Baile de máscaras. Conjeturas sobre el Estado en América Latina

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(Apareció en Nueva Sociedad , Buenos Aires: Fundación Friedrich Ebert, n.210, julio-agosto 2007)

En lo que sigue no hay una explicación limpia e indudable de nada. Algunas preguntas, algunas conjeturas. La idea que sirve como punto de partida es muy simple: el Estado no es un actor racional, ajeno y separado de la sociedad, sino que forma parte de una configuración política más o menos fluida, compleja, inestable; esa configuración ha cambiado en los últimos tiempos, sigue cambiando. Hasta ahora asimilamos los cambios como anomalías, suponemos que serán pasajeros. Podría no ser así. El problema es que no tenemos una idea ni medianamente clara de cómo será el orden futuro, y eso hace al presente especialmente confuso: falto de sentido.

 

§. Preliminar. De Andrei Biely, en Petersburgo: “No tiene tiempo para nada: las flechas de las circulares no logran penetrar en las provincias: se quiebran; sólo en algún que otro sitio queda destituido un Ivanchevski cualquiera, o algún Kozlorodov. Apolón Apolónovich de cuando en cuando dispara desde San Petersburgo una andanada de papel; – y (últimamente) — yerra el tiro.”

§. Panorama. Hace apenas veinte o treinta años parecía relativamente sencillo hablar del Estado en América Latina, porque había un consenso más o menos general sobre sus rasgos básicos. El Estado latinoamericano era una institución autoritaria, con frecuencia dictatorial, que intervenía masivamente en la economía y en el conjunto de la vida social: sobre eso no había casi dudas ni mucha discusión; hacía falta democratización, liberalización, apertura, iniciativa social. Siempre había matices, por supuesto: quienes ponían el acento en la participación y quienes lo ponían en el buen funcionamiento del mercado, por ejemplo, pero eso era ya parte de la política. La idea misma de Estado no ofrecía muchas dificultades.

Actualmente todo da la impresión de ser mucho más confuso. Para empezar, se antoja difícil tener una imagen de conjunto, porque no parecen tener mucho en común Chile y Venezuela, Ecuador y México, Argentina y Bolivia. No sólo por las diferencias de recursos, estructura productiva, lenguajes políticos, que son diferencias de siempre, sino otras que se refieren a la configuración del campo político, en extremos de definición muy básicos. Hay países en que el sistema de partidos se encuentra devastado, como Ecuador, Perú, Bolivia, y los hay en que tiene una muy razonable solidez: Chile, México; los hay que están prácticamente en trance de refundar el orden institucional, como Venezuela y Ecuador, y otros hay que sólo con muchos reparos, retrasos y precauciones adoptan reformas mayores, como México. Cuesta imaginar qué se pueda decir sobre el estado que sirva lo mismo para Chile que para Nicaragua o Venezuela. Podría decirse que son momentos distintos, salvo que no se alcanza a ver el proceso del que formarían parte.

Seguramente no era tan sencillo antes, no era tan uniforme el panorama, ni es tampoco tan heterogéneo el de hoy.

Es posible encontrar un común denominador, algunos rasgos compartidos, el problema está en que son fenómenos de difícil clasificación, que no remiten a una configuración política concreta. Ninguno de ellos es una novedad, pero es nueva la magnitud y la importancia que tienen: la magnitud de la economía informal, la venta ambulante y la organización de sistemas de producción, comercialización e incluso sistemas financieros informales, el surgimiento de una gran industria de la falsificación y la piratería, la copia de libros, música, películas o ropa, la ocupación ilegal de tierras, la ocupación de viviendas, la organización de redes de migración ilegal hacia Estados Unidos o Europa, el extenso campo de la delincuencia organizada en un espectro que va del narcotráfico al secuestro. Junto con eso, un espacio cada vez más extenso en que responsabilidades y funciones públicas se funden con la lógica del mercado, donde la rentabilidad significa interés público, y también nuevas formas de movilización difícilmente asimilables por el orden institucional: nuevas formas de protesta, a veces agresivamente antipolíticas.

