Alba del caos

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Se ha dicho ya todo lo que podía decirse sobre el linchamiento de la semana pasada, en Tláhuac. Digamos algo más. Hay responsabilidad de los encargados de la seguridad pública, sin duda: conviene no exagerarla. No se puede entender la magnitud del problema si lo dejamos reducido a la ineptitud y la falta de coordinación de las policías.

El caso no es único ni mucho menos. Lo único extraordinario es que estuviese allí la televisión. Hay que sumarlo a otros muchos linchamientos, hay docenas en los años recientes, también a las cotidianas batallas de ambulantes, a los ajustes de cuentas entre colonos, invasores, campesinos, también a los motines y pedreas con que se enfrentan las fuerzas de seguridad cada tercer día. La lógica del linchamiento es muy singular, no se puede asimilar sin más a otras formas de violencia, pero hay rasgos comunes a todas ellas y sólo el panorama de conjunto nos permite hacernos una idea de lo que sucede.

Empecemos por lo obvio: el asesinato tumultuario no está en las costumbres de nadie, no es parte de la tradición, no es un residuo de otro tiempo. Se produce en muchedumbres integradas al orden urbano, como la de Tláhuac. Es algo repentino pero en estricto sentido no es una reacción espontánea, un arranque de ira o de locura colectiva, no cualquier multitud se amotina en cualquier momento y decide de buenas a primeras asesinar a alguien: hay quienes arengan y dirigen el movimiento, hay los que llevan la gasolina, las cuerdas, lo que sea, pero hay también redes de comunicación, hay vínculos de confianza y solidaridad que se movilizan con algo tan simple como una campana: un linchamiento es cosa que se hace entre conocidos, a partir de los mecanismos más elementales de organización social. Lo importante es que esos sistemas primarios se movilicen fuera de la ley, en contra de la ley, sin buscar ni el apoyo ni la intervención de la autoridad pública ni otra forma de mediación política.

Esa violencia masiva e irracional, esa ferocidad es producto del miedo. Ya se sabe. Es consecuencia de una sensación básica de inseguridad que sólo en parte se refiere a la delincuencia: es la inseguridad económica, laboral, la falta de un futuro más o menos previsible. La ansiedad se traduce en representaciones simbólicas muy simples, de enorme carga emotiva, que sirven para darle un rostro reconocible a la amenaza: prejuicios, acusaciones delirantes que van de boca en boca en esos espacios reducidos de comunicación local y se convierten en verdades indudables. En el caso de Tláhuac ha sido la viejísima fantasía de una organización dedicada a secuestrar niños para traficar con sus órganos; es una historia que se ha contado desde la colonia, una variación moderna de las grotescas invenciones del antisemitismo medieval. Los vecinos de San Juan Ixtayopan repiten el cuento todavía, muy satisfechos de haber protegido a sus hijos.

Ahora bien: tanto el miedo como la violencia, bajo esa forma, son también indicio de una absoluta desconfianza hacia las autoridades y hacia la policía en particular. Tampoco es algo nuevo. No había más razones para confiar en la policía de hace diez o veinte años. La novedad está en el retraimiento del Estado y en la desarticulación de los mecanismos básicos, formales e informales, del orden posrevolucionario, los vínculos entre las autoridades y las formas mínimas, primarias de organización local; al estallar el motín no hay una vía de comunicación automática porque no la hay tampoco en el orden cotidiano. Cuando se habla de un vacío de Estado o de ausencia de autoridad, se trata de eso.

Las otras formas de violencia a las que ya nos hemos acostumbrado permiten ver mejor la dirección en la que nos encaminamos. En Tláhuac el motín sirvió, por lo visto, para proteger a los traficantes a los que investigaban los policías asesinados. Casi cualquiera puede aprovechar los sistemas primarios de movilización cuando se quiebra el orden político: cualquiera que ofrezca seguridad o que sepa manejar los recursos de identidad local, miedos, fantasías y resentimientos. Los partidos, preocupados sólo por pescar votos, no tienen más remedio que negociar en desventaja con los nuevos líderes, como lo hacía hace unos días en San Juan Ixtayopan el diputado Ensástiga, del PRD. Lo grave es que esas clientelas libres, desamparadas y que se piensan ajenas al Estado, son utilizadas como forma de protección para el contrabando, el narcotráfico, y no falta apenas nada para que alguien confiera un significado político a su irritación; lo que sigue, cuando eso suceda, es esa caótica efusión de violencia dispersa, desorientada, que en nuestra historia se llama revolución.

Es parte del contexto la retórica justiciera de López Obrador, la enloquecedora reiteración de que el pueblo manda, el pueblo decide, contra las instituciones, contra los jueces, contra la ley, por encima de los partidos y del congreso, el pueblo manda. No es insignificante: fuera del arreglo institucional, el pueblo sólo existe en los motines. Lo sabe él mejor que nadie. Pero también ha puesto lo suyo el presidente Fox, que nos presenta a los diputados como una pandilla de delincuentes, en una “rebatinga nocturna”, repartiéndose el presupuesto. Es difícil pedir así que nadie respete las instituciones. Un detalle revelador: ni el presidente ni el jefe de gobierno se presentaron en el velorio de los dos policías asesinados en Tláhuac; era un gesto importante, necesario, no por motivos de humanidad sino de responsabilidad política, era una obligación cívica, la más clara e indudable que ha habido en los últimos años. Faltaron los dos. Corrigió en parte el presidente, dos días después: acudió al hospital a visitar al único superviviente, recibió en Los Pinos a algunos familiares. López prefiere no tomar partido: lamenta los hechos, sin duda, pero hay el riesgo de que la defensa del Estado sea más impopular que la defensa del pueblo.

 

La Crónica de hoy, 1 de diciembre de 2004