Autorretrato de Hugo Chávez

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En la reforma constitucional de Hugo Chávez, que se votará el próximo 2 de diciembre, hay mucho más que la posibilidad de reelección indefinida del presidente. El documento propone una nueva redacción para 70 artículos de la constitución, en un texto de 40 páginas a renglón cerrado, y la inmediata elaboración de 15 leyes, para ajustar al nuevo marco todo el orden institucional venezolano, desde la administración de justicia hasta la educación y el sistema fiscal. En realidad, por la naturaleza de los cambios, es una nueva constitución, con otra división de poderes y otro orden territorial.

La estructura básica es la de una democracia plebiscitaria, donde quedan neutralizadas todas las instituciones intermedias. Es también el plan de campaña de un régimen a la defensiva, que se prepara para enfrentar tiempos adversos: para las decisiones importantes se pide sólo la mayoría del congreso y ya no una mayoría calificada, se hace prácticamente imposible la revocación de mandato, se otorgan facultades al presidente para suprimir o subordinar a los gobiernos locales, y sobre todo se crea la figura del Poder Popular como recurso para socavar a las instituciones representativas. En lo que sigue recurro sobre todo a citas textuales porque dan una idea mucho más clara de lo que es el documento.

Lo primero que llama la atención es el lenguaje, a medias el de una arenga política y el de un improvisado ensayo sociológico. El capítulo segundo del título primero, por ejemplo, se denomina: “De la geometría del poder”; en el artículo 11 se estipula la soberanía plena sobre “áreas marinas interiores, históricas y vitales y las comprendidas dentro de las líneas de base rectas que ha adoptado o adopte la República”; es más fácil entender el artículo 100, aunque no resulta menos extraño: “Las culturas populares de los pueblos indígenas, de los eurodescendientes y de los afrodescendientes, constitutivas de la venezolanidad, gozan de atención especial, reconociéndose y respetándose la interculturalidad bajo el principio de igualdad de las culturas”. El desarrollo, según el artículo 299, debe obedecer a una “planificación estratégica, democrática, participativa, política, económica y de consulta abierta”. Hay la demagogia gramatical que permite escribir párrafos así: “son electores y electoras todos los venezolanos y venezolanas…”, o bien: “Todo patrono y patrona estará obligado u obligada a garantizar a sus trabajadores y trabajadoras…” Y también la más convencional, de la nomenclatura, que hace que Caracas sea distinguida como “Cuna de Simón Bolívar, El Libertador, y Reina del Warairarepano”.

Teóricamente, lo sustantivo es la instauración legal del socialismo bolivariano. Implica algunas medidas muy concretas, como la jornada laboral de seis horas y la creación de un Fondo de Estabilidad Social para Trabajadores y Trabajadoras por Cuenta Propia, y otras de una vaguedad casi metafísica, como el “derecho a la ciudad”, del artículo 18, que “debe entenderse como el beneficio equitativo que perciba cada uno de los habitantes, conforme al rol estratégico que la ciudad articula, tanto en el contexto urbano regional como en el Sistema Nacional de Ciudades”.

Algunas disposiciones son difíciles de poner en práctica, como la prohibición de “toda acción especulativa respecto a la renta de la tierra”, otras suenan arcaicas: “Si ello fuere necesario para garantizar la seguridad y la soberanía alimentarias, la República podrá asumir sectores de la producción agrícola, pecuaria, acuícola, indispensables a tal efecto…” Las hay que parecen contradictorias porque son contradictorias: el artículo 109, por ejemplo, garantiza la autonomía universitaria y a renglón seguido dicta un reglamento: “La ley garantizará el voto paritario de los y las estudiantes, los profesores y las profesoras, trabajadores y trabajadoras para elegir las autoridades universitarias”. Y algunas hay verdaderamente extravagantes: “Las comunas serán las células sociales del territorio y estarán conformadas por las comunidades, cada una de las cuales constituirá el núcleo territorial básico e indivisible del Estado Socialista Venezolano, donde los ciudadanos y las ciudadanas tendrán el poder para construir su propia geografía y su propia historia…”

En el nuevo orden, el presidente podrá reelegirse indefinidamente. Más importante que eso es la amplitud de las facultades que se le confieren. Algunas figuraban ya en la constitución: emitir decretos con fuerza de ley, reglamentar “total o parcialmente” las leyes, declarar el estado de excepción y, bajo determinados supuestos, disolver la Asamblea Nacional; otras son nuevas: por ejemplo, promover a los oficiales de la Fuerza Armada “en todos los grados y jerarquías”. Algo dice del lugar del ejército y su importancia para el régimen.

Lo más llamativo es el lugar que se le asigna en el nuevo sistema de ordenación del territorio. El presidente tiene facultades para “crear o suprimir las provincias federales, territorios federales, ciudades federales, distritos funcionales, municipios federales, regiones marítimas, distritos insulares y regiones estratégicas de defensa” y “designar y remover sus autoridades”; son diferentes formas de organización del territorio, de definición bastante confusa: los distritos funcionales, por ejemplo, “se crearán conforme a las características históricas, socioeconómicas y culturales del espacio geográfico correspondiente”, las provincias federales “se conformarán como unidades de agregación y coordinación de políticas territoriales, sociales y económicas a escala regional”, y así sucesivamente. Pueden integrar municipios y estados, pero su gestión corresponde directamente al gobierno nacional: un recurso que puede ser muy útil para neutralizar a los poderes locales.

La mayor innovación institucional es la creación del Poder Popular. Vale la pena verlo con algún detalle. Según el artículo 136, “el pueblo es el depositario de la soberanía y la ejerce directamente a través del Poder Popular. Éste no nace del sufragio ni de elección alguna, sino de la condición de los grupos humanos organizados como base de la población”. Tiene un referente territorial, pero también corporativo: “El Poder Popular se expresa constituyendo las comunidades, las comunas y el autogobierno de las ciudades, a través de los consejos comunales, consejos de trabajadores y trabajadoras, consejos estudiantiles, consejos campesinos, consejos artesanales, consejos de pescadores y pescadoras, consejos deportivos, consejos de la juventud, consejos de adultos y adultas mayores, consejos de mujeres, consejos de personas con discapacidad y otros entes que señale la ley”. Es importante la enumeración, porque dice que el Poder Popular puede ser prácticamente cualquier cosa; lo único que está claro es que no tiene nada que ver con el sistema representativo.

Ahora bien: esos órganos del Poder Popular pueden crear “formas de agregación comunitaria político-territorial” para el “autogobierno”; los Municipios están obligados a incorporarlos en su gestión y los ciudadanos están obligados a registrarse en ellos (“Toda persona tendrá derecho a la protección de su hogar o el de su familia declarándolo como vivienda principal ante los órganos del Poder Popular”). Más todavía: los estados y municipios tienen que transferir a los entes del Poder Popular “servicios en materia de vivienda, deporte, cultura, programas sociales, ambiente, mantenimiento de áreas industriales, mantenimiento y conservación de áreas urbanas, prevención y protección vecinal, construcción de obras y prestación de servicios públicos”. Es difícil imaginar un organismo con más facultades, y es difícil saber qué significa el poder municipal en esas condiciones; de hecho, en el artículo 16 se prevé que sea sustituido tarde o temprano por el Poder Popular: “La Ciudad Comunal se constituye cuando en la totalidad de su perímetro se hayan establecido las comunidades organizadas, las comunas y el autogobierno comunal, por decreto del Presidente o Presidenta de la República…”

Aparte de eso, el Poder Popular participa en los Comités de Postulaciones para la selección de magistrados del Tribunal Supremo, del Fiscal General, el Defensor del Pueblo y el Contralor General. Está pensado, claramente, como el principal apoyo del régimen, con una flexibilidad que permite hacer con él cualquier cosa.

El resto del sistema no tiene misterio. Se mantiene la figura del referéndum para revocación de mandato o para abrogación de leyes, pero se requiere que lo solicite el 30 por ciento del censo electoral. Y las decisiones importantes que requieren una votación en la Asamblea, como la remoción de los magistrados del Tribunal Supremo, se toman por mayoría simple, que siempre será más fácil de garantizar.

La nueva constitución venezolana es un autorretrato de Hugo Chávez: dice lo que piensa hacer y cómo piensa hacerlo, a la vista de todos.

 

Noviembre de 2007