En conjunto, si hubiese que dar una definición del campo, diría que son fenómenos en que se hacen borrosas las fronteras del Estado: no está claro ni lo que es ni lo que se espera que sea, no está claro lo que se pide de él ni lo que podría hacer. No son ni remotamente fenómenos revolucionarios, en el sentido clásico de la palabra. No anticipan otro orden, sino que prosperan en los márgenes, justo porque son márgenes: no sería negocio el contrabando si no hubiese fronteras, ni lo sería la recogida de basuras si no hubiese impuestos para pagarla; el comercio informal puede desarrollarse sólo porque existe el establecido, son útiles los documentos de identidad falsos porque se usan y resultan confiables los verdaderos. En mucho, son formas de supervivencia y acumulación que aprovechan las fronteras más fluidas e inestables de la globalización y el orden neoliberal, pero también son formas de organización política, nuevos recursos de identidad.

Todo ello se traduce en una nueva preocupación, casi obsesiva, por el Estado de Derecho: la aplicación de la ley, la cultura de la legalidad, es decir, la definición mínima del Estado como sistema de normas con autoridad suficiente para imponerse. Cada vez con más frecuencia se piensa que la democracia no es la solución de nada, sino parte del problema, porque los problemas son la corrupción, las nuevas clientelas, la privatización de espacios y recursos públicos, los mecanismos corporativos y los caciques que protegen los mercados informales, es decir, la interpenetración de esos fenómenos fronterizos o marginales y el sistema de representación política.

 

§. Un ejemplo. Pongamos un ejemplo más o menos obvio, donde en principio no hay ninguna duda. En México como en Colombia se ha convertido en prioridad la guerra contra el narcotráfico; no tiene nada de raro, en la medida en que representa un problema de seguridad pública gravísimo. Ahora bien, lo interesante es que se defina el problema, y la acción del Estado, como “guerra”, y llama la atención que no sea sólo el discurso oficial, sino que la expresión sea retomada prácticamente por todos los analistas, líderes políticos, periodistas. Evidentemente no es una guerra sino en sentido figurado: se trata de subrayar su importancia, explicar la cantidad de muertos, la enorme violencia del fenómeno e incluso el empleo del ejército o la colaboración con los Estados Unidos. Pero no es una guerra. Para empezar porque no puede ganarse: no hay un adversario al que se pueda derrotar y con el que quepa firmar un tratado de paz, es decir, no hay una paz imaginable al término del proceso, y por lo tanto no es imaginable el final del proceso. Sin embargo, la palabra tiene una carga simbólica que no tiene en otros usos metafóricos, como la guerra contra el hambre, la pobreza o el SIDA, porque está implicado el ejército. Hablar de guerra en este caso significa afirmar la existencia del Estado mediante el recurso retórico –jurídico, institucional, material—más enfático y más ostensible: si hay una guerra hay Estado, hay una frontera que defender, hay el enemigo del Estado, hay El Enemigo. Salvo que la frontera pasa por el interior de la sociedad, la cruza entera, en una red de complicidades más o menos activas. Ese extraño sujeto que es “el narcotráfico” está –sabido de todos—en las empresas hoteleras y equipos de fútbol, también en los cuerpos de policía y en los juzgados, está en las oficinas de ministerio público, en los partidos políticos, congresos, ayuntamientos; en las zonas en que se concentra la producción, “el narcotráfico” no sólo organiza la vida económica, sino que es la única autoridad de alguna eficacia. Declararle la guerra implica recusar todas las ambigüedades y restituir un orden en que el Estado es soberano: al menos de intención.

