A vueltas con la iglesia

Etiquetas: , , ,

Es probable que haya una lógica en las inconsistencias del presidente, en el ir y venir de declaraciones contradictorias. No se entiende bien, pero debe ser parte de una estrategia de publicidad para ofrecer una imagen más humana, flexible, dubitativa, o más remota e inescrutable; corresponde a la idea que alguien se hace del cálculo político o de lo que es un estilo de conducta presidencial. No es casualidad ni pura tontería, no son arrebatos personales de Vicente Fox. Sirve de ejemplo el modelo que ha adoptado para el informe de gobierno: después de pasarse dos o tres semanas denostando a la oposición y al congreso, como responsables de todo lo que no se ha hecho en el país, se presenta para pedir colaboración, armonía, acuerdos. Tampoco propone nada concreto, se limita a encarecer un conjunto de reformas que ni siquiera llegan a discutirse nunca. Ha repetido el mismo esquema desde hace tres años: debe ser que funciona, para lo que sea que se haya diseñado. A continuación se anuncia algún disparate, se hace lo posible por enturbiar las aguas de nuevo.

Abrió el juego esta vez la Secretaría de Gobernación, sólo dos días después del informe, con la idea de una reforma constitucional en materia religiosa. La explicación (es un decir) fue del subsecretario López Buitrón. Es difícil resumir sus declaraciones porque son un auténtico galimatías, de haber memorizado mal un argumento sin acabar de entenderlo. Literalmente dijo cosas así: “Que no sea un mito o un problema el enfrentar o discutir ciertos temas que hasta cierto momento histórico han venido siendo mitos…” Leyendo con ganas de entender se saca en limpio algo que aproximadamente significa que hace falta reformar la constitución para aumentar la presencia pública de las iglesias.

Habló de diálogo, de reconciliación y madurez, de la necesidad de evolucionar para que no haya sólo libertad de cultos, sino una “libertad religiosa integral”; dijo que hacía falta acabar con los “mitos de la historia oficial” y abandonar el “laicismo de siglos anteriores” que es –algo así dijo- “una tendencia exacerbada que tiende a proscribir o socavar cuestiones de libertad de asociaciones religiosas.” Dijo que para eso “se ha intensificado el diálogo” con las iglesias y que “todavía hay tiempo” para presentar una iniciativa y sumar la energía de los líderes religiosos en beneficio de la sociedad, “tan necesitada de valores morales”. En su intención, en su tono, hasta en sus términos la declaración es no una paráfrasis, sino una parodia de los textos que publica cada tanto la iglesia católica para justificar sus exigencias; puesto en blanco y negro, ese batiburrillo significa imponer la doctrina católica en la educación pública, otorgar a la iglesia concesiones de radio y televisión, permitir que los sacerdotes sean candidatos para cargos de elección popular.

Llama la atención, lo primero, que el gobierno se aventure a proponer eso como si fuese de la mayor urgencia. Porque no hay conflictos religiosos ni la constitución estorba para nada, no es un tema importante para los partidos, no figura en las campañas ni la gente protesta contra el carácter laico del Estado. No hay ninguna necesidad de reformar la ley ni nadie lo está pidiendo, salvo los obispos católicos. Según lo que puede conjeturarse, además, la iniciativa no promete tampoco una avalancha de votos para el año que viene. Por otra parte llama la atención que se piense en una reforma constitucional sin haber hablado con los dirigentes de los partidos, con las fracciones parlamentarias. En términos prácticos, el “intenso diálogo” con las iglesias no sirve de nada; si acaso, será contraproducente. En resumen: es muy improbable que llegue siquiera a presentarse un proyecto de reforma. Pero el tema es grave, aunque se use sólo como distracción. Es grave también la frivolidad con que lo aborda la Secretaria de Gobernación.

El propósito es de una vaguedad absoluta. Se dice con un pomposo tecnicismo: “libertad religiosa integral”. Es una idea que ha puesto en circulación el Vaticano en los últimos tiempos y que significa pasar por alto las libertades individuales, la libertad de conciencia en particular, y dar prioridad, en cambio, a un conjunto de privilegios corporativos: cotos, subsidios, franquicias para las organizaciones eclesiásticas. Para no decir que se trata de acabar con el Estado laico, que es de lo que se trata, se denuncia esa majadería que es “el laicismo” como “tendencia exacerbada”, que afecta no a los ciudadanos sino al aparato eclesiástico. Pongamos las cosas en su sitio, que no es tan difícil. Todo se reduce a lo siguiente: la religión es un asunto público o privado, la iglesia tiene una función pública, un lugar en las instituciones y los espacios públicos, o no lo tiene. Eso es todo. Estado laico o Estado con algún aditamento clerical.

Nuestra legislación tiene una historia, sin duda. Se explica en su origen por esa historia. Pero no se mantiene por eso, no por un afán de venganza, como supone el subsecretario López Buitrón, sino por razones muy prácticas y perfectamente actuales. Se pueden repasar algunas en breve, pensando en la ley que imaginan la Conferencia del Episcopado y la Secretaría de Gobernación.

Es imposible dar cabida a la religión en el sistema de enseñanza pública porque contradice el principio básico de la educación laica, que es la formación de individuos autónomos; la religión –cualquier religión- predica la heteronomía, supone que el orden moral ha sido dictado por dios. En eso no puede haber medias tintas. Los ciudadanos son libres de educar a sus hijos según sus creencias, el Estado tiene la obligación de ofrecer un espacio de libertad, donde los niños aprendan a ejercer su propio juicio. Eso descontando la necesidad absoluta de respetar las creencias de las minorías y descontando el hecho de que la doctrina católica es en muchos aspectos contraria al orden jurídico mexicano. Yo estudié en escuelas católicas, hablo también por experiencia.

Más difícil todavía sería admitir candidaturas de sacerdotes para cargos de elección popular. La restricción está no sólo para evitar la influencia clerical en la política, sino para impedir la politización de la religión: es bueno lo uno y lo otro. En el caso de los clérigos católicos hay motivos adicionales. De acuerdo con sus votos, están obligados a obedecer ante todo y en primer lugar a los dictados del Estado Vaticano, incluyendo catecismo, encíclicas y pastorales. No veo cómo se pueda hacer compatible con lo que se exige de un candidato de cualquier partido político, que es para empezar el compromiso inequívoco de cumplir con las leyes. Se dice bien en el evangelio, no es posible servir a dos señores.

El tema de los medios de comunicación es igual de simple. La doctrina católica obliga al clero a oponerse sistemáticamente a las políticas de población, a muchas de las políticas y campañas de salud e incluso al derecho civil mexicano. Jugar con eso sería de una irresponsabilidad criminal. Hay también razones más pequeñas y concretas, de prudencia. En España existe una cadena de emisoras de radio de la conferencia episcopal: el clima en sus programas de opinión o de análisis político es casi golpista, inexplicable en un sistema democrático; no es difícil de imaginar lo que sería su equivalente en México, como mecanismo de difusión para los señores Onésimo Cepeda, Juan Sandoval o Norberto Rivera.

Se puede decir con la misma claridad con que lo dicen los textos del Vaticano: la iglesia católica es enemiga inconciliable del orden moderno, por definición. Está en la encíclica Quanta cura de Pío IX, lo mismo que en las de Wojtyla o en los textos de Joseph Ratzinger. Nuestra legislación, mientras aspiremos a mantener mínimos de civilidad, está bien como está. Le permite al presidente Fox, además, y no es poca cosa, sentirse revolucionario, un poco mártir y casi heroico, cada vez que dice en público: “Que dios los bendiga”.

Acaso no sea lo más importante, pero lo que más me llamó la atención en las declaraciones del subsecretario López Buitrón fue la idea de que la sociedad mexicana está “necesitada de valores morales”, como puede estar necesitada de empleos o de un sistema serio de seguridad social, y que eso pueden remediarlo las iglesias. Es decir: en su clericalismo no hay ni siquiera una densa ignorancia, de siglos, sino la inercia de los prejuicios más superficiales del siglo diecinueve. En esas estamos.

 

La Crónica de hoy, 7 de septiembre de 2005