¿Qué significa la muerte de Hussein?

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Leo los comentarios de los lectores del New York Times sobre la ejecución de Saddam Hussein: en unas pocas horas, apenas conocerse la noticia, hay más de dos mil notas. No sirven para hacerse una idea de lo que piensan en general los estadounidenses porque son los lectores del New York Times, un público más ilustrado, liberal. Sólo uno de cada diez comentarios, menos incluso, son francamente entusiastas y festejan la ejecución con frases que permitirían confirmar los estereotipos más desagradables que se tienen de la sociedad norteamericana: tuvo su merecido, el que a hierro mata a hierro muere, vamos ahora a por Osama ben Laden, era un perro rabioso, un animal, se merecía eso y mucho más, la muerte es demasiado poco para los de su clase, es un alivio que su odiosa alma no esté ya entre nosotros, será una lección para todos los dictadores, que tomen nota los tiranos, eso es lo que espera a los genocidas, y ahora el siguiente: Osama ben Laden, ¡hurra!

La inmensa mayoría son de un tono completamente distinto. Reflexiones tristes, dramáticas, algunas brillantes. En ocasiones hay el rechazo de la pena de muerte, como cuestión de principios, otros apuntes incluyen reflexiones más o menos serenas sobre las posibles consecuencias de la ejecución, denuncias de los crímenes de guerra del gobierno estadounidense, acusaciones concretas contra el presidente Bush y sus colaboradores. Algunas son verdaderamente agudas, ácidas. Una: “Estoy abrumado por el poder norteamericano. Tengo la firme convicción de que deberíamos ir a por Corea del Norte a continuación, después a por China y finalmente a por Rusia”. Otra: “Nada como un buen linchamiento, al viejo estilo sureño, para acercarnos y aglutinarnos a todos.” Hay quien hace un recuento de algunos gobernantes asesinados con la complicidad más o menos directa de los Estados Unidos, desde Patrice Lumumba hasta Salvador Allende; hay quien se fija en el escenario, en el siniestro video que circula ya por todas partes y que recuerda sobre todo la escenificación de los asesinatos de rehenes por parte de terroristas islámicos en los últimos tiempos.

Todo ello: la discusión, la publicidad, el tono de las opiniones, habla en favor de la sociedad estadounidense, dicho sea de paso. También contribuye a subrayar un problema básico, a saber, que no está claro en qué contexto debe situarse la ejecución ni qué es lo que significa. No puede equipararse al asesinato de Lumumba –perdón—pero tampoco a las atrocidades de Al-Zarqawi y los suyos.

La interpretación que se promueve desde Washington quiere asimilar el caso al de otros dictadores que han sido juzgados recientemente por sus crímenes: Pinochet, los militares argentinos, Charles Taylor, Hissene Habré (o ¿por qué no? Luis Echeverría). Todos sometidos a la justicia ordinaria de sus países, con resultados mejores o peores. La diferencia fundamental con todos esos otros casos, que no puede pasarse por alto, es que Irak se encuentra bajo la ocupación militar de Estados Unidos y Gran Bretaña. Se puede decir que la decisión sobre la muerte de Hussein fue obra de autoridades iraquíes, jueces iraquíes, legislación iraquí, pero es un artificio transparente que no engaña a nadie (salvo que quiera dejarse engañar: alguno de los entusiastas en el buzón del New York Times que se felicita porque Hussein haya sido “juzgado y ejecutado por su propio pueblo, y no por nosotros”). Tan burdo como es, el argumento tiene su importancia porque podría servir –si hubiera quien se lo creyese—como justificación retrospectiva de la invasión, para que se olvide el fraude de las armas de destrucción masiva; es peligroso también porque pone en evidencia el doble estándar con que el gobierno estadounidense juzga a las tiranías, porque ni por asomo se le ocurriría apoyar al pueblo paquistaní si quisiera deshacerse del servicial general Musharraf, por ejemplo, o al pueblo de Sudán si decidiera enjuiciar al gobierno de Omar el-Bechir.

No puede equipararse tampoco al de otros criminales de guerra juzgados por la comunidad internacional, como Slobodan Milosevic. El caso lo ameritaba como pocos porque los desafueros del anterior gobierno de Irak afectaron directa, criminalmente a la población de varios de sus vecinos, empezando por Irán y Kuwait. Estados Unidos no podía permitirlo porque no reconoce la jurisdicción de ninguna de esas instituciones. Tampoco son la panacea –más nos vale, como signatarios del tratado que ha constituido al Tribunal Penal Internacional, tenerlo claro—porque básicamente sirven para enjuiciar a dictadores de países periféricos que han dejado de ser útiles para los países centrales (no veremos en La Haya, no por ahora, a los gobernantes de Pakistán, China, Arabia Saudita, Sudán o Uganda, ni veremos allí nunca a un político de Estados Unidos).

Como alternativa queda el modelo de los juicios de Nüremberg, el único precedente –junto con los juicios de Tokio—en que la potencia vencedora en una guerra se arrogó el derecho de juzgar a los dirigentes del estado vencido. Mal podría el gobierno norteamericano desligarse de ellos, después de haber sido su principal promotor hace apenas cincuenta años. De nuevo, el caso es distinto porque en esta ocasión son los gobernantes del país agredido los que han sido son sometidos a juicio y condenados en un tribunal creado por los vencedores, es decir, la responsabilidad moral y jurídica del gobierno de los Estados Unidos es mucho más grave. En aquel caso, en los juicios de Tokio, hubo un voto disidente que vale la pena recordar, el del juez indio Radhabinod Pal que falló a favor de los acusados con un argumento sustantivo –que los responsables del ejército japonés ni dirigieron ni ordenaron, ni siquiera tuvieron noticia de las atrocidades de sus tropas en territorio ocupado—y otro de más calado: que no podía darse una sentencia justa mientras no se sometieran al tribunal todas las partes implicadas en el conflicto; en particular eso significaba juzgar a las autoridades estadounidenses por los ataques con bombas incendiarias contra Tokio, cuyo único objetivo era la población civil, y por las bombas de Hiroshima y Nagasaki, que deliberadamente se lanzaron contra blancos sin ningún interés militar, que no habían sido atacadas antes, para probar el poder destructivo de la nueva arma.

En aquel entonces nadie hizo caso del voto disidente del juez Pal. Nadie ha hablado de ello después porque el precedente es ominoso. Sin necesidad de tribunales especiales ni nueva legislación, sólo a partir de los principios de Nüremberg, explícitamente suscritos por el gobierno estadounidense, habría buenos motivos para juzgar a varios presidentes y secretarios de estado y defensa de los Estados Unidos. Lo ha explicado bien Christopher Hitchens en su libro contra Henry Kissinger: hay una responsabilidad penal exigible por la prolongación de la guerra de Vietnam (con su extensión gratuita en Laos y Camboya), por las masacres de Bangladesh, Timor y Chipre, por el golpe de estado en Chile en 1973 y los crímenes posteriores de la dictadura. Y mucho más. Por eso no se invoca el precedente –que sería utilísimo—para que nadie vaya a tomárselo en serio.

Ni siquiera puede buscarse para el proceso el amparo de la Convención de Ginebra porque eso obligaría a reconocer que Hussein era un prisionero de guerra. Sería mucho peor, porque la manera de combatir del ejército estadounidense está en contradicción con lo que establece el derecho de la guerra desde hace siglos. Su estrategia tiene como primer objetivo minimizar las bajas militares propias aun a costa de sacrificar miles y cientos de miles de no combatientes del país enemigo; el saldo en Irak hoy, como el de Vietnam, es elocuente: tres mil militares estadounidenses muertos contra más de seiscientos mil civiles iraquíes –una proporción de doscientos a uno, que no es producto de la casualidad.

Los detalles de la “pequeña historia” también importan: la prisa por ejecutar a Hussein muy probablemente tenía que ver con el hecho de que el nuevo congreso de Estados Unidos, con mayoría demócrata, comenzaría a sesionar en enero; también con el hecho de que Hussein estaba citado para una nueva vista judicial, para juzgar la represión en el Kurdistán, el próximo ocho de enero: y en ese juicio tendrían que salir a la luz los múltiples vínculos entre el tirano y los gobiernos estadounidenses y hubiera sido –digámoslo así—por lo menos embarazoso. También tiene que ver con la necesidad de dar una nueva orientación a la campaña de Irak, que tendrá que hacerse pública en los próximos días. Por si acaso, había que evitar riesgos, completar la venganza en la persona de Hussein y pasar página.

Hace algunos años, cuando George W. Bush hacía su primera campaña, se trazaron las líneas generales de su estrategia global, de lo que había de ser el Nuevo Siglo Americano. El fundamento de toda aquella especulación era la idea (absurda) de que Estados Unidos podía librar solo, por su cuenta, sin sus aliados europeos, dos y tres guerras simultáneas, en frentes distintos, y ganarlas todas ellas. Está a la vista que no: no puede ni siquiera con una (salvo que alguien quiera pensar que derrocar a un dictador del tercer mundo es una victoria). El ejército estadounidense tendrá que retirarse, en derrota, dentro de poco. Se ha querido al menos hacer pública la venganza –personal, inmediata—matando al enemigo del papá del presidente: toman nota sin duda los tiranos y los gobernantes democráticos y los aliados de Estados Unidos. Todos salvo nuestro gobierno, por lo visto, que prefiere mirar hacia otro lado, y que no quiere permitirse ni siquiera una condena protocolaria de la pena de muerte.

La Crónica de hoy, 3 de enero de 2007