Narcoterrorismo. La fábrica de la opinión pública

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(Apareció publicado en Istor, México: CIDE, 2012)

La preocupación por el narco-terrorismo ha condicionado la relación bilateral entre México y Estados Unidos durante la primera década del nuevo siglo, y muy especialmente durante el gobierno de Felipe Calderón. No se ha discutido mucho la preocupación en sí, y de hecho oficialmente no se ha discutido en absoluto, porque parece algo obvio después de los atentados del once de septiembre, y mucho más con la crisis de seguridad y las secuelas de la guerra contra las drogas en México. Lo interesante es que se trata básicamente de una fantasía –y hay motivos para pensar que sea una fantasía alimentada deliberadamente por parte del gobierno de los Estados Unidos.

(Aquí el texto en otro formato)

En las páginas que siguen intento reconstruir la historia reciente de la preocupación por el narco-terrorismo islámico-mexicano en Estados Unidos. En realidad, un fragmento de esa historia. Las orienta una conjetura muy simple: el narco-terrorismo es fundamentalmente un fenómeno de opinión. En particular, esa versión específica el narco-terrorismo es una construcción imaginaria, diseñada y en cualquier caso empleada como instrumento para influir sobre la opinión pública y para aprovechar la inercia de la opinión pública, y convertirla en recurso para la política exterior. Eso significa que hay una dosis de manipulación, desde luego, pero no me gusta el concepto porque es demasiado rígido, y en general se usa para resumir y casi obviar el procedimiento concreto de elaboración que me interesa mostrar.

En el narco-terrorismo están todos los factores para crear un “pánico moral”: una preocupación más o menos generalizada y fuera de proporción, y la identificación de un sujeto diabólico, que inspira una profunda indignación moral y que justifica una reacción violenta[i]. Pero es particularmente interesante porque no se apoya sobre ningún hecho concreto –es una pura hipótesis.

No es una novedad que los gobiernos, el de Estados Unidos como casi cualquier otro, agiten amenazas quiméricas para justificar toda clase de medidas. No es una novedad que inventen pruebas de la amenaza, que exageren y distorsionen informes, noticias, para hacerla creíble. Y desde luego no es novedad tampoco que algo así se use como pretexto en la política internacional. El ejemplo que viene más a mano, y que tiene concomitancias con el narco-terrorismo, es la invasión de Irak de 2003[ii]. Significa que eso que llamamos la opinión pública es enormemente importante, e inevitablemente ambigua. Me interesa sólo explorar un caso concreto. Y me interesa en particular ver cómo se construye en el espacio público la verosimilitud de la amenaza. Finalmente me interesa, aunque sea una minucia, como ejemplificación concreta del Teorema de Thomas: si algo es real en la imaginación de la gente, es real en sus consecuencias.

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1. La amenaza que no se discute

En uno de sus últimos libros, Credit and Blame, publicado en 2008, hablaba Charles Tilly sobre los atentados del 11 de septiembre de 2001, sobre las consecuencias que habían tenido en Estados Unidos y en el resto del mundo. Mencionaba allí un texto suyo que había circulado en las semanas inmediatamente posteriores, con una serie de conjeturas sobre lo que podría suceder en adelante. Siendo quien era, no es extraño que acertase prácticamente en todo. Llama la atención el único pronóstico fallido: decía Tilly, en 2001, que en el futuro se formarían alianzas entre traficantes de drogas, armas, diamantes, servicios sexuales, y terroristas; y matizaba en 2008: “Aunque no hay evidencia cierta de las conexiones entre el contrabando y los disidentes islámicos, ninguna de las otras predicciones resultó absolutamente infundada”[iii]. Es decir que, según él, lo más probable era que esa alianza se diese, tarde o temprano.

No aportaba ninguna prueba, desde luego, ningún dato sobre esa alianza, cosa bastante lógica, pero lo más interesante es que tampoco ofrecía ningún argumento que hiciese verosímil la conjetura: como si fuese algo enteramente lógico, obvio, que no necesitara mayores explicaciones. Llama la atención porque, si se piensa un poco, no hay ninguna afinidad entre los traficantes de drogas y los terroristas islámicos, no hay ningún motivo para suponer que vayan a aliarse para nada concreto.

Es indicio de algo grave. Si alguien como Charles Tilly, es decir, un académico serio, inteligente, informado, piensa que la alianza “narco-terrorista” es inminente, y que no necesita explicarse mucho, significa que la idea está ya muy sólidamente anclada en el sentido común. No hay, hasta la fecha, ninguna prueba de que ese tipo de vínculos exista o pueda existir, no hay ningún argumento que los haga creíbles, y sin embargo, la idea circula en los medios desde hace tiempo, como cosa natural.

Sólo un ejemplo. En febrero de 2011, en audiencia del comité de seguridad del Senado de Estados Unidos, Janet Napolitano, responsable de seguridad interior del gobierno estadounidense, decía que entre las preocupaciones mayores de su oficina estaba la posibilidad de que los terroristas islámicos empleasen las redes mexicanas del narcotráfico: “durante un tiempo hemos pensado qué podría ocurrir si, digamos, Al Qaeda se une con los zetas”; añadió un toque dramático: dijo que no podía comentar nada más sobre el tema en una audiencia abierta[iv]. Es una declaración entre muchas, de los últimos diez años. Ninguna ha aportado ningún dato medianamente creíble, contrastable, sobre esa alianza, pero en conjunto todas ellas han hecho que parezca algo natural. Y en conjunto, eso es lo que me interesa, sirven para explicar la beligerancia con respecto al contrabando de drogas en la frontera con México.

