México, fin de siglo

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(Apareció publicado en Aguilar Camín, Héctor y Enrique Florescano (eds.) Pensar en México, México: FCE, 2006)

El fin de siglo mexicano fue sobre todo político, de una politización exasperada. Moralista e inconsecuente. Fue un tiempo extraño, una especie de carnaval triste, con el alboroto superficial y un poco histérico que suele haber en los periodos de decadencia. Escándalos, declaraciones altisonantes, motines y pronunciamientos, elecciones que parecían cataclismos. La política estaba en todas partes, todos los días, y todo era inmediatamente político: los exámenes de la Universidad, las rivalidades literarias, lo que fuera. La política era casi todo y bien mirado era muy poca cosa: al final, sólo se trataba de que ganase o perdiese el PRI.

Durante dos décadas vivimos en la agitación permanente, siempre en vilo, como si estuviéramos al borde de una catástrofe o una epifanía. Vivimos pendientes de los partidos y las elecciones y las interminables pláticas en la Secretaría de Gobernación, donde parecía que fuese a decidirse el futuro entero. Las expectativas, los resentimientos, el enojo y el entusiasmo estaban puestos en la política, con una esperanza angustiada e iracunda, obligatoriamente partidista. Los más mezquinos episodios de lo que siempre había sido la politiquería resultaban indicios luminosos, augurios, episodios heroicos; la política, en el más estrecho sentido de la palabra, se convirtió en el nuevo eje de la historia y era cosa de estar con el Pasado o con el Futuro.
Pocas veces se habrá escrito tanto sobre política y con tan furiosa convicción, pocas veces se habrá dedicado tanta energía, dinero e inteligencia a la política. Ha sido el parto de los montes, si acaso.
1.

Una imagen lejana, de 1982: el señor Presidente anuncia por sorpresa la expropiación de la banca; lo ha decidido la noche anterior, reunido con media docena de colaboradores, y lo proclama a la mitad de su informe de gobierno, en sesión solemne del Congreso. De paso expropia todo el ahorro en dólares que había en los bancos nacionales. Hay aplausos, muchos, interminables minutos de aplausos: los diputados y senadores lo vitorean de pie con una euforia imposible de describir; en la decisión del Presidente festejan a gritos la Soberanía recuperada, la Revolución, la Dignidad Nacional.
Una imagen de 2002, es decir, veinte años después: el señor Presidente, al cabo de varios meses de tironeos, manifestaciones y protestas no encuentra más remedio que dar marcha atrás y anular el decreto de expropiación de las tierras de San Salvador Atenco, donde se pretendía construir el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Se hace el anuncio discretamente, para la prensa. Pocos días más tarde la Suprema Corte dictamina que el decreto original era defectuoso. Nadie aplaude. Ni siquiera los ejidatarios que se quejaban de la expropiación.
A primera vista, el contraste es desconcertante, como si se tratara de dos países distintos. No hay punto de comparación entre el majestuoso heroísmo de López Portillo, capaz de someter de un plumazo a los banqueros, y la poquedad de Fox, que no puede imponerse a un grupo de campesinos. Sin embargo, las situaciones se parecen mucho más de lo que nos gustaría reconocer. En las dos hay una arbitrariedad muy característica, la del Presidente que decide –que tiene que decidir- por su cuenta, de improviso y casi dando palos de ciego; en las dos hay un orden político precario en el que las instituciones están poco menos que de adorno.
El caso de López Portillo ofrece un aspecto más triste por la angustiosa violencia del gesto. La expropiación dice, sencillamente, que el Estado no podía controlar a la banca de ninguna manera: no era capaz de ponerle reglas o cobrarle impuestos, no podía imponerle un mínimo de responsabilidad. No podía nada salvo dar un manotazo, tirar el tablero. Veinte años más tarde, Fox se encuentra con un panorama similar: puede hablarse, como siempre, del interés público y de las necesidades del desarrollo pero no hay modo de hacer que eso tenga un significado concreto; al final, todo se reduce a la voluntad del Presidente, que no tiene otro recurso más que abandonar. Otra vez, tirar el tablero.
Por supuesto, hay veinte años de distancia y han cambiado muchas cosas. Muchas.