 

§. El sentido del presente. Si pensamos en el narcotráfico, la informalidad, la corrupción, las nuevas clientelas, salta a la vista que el orden jurídico es bastante frágil, por decir lo menos, pero la sombra se extiende a todo el sistema de representación. Cada vez más el Estado que se invoca en los discursos parece una entidad imaginaria, pero no hay nada que pueda sustituirlo ni en la práctica ni en teoría. Autoridad última, poder soberano, interés público, orden jurídico, derechos de ciudadanía, todo resulta dudoso como caracterización del Estado; desde luego, siempre se podrá definir, se hace cada vez más, a partir de hipótesis contrafácticas, suponer que existirá con pleno vigor cuando se elimine toda esa maleza –lo que equivale a decir que existe como idea al margen de la maleza—, pero se antoja una salida en falso. A veces la maleza parece ser la estructura misma del edificio.

No está claro qué significa hoy el problema del Estado ni, mucho menos, cómo podría afrontarse. Tengo la impresión de que se debe, entre otras cosas, a que hemos perdido –como dice Claudio Lomnitz—la imagen del futuro: no sabemos cómo es el porvenir, no sabemos hacia dónde tiende el presente, no podemos saber qué sentido tiene. Es posible plantearlo en términos muy simples. Hasta hace relativamente poco no había duda ninguna de que el futuro para nuestras sociedades era un orden similar al de Europa o Estados Unidos; era un futuro más o menos lejano, más o menos difícil de alcanzar, que requería unas u otras políticas, pero no había duda de que era un futuro deseable, más o menos asequible. Tampoco había otro. La historia tenía sentido, había un pasado de barbarie y un futuro de civilización, que se caracterizaba por un conjunto de instituciones, relaciones, prácticas, empezando por el Estado. Nuestro orden se definía entonces por sus carencias, como un “todavía no”, pero no presentaba otra dificultad sino el desarrollo. Hoy no resulta tan obvio que ese futuro sea asequible, no está claro que sea nuestro futuro, ni siquiera que sea una imagen del futuro.

En los mismos términos esquemáticos, me gustaría plantear una alternativa radical, en el intento de abrir el espacio para pensar el futuro: ¿por qué no África? Quiero decir: ¿por qué nuestro futuro no puede ser similar a lo que vemos hoy en Sudán, Nigeria, Camerún o Liberia? Parece imposible pensarlo, ya lo sé. Sobre todo porque nos hemos acostumbrado a ver en África una imagen del pasado, donde todo es primitivo, ancestral. En concreto, hay algunos avances que parecen imposibles de perder: industria, carreteras, servicios urbanos, una red básica de educación y salud, infraestructura de comunicaciones y obra pública. Vayamos un poco más allá de eso, sin discutir de momento si pueden perderse. Informalidad, violencia, privatización de la economía y la seguridad y las funciones básicas del Estado, sistemas de gobierno indirecto, organizaciones que son un poco guerrilla y un poco narcotráfico y un poco gobierno, sistemas democráticos convertidos en instrumentos de redistribución clientelista de base local: identidades primarias, inmediatas, redes de solidaridad y supervivencia. Eso es África y eso está en el origen de muchos de los conflictos que vemos en África. Si ése no es un futuro posible, tendríamos que ser capaces de explicar por qué no, en qué o por qué nuestras sociedades no podrían evolucionar en ese sentido.

Es una provocación. También el intento de exigir al análisis todo lo que pueda dar de sí: obligarnos a plantear las preguntas más radicales sobre el sentido del presente. Aventuro una hipótesis: si algo nos aleja de la situación de buena parte de los países africanos es el hecho de que no haya, en casi ninguno de nuestros países, unidades étnicas más o menos reconocibles, con una definición territorial. Eso es lo que contribuye a la desintegración de los espacios políticos africanos. La búsqueda de seguridad y supervivencia ante la desaparición de servicios públicos, con el recorte del gasto, la privatización de recursos, se transforma en formas de identificación primarias, de base local (favorecidas y con frecuencia inventadas por los poderes coloniales y las dictaduras de los años sesenta y setenta, sin duda). Entre nosotros, la única forma de identidad política de los últimos siglos, por precaria que sea, ha sido la ciudadanía: la pertenencia a un mismo espacio jurídico. Por eso importa saber qué significa hoy.

 

§. El pasado inmediato. El clima político del fin de siglo en América Latina estuvo dominado por un generalizado antiestatismo. Hubo una extraña, improbable coalición antiestatal por la coincidencia de tres fenómenos: las transiciones a la democracia, el auge del neoliberalismo y la apoteosis de la Sociedad Civil. Para la izquierda, donde todavía dominaban inclinaciones revolucionarias, el Estado era el enemigo de siempre: el Estado como aparato represivo, autoritario, como instrumento de clase; para la derecha empresarial, igualmente, el mayor estorbo era el Estado: como regulador, como aparato de intervención económica y politización de los mercados. Pero sobre todo, para ambas, el Estado latinoamericano encarnaba entonces en las dictaduras militares, de modo que había una coincidencia en el propósito de la democratización. A eso hay que sumar el auge de la Sociedad Civil como idea –capaz de incluir toda clase de significados—que fue entre otras cosas consecuencia de la crisis final de los sistemas soviéticos; por supuesto, la Sociedad Civil de unos era básicamente la libertad de empresa, para otros era la democracia participativa: eso no quita que fuese en principio una sola fuerza, ajena a la dictadura, partidaria de la democratización. Sindicalistas, dirigentes empresariales y eclesiásticos eran todos la Sociedad Civil, pedían lo mismo.

Las diferencias eran visibles desde entonces, aunque no se les concediera importancia porque había la tarea urgente de democratizar. Anotemos dos libros de mediados de los ochenta que se plantearon más radicalmente el problema del orden político. De un lado, El otro sendero, de Hernando de Soto: el cambio que significaba liberalización, desregulación, apertura comercial; del otro, La conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado, de Norbert Lechner: el cambio que significaba la creación de un orden en que fuese posible el reconocimiento. El programa del neoliberalismo más transparente, que no querría del Estado más que las funciones represivas y de acreditación; por la otra parte, una nueva aproximación al problema del Estado y la democracia, a la dimensión subjetiva de la política: la formación de identidades, memorias colectivas, espacios de encuentro, comunicación.

La tendencia general, el consenso básico por decirlo así, puede expresarse en términos muy simples: el problema era la democratización del Estado. Significaba que había un Estado autoritario –los militares en el poder—y hacía falta transformarlo en Estado democrático. Nótese: lo que no se dudaba era que hubiese un Estado, tampoco que fuese factible transformarlo mediante un arreglo institucional que garantizase elecciones libres.

Con el tiempo, y relativamente poco, las nuevas democracias comenzaron a producir resultados “extraños”. La crisis de los sistemas de partidos en Venezuela, Bolivia, Ecuador, Perú, los gobiernos de Chávez, Bucaram, Fujimori, Menem. Algo estaba mal. Formas de clientelismo cada vez más agresivo, aumento de la pobreza y de la economía informal, aumento de la delincuencia y la corrupción, privatización masiva de la economía y los servicios públicos. Comenzó entonces a plantearse el problema del Estado. Concretamente, el problema de la debilidad del Estado y, junto con él, el de la cultura política; un Estado débil y la ausencia de una cultura cívica hacían necesario pensar en una estrategia para la “consolidación de la democracia”.

Se podía hacer, en los noventa, un primer diagnóstico sobre la debilidad del Estado en el que casi todos estarían de acuerdo. Contra las apariencias, habíamos tenido siempre estados débiles: autoritarios, intervencionistas, de ambiciones desmesuradas, pero débiles. Dos indicadores básicos: la debilidad fiscal y la debilidad jurídico-administrativa. Estados débiles, en primer lugar, por falta de recursos: porque tenían una base fiscal insuficiente, porque el presupuesto público era precario, porque había el peso de la deuda; Estados débiles, en segundo lugar, porque eran incapaces de imponer el cumplimiento de la ley: porque no había ni funcionarios, ni recursos administrativos, ni policía ni administración de justicia suficientes. El resