Retrato de grupo con credencial de elector

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  • 1. Hace veinticinco años escribí Ciudadanos imaginarios. El motivo fundamental del libro, y de ahí el título, era el contraste entre las representaciones culturales y las prácticas políticas. En particular, por supuesto, las representaciones de la ciudadanía, que era una de las claves del lenguaje político del siglo XIX. Basta con el repaso más superficial. En la prensa, en los discursos, en las proclamas de los pronunciamientos están siempre los ciudadanos, y siempre adornados con toda clase de virtudes: patriotismo, responsabilidad, abnegación, valor.

Desde luego, era una imagen desorbitada. En buena medida, una idea literaria, que correspondía al lenguaje del republicanismo de los clásicos griegos y latinos, que se había puesto de moda nuevamente con la Revolución Francesa, y con las guerras de independencia de América. Como es lógico, esa idea chocaba con las prácticas políticas de la sociedad mexicana que por contraste parecían inevitablemente corruptas, inmorales, si no es que salvajes. Por eso era tan frecuente que políticos, periodistas, escritores, se quejasen de la inmoralidad de los mexicanos. Hay que decir que la misma imagen, igualmente desorbitada, aparecía en el lenguaje político de casi cualquier sociedad occidental del siglo XIX, y era igual de fantasiosa en Francia, en España o en Estados Unidos.

El problema no era sólo la rutina de las prácticas clientelistas, corporativas, comunitarias, sino los constantes cambios de gobierno, los golpes de estado, los pronunciamientos, todo lo que hizo que esos años, hasta bien pasado el medio siglo, se llamasen en los libros de texto los años de la anarquía. La verdad es que no había anarquía ninguna. La violencia mexicana de ese tiempo no era nada comparada con la de Argentina, por ejemplo. Pero sobre todo, si se mira bien, lo que llama la atención en el periodo es precisamente el orden –de eso se trataba mi libro.

Hay algunos hechos notables que suelen pasarse por alto, como la regularidad con que se convocaban las elecciones, o que, con todos los cambios de gobierno, el congreso sólo fuese disuelto una vez en ese medio siglo. Pero sobre todo el orden se deja ver en esas prácticas tan poco cívicas, y que tanto amargaban a la clase letrada. Los campesinos, los hacendados, clérigos, soldados, no se comportaban como ciudadanos romanos, como los ciudadanos romanos que imaginaba Tito Livio, pero seguían pautas normativas bastante claras, había sistemas normativos para cada grupo, había reglas también para ordenar las relaciones entre los diferentes grupos sociales. Y algo más. Ese orden no era la guerra de todos contra todos, pero tampoco el imperio de la inercia. En todo momento hay una intensa participación política: particularista, de intereses muy locales, pero que tomaba en cuenta el escenario nacional.

Siempre me llamó la atención un pronunciamiento de los ópatas de 1828. Exigían la recuperación de sus tierras. Pero lo interesante es el lenguaje en que lo pedían. Porque se llamaban a sí mismos “la nación ópata”, y decían que para ellos “no había habido independencia”, porque la tierra la seguían teniendo los mismos de antes. Es claro que han asimilado el lenguaje político letrado, y que saben emplearlo. Es un ejemplo entre muchos.

En resumen, los ciudadanos que invocaban a cada paso los escritores, los políticos, eran imaginarios: no había cincinatos ni brutos. Ahora bien, la fijación con ese ideal de la ciudadanía impedía ver el ejercicio concreto de la ciudadanía. Impedía ver que tras el aparente desorden había una sociedad activa, exigente, que protestaba, denunciaba, que exigía lo que consideraba sus derechos. Y como es natural, buena parte de aquellos prejuicios, de los ideales y fantasías de entonces, pasaron a la historiografía, porque muchas de aquellas ideas han seguido vivas, retóricamente, hasta la fecha, con el resultado de que no se han podido ver como ciudadanos, ni siquiera como propiamente políticos los modos de participación del siglo XIX.

Pero hay un matiz que conviene tener presente. Esos ciudadanos imaginarios, que no existían en la práctica, existían sin embargo en los discursos, en la prensa, existían sin duda en la cabeza de la clase política y de buena parte de la sociedad también. Quiero decir: pensaban que eran posibles esas virtudes, que eran deseables, pensaban de hecho que existían en el mundo civilizado –en el que imaginaban como el mundo civilizado, se entiende. No es difícil, leyendo los documentos, encontrarse con Lorenzo de Zavala o Valentín Gómez Farías, por ejemplo, haciendo el elogio de las virtudes cívicas en la prensa mientras estaban arreglando, en su correspondencia, la elección de la semana siguiente. No era hipocresía. En todo caso, llamarlo hipocresía no es más que plantear en otros términos el mismo problema. Porque el hecho es que ese ideal, la ciudadanía imaginaria, espejo de virtudes, cumplía con una función en el espacio público, servía para justificar las instituciones, para denunciar prácticas, para articular ideas y proponer leyes.

La ciudadanía era un ideal que servía para ordenar el lenguaje político.

 

  • 2. En aquel momento, en los primeros años noventa, el interés del tema no era sólo histórico (aunque hubiese alguna novedad en el esquema de interpretación). Eran los años de lo que se dio en llamar la “transición democrática”, en los que surgió de nuevo con fuerza el lenguaje del republicanismo clásico, y con él la imagen del ciudadano como modelo de virtudes. Sin forzar mucho las cosas podría decirse que el lenguaje político tenía similitudes significativas con el de principios del siglo anterior, en especial en una idea desorbitada, literaria, de la ciudadanía, que era la clave de bóveda de la retórica. Y obviamente era una idea que no se correspondía con las prácticas políticas habituales de la sociedad mexicana. En general, en esos años, se optó por negar la realidad.

En los setenta, con los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo, comenzó la larga crisis del régimen revolucionario. En diferentes planos, con diferente ritmo, fue una transición productiva, fiscal, administrativa, una transición política, que terminó provocando una gravísima crisis de legitimidad. El lenguaje del nacionalismo revolucionario, cuyos motivos básicos eran el Pueblo, la Nación, la Revolución, terminó de desacreditarse por los excesos retóricos, la rigidez de los rituales. En su lugar se impuso poco a poco el modelo cultural del neoliberalismo, es decir, el lenguaje de los individuos, los intereses, la racionalidad, la eficiencia.

En un primer momento, sin embargo, el impulso democrático encontró su idioma en el republicanismo clásico: ciudadanía, civismo, interés público, cuya sonoridad dio una aureola épica al momento.

Es importante anotar que la democratización no se presentaba como un programa político, en todo caso no como programa de partido, sino como una exigencia de la ciudadanía. El vehículo privilegiado para expresar esa exigencia no eran los partidos, sino la Sociedad Civil. Esa opción conceptual, ideológica, tiene importancia porque condiciona mucho de lo que viene después.

La expresión, Sociedad Civil, se había empezado a usar con frecuencia en todas partes, sobre todo como resultado de la crisis cultural de la izquierda. A falta de un sujeto revolucionario, como hubiera sido el proletariado, en la nueva sociedad industrial, la izquierda encontró en la Sociedad Civil un nuevo sujeto histórico que se organizaba fuera de los partidos, en lo que se llamaron los Nuevos Movimientos Sociales. Era también el sujeto insurgente en los países del socialismo real. En México en los primeros años ochenta tenía sobre todo un uso académico, en referencia explícita a la obra de Gramsci, pero se puso en boga sobre todo como consecuencia del terremoto de 1985.

Aclaremos, por si acaso, que la Sociedad Civil es una comunidad imaginaria exactamente igual que lo son la Nación o el Proletariado. Tiene una existencia real, objetiva, indudable, para quienes la invocan, pero es una elaboración imaginaria, lo mismo que sus atributos.

En las semanas y meses posteriores al terremoto de 1985, para contar la historia se hizo necesario poner nombre a un nuevo sujeto, como figura heroica de esos días. Se dijo que el Estado no había sabido reaccionar, y que ante la inacción de las autoridades, la gente se había hecho cargo del rescate. Es un relato inexacto, pero resultaba atractivo. La nación era imposible, el Pueblo era un término demasiado cargado moralmente, culturalmente, sobre todo porque había que incluir a lo que llamamos clase media. Pero decir sencillamente la gente sonaba a poco. Así fue que vino a quedar como Sociedad Civil. No era el Estado, no eran los partidos políticos tampoco. El concepto remitía a un campo semántico amplio y ambiguo, de límites imprecisos, que sobre todo podía aureolarse de la neutralidad de lo que no es político. No político, no partidista, y por lo tanto de miras generales, puramente éticas. La asociación es inconsistente, pero eficaz.

En el uso que vino a ser habitual, la Sociedad Civil era por definición digna de confianza: virtuosa, no partidista. Las organizaciones de la Sociedad Civil eran las que recogían las causas de interés general (a diferencia de otras organizaciones, los sindicatos por ejemplo). Eso tuvo como consecuencia que el auge de la Sociedad Civil tuviese como contraparte inevitable el descrédito de los partidos, y el descrédito de la política en general.

En ese contexto adquirió las connotaciones que tiene para nosotros la palabra “ciudadano”, y que tienen consecuencias que no son triviales. Algunas aclaraciones, para lo que sigue. Primera: la idea de la ciudadanía, lo ciudadano, la Sociedad Civil, forman parte del lenguaje de la transición democrática, se emplean sobre todo cuando se trata de la participación, y por esa vía se asocian a los motivos típicos del republicanismo clásico. Pero también forman parte del movimiento antiestatal y antipolítico, individualista, de la tradición neoliberal. Simplificando mucho, eso quiere decir por el anverso el ciudadano es quien se sacrifica por el bien público, y por el reverso es quien exige servicios de buena calidad porque paga sus impuestos.

Algo más. La palabra ciudadano, como sustantivo, remite en primer lugar a una definición legal, y en ese sentido es una categoría formal, objetiva, y en principio moralmente neutra: son ciudadanos quienes cumplen con los requisitos, y no importa si son buenas o malas personas, egoístas, cobardes o lo que sea. Pero es mucho más frecuente que se emplee como adjetivo, como en participación ciudadana, consejo ciudadano y similares. Y en ese uso está la carga ideológica, cultural, de la palabra. Ciudadano, como adjetivo, implica una serie de virtudes, que no podemos suponer que sean las de todos los que califican como ciudadanos. Así sucede, por ejemplo, que haya formas de participación política de ciudadanos mexicanos que no cuentan como participación ciudadana. Ciudadano como adjetivo supone una valoración, califica –y eso dio una coloración moral muy característica a la conversación pública.

Entre las virtudes ciudadanas, según la imagen que se hizo en México en el fin de siglo, tiene especial importancia la imparcialidad. Si algo se califica de ciudadano se quiere decir sobre todo que no obedece a ningún partido político, que no es partidista. Pero también se quiere decir que no pertenece al Estado. Es decir, corresponde a una esfera superior, desligada de cualquier forma de política.

No es obvio lo que eso significa. En la tradición republicana hay una arraigada desconfianza hacia las facciones, que se corresponde con la idea de que haya un interés público objetivo, único. El problema, por supuesto, estriba en que semejante idea es incompatible con una definición moderna de la democracia, y con más razón en el México de esos años, cuando una de las exigencias más importantes, eje de todo lo demás, era la de elecciones limpias, entre partidos competitivos, capaces de gobernar, con la posibilidad real de la alternancia en el poder.

 

  • 3. Esa particular idea de la ciudadanía carga con un lastre particular a la transición democrática: la desconfianza hacia los partidos, como facciones, grupos interesados, que con facilidad se traduce en desconfianza hacia las instituciones representativas, dominadas por los partidos, y deriva finalmente en desconfianza hacia la política en general. Esa ambigüedad es fundamental para la cultura política del fin de siglo.

Desde los inicios de la transición en los años ochenta hay muestras muy evidentes de ese sesgo antipolítico. En particular, en la creación de mecanismos de participación o de control como alternativas a la representación parlamentaria. Es lo que genéricamente se viene a llamar “ciudadanización”, que consiste en la integración de órganos “ciudadanos”, como el consejo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, más adelante el Consejo General del IFE, el del INAI y otros, que se hacen cargo de vigilar al poder ejecutivo, con una autoridad distinta de la de los otros poderes –una autoridad que proviene de su calidad moral.

En su origen, está claro que la idea de crear esos organismos autónomos, ciudadanos, fue una consecuencia de la abrumadora mayoría del PRI en las cámaras, que hacía que no fuesen creíbles como mecanismos de control. Para acreditar su talante democrático, su voluntad de diálogo, su transparencia, el gobierno tenía que crear otras instituciones porque el congreso no servía para eso. Por otra parte, para la oposición, para quienes promovían el cambio de régimen, la vía parlamentaria parecía imposible por su lentitud.

Ciudadano es adjetivo. Lo que en primer lugar acreditaba a cualquiera de los miembros de esos órganos ciudadanos era que no militase, y normalmente que no hubiese militado nunca en un partido político, y desde luego que no fuese funcionario público, e idealmente que nunca hubiese sido funcionario público. En la práctica eso significaba que la participación política, en la política institucional, era un estigma. Aparte de eso, importaba que fuesen personalidades más o menos conocidas, para que su reputación añadiese credibilidad a las instituciones. Todo lo anterior tuvo como consecuencia que los órganos ciudadanos, sobre todo los de los primeros diez o quince años, se integrasen a partir de una pequeña elite, un pequeño conjunto de notables, en general periodistas, académicos, líderes de organizaciones civiles, algunos abogados, un conjunto de notables que son una especie de sinécdoque de la Sociedad Civil.

En su uso habitual, como sustantivo, la palabra conserva resonancias del ideal moral que hay en el adjetivo. Es claro que la ciudadanía es una condición formal, que no necesita, de hecho no admite otras calificaciones aparte de lo que establece la ley. Pero el sentido común dice que la condición ciudadana supone también un modo de conducta. No sé si parezca una minucia, no lo es. Es obvio en el lenguaje ordinario. Se puede decir: el ciudadano depositó su voto, el ciudadano manifestó su desacuerdo, pero no se puede decir: el ciudadano asaltó una tienda, el ciudadano lanzó un cóctel molotov, el ciudadano apaleó a la policía. Bien, se puede decir, pero con intención irónica. El ciudadano participa, pero no de cualquier modo: participa en las elecciones, obedece la ley, es tolerante, respetuoso del derecho de los demás. En cambio, las expresiones más tradicionales de la política popular: particularista, clientelista, en las lindes de la legalidad, no cuentan como prácticas ciudadanas. Eso significa que hay un enorme campo de acción política, de ejercicio de los derechos ciudadanos, que no se ve o no se reconoce como político. Algo similar a lo que sucedía en el siglo XIX.

En más de un sentido, estas páginas son una continuación de Ciudadanos imaginarios. El motivo central es otra vez la representación cultural de la ciudadanía. Sólo que en este caso me interesa sobre todo la elaboración imaginaria, y no las prácticas. Por otra parte, analizar las fantasías de nuestra transición democrática es un modo de arrojar luz sobre el contexto en que se escribió aquello.