La idea del “narco-terrorismo” resulta muy atractiva, en términos publicitarios, y por eso se había usado de manera más o menos imprecisa desde fines de los años ochenta. Junta muchos miedos, de naturaleza muy diferente, y pinta a un enemigo formidable, que pide una violencia heroica. Pero además, tiene dos o tres referentes concretos, que la hacen creíble de entrada, mientras no se hagan muchas preguntas.

En primer lugar, la expresión “narco-terrorismo” evoca de inmediato la escalada de la violencia en Colombia, a fines de los años ochenta, en la guerra de Pablo Escobar contra el Estado colombiano, que incluyó el asesinato de policías, políticos, del candidato presidencial Luis Carlos Galán, del ministro Rodrigo Lara Bonilla, atentados con bombas en las calles de Bogotá o en un avión de Avianca. Aquello era, en un sentido muy concreto, narco-terrorismo. Se trataba de crear un clima de miedo, que sirviese como recurso de presión contra el tratado de extradición entre Colombia y Estados Unidos[v]. Desde luego, es imaginable un escenario en que delincuentes mexicanos pudieran tratar de influir sobre el Estado mexicano mediante atentados terroristas, más o menos en la misma línea de Pablo Escobar, pero no hay modo de hacer que Al Qaeda entre en esa ecuación.

También puede tomarse la expresión en otro sentido: hay grupos guerrilleros y organizaciones terroristas que se financian mediante la producción y el contrabando de drogas. En ese caso, narco-terrorismo significa algo distinto. El caso más obvio, el mejor conocido es el de las FARC, otra vez en Colombia, que desde hace tiempo se mantienen con el dinero de la droga[vi]. No tiene mucho misterio. Los grupos subversivos necesitan recursos para operar, y normalmente no tienen abierta la economía formal, de modo que tienen que recurrir a asaltos, secuestros, extorsión, contrabando… Eso no dice, sin embargo, que pueda haber ningún incentivo particular para que se formen alianzas entre organizaciones delincuenciales, dedicadas al contrabando, por ejemplo, y grupos de motivación política.

Es sabido, desde hace tiempo, que los talibán se mantienen en parte mediante el contrabando de heroína desde Afganistán. La ruta hacia el mercado estadounidense existe desde hace décadas, conocida y tolerada y en ocasiones favorecida por los cuerpos de inteligencia del gobierno norteamericano[vii]. Es el único vínculo verosímil, entendible, lógico, documentado, entre el integrismo islámico y el narcotráfico. No tiene nada que ver con México.

Aclaremos. Los contrabandistas mexicanos no tienen ningún motivo para organizar una campaña de atentados terroristas en los Estados Unidos, y no parece que tuviesen mucho que ganar tampoco de una campaña de esa naturaleza orquestada por integristas islámicos. Es decir: hasta donde podemos pensarlo, no tienen ningún motivo para buscar la alianza que imaginan Janet Napolitano y Charles Tilly. Por otra parte, si algún grupo terrorista –islámico o no islámico, da lo mismo—quisiera financiarse con el dinero de la droga que pasa de México a Estados Unidos, se convertiría automáticamente en competencia de los contrabandistas mexicanos. Por donde se mire, la alianza es altamente improbable. Y eso hace mucho más interesante el hecho de que la idea aparezca con tanta frecuencia, con tanta naturalidad.

No es verosímil, no es muy lógica, no parece probable y no ha podido probarse de ningún modo esa alianza entre los “narcos” mexicanos y el terrorismo islámico. No hay nada que haga verosímil el vínculo. Desde luego, nada que convierta esa posibilidad en una preocupación mayor, en la agenda de seguridad. Y sin embargo, la idea está en los reportes del FBI, en los documentos del Congreso, en los informes de la oficina de seguridad interior de los Estados Unidos, desde 2001, es decir, desde que el terrorismo islámico se convirtió en la prioridad absoluta del sistema de inteligencia y seguridad de los Estados Unidos. Y basta para que la frontera sea asunto de la máxima importancia, y la lucha contra los contrabandistas mexicanos.

2. Fuentes confiables

El narco-terrorismo islámico-mexicano es sólo una hipótesis sin fundamento. Lo interesante es ver de qué modo se hace verosímil, hasta adquirir el peso de lo obvio.

Sirve de ejemplo un informe de la División Federal de Investigación de la Biblioteca del Congreso, de 2003. Es un documento de cincuenta páginas, con un panorama de organizaciones criminales, grupos de contrabandistas, grupos guerrilleros y terroristas[viii]. Entre los hallazgos que se subrayan de entrada:   “declaraciones de altos funcionarios mexicanos, antes y después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 indican que una o más organizaciones extremistas islámicas han buscado establecerse en México”[ix]. Lo que hay como referencia es efectivamente una serie de declaraciones: del embajador de México ante la ONU, Adolfo Aguilar Zínser, que dijo que “hay casos de organizaciones terroristas” que buscan refugio en México, pero que “nada indica que hayan establecido contacto con organizaciones mexicanas”; del director del CISEN, Eduardo Medina Mora, que dijo que “no había razones para pensar que hubiese presencia de Al-Qaeda en México”, pero que “no se podía descartar la posibilidad”; de un funcionario del Instituto Nacional de Migración, diciendo que “en México había gente vinculada al terrorismo” y del director del Instituto, desmintiéndolo categóricamente[x].

Textos como ése sirven de fuente autorizada para nuevas declaraciones, que a su vez se convierten en fuente para informes posteriores. No hace falta que en el origen haya ningún dato: la simple acumulación de textos produce la ilusión de certeza, que es todo lo que hace falta. A fuerza de repetirse, la idea adquiere vida propia, y mediante una sinécdoque bastante frecuente resulta que es la DEA, el FBI, o directamente el gobierno de los Estados Unidos quien es fuente de la información.