2.

En casi todo lo que se escribió sobre la política mexicana en los últimos veinte años del siglo había un acuerdo fundamental: en general, se suponía que el Estado posrevolucionario había tenido demasiado poder y hacía falta ponerle límites. Se dijo de muchos modos, pero la idea era la misma. La sociedad –y la economía y la cultura y la prensa- había estado durante décadas asfixiada por el Estado y era necesario liberarla, quitarle ese peso de encima. Por eso se puso de moda desregular, liberalizar, privatizar, adelgazar, acotar, todo lo que significase reducir de alguna manera el desmedido poder del Estado.
Fue una tendencia mundial, pero tuvo entre nosotros un éxito espectacular porque todos –a la derecha, a la izquierda, en el gobierno- pensaban en el estilo personal de gobernar de Luis Echeverría y José López Portillo, es decir: en la última, confusa efervescencia del priísmo clásico, con todas sus desmesuras. Había que ponerle un límite a eso, no podía ir el país dando bandazos según el capricho del Presidente. En eso coincidían todos, empezando por Miguel de la Madrid. Lo malo es que ese mando errático y personalísimo no era indicio de la fuerza del Estado y no podía contrarrestarse mediante leyes, mecanismos de contraloría y recortes del presupuesto.
Nunca tuvimos ese Estado poderoso, avasallador. Todo lo contrario. Del Presidente abajo, la arbitrariedad de los políticos era posible e incluso necesaria porque no podía contarse con el funcionamiento automático de las instituciones. Teníamos un Estado débil y hacía falta subsanar la debilidad a base de influencia personal: no se podía confiar en la legalidad, en el orden institucional, en el sistema de procuración de justicia, de modo que se confiaba en los políticos, personalmente. El efecto se presta para la confusión porque los políticos podían ser muy poderosos, la clase política en su conjunto era muy poderosa precisamente porque el Estado era débil.
Aclaremos que no es algo tan raro y, desde luego, no es una peculiaridad mexicana. Todo Estado se constituye mediante un proceso de concentración fiscal, militar, judicial y administrativa y se realiza en contra del conjunto de “cuerpos intermedios” de la sociedad anterior. En nuestro caso, como en muchos otros, esa concentración no fue posible nunca. Los cuerpos intermedios se reprodujeron al margen de la legalidad aun cuando había un aparato institucional que ambicionaba el lugar del Estado, es decir: se reprodujeron sin jurisdicción, pero con poder suficiente para producir orden. Por eso persiste la misma lógica que en Europa oponía a la aristocracia y al rey en el proceso de creación del Estado; lo que ganan o conservan los políticos como influencia personal lo pierde el Estado como institución: cuanto más fuerte es la clase política, cuanto más capaz de gestionar el orden fuera de las instituciones, más precaria es la autoridad del Estado.
Esa debilidad estatal, por otra parte, no ofrece ningún misterio. Puede describirse fácilmente. El Estado mexicano ha estado siempre en bancarrota y no ha tenido dinero para cumplir medianamente con sus obligaciones; nunca ha podido cobrar impuestos y ha sobrevivido desde 1982 gracias al petróleo. Ha sobrevivido de mala manera. Basta ver cualquiera de los servicios públicos: educación, salud, transporte, lo que sea, basta con salir a la calle; da la impresión, si se piensa en frío, que el Estado se mantiene de milagro, por las puras ganas que tenemos de verlo allí.
Es peor todavía. El Estado mexicano no ha sido capaz nunca de imponer el cumplimiento de la ley, ni siquiera a los funcionarios. Por eso han podido usarse las instituciones públicas para beneficio privado como cosa de rutina, desde siempre: lo hacen a lo grande los banqueros, los sindicatos, los narcotraficantes, pero es algo que está al alcance de casi cualquiera. A lo largo de los años se han ido superponiendo todos los instrumentos imaginables de supervisión y control, se ha fabricado un mecanismo de vigilancia verdaderamente paranoico y, por lo visto, de una inutilidad perfecta. No parece haber más remedio sino pedirle a la gente que por favor procure no corromper a los funcionarios, que no les ofrezca mordida.
Comoquiera, había en nuestro fin de siglo una irritación más o menos general y difusa que mezclaba la arbitrariedad de los políticos, la crisis económica, la corrupción, el predominio del PRI. Y todo podía condensarse en un programa muy simple a partir de la idea de limitar el poder del Estado: la expresión no decía nada concreto, pero servía para que cada quien pusiera en ella sus propias fantasías.

3.

En 1982, cuando comienza el desbarato del tardopriísmo, no teníamos eso que podría llamarse rigurosamente un Estado, es decir: una máquina política y burocrática hecha para imponer a todos una misma legalidad; en su lugar había un arreglo político relativamente estable que conseguía la gobernabilidad a cambio de hacer imposible el imperio de la ley. Había el aparato administrativo y jurídico del Estado, con una eficacia limitada, y había una masa de intermediarios más o menos organizada para negociar el orden, que necesitaba las instituciones y los recursos públicos pero que necesitaba también en la práctica boicotear el funcionamiento normal del Estado.
Era un arreglo viejo. De hecho, era sólo una versión puesta al día del arreglo que hemos tenido siempre, de la independencia en adelante. Por decirlo de algún modo, teníamos la cáscara del Estado pero era imposible –siempre ha sido imposible, en la práctica- hacer cumplir a todos las mismas leyes, empezando por los funcionarios. Ya sé que suena paradójico, pero no es inexacto decir que la sociedad mexicana –heterogénea, inorgánica, incivil- ha sido durante siglos más fuerte que el Estado, capaz de reproducir su orden con relativa autonomía, y ha podido imponer sus reglas, sus intereses y su forma de hacer las cosas.
Eso no significa que las leyes hayan sido en general disparatadas. Es verdad que algunos principios muy básicos de nuestro orden jurídico son impracticables –la igualdad ante la ley, por ejemplo- pero sería imposible cambiarlos porque cualquier alternativa sería inaceptable. Por otra parte, el Estado no llega a serlo nunca del todo: es una estructura porosa y endeble, fácilmente utilizable para fines particulares, pero la estabilidad política y el propio poder de los intermediarios depende de esa referencia formal al interés público. Los invasores de tierras quieren regularizar su posesión como propiedad, los ambulantes quieren acuerdos con las autoridades, los líderes sindicales negocian contratos colectivos, los empresarios buscan contratos públicos o exenciones fiscales. Para decirlo en una frase, el orden real necesita constituirse mediante una referencia al orden imaginario del Estado. Por eso hace falta el sistema de intermediación.
La imagen folclórica del cacique que manda porque puede, sin pararse en barras, es una simpleza. Los intermediarios actúan, desde siempre, tomando en cuenta el orden institucional y su función consiste no sólo en negociar cualquier excepción, sino en justificarla en el lenguaje jurídico del Estado. Su poder estriba precisamente en esa capacidad, son necesarios porque pueden producir orden sin destruir el aparato estatal ni desafiarlo directamente, porque saben usarlo. Dicho de otro modo: no son vestigios de una sociedad “tradicional” que vaya a desaparecer con el paso del tiempo. Son una solución moderna para el problema estrictamente moderno de mantener la forma e incluso un mínimo de autoridad del Estado en una sociedad heterogénea, que no cabe en los moldes relativamente uniformes que impone la legislación.
La peculiaridad de nuestro siglo veinte fue que durante décadas esa desconcertada trama de necesidades y pretensiones sociales cupiese dentro del PRI, en un “proyecto de construcción nacional” definido por la Revolución, donde cada quien tenía su lugar en un sistema informal de representación. De eso estaba hecho el poder del Presidente y del conjunto de la clase política. Eso fue lo que se perdió en el fin de siglo. La sociedad se había hecho más compleja y era cada vez era más ajena al orden imaginario del priísmo; ya no había manera de acomodar todos los intereses dentro del mismo “proyecto” y no había recursos para mantener los acuerdos habituales.
A partir del gobierno de Miguel de la Madrid todo se volvió ostensiblemente político y pronto partidista, motivo de conflicto, porque era necesario negociarlo de nuevo.

4.

La mutación se había anunciado ya diez años antes. El petróleo y la deuda externa sirvieron para posponerla, pero nada más, porque la ampliación del arreglo del priísmo clásico dependía sobre todo del crecimiento económico y se volvió insostenible cuando la economía dejó de crecer. Miguel de la Madrid se encontró con una clase política extensa y mezclada, enormemente poderosa, que había logrado conservar la estabilidad a costa de intervenirlo todo: el resultado era que los políticos estaban en todas partes y el Estado era una red de agujeros. Había una regulación política de todos los mercados y cualquier cosa podía resolverse mediante subsidios, permisos, exenciones fiscales, negociaciones corporativas, gasto público; a cambio, el orden legal podía ser en ocasiones de una inoperancia perfecta. La crisis de la deuda sólo puso de manifiesto lo obvio: ese orden era absolutamente incosteable.
Lo más interesante, sin embargo, fue su efecto cultural. Con enorme rapidez se convirtió en un lugar común la idea de que los problemas se debían, prácticamente todos, al excesivo poder del Estado. La hiperinflación y la desvergüenza del jefe de la policía, Arturo Durazo, la escandalosa arbitrariedad de los políticos, el desbarajuste de la economía, la miseria, las múltiples formas de parasitismo, todo podía atribuirse a una misma causa. Y tenía remedio. Esa ilusión fue acaso el rasgo decisivo, sobre todo porque era un diagnóstico fácilmente compartido por la “opinión internacional”.
Por una vez y por casualidad hubo un acuerdo bastante impreciso pero casi unánime, una rara coincidencia entre los empresarios, las clases medias, los trabajadores no sindicalizados, el FMI, muchos periodistas e intelectuales, los partidos de oposición e incluso parte del PRI: era urgente salir del marasmo económico y lo que hacía falta para empezar era acabar con la corrupción. Ese estado de ánimo –porque era poco más que eso- se tradujo en un impulso de modernización, que incluía la privatización de empresas públicas, la liberalización de mercados, la reducción del gasto, nuevos medios de vigilancia y control de la burocracia. En la práctica eso significaba una merma del poder de la clase política; al mismo tiempo, el conjunto de las medidas contribuía a consolidar una mirada que de la noche a la mañana hizo del orden imaginario del priísmo algo pasado y caduco, que hacía falta superar.
La modernización fue tan atropellada, ineficiente y confusa como suele serlo cada vez que se intenta; se adoptó en un principio con una actitud severa y casi sombría, tuvo su momento de enérgico entusiasmo con Carlos Salinas y una salida tortuosa, desorientada y por momentos agónica con Ernesto Zedillo y Vicente Fox. Como es lógico, el proceso de reformas se apoyó con frecuencia en lo más arcaico del antiguo régimen, en el viejo sindicalismo, en el partido, en las redes de confianza de familias y amigos. Fue por eso fundamentalmente ambiguo. Tuvo buen éxito en algunas cosas y fracasó estruendosamente en otras.
Lo que se modernizó con rapidez fue el consumo de las elites y, por coincidencia, sus oportunidades de educación y su repertorio cultural. El resultado fue el descrédito final, irreparable, del PRI. Lo malo es que la vieja retórica estaba pensada para que fuesen indiscernibles el gobierno, el Estado, el partido y la Revolución y todo parecía ser parte de un mismo amasijo tradicional, intolerablemente arcaico. El acento moralista que predomina en la política del fin de siglo proviene de esa confusión: de un modo general –impensado también- se adoptó un nuevo “código de pureza” que exigía estar contra el gobierno, contra el partido, contra el Estado, para significar que se estaba en contra de la corrupción y el atraso.
El programa era excesivo, pero también inconsistente; se quería a la vez eliminar la politización de la economía, desarbolar al PRI, disminuir el poder del Presidente, limitar la influencia del sistema de intermediación, equilibrar las finanzas públicas, reformar la administración. Por supuesto, no podía hacerse todo, sobre todo no podía hacerse al mismo tiempo. Una de las cosas que no se lograron fue modernizar a la clase política. El efecto general del proceso fue una fragmentación de los mecanismos de intermediación que sobre todo favoreció a los poderes locales y a las corporaciones más sólidas e hizo mucho más difícil la gestión política del gobierno federal.
De hecho, la extraña coalición que llevó a la Presidencia a Vicente Fox era síntoma, uno más, de la crisis y no la solución de nada. Su conformación misma decía que ya no era posible organizar una mayoría estable y que ya no podía contarse con el sistema de intermediación que había producido el PRI. Nada más. Por supuesto, la nueva elite no tiene más remedio que apoyarse en el Estado y pedir el cumplimiento de la ley; lo malo es que no puede ser. Tenemos un Estado más rígido y más frágil, con menos recursos jurídicos, económicos y políticos, a merced de una política que no se puede administrar.

5.

En lo sustantivo, durante el fin de siglo vivimos un proceso de ampliación de la clase política. La sociedad se había vuelto más compleja y necesitaba una expresión política más compleja. Aparte de eso, los viejos mecanismos de representación informal y negociación habían perdido eficacia porque el orden imaginario del priísmo ya no coincidía con el orden social. En el camino, además, la modernización redujo el poder de muchos intermediarios a base de recortes, privatizaciones y contralorías. Por razones muy distintas, casi todo el mundo tenía algún motivo de queja y todos podían resumirse como oposición al PRI; en primer lugar, los motivos de los priístas desplazados, los que no lograban una candidatura, intermediarios en riesgo o demasiado identificados con el partido de antes: uno por uno, también en bandadas, se pasaron a “la oposición”.
Los procesos electorales adquirieron por eso una importancia desorbitada, hasta convertirse en una obsesión, a partir de 1988. Se decía, como si tal cosa, que a Cuauhtémoc Cárdenas le habían “robado” diez millones de votos: después de eso, todo era posible. En cada elección había la sospecha del fraude: una sospecha más o menos fundada, según la ocasión, pero que se convirtió en una certeza absoluta sencillamente porque resultaba increíble –peor: moralmente inaceptable- que siguiese ganando el PRI. Llegó a ser casi de sentido común la fantasía del fraude perpetuo, la idea de que el PRI se había robado las elecciones de manera sistemática durante setenta años.
A la distancia, resulta difícil hacerse una idea de la magnitud que tuvo el motivo electoral. Verdaderamente no había otra noticia política, fuera de las interminables negociaciones de los partidos para reformar la legislación. Como si de verdad el futuro del país se decidiese en los criterios para asignar diputados de representación proporcional o en la supervisión de los gastos de campaña. El fenómeno resulta mucho más curioso si se toma en cuenta que el PRI surtía de candidatos a buena parte de la oposición y no había un debate político de mediana seriedad, quiero decir: no es posible reconocer ideas concretas de la oposición ni pueden identificarse discusiones sustantivas. Había gritos y tumultos en las cámaras, había escándalos, denuncias y acusaciones de todo calibre, nada o muy poco más.
En el año de 1994 se impuso un breve paréntesis. La aparición del EZLN y el asesinato de Luis Donaldo Colosio anunciaron un límite que nadie quería cruzar. Siguió después el carnaval, con más irritación y entusiasmo que nunca.
No tiene nada de raro: la violencia –material, inminente, cercana- pone un freno a la irresponsabilidad habitual de los políticos y el miedo induce a la sociedad a adoptar autocontroles que de otro modo serían casi impensables. Acaso por lo que decía Hobbes, que el miedo a la muerte puede ser un recurso de civilización general. El hecho es que los políticos e intermediarios están siempre dispuestos para el amago y la amenaza pero rehuyen la violencia abierta, bajo la forma de una guerra civil. Entre otras razones porque, si hubiera una guerra, quienquiera que fuese el que ganase se impondría directamente por la fuerza. Los aparatosos equilibrios de la política son nada para un ejército victorioso. Muy sensatamente, los políticos siempre prefieren soluciones políticas. Por otra parte, la reacción electoral de 1994 no carece de ambigüedades: se dijo que fue un voto por la paz y no suena mal, pero era la paz del arreglo y la negociación, no la de la Victoria. En todo caso, el voto masivo por Ernesto Zedillo no significaba que hubiese desaparecido el ánimo antipriísta.
Tengo la impresión de que el destino político de Carlos Salinas sirve bien como indicio del significado general del proceso. Para las nuevas elites políticas, culturales y económicas la derrota electoral del PRI era mucho más que un símbolo: implicaba deshacerse, de un plumazo, de toda la suciedad y la impureza, de la vulgaridad, la corrupción, de toda la insoportable fealdad del subdesarrollo. Por razones muy distintas, terminaban estando de acuerdo derechas e izquierdas, los que habían sido víctimas de la modernización y los que querían darle más velocidad. Carlos Salinas sirvió para personificarlo todo: los desastres de la reforma y el viejo desastre de la tradición; había todos los ingredientes, en su caso, para alentar el malinchismo y la xenofobia a la vez, el resentimiento y la más aérea indignación moral. Podía decirse además, y se decía, que había sido un usurpador.
La historia electoral del periodo no encierra ninguna sorpresa. Como tendencia general hubo un descenso progresivo del voto priísta, sobre todo en las zonas urbanas, y la consolidación del PAN en el norte y parte del Bajío y del PRD en el centro y sur del país. Aunque sea bastante obvio, no está de más anotar que esa distribución geográfica del voto dice que los partidos representan, más que ideas o programas, estilos políticos diferentes. Lo más significativo, sin embargo, es que la obsesión electoral desembocase muy poco después en un escepticismo generalizado.
El resultado más notorio de todo aquel revuelo fue la creación del Instituto Federal Electoral con un aparato burocrático espectacular para garantizar la transparencia. Se consiguió sólo a medias porque en cualquier proceso electoral, en cualquier parte del mundo, hay sus zonas turbias. Sin embargo, el PRI perdió la mayoría en el Congreso en 1997 y perdió la elección presidencial en 2000 y eso hizo que, según las encuestas, el IFE tuviese una credibilidad similar a la de la iglesia católica. Lo malo es que los partidos se desacreditaron con la misma rapidez, por toda clase de razones: por el trasiego de candidatos de un partido a otro, por el financiamiento de las campañas, por todos los negocios que hay antes y después de la elección.
Era de esperarse y acaso fuese inevitable: a fin de cuentas, el aura de pureza, la identidad casi heroica del PAN y el PRD dependía de que pudieran definirse como “la oposición”, es decir, todo lo que no era el PRI. Precisamente lo opuesto del PRI. Una vez que hubo que empezar a juzgarlos como partidos políticos, sin más, perdieron casi todo su encanto: porque resultó que eran partidos y hacían política, lo mismo que el PRI. Se dirá –y acaso con razón- que el rapidísimo desencanto fue desproporcionado y hasta injusto; pero fue sólo reflejo del “encantamiento” anterior.

6.

El signo más ostensible de la decadencia del tardopriísmo fue la transformación de la retórica política. En el sexenio de López Portillo tuvimos una apoteosis esperpéntica del “nacionalismo revolucionario”, con aditamentos prehispánicos y todo el aparato de la gesticulación patriótica; era la misma retórica maniquea, beligerante y resentida, a ratos casi paranoica, que había servido de lingua franca para la política de buena parte del siglo, exacerbada por los límites que se encontraban a cada paso.
Repentinamente, con Miguel de la Madrid, la Revolución desapareció. Sin que se hablase mucho de ello y sin que nadie hiciera mayores aspavientos. Comenzó a usarse sobre todo un lenguaje técnico, que ya no se dirigía al Pueblo, ni siquiera a la Nación, sino a la Sociedad: a la gente. Hubo una revaloración de los empresarios, como “creadores de riqueza” que arriesgaban su capital, e incluso de los Estados Unidos, convertidos en socios. Era un lenguaje que sobre todo quería separarse de la política; de pronto se volvió habitual hablar de productividad, eficiencia, rentabilidad, y era cosa de ponerse al día, estar a la altura, competir.
Nunca desaparecieron del todo los tópicos nacionalistas, porque conservan siempre alguna eficacia, pero el discurso voluntarista y belicoso fue sustituido por una actitud realista a veces resignada, a veces entusiasta, que correspondía a la mirada de las elites, impacientes por hacerse otro país, a la altura de sus expectativas de consumo. En todo caso, era lo que hacía falta para explicar que se reduciría el gasto social, que el gobierno no podía con todo, que había que acostumbrarse a la austeridad y cada quien tenía que hacerse “corresponsable” de su destino.
Tal vez lo más llamativo en términos políticos fuese la invención del verbo “ciudadanizar” como fórmula que significaba casi purificar, es decir: limpiar al Estado de política. En la práctica se trataba de incluir en las instituciones públicas a cualquiera que no fuese ni funcionario ni representante de algún partido; en la teoría, se trataba de procurar la apertura y la transparencia del Estado mediante la participación directa de los ciudadanos. Lo importante es que la idea misma de la “ciudadanización” decía explícitamente que los políticos profesionales no eran dignos de confianza, tampoco los funcionarios; era la definición retórica del polo de la pureza, que correspondía a la Sociedad Civil.
Pocas expresiones se habrán usado tanto en nuestro fin de siglo y pocas habrá tan ambiguas. Fue un hallazgo repentino, consecuencia del terremoto de 1985. Se descubrió de pronto, frente a un gobierno ineficiente y corrupto, a una sociedad súbitamente responsable, solidaria, activa, capaz de hacerse cargo del desastre; a partir de entonces, la Sociedad Civil vino a ser el reverso de la política: se le podían atribuir todas las virtudes que se echaban de menos en el gobierno y en los partidos. Era el contrapeso ideal del Estado porque permitía, además, recuperar algo de las resonancias morales del Pueblo. En la Sociedad Civil se podía celebrar la tradición antiautoritaria del lenguaje político mexicano de siempre, también la preferencia por la unanimidad: la Sociedad Civil podía representar todas las virtudes entre otras cosas porque no era “partidista”.
En los hechos, el nombre servía para designar a un conjunto de grupos de presión. No obstante, en la retórica se daba a entender que la Sociedad Civil era todo lo que no se había contaminado de política. El equívoco sirvió para hacer negocios, a veces espectaculares, para que medrasen viejos y nuevos políticos, pero en lo fundamental se usó para acreditar la retórica antiestatal de las nuevas elites.
Como cosa curiosa hay que decir que el final del siglo coincidió con el ocaso de la Sociedad Civil, tan repentino como su auge. Los gobiernos de Salinas y Zedillo, puestos a congraciarse con la gente, se habían dedicado a aplaudir a la sociedad; con el gobierno de Fox es diferente, lo que hace falta es razonar el desencanto, y se descubre a las primeras de cambio que la culpa es de la sociedad que no es civil ni lo ha sido nunca. No es fácil deshacerse del término, sobre todo porque continúa significando la pureza. Lo malo es que, decidida a participar, la Sociedad Civil aparece de pronto armada de machetes en el centro de la Ciudad de México, para impedir la construcción del nuevo aeropuerto en Atenco.
En México como en casi todas partes la retórica antiestatal del fin de siglo degeneró finalmente en un discurso imbécil, que hablaba del gobierno como si fuese una empresa y que lo traducía todo a la medialengua de la mercadotecnia en la que hay sólo productos, clientes e indicadores de gestión. Es triste, pero no es extraño: la exasperada moralización de la política vino a quedar en una apología de la empresa privada, convertida en modelo no sólo por su presunta eficiencia –presunta, digo, porque depende siempre de la relativa eficiencia del Estado- sino porque dicha referencia permite sustituir el lenguaje de los derechos y la ciudadanía, vigente en la vida pública, por el lenguaje de las relaciones mercantiles, el lenguaje propiamente privado de la eficiencia, la jerarquía, la rentabilidad.

7.

La politización y en particular la obsesión electoral de las últimas décadas del siglo produjeron un extraño entusiasmo por la opinión. La Opinión Pública que se expresaba en los periódicos y la opinión en general, tal como podía observarse en las encuestas. Hay durante todo el periodo una fascinación por las votaciones que tiene como consecuencia el auge de las encuestas de opinión: todos los medios de comunicación, la prensa, la radio, la televisión, se hacen eco de ese entusiasmo. Se pregunta por todo, indiscriminadamente, y la más chapucera consulta telefónica organizada por un canal de televisión resulta ser algo así como la “voz de la Sociedad”.
Lo más característico, sin embargo, es que la opinión política se convierte en espectáculo. Todavía en los setenta la discusión pública era bastante privada y de interés casi sólo para los escasos lectores de periódicos, aparte de universitarios e intelectuales; en las últimas dos décadas del siglo la política se discute en la televisión. Hay además un clima cultural favorable sobre todo para la crítica, porque todos tienen motivos de queja, empezando por los funcionarios del gobierno. Una cosa y otra contribuyen a la imagen de una mayor apertura y justifican que se piense en una libertad de expresión “recuperada”, es decir, un signo más de la modernización. Paradójicamente, la opinión escrita de fines de los setenta –en Proceso, Plural, Nexos- se antoja mucho más incisiva y más variada, más abierta e incluso más eficaz que la opinión televisiva de los noventa.
En eso es decisiva, sin duda, la lógica de la televisión que para comercializar la opinión política y hacer de ella una mercancía apreciable necesita crear un “Star System” con unos cuantos personajes reconocibles, simpáticos o perfectamente odiosos, en los que la gente pueda identificar sus propias convicciones. Pero hay algo más. Cualesquiera que sean sus diferencias, los intelectuales que opinan habitualmente en los medios masivos pertenecen a la elite cultural y representan ese consenso básico antipriísta que caracteriza al fin de siglo; de derecha, de izquierda o del PRI, prácticamente todos son partidarios de la modernización y forman parte además de la Sociedad Civil: son conscientes de que personifican el polo de la pureza del nuevo código moral. Por eso mismo, hablan en la televisión –o escriben en la prensa- con un estilo distanciado, ostentosamente objetivo, para dejar en claro que no son políticos y no hacen política y no tienen nada que ver con la política; el tono dice, de antemano, que hay una nueva manera de mirar las cosas, que no tiene ninguna relación con el Antiguo Régimen. Más todavía: la sola existencia del espacio de opinión televisiva es fundamental para configurar la mutación cultural que caracteriza a la política finisecular.
El fenómeno coincide con el proceso de concentración de la industria editorial española, con el gran negocio de vender muchos libros, y con la decadencia programada del sistema de educación superior en México. Todo contribuye para producir una uniformidad básica de la opinión cuyo criterio básico de organización es el del “Star System” al que se adhieren todos los medios por obvias razones comerciales. Porque el carácter de mercancía de la opinión se impone naturalmente sobre cualquier otra característica que pudiera tener.
Podría ser que todo eso manifestara un proceso de decadencia. En todo caso, significa que nuestra opinión política es indudablemente moderna, es decir: como sistema sirve antes que nada para justificar la estructura ritual de la modernización. Resulta muy revelador el hecho de que su influencia fuese casi demoledora en los últimos años del tardopriísmo y casi insignificante para el gobierno de Vicente Fox. Eso habla de las diferencias de sensibilidad política, por supuesto, pero también dice que, desaparecido el fantasma de la omnipotencia del PRI, el programa modernizador se queda sin Norte.
La opinión televisiva –con su deriva en el resto de los medios- fue uno de los factores que más influyeron para producir el extraordinario malentendido por el que llegó Vicente Fox a la Presidencia. Su estructura comercial explica su éxito y también su inanidad. Lo que predomina de manera absoluta son un par de docenas de celebridades que escriben y hablan en la tele y que, en general, están absolutamente de acuerdo en que no les gusta la sociedad que tenemos: poco más.
Sobre todo impera la confusión. La épica del antipriísmo había servido durante mucho tiempo para dar aspecto de coherencia y dirección a la política del fin de siglo. Tanto que no había otra manera de entender lo que sucedía en el país. Por supuesto, tenía su punto de verdad y su atractivo como explicación, pero además era la única versión moralmente admisible y la única que se vendía bien. Aparte de todo, la prensa internacional le resultaba de lo más cómoda. Lo malo es que no permitía ver muchas de las consecuencias de la descomposición del arreglo priísta; el libreto decía que cuando se hiciera a un lado el estorbo del PRI –después de “sacar al PRI de Los Pinos”, como se decía- habría un Estado de Derecho moderno, eficiente y sólido. No lo hay. Y la verdad es que tampoco había razones para esperar que lo hubiese.

8.

Durante el fin de siglo se dio en la manía de designar al proceso como “transición a la Democracia”.

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