA Megalomanía”, Vuelta, México, n.124, marzo 1987.

[viii] Todos los intelectuales que han tenido alguna notoriedad en la vida pública mexicana del fin de siglo, casi sin excepción, estuvieron en algún momento en el consejo editorial de Vuelta o Nexos, o de ambas.

[ix] Acaso el análisis más agudo de esa consolidación pública de los intelectuales –y de sus consecuencias- sea el de Claudio Lomnitz: “Fue el amanecer de una nueva época en la vida cultural mexicana, una era señalada por la privatización y por las crecientes diferencias entre una masa crecientemente proletarizada de profesores de escaso prestigio, un estrato algo más glamoroso de académicos públicos, y una nueva elite cultural que fusiona la escritura con los negocios.”, Claudio Lomnitz, “An Intellectual’s Stock in the Factory of Mexico’s Ruins: Enrique Krauze’s Mexico: Biography of Power.”, en Lomnitz, Deep Mexico, Silent Mexico. An Anthropology of Nationalism, Minneapolis: University of Minnesota Press, 2001, p. 215.

[x] Entre ellos se escogió, por ejemplo, a los consejeros del Instituto Federal Electoral de toda la década de los noventa, como garantía de imparcialidad y transparencia.

[xi] La idea de la gran confrontación parece exagerada. Pero el clima ideológico de la época era exagerado. Sólo algunos ejemplos, de entre los intelectuales con mayor notoriedad: “Unos son los tiempos de la sociedad mexicana. Otros los de quienes llevan el gobierno. El desfase niega la democracia”, Federico Reyes Heroles, La democracia difícil, México: Grijalbo, 1991, p.54. “De un lado, una sociedad civil que, pese a sus notables esfuerzos por sacudirse el sojuzgamiento en que se le ha mantenido por siglos, aún es incapaz de defender sus derechos e imponer sus prioridades. Del otro, una sociedad política dividida a mitades entre lo nuevo y lo viejo…” Lorenzo Meyer, Liberalismo autoritario. Las contradicciones del sistema político mexicano, México: Océano, 1995, p.90. “La clase gobernante desprecia lo que ve o cree ver: masas infobernables por irredimibles, masas indóciles y sumisas (…). En el otro extremo, quienes ejercen la democracia desde abajo y sin pedir permiso, amplían sus derechos ejerciéndolos.” Carlos Monsiváis, Entrada libre. Crónicas de la sociedad que se organiza, México: ERA, 1987, p.11.

[xii] Acaso la descripción más gráfica, completa y asequible de ese “cambio civilizatorio” sea la que ofrece Héctor Aguilar Camín, Después del milagro, México: Cal y Arena, 1988.

[xiii] Para un análisis de esa enemistad histórica entre las clases medias y el régimen, véase Soledad Loaeza, Clases medias y política en México. La querella escolar: 1959-1963., México: El Colegio de México, 1988.

[xiv] A partir de los años ochenta el PRI pierde progresivamente el voto urbano: prácticamente desaparece de las principales ciudades del país, empezando por la Ciudad de México, donde su presencia después de 1997 es casi testimonial.

[xv] Vale la pena anotar que hay en México una crítica muy temprana de la politización de los mercados. Muy anterior al predominio de la mirada “neoliberal”, aunque sea en la pluma solitaria de Gabriel Zaíd, El progreso improductivo, México: Joaquín Mortiz, 1979.

[xvi] Sólo como ejemplo, una declaración del líder del PNR, Luis L. León, en la segunda Convención Nacional del partido, en 1935: “combatimos y relegamos para siempre al pasado la doctrina que declare intocable al individuo; la doctrina individualista que en nombre de una libertad teórica establece la base para la explotación de las masas.” Citado por Rafael Segovia, “El nacionalismo mexicano”, en Segovia, Lapidaria política, México: FCE, 1996, p.35.

[xvii] Acaso el estudio más completo de las ambigüedades ideológicas e institucionales del régimen revolucionario sea el de Arnaldo Córdova, La ideología de la Revolución Mexicana. La formación del nuevo régimen, México: ERA, 1973.

[xviii] Hay una notoria exageración en la idea de que en México, como dijo Octavio Paz alguna vez, se vive en la “mentira constitucional”; hay leyes que no se cumplen, las hay que a veces no se cumplen, pero el mapa de la ilegalidad es mucho más intrincado y complejo de lo que sugiere el estereotipo. Por eso puede ser muy revelador.

[xix] El articulo 3 se refiere a la educación; el 27 a la propiedad de la tierra y los recursos naturales; el 123 a los derechos laborales; el 130 define el carácter laico del Estado y delimita el lugar de las iglesias. Como nota curiosa: una de las calles importantes en el centro histórico de la Ciudad de México lleva como nombre: “Artículo 123”.

[xx] En el texto constitucional la Nación aparece literalmente como un sujeto de derecho. Distinto del conjunto de los ciudadanos y distinto también del “pueblo”. En el artículo 27, por ejemplo, la nación “tiene el derecho de transmitir el dominio” de las tierras, tiene “el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público”; en el artículo 39 el “pueblo” tiene “el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.”

[xxi] El 27 es un artículo extraordinario por su alcance y sus características. Su redacción incluye dieciocho fracciones, con numerosos incisos: ocho o diez páginas de texto.

[xxii] Un análisis extraordinariamente claro y revelador acerca de la naturaleza del nacionalismo revolucionario es el de Rafael Segovia, “El nacionalismo mexicano. Los programas revolucionarios (1929-1964)” en Segovia, lapidaria política, México: FCE, 1996.

[xxiii] Ver Luis Medina Peña, “Origen y circunstancia de la idea de unidad nacional”, en Centro de Estudios Internacionales, Lecturas de política mexicana, México: El Colegio de México, 1977.

[xxiv] Jesús Reyes Heroles, El liberalismo mexicano, México: FCE, 1982 (1961), 3 vols.

[xxv] Ibid., Vol. I, p.X-XI.

[xxvi] Jesús Reyes Heroles, “Hacia un desarrollo no exclusivamente capitalista”, discurso del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, 12 de enero de 1974, Consejo Político Nacional PRI, Ideología y sociedad en México, México: PRI, (s.f.), p.83.

[xxvii] La fusión de la Nación, la Revolución, el Partido y el Gobierno es explícita: “La alianza popular es fruto genuino de nuestro proceso revolucionario, tiene antecedentes y raíces en las luchas constantes del pueblo de México por su liberación y su mejoramiento. Ha sido medio de combate, propósito de acción, instrumento para agrupar fuerzas que tienen coincidencias fundamentales”, Ibid., p.86. Más todavía: “el Partido se origina como fuerza contra los resabios reaccionarios y contra las tendencias a la claudicación; su carácter es de frente único nacional para poder también defender los intereses nacionales de asechanzas y acciones provenientes del exterior.”, Ibid., p.70.

[xxviii] Daniel Cosío Villegas (et al.), Historia moderna de México, México: Hermes, 1960, 10 vols.

[xxix] Daniel Cosío Villegas, “Llamada general”, Historia moderna de México, op.cit., Vol.I, p.13.

[xxx] Ibid., p.19.

[xxxi] “(…) la Constitución de 57 resiste airosamente a la mayor parte de sus críticas, a tal punto que acaba uno por tener la impresión de que aun sus peores defectos pudieron haberse corregido a tiempo, de no haberla hecho a un lado la dictadura porfiriana.” Daniel Cosío Villegas, La Constitución de 1857 y sus críticos, México: FCE, 1998 (1957), p.17

[xxxii] Las expresiones de Cosío son inequívocas: “seguimos viviendo todavía, en la medida en que vivimos constitucionalmente, de la herencia de los constituyentes del 56”, Ibid., p.161.

[xxxiii] Daniel Cosío Villegas, El sistema político mexicano, México: Joaquín Mortiz, 1973.

[xxxiv] Daniel Cosío Villegas, La sucesión presidencial, México: Joaquín Mortiz, 1975, p.7. El libro es una secuela de El sistema político mexicano.

[xxxv] Para un magnífico análisis de esa inclinación: Juan Espíndola Mata, El hombre que lo podía todo, todo, todo. Ensayo sobre el mito presidencial en México, México: El Colegio de México, 2004.

[xxxvi] Aunque sea anecdótico, tiene su interés tomar en cuenta que uno de los libros más vendidos durante décadas en México, una verdadera obra de culto en la que se iniciaban todas las nuevas generaciones, fue la crónica de Elena Poniatowska, La noche de Tlatelolco, México: ERA, 1971. Ha tenido más de cincuenta reediciones.

[xxxvii] Una descripción sintética de Luis González de Alba, uno de los dirigentes más lúcidos del 68, es elocuente: “Y así, entre una bonita fiesta que no supimos concluir cuando era posible, baños de pureza, competencias con Bizancio, listas de demandas que los obreros debían hacer suyas e incredulidad sobre los extremos represivos que el gobierno podía alcanzar, llegó la tarde de un mítin en Tlatelolco”, Luis González de Alba, Los derechos de los malos, México: Cal y Arena, 1998, p.194.

[xxxviii] Octavio Paz, Postdata, en Paz, Obras completas, México: FCE, 1994, Vol. 8, p.278. Vale la pena recordar que Paz estaba convencido personalmente de ese carácter general del movimiento y renunció inmediatamente después de la masacre de Tlatelolco al puesto de embajador en la India, como protesta.

[xxxix] “El pasado reaparece porque es un presente oculto. Hablo del verdadero pasado, que no es lo mismo que ‘lo que pasó’: las fechas, los personajes y todo eso que llamamos historia. Aquello que pasó efectivamente pasó, pero hay algo que no pasa, algo que pasa sin pasar del todo, perpetuo presente en rotación”, Ibid., p.306.

[xl] Ibid., p.308.

[xli] Ibid., p.319.

[xlii] “Con la fundación del PNR [que sería después el PRI] se inició el ocaso del caudillismo mexicano; también desde entonces se consolidó más y más el arquetipo azteca”, Ibid., p.320.

[xliii] Vale la pena anotar que la idea misma de “continuidad” era, en principio, contraria al espíritu del ensayo de Paz, que no buscaba una evolución histórica sino la permanencia de un conjunto de arquetipos, no un proceso sino una estructura.

[xliv] Por supuesto, es una visión esquemática. Para ver la complejidad de la cultura política mexicana del siglo veinte el mejor estudio, sin comparación, es el de Rafael Segovia, La politización del niño mexicano, México: El Colegio de México, 1975.

[xlv] El más clásico, Jorge Carpizo, El Presidencialismo mexicano, México: Siglo XXI, 1978. Es el estudio de un jurista, atento sobre todo a los rasgos del orden institucional, interesado en distinguir las facultades constitucionales y meta-constitucionales del Presidente. Los matices se fueron perdiendo. Para muchos intelectuales y políticos del fin de siglo la expresión “presidencialismo” no designaba una forma jurídica sino que indicaba un “exceso de poder” del Presidente. Era casi un epíteto para descalificar al régimen.

[xlvi] De hecho, el programa con el que llegó Vicente Fox, del PAN, a la Presidencia en el año 2000 se resumía en una frase, que repitió hasta el cansancio: “Sacar al PRI de Los Pinos”, es decir, de la Presidencia.

[xlvii] Una frase de Gabriel Zaíd resume bien la situación: “Desde 1973 [la economía mexicana] ‘se maneja desde Los Pinos’, como dijo (para tranquilizarnos) el presidente Luis Echeverría. Así fue, y así nos fue.”, Gabriel Zaíd, La economía presidencial, México: Vuelta, 1987.

[xlviii] El signo más claro de la ruptura es la separación de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988 y la formación del PRD.

[xlix] Sólo como ejemplo, unos cuantos títulos de los notables del Star System del fin de siglo: Soledad Loaeza, El llamado de las urnas, México: Cal y Arena, 1989; Juan Molinar Horcasitas, El tiempo de la legitimidad. Elecciones, autoritarismo y democracia en México, México: Cal y Arena, 1991; Federico Reyes Heroles, La democracia difícil, México: Grijalbo, 1991; Gabriel Zaíd, Adiós al PRI, México: Océano, 1995.

[l] Vale la pena ver por ejemplo el trabajo de Rogelio Hernández sobre la operación concreta de las redes políticas: Rogelio Hernández Rodríguez, Amistades, compromisos y lealtades: líderes y grupos políticos en el Estado de México, 1942-1993S, México: El Colegio de México, 1998.

[li] Ver Carlos Arriola, Ensayos sobre el PAN, México: Miguel Angel Porrúa, 1994.

[lii] Puntualmente, se definía contra los artículos totémicos de la Constitución: 3, 27, 123, 130.

[liii] Como figura intelectual está Carlos Castillo Peraza, que fue Presidente del PAN y candidato al gobierno de la Ciudad de México. Su influencia fue efímera.

[liv] Al iniciarse la década de los ochenta el promedio nacional de la votación del PCM era de 5%, con una concentración absoluta en la Ciudad de México, donde obtenía más del 60% de sus votos. “Hablar del PCM exige señalar, en primerísimo lugar, a un partido estrictamente regional y urbano, localizado principalmente en ciudades donde existen universidades controladas en mayor o menor medida por sindicatos dominados a su vez en mayor o menor medida por el PCM.” Rafael Segovia, “Las elecciones federales de 1979”, en Segovia, Lapidaria política, op.cit., p.152. Entre 1988 y 2000 el voto del PRD llega a situarse cerca del 20%, aunque también concentrado en la Ciudad de México.

[lv] La obra más conocida es la de Pablo González Casanova, La democracia en México, México: ERA, 1965. Su propósito es señalar los “factores del poder” real: caciques, ejército, clero, latifundistas y empresarios.

[lvi] Es el intento de Adolfo Gilly, La revolución interrumpida, México: ERA,

[lvii] Como ejemplo clásico, Arnaldo Córdova, La formación del poder político en México, México: ERA, 1972.

[lviii] Un ejemplo del tono habitual del nuevo cardenismo: “Hoy es por definición el día en que se le deben rendir cuentas a usted, mi General, darle el parte de novedades sobre lo que se ha hecho y no se ha hecho con su legado, que es la última gran utopía que hemos tenido los mexicanos como nación. Es lamentable, mi General, pero después de usted nuestra política no ha conocido lo que es la grandeza, la generosidad y la gran visión.” Lorenzo Meyer, La segunda muerte de la Revolución Mexicana, México: Cal y Arena, 1992, p.271.

[lix] Ver Carlos Monsiváis, Entrada libre. Crónicas de la sociedad que se organiza, México: ERA, 1987.

[lx] Es lógico: se podía ser intransigente en la defensa de la dignidad de la cultura y la identidad indígena, sin que eso comprometiera una plataforma electoral ni un programa de gobierno.

[lxi] Como ejemplo típico del relativismo radical del indigenismo identitario puede verse a Luis Villoro, Estado plural, pluralidad de culturas, México: Paidós, 1998; como ejemplo de la argumentación liberal, Rodolfo Vázquez, Liberalismo, Estado de Derecho y minorías, México: Paidós, 2001.

[lxii] Resulta sumamente útil y revelador el ensayo de Juan Pedro Viqueira, “Los riesgos del Chiapas imaginario”, en Viqueira, Encrucijadas chiapanecas, México: Tusquets, 2002.

[lxiii] Lo había dicho, con magnífica claridad, Rafael Segovia en 1987: “Hablar de democracia sin adjetivos es hablar, me parece a mí, de democracia anglonorteamericana.”, Segovia, Lapidaria política, p.86.

[lxiv] Sirve como ilustración un libro del principal asesor del Presidente Fox: Ramón Muñoz, Pasión por un buen gobierno. Administración por calidad en el gobierno de Vicente Fox, México: Grijalbo, 2003. Todo es calidad, eficiencia, rentabilidad, atención al cliente, innovación, clima motivador y creativo. Un libro lamentable pero que importa como indicio del agotamiento de la reflexión política.

[lxv] Una excepción notable: el extraordinario análisis de la estructura de la ilegalidad de Antonio Azuela de la Cueva, La ciudad, la propiedad privada y el derecho, México: El Colegio de México, 1989.