Sigamos esta hebra en particular, un poco más. Las mismas ideas, las mismas frases de aquel informe de la Biblioteca del Congreso aparecen en el reporte sobre la frontera suroeste, del Comité de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados de 2006:

declaraciones de altos funcionarios mexicanos, antes y después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 indican que una o más organizaciones extremistas islámicas han buscado establecerse en México. En mayo de 2001, el ex-asesor para seguridad nacional de México, Adolfo Aguilar Zínser, informó que “grupos terroristas españoles e islámicos usan México como refugio”.

 

El Director del FBI, Robert Mueller, ha confirmado en su testimonio que “hay individuos de países con conocidos vínculos con Al-Qaeda que están cambiando sus apellidos islámicos por nombres de sonoridad hispana y obtienen falsas identidades hispanas, aprenden a hablar español y fingen ser inmigrantes hispanos”.

 

Estos ejemplos subrayan la peligrosa intersección entre las actividades tradicionales de la criminalidad transnacional, como el tráfico de personas y de drogas, y amenazas mucho más ominosas a la seguridad nacional. El sheriff Sigifredo Gonzalez lo ha resumido así: “Me atrevería a decir que en cualquier momento, de día o de noche, uno puede subirse en un bote y cruzar de ida y vuelta entre Texas y México sin ser descubierto. Si los contrabandistas pueden llevar toneladas de marihuana y cocaína en un viaje, y pueden introducir a 20 o 30 personas a la vez, uno puede imaginarse lo fácil que sería introducir a 2 o 3 terroristas, con sus armas de destrucción masiva a través del río, sin que se les detectase”[xi].

Es interesante anotar que la misma fórmula se repite de modo casi sistemático: no hay pruebas, pero se sospecha, se ha dicho que podría suceder, y en todo caso es posible. Un informe de la Rand Corporation, de 2009: “Desde el 11 de septiembre de 2001 se ha especulado sobre el interés de Al-Qaeda en usar a México como vía de acceso a los Estados Unidos… Militantes detenidos en otros lugares han informado que México ha sido considerado por grupos terroristas, como posible punto de entrada… Aunque la mayoría de los funcionarios públicos de los Estados Unidos con los que hablamos nos dijeron que por ahora no hay pruebas de vínculos fuertes de Al-Qaeda en México, incluimos la posibilidad en nuestra lista de temas prioritarios, porque sigue siendo un potencial motivo de preocupación”[xii].

La mención de la posibilidad es prácticamente obligada en comparecencias públicas de los responsables de seguridad de los Estados Unidos, rutinaria en reportes anuales y comunicados de prensa. Según el director nacional de los servicios de inteligencia del FBI, en 2011, los contrabandistas mexicanos “pueden asociarse con terroristas y proveerles servicios”, y las “empresas criminales” mexicanas pueden “facilitar el contrabando de armas químicas, biológicas, radiológicas o nucleares y sus materiales”[xiii]. Los informes de empresas de consultoría coinciden, citan las mismas fuentes, las mismas preocupaciones; y pintan un cuadro en que el vínculo es prácticamente una obviedad, cuestión de tiempo: “el crimen, el terrorismo y la insurgencia están entretejidos de nuevas maneras, que amenazan no sólo el bienestar, sino la seguridad de las sociedades del hemisferio occidental”[xiv].

En resumen: el narco-terrorismo, en particular bajo la forma de una alianza entre terroristas islámicos y contrabandistas mexicanos, está presente en el espacio público norteamericano desde hace tiempo. Es imposible saber en qué medida los funcionarios, políticos y periodistas que hablan de ello realmente lo creen, y en qué medida sus declaraciones obedecen a un cálculo deliberado, y tienen otros propósitos. La falta absoluta de pruebas sólo hace más evidente que la amenaza es una construcción política: importa como tal, con independencia de que sea o no factible, razonable, probable, verosímil. Es un fenómeno de opinión, y como tal, absolutamente real[xv].

En la práctica, lo único que tienen en común los militantes islámicos y los contrabandistas de drogas es que ambos son definidos como amenazas en el discurso oficial del gobierno estadounidense.

Desde luego, no es una novedad que ambos caigan dentro de una misma categoría, como manifestaciones del crimen organizado transnacional. Un ejemplo: el presidente William Clinton exigió en la Asamblea General de Naciones Unidas, en 1995, que se adoptasen modelos, criterios y definiciones legales similares a los de los Estados Unidos con respecto al crimen organizado, como estándares globales; pidió entonces una declaración conjunta sobre crimen internacional, incluyendo una cláusula de “no-santuario” que facilitase los procesos de extradición, “para que podamos decir juntos a los criminales organizados, terroristas, narcotraficantes y contrabandistas: no tienen hacia dónde correr ni dónde esconderse”[xvi]. La idea de la asociación entre ambas cosas se había puesto a circular años antes, con éxito más bien mediocre, cuando el gobierno de Ronald Reagan acusó a los gobiernos de Cuba y Nicaragua de estar detrás del terrorismo internacional y el tráfico de drogas hacia Estados Unidos[xvii]. Insisto: no es novedad. Pero sí lo es, en cambio, novedad posterior a 2001, la asociación entre el Islam, el terrorismo, el narcotráfico y la frontera con México.

Tiene importancia porque convierte a México, y a los contrabandistas mexicanos, en una amenaza de la mayor gravedad. De modo que, además, parte de la carga simbólica de los atentados del 11 de septiembre gravita sobre la imagen de México en los Estados Unidos, y obviamente afecta a la relación bilateral.

 

3. Otro caso, otras fuentes: la misma lógica

Es muy revelador el modo en que se manejó la información sobre el presunto complot iraní para atentar contra el embajador de Arabia Saudita en los Estados Unidos, con ayuda de narcotraficantes mexicanos, en 2011. La trama es conocida: Massoud Arbabsiar, ciudadano estadounidense nacido en Irán, intentó organizar el atentado, y buscó para eso a un contrabandista mexicano, con la mala suerte de que quien se ofreció para cometer el asesinato resultó ser un informante pagado de la DEA. Así se descubrió el asunto. La noticia que circuló en los medios, a partir de la conferencia de prensa del procurador general Eric Holder, fue que “miembros del gobierno iraní buscaron el apoyo de elementos de un cártel mexicano de las drogas para asesinar al embajador de Arabia Saudita”[xviii].

El procedimiento de la detención es extraño. Tratándose de un ciudadano estadounidense, residente en los Estados Unidos, llama la atención que fuese necesario esperar a que viajara a México y pedir a las autoridades mexicanas que lo deportaran. Por otra parte, la rueda de prensa del procurador general parece un exceso. El atentado no se produjo. En estricto sentido, ni siquiera se preparó, porque no había nadie dispuesto a hacerlo. Es decir: no había más que la fantasía de un emigrado, y la astucia de un empleado de la DEA, aprovechándose de él, ¿hacía falta que se refiriese a ello la máxima autoridad del sistema de procuración de justicia? ¿Qué consecuencias tiene que se haga así? Para una organización terrorista, que quisiera inspirar miedo a la sociedad estadounidense, es un escenario ideal, puesto que el anuncio de un atentado tiene efectos muy parecidos a los del atentado, sin ningún costo. Arcadi Espada: “La publicación de los planes de los terroristas es una forma realmente barata de terrorismo”[xix].

No tiene sentido hacer un juicio de intención. Pero todo el montaje parece preparado para dar verosimilitud a la hipótesis del narco-terrorismo islamista mexicano. Y en todo caso, tiene esa consecuencia.

Obviamente, el episodio repercutió sobre todo en la relación de Estados Unidos con Irán, aunque la relación entre las autoridades iraníes y Massoud Arbabsiar era bastante dudosa[xx]. Pero me interesa por ahora el modo en que se estableció el vínculo narco-terrorista. En su declaración judicial Arbabsiar explicó que por sus negocios “conocía a mucha gente que viajaba entre los dos países, y que él creía que algunos eran narcotraficantes”; y dijo que su primo le sugirió “buscar a alguien que estuviese en el negocio de las drogas, porque la gente en ese negocio está dispuesta a cometer crímenes a cambio de dinero”[xxi]. Es decir que la idea de que los contrabandistas mexicanos podrían asociarse con terroristas islámicos para perpetrar atentados en Estados Unidos es una ocurrencia de los presuntos conspiradores iraníes, alimentada por un empleado del gobierno estadounidense.

Para el presidente del Subcomité sobre terrorismo del Comité de Asuntos Exteriores del Congreso estadounidense, Ed Royce, el episodio sólo confirma algo sabido, sin duda ninguna. En sus palabras, en audiencia pública del Subcomité, el 12 de octubre de 2011: que la Guardia Revolucionaria de Irán conciba un complot así “no debería ser una sorpresa”, porque “claramente, esa fuerza letal se siente cómoda navegando por las redes criminales en expansión al sur de la frontera”; por otra parte, “los vínculos entre Hezbolah y los carteles mexicanos de la droga se han fortalecido, y es lógico: los cárteles de la droga adquieren el conocimiento sobre contrabando y explosivos de Hezbolah, y Hezbolah consigue tener presencia en el espacio sin ley de frontera mexicana”[xxii]. Aparte de eso, mencionó el comienzo del juicio de Viktor Boult, un traficante de armas acusado de “conspirar para proveer armas a las FARC”. Su conclusión: “estos casos ilustran dos cosas, 1) el nexo entre las drogas y el terrorismo, y 2) el largo brazo de la justicia de los Estados Unidos”.

La declaración tiene un aire alucinatorio que la hace particularmente reveladora. Lo único que hay, como hecho concreto, es el seudo-acontecimiento de la conspiración de Massoud Arbabsiar, que no habla ni del terrorismo islámico ni de los narcotraficantes mexicanos. Y las explicaciones van de lo improbable a lo disparatado. No es conocido Hezbolah por tener experiencia en el contrabando, y desde luego no en el contrabando por la frontera entre México y Estados Unidos, ni hay indicios de que tenga intención de atacar a Estados Unidos a partir de una base en la frontera sur. Por otro lado, no está claro por qué la Guardia Revolucionaria de Irán podría sentirse particularmente cómoda en las “redes criminales” del norte de México. Y desde luego, las FARC son otra cosa, que no tiene nada que ver. El conjunto adquiere coherencia en un mundo de fantasmagoría, en el que Al-Qaeda, Hezbolah y el gobierno de Irán son una misma cosa, junto con las FARC y los contrabandistas de drogas mexicanos.

La identificación resulta de que todos ellos han sido clasificados como enemigos de los Estados Unidos. Y se supone –es el implícito que sostiene las conjeturas—se supone que esa enemistad es el hecho básico, constitutivo, para todos ellos. De modo que donde se presente la ocasión unirán fuerzas: está en su naturaleza.

De nuevo hay que decir que lo importante no es que la idea carezca de fundamento, sino que se considere digna de crédito, y que circule en el espacio público como si fuese casi una obviedad. Dicho de otro modo: el narco-terrorismo es real en la imaginación de una parte considerable del público estadounidense, es real en el discurso de las agencias de seguridad del gobierno estadounidense; y por lo tanto es real en sus consecuencias. En este caso, como en los otros, lo fundamental es el sistema de referencias, de un documento a otro, la serie de textos que derivan su verosimilitud de la acumulación. El 10 de noviembre de 2011 el diputado republicano Connie Mack presentó una iniciativa de ley para aumentar la seguridad de la frontera que básicamente pedía el diseño de una estrategia de contrainsurgencia en la frontera y dentro del territorio mexicano. Entre los hallazgos que servían para justificar la iniciativa destacaba lo siguiente: “El 11 de Octubre de 2011, la conspiración frustrada para asesinar al embajador de Arabia Saudita por parte de miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán demostró la amenaza, internacionalmente reconocida, que representan los miembros de los cárteles mexicanos de la droga en la frontera entre México y Estados Unidos”[xxiii].

 

4. El enemigo necesario

 No es algo insólito. Los enemigos son necesarios. Y algo más que enemigos, imágenes concretas del mal, en lo que Roger Bartra llama “redes imaginarias del poder político”, que “constantemente generan mitos polares de la normalidad y la marginalidad, de la identidad y la otredad”[xxiv]. Los rostros concretos cambian, pueden ser guerrilleros, mafiosos, fanáticos, comunistas o musulmanes. Lo que importa es el relato: “En este escenario lleno de peligrosos enemigos, los superhéroes de la normalidad democrática occidental y los representantes de la mayoría silenciosa deben prepararse para combatir al mal: se trata de batallas de un alto contenido imaginario y alegórico, pero no son inexistentes o irreales”[xxv].

En el lenguaje político estadounidense hay con frecuencia una intensa carga moral, de una moral maniquea, que necesita señalar a un enemigo. Los episodios más estridentes, desde los movimientos anticatólicos y el nativismo del siglo diecinueve hasta el Ku-Kulx-Klan, los “miedos rojos”, el macartismo, acentúan algunos rasgos, pero también muestran un patrón[xxvi]. En el extremo está lo que Hofstadter llamaba el “estilo paranoico” de la política, lleno de exageraciones, suspicacias y fantasías conspirativas[xxvii]. Pero también en la retórica más mundana y pragmática, de uso cotidiano, suele tener un lugar central un enemigo de perfiles bastante concretos, que se repiten a lo largo de la historia con una regularidad que es imposible pasar por alto. Trátese de jesuitas, judíos, anarquistas, masones, comunistas, mafiosos o terroristas islámicos, los enemigos son una especie de reverso de la sociedad democrática: siempre un pequeño grupo, oculto, sin escrúpulos, de ambición ilimitada, que conspira en la oscuridad, y que está constituido básica o exclusivamente por extranjeros. Es decir: el enemigo es anti-americano. Los narcotraficantes mexicanos se integran con perfecta naturalidad en esa lista.

Descontando los ingredientes propiamente políticos, el clima del macartismo, según lo describía Edward Shils hace cincuenta años, tiene similitudes sorprendentes con los temores que inspira el narco-terrorismo, con el lenguaje en que se explican esos temores. Es posible ver los mismos factores: hiperpatriotismo, xenofobia, aislacionismo, fundamentalismo, populismo… Y verlos produciendo un resultado muy similar[xxviii].

El enemigo “delincuencial”, es decir, no político, siempre ha estado presente en esa retórica, pero en un lugar relativamente secundario. Seguramente empieza a adquirir la prominencia que tiene hoy con la campaña presidencial de Barry Goldwater en 1964[xxix]. En todo caso, las políticas de “mano dura”, de “ley y orden”, han tenido cada vez mayor importancia a partir de los años sesenta. Influyeron para eso muchas cosas. Acaso la nueva retórica fuese sobre todo una reacción al sentimiento de inseguridad provocado por los cambios culturales de la década. Pero también hay entonces, por primera vez en mucho tiempo, un incremento en la tasa de homicidios en Estados Unidos, y en buena parte del mundo occidental[xxx]. La inercia se ha mantenido, mediada también por otros factores: una presencia pública cada vez mayor de las víctimas del delito, como sujeto que merece consideración especial para legislar, para juzgar, para sentenciar, y que contribuye a dar un contenido emotivo particularmente intenso al problema del crimen, y también un cambio de actitud en la elite política, que tiende a ver el delito sobre todo como un problema moral, que amerita castigo[xxxi].

Desde luego, hay que contar también con el fin de la Guerra Fría. La política exterior de los Estados Unidos, como potencia hegemónica, se articula mediante la identificación de una amenaza global que sirve para justificar intervenciones de diversas clases, y para contrarrestar las inclinaciones aislacionistas de la opinión estadounidense. En los años noventa, “el crimen organizado” tomó el relevo de la Unión Soviética y el comunismo internacional como la mayor amenaza para la seguridad y el modo de vida de Occidente[xxxii]. Amerita sin duda un estudio serio, pero el hecho es que la década de los noventa, en que hubo una disminución general de los índices delictivos en todo el mundo occidental, incluyendo a México, vio dispararse la preocupación por el crimen en casi todas partes.

Los atentados de septiembre de 2001 provocaron un cambio dramático en el orden de prioridades de la política exterior de los Estados Unidos. El horizonte es la “guerra global contra el terrorismo”. El enemigo típico ya no es, desde entonces, ni un comunista soviético, ni un revolucionario latinoamericano, sino un musulmán fanático más o menos camuflado, que acaso vive en Europa, incluso en Estados Unidos, pero tiene su base de operaciones en algún país de Oriente Medio o Asia central. El resultado de la nueva orientación ha sido una serie de operaciones militares, y una reforma de la legislación estadounidense que hubiese sido inimaginable, fuera de un escenario dominado por el terror[xxxiii].

La idea del narcoterrorismo se ajusta exactamente a esa nueva elaboración retórica del enemigo. Aunque se hubiese utilizado la imagen antes, después de 2001 tiene otra resonancia. El miedo hace falta para justificar el presupuesto de todas las dependencias de seguridad, desde el FBI y la DEA hasta la Patrulla Fronteriza, hace falta para mantener la nueva legislación, y es útil también para muchas otras cosas, pero no es fácil mantenerlo en niveles lo bastante elevados[xxxiv]. Es necesario que la amenaza sea verosímil, grave, y que se sienta relativamente cercana. La imagen de la alianza de Al-Qaeda con los zetas llena los huecos.

Es difícil exagerar el impacto de los atentados del once de septiembre sobre la opinión pública estadounidense. El miedo es real, y justificado. Ahora bien: la idea de que se haya inaugurado una nueva era, la “era del terror”, marcada por una amenaza sin precedentes, es más discutible[xxxv]. Y, a falta de atentados, el islamismo es un enemigo relativamente remoto. Con los traficantes de drogas mexicanos sucede exactamente lo contrario: están presentes en la vida cotidiana de casi cualquier ciudad estadounidense, pero no provocan mucho miedo. La imagen de la alianza narco-terrorista sirve explícita y concretamente para juntar las dos cosas, la cercanía de los contrabandistas mexicanos con el miedo que inspiran los militantes del islamismo radical. Para decirlo en una frase, pueden faltan islamistas, pero siempre habrá mexicanos: lo que importa es que inspiren un miedo equiparable unos y otros.

La retórica del crimen organizado, con el aditamento del narco-terrorismo, ha servido en los últimos años para mantener y aumentar los recursos de vigilancia. El problema es que no pueden ofrecerse resultados concretos para tranquilizar a nadie, porque no se ha descubierto ninguna conspiración narco-islamista, ni se ha detenido el tráfico de drogas, ni han desaparecido de las ciudades estadounidenses los narcotraficantes y pandilleros mexicanos. Ahora bien: el fantasma del narco-terrorismo, junto con las insinuaciones que mezclan a contrabandistas de droga, migrantes indocumentados, prostitutas y terroristas, sirven para que alguien pida al gobierno mexicano una explicación oficial, cada tanto.

Algo más. Cuando la amenaza terrorista se sitúa en la frontera con México, se refuerza por contraste la imagen de la limpieza, la moralidad, la seguridad de la sociedad estadounidense[xxxvi]. Para ponerlo en términos muy crudos, cuando se pone el énfasis en el tráfico ilegal en la frontera pasa a un segundo plano el hecho de que los terroristas del 9 de septiembre tenían residencia legal en los Estados Unidos, vivían en Estados Unidos, y volaron en aviones de compañías de Estados Unidos, que despegaron de aeropuertos de Estados Unidos. Es decir, pasa a segundo plano el hecho de que las sociedades democráticas son vulnerables por el hecho de ser democráticas, y que no se puede hacer casi nada para evitarlo. Salvo que dejen de ser democráticas.

A partir de 2001, y con mucha mayor intensidad a partir de 2006, la idea del “narco-terrorismo”, con todas sus implicaciones, derrames, secuelas y consecuencias, domina la relación de México con Estados Unidos, que está marcada como nunca antes por la agenda de seguridad. La idea del “narco-terrorismo” está detrás de la Iniciativa Mérida, o al menos detrás de la justificación de la Iniciativa Mérida, detrás de la militarización de la frontera. Y el discurso del gobierno mexicano, la explicación oficial de la “guerra contra el crimen”, contribuye a darle credibilidad: según se dice desde el poder ejecutivo federal, el Estado no controla partes del territorio nacional, los contrabandistas desafían abiertamente a la autoridad, las policías municipales y estatales son inútiles, hace falta la intervención del ejército y la marina. Es decir, que podría suceder cualquier cosa.

En el “narco-terrorismo” hay una condensación de varios de los temas de la relación bilateral. Y hay sobre todo una nueva elaboración simbólica de la asimetría entre los dos países. La carga emotiva que tiene la expresión, la magnitud de la amenaza que se evoca con ella, no dejan margen de maniobra: cuando eso está sobre la mesa, el tono del gobierno de Estados Unidos es imperativo. Significa que hay límites insalvables, y cercanos. Y significa una amenaza verosímil de uso de la fuerza. Inevitablemente, la relación entre México y Estados Unidos está mediada por el narcotráfico, el crimen organizado, el terrorismo, pero del mismo modo la política mexicana con respecto al narcotráfico y al crimen organizado está mediada por la relación con Estados Unidos.

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Para concluir

Melvin Goodman ha documentado muchos otros casos en que la información de inteligencia, concretamente la información producida por la CIA ha sido alterada, distorsionada, exagerada, para que sirviera de apoyo para mantener determinadas líneas de política exterior. Se refiere a ello como la “politización” de la información de inteligencia, porque supone supeditar el trabajo de análisis a una intención política. Es indudable –así se hace[xxxvii]. Según Goodman, McNamara fue uno de los primeros, responsable de que se politizara la labor de inteligencia con respecto a Vietnam, y con William Casey y Robert Gates, en los ochenta, se institucionalizó el diseño de inteligencia “sobre pedido”, pero igualmente señala a Richard Helms, Arthur Schlesinger, George Tenet y Porter Gross.

El antiguo director adjunto de la CIA Richard Kerr lo ha explicado, según Goodman, con perfecta claridad: “Si quienes definían la política estaban interesados en datos sobre armas de destrucción masiva en Irak, o sobre vínculos entre Saddam Hussein y Osama ben Laden, la misión de la CIA era conseguir esa clase de munición”[xxxviii].

Insisto: es indudable. No obstante, la denuncia de politización sólo tiene pleno sentido si se supone que puede haber un trabajo de inteligencia objetivo, que establezca de manera indudable, diría científica, las amenazas para la seguridad nacional. Y es una suposición problemática. Acaso haya un límite objetivo, una amenaza absolutamente tangible, positiva, real, pero la seguridad nacional es en lo fundamental una construcción política. No parece fácil separar las dos cosas.

Por otra parte, la amenaza del narco-terrorismo islámico-mexicano muestra que no hace falta tampoco la intervención de la CIA, ni hace falta disponer de información de inteligencia maliciosamente distorsionada. Basta con estar en sintonía con los temores, prejuicios y estereotipos del público. La información, al final, es lo de menos: los prejuicios ponen lo que haga falta. La verosimilitud se construye de otra manera, no con hechos –con más razón cuando tiene que construirse a pesar de que no haya hecho ninguno.

La opinión pública es importante como recurso político en la medida en que tiene influencia real, tangible, sobre la vida pública e impone restricciones eficaces al comportamiento de la clase política. Es posible en ese caso usarla para imponer una línea de acción, y hay incentivos para tratar de manipularla. Ahora bien, no cualquier idea, no cualquier política resulta convincente. No cualquier temor resulta útil. La idea del narco-terrorismo sugiere eso, que saber gestionar la verosimilitud de una amenaza es acaso el factor decisivo para la fabricación de la opinión pública.

Algo más, para concluir. La preocupación por la amenaza narco-terrorista se ha mantenido en un nivel relativamente estable. La estrategia de comunicación del gobierno estadounidense incluye desmentidos protocolarios cada tanto tiempo, que disminuyen el volumen y desvían la atención del tema. El resultado es que la idea ha permitido ejercer presión, modificar la política fronteriza, gestionar los miedos de la sociedad estadounidense, pero sin derivar en el estallido de un “pánico moral”, que requeriría una acción drástica, inmediata, violenta.

 

 

[i] Ver Stanley Cohen, Folk Devils and Moral Panics. The creation of the mods and rockers, Nueva York: Routledge, 2011.

[ii] Scott Bonn ha mostrado, con argumentos convincentes, que la guerra “fue legitimada mediante un pánico moral deliberadamente diseñado” por el gobierno estadounidense, reforzado por los medios de comunicación, que “explotaron los estereotipos negativos preexistentes sobre los árabes”. Ni un error ni una ocurrencia. Scott A. Bonn, Mass Deception: Moral Panic and the U.S. War on Iraq, New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 2010, edición electronica para kindle loc. 142-143 y passim.

[iii] Charles Tilly, Credit and Blame, Princeton: Princeton University Press, 2008, edición electrónica para Kindle, loc. 284.

[iv] David Brooks, “Napolitano: preocupa a EU posible acción conjunta de narcos mexicanos y Al Qaeda”, La Jornada, 10 de febrero de 2011.

[v] Álvaro Camacho Guizado, “Cinco tesis para una sociología política del narcotráfico y la violencia en Colombia”, en Gonzalo Sánchez y Ricardo Peñaranda (comps.) Pasado y presente de la violencia en Colombia, Medellín: La Carreta/Universidad Nacional de Colombia, 2007, pp. 363 y ss.

[vi] Se ha escrito mucho al respecto. Para un análisis detallado: Eduardo Pizarro Leongómez, Una democracia asediada. Balance y perspectivas del conflicto armado en Colombia, Bogotá: Norma, 2004, pp.131 y ss. O los textos del propio Pizarro y de Andrés López Restrepo en IEPRI, Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia, Bogotá: Norma/Universidad Nacional de Colombia/IEPRI, 2006.

[vii] Según Gilles Dorronsoro, a partir de 1979 “todas las circunstancias se reunieron para hacer de Afganistán una gran región productora [de heroína]: el aumento de precios internacionales, la existencia de laboratorios de refinación y contrabandistas internacionales en Pakistán, y la ausencia de control en el campo afgano.” Gilles Dorronsoro, Revolution Unending. Afghanistan, 1979 to the present, Nueva York: Columbia University Press, 2005, p.135.

[viii] Federal Research Division, Library of Congress [Ramón J. Miró, Glenn E. Curtis], Organized Crime and Terrorist Activity in Mexico, 1999-2002, Washington, Library of Congress, 2003.

[ix] Ibid, p.v

[x] Ibid, p.43, 44.

[xi] US Congress. The Majority Staff of the House Committee on Homeland Security, Subcommittee on Investigations, Michael T. Macul, Chairman, A Line in the Sand. Confronting the Threat of the Southwest Border, Washington: US Congress, 2006, p.30. El informe dice también que “observadores” consideran que es “posible” la presencia de Hezbollah en el norte del país, por las importantes comunidades libanesa y palestina en la ciudad de Monterrey”. A pie de página se citan dos artículos de prensa mexicana sobre el número de hablantes de árabe en el país. Nada más.

[xii] Agnes Gereben Schaefer, Benjamin Bahney y K. Jack Riley, Security in Mexico. Implications for U.S. Policy Options, Santa Monica, CA.: Rand Corporation, 2009, p.xviii.

[xiii] “Narcos y terroristas sí podrían aliarse: FBI”, en El Universal, 12 de febrero de 2011.

[xiv] Bob Killebrew and Jennifer Bernal, Crime Wars. Gangs, Cartels and US National security, Washington: Center for a New American Security, 2010, p. 8.

[xv] En la expresión de Scott Bonn, cercana al teorema de Thomas: “ni siquiera hace falta que algo exista para que sea definido como un problema. Es decir, si se piensa que algo existe, y provoca miedo, entonces es real, a pesar de no tener existencia objetiva”, Bonn, op.cit., loc. 479-482.

[xvi] Willliam J. Clinton, discurso ante la Asamblea General de la ONU, 22 de octubre de 1995, cit. por Michael Woodiwiss, “Transnational Organized Crime. The strange Career o fan American Concept”, en Margaret Beare (ed.), Critical Reflections on Transnational Organized Crime, Money Laundering and Corruption, Toronto: University of Toronto Press, 2005, p.28.

[xvii] Es bastante conocido. No deja de tener interés el testimonio de Melvin Goodman, en audiencia del Senado para la confirmación del nombramiento de Robert Gates como director de la CIA. Literalmente, Goodman testificó que Gates, como director adjunto de la CIA, “llamó a un analista de alto rango para decirle que Bill Casey [director entonces de laCIA] quería un memorandum que vinculase a traficantes de drogas con terroristas internacionales. Este analista revisó la evidencia, y no pudo llegar a esas conclusiones”. Según Goodman, Gates reiteró la instrucción –necesitaba ese memo. Y como el analista no aceptó elaborarlo, reasignó el encargo. Peter Dale Scott & Jonathan Marshall, Cocaine politics. Drugs, Armies and the CIA in Central America, Berkeley: The University of California Press, 1998, p.xix

[xviii] Es la redacción del periódico La Razón, a partir del cable de Notimex, el 11 de octubre de 2011. En la nota del diario Milenio, ese mismo día: Arbabsiar “ofreció 1.5 millones de dólares a integrantes de Los Zetas”. El titular en la página electrónica de la BBC: “Iran agents ‘planned US terror attacks” http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-15266992

[xix] Arcadi Espada, Diarios, Madrid: Espasa Calpe/Booket, 2003, p.242.

[xx] Según su declaración, Arbabsiar habló sobre el atentado con su primo, Gholam Shakuri, miembro de la Guardia de la Revolución, y éste le dijo que sus superiores estaban al tanto de todo.

[xxi] Está en el texto del acta de acusación, presentada ante el juez Michael Dolinger, firmada el 11 de octubre de 2011. Puede verse en http://i2.cdn.turner.com/cnn/2011/images/10/11/complaint.amended.pdf (consultado el 2 de noviembre de 2011).

[xxii] Committee on Foreign Affairs, Rep. Ed Royce, Terrorism Chairman, on Narcoterrorism; Hearing follows narco-terrorism related case: the Iranian Plot, 12 Octubre 2011, http://foreignaffairs.house.gov/press_display.asp?id=2031 (consultado el 2 de noviembre de 2011).

[xxiii] Enhanced Border Security Act, Bill Text/112th Congress (2011-2012)/H.R.3401.IH, http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c112:H.R.+3401: (consultado el 15 de marzo de 2012)

[xxiv] Roger Bartra, Territorios del terror y la otredad, Valencia: Pre-Textos, 2007, p.17.

[xxv] Se refiere Bartra concretamente al terrorismo, y dice: “Desde luego, no se trata de grupos marginales inocuos, pero es indudable que su poder simbólico e imaginario es enormemente mayor que su fuerza táctica. Ese poder imaginario genera una especie de halo que es estimulado, ampliado y manipulado por los gobiernos establecidos con el fin de aumentar la cohesión de la sociedad y su legitimidad”, Bartra, Ibid., p.18.

[xxvi] Ver David H. Bennet, The Party of Fear. The American Far Right from Nativism to the Militia Movement, Nueva York: Vintage Books, 1995.

[xxvii] Richard Hofstadter, The Paranoid Style in American Politics and Other Essays, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1996 [1964], p.3 y passim.

[xxviii] Edward A. Shils, The Torment of Secrecy. The Background and Consequences of American Security Policies, Chicago: Elephant Paperbacks, 1996 [1956], pp.77 y ss.

[xxix] Para Goldwater había, centralmente, un problema de legalidad, de aplicación de la ley, que sobre todo requería fortalecer la columna vertebral de la moral. Ver Hofstadter, op. cit., p. 123.

[xxx] Roger Lane, On the Social Meaning of Homicide Trends in America”, en Ted Robert Gurr, Violence in America. The History of Crime, Londres: Sage Publications, 1989, pp.56 y ss.

[xxxi] “Según Nixon, ‘la solución al problema del crimen no está en cuadruplicar los fondos para ninguna guerra del gobierno contra la pobreza, sino en tener más arrestos’. La plataforma de 1968 del partido republicano coincidía con Nixon en esa crítica de la “permisividad” liberal: ‘ Debemos restablecer el principio de que los hombres son responsables de lo que hacen, y los criminales son responsables de sus crímenes’ “. Katherine Beckett, Making Crime Pay: Law and Order in Contemporary American Politics, Oxford: Oxford University Press, 1999, ebook, edición electrónica para Kindle, loc. 426.

[xxxii] Un ejemplo, si hace falta, de esa nueva importancia: la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional, publicada el 15 de noviembre de 2000.

[xxxiii] No entro en los detalles porque no hace falta, para mi propósito en este libro, pero la revolución legal de los gobiernos del presidente George W. Bush, merece atención. Una crónica del proceso, en Jane Mayer, The Dark Side. The Inside Story of How The War on Terror Turned into a War on American Ideals, Nueva York: Doubleday, 2008.

[xxxiv] Una historia de los usos políticos del miedo, en particular en los Estados Unidos, está en Corey Robin, Fear. History of a Political Idea, Oxford: Oxford University Press, 2004.

[xxxv] “La única dimensión del terrorismo que es genuinamente ‘nueva’ es la manera en que se conceptualiza”, Frank Furedi, Invitation to Terror. The Expanding Empire of the Unknown, Nueva York: Continuum Books, 2007, p.44.

[xxxvi] Ver Josiah McC. Heyman, “State Escalation of Force: A Vietnam/US-Mexico Border Analogy”, en Josiah McC. Heyman, States and Illegal Practices, Nueva York: Berg, 1999, p. 285 y ss.

[xxxvii] Melvin A. Goodman, Failure of intelligence: The Decline and Fall of the CIA, Toronto: Rowman & Littlefield Publishers, 2008 [edición electrónica formato kindle]. Aparte de otras referencias, está dedicado a eso íntegramente el capítulo quinto: “Los riesgos de la politización”.

[xxxviii] Ibidem, loc. 2088-2100.