Otra vez: moral y política

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Casi todas las decisiones políticas son moralmente dudosas, discutibles. En todas hay que pagar un precio o sacrificar algo valioso y hay que hacerlo a sabiendas: es imposible, como decía Saint-Just, gobernar conservando la inocencia. Ni gobernar ni hacer oposición, dicho sea de paso. Imagino que lo sabe cualquiera, también los profesionales de la virtud, que hacen negocio y clientela a base de denuncias incendiarias, pero no está claro lo que eso significa ni qué puede hacerse a partir de ahí.

Hace un par de semanas ingresó en prisión en España Rafael Vera, Secretario de Estado de Seguridad en el gobierno de Felipe González, para cumplir sentencia por un cargo de malversación referido a los fondos reservados del Ministerio de Interior. En su defensa ha dicho muchas veces que usó ese dinero del mismo modo que se había usado siempre, con conocimiento y autorización de sus superiores, y que lo saben los fiscales y los jueces. Así será. Pero el caso tiene más fondo. Me interesan en particular unas cuantas frases suyas en una entrevista: en cualquier sociedad democrática –dijo- hay una parte que funciona de manera irregular; en las ciudades hay un sistema de alcantarillado: son bellísimas, modernas y limpias, pero el alcantarillado está. En una sociedad pasa lo mismo: sigue habiendo alcantarillas por donde se va la porquería.

Es indudable. La metáfora de las alcantarillas está un poco gastada, pero sirve para entendernos. Lo malo es que el argumento, a pesar de ser cierto, no puede usarse, porque se refiere no a la traza legal del alcantarillado, sino a la inevitable ilegalidad de algunas decisiones políticas. Tiene razón, pero es indefendible. Quiero decir: uno sabe que la política está hecha de eso, que a veces hace falta torcer la ley, disimular, mentir, pagar confidentes y entrar en tratos inconfesables, pero como ciudadano uno no puede admitirlo con esa naturalidad, porque no puede adoptarse como principio general. Las leyes, con todos sus inconvenientes, con su falta de realismo, son el único recurso para poner límites al poder político y hace falta que tenga límites. Los jueces podrán después atemperar la sentencia o se podrá pedir un indulto, si el caso lo amerita, pero todo eso es ya política, moralmente dudosa.

Ahora bien: encastillarse en el puritanismo no es la única alternativa. Para empezar, porque no es nunca una opción consistente. Nadie pide que se aplique todo el peso de la ley para castigar todas las infracciones, en todo momento, caiga quien caiga y pase lo que pase; siempre se hacen excepciones o más bien se escogen los casos de denuncia. También sucede que las leyes sean demasiado rígidas, que sean imprácticas o desmesuradas. La exigencia de perfecta pureza es incivil porque no es humanamente posible y se presta por eso para toda clase de abusos retóricos. Dicho de otro modo: paradójicamente, la intransigencia tampoco puede adoptarse como principio general. Si no hubiese otras razones, bastaría ver la tartufería de varios de nuestros líderes de opinión, de los que viven de hacer acusaciones escandalosas y rasgarse las vestiduras, haciendo alarde de virtuosa indignación: no es eso. Mucho menos cuando se pide, más que la ley, la justicia.

No nos corresponde a los ciudadanos hacernos cargo de los dilemas morales de quienes ejercen el poder ni quitarles los obstáculos para que hagan lo que les parezca, con la conciencia tranquila y la jubilación segura. No podemos conformarnos con menos que la aplicación de la ley, porque es lo único que tenemos. Pero eso no significa sumarse al linchamiento de nadie: raras veces hay casos tan claros, tan ultrajantes y obvios, que no admiten dudas y requieren una condena ética sin paliativos. Por otra parte, si la ley es el criterio, una aplicación sensata y responsable de la ley, también hay que aceptar las formalidades del procedimiento y la fundamental incertidumbre de toda decisión judicial; para hablar claro: hay que aceptar el derecho de defensa, los plazos de prescripción, los tecnicismos que se emplean para la configuración de un delito. Tenemos muy a mano, como ejemplo, la última sentencia de la Suprema Corte relativa a los asesinatos del 10 de junio de 1971. Es de argumentación limpia y no ofrece muchas dudas, no puede aplicarse al caso la Convención contra el genocidio, porque se ratificó treinta años después; no ha convencido a los justicieros ni podía convencerlos porque su ostentosa defensa de la virtud es en realidad otra forma de hacer política y no un fanatismo de la legalidad.

Tenía la intención de hablar sobre el desplegado de la semana pasada, de los intelectuales que piden al Congreso que rechace la solicitud de desafuero del jefe de gobierno de la Ciudad de México. Me falta espacio. Tampoco estoy muy seguro de lo que podría decirse: es un gesto desmedido, que no se entiende bien, a la vez justiciero y pragmático, de argumentación sinuosa. Uno puede coincidir –me sucede a mí- con casi todas sus afirmaciones y extraer conclusiones muy diferentes. He tratado de verlo en el contexto de las intervenciones clásicas de los intelectuales, como autoridad moral, y no cuadra, el modelo no es el Yo acuso de Zola en defensa de Dreyfuss, ni remotamente. Habrá otros ejemplos, más cercanos.

 

La Crónica de hoy, 2 de marzo de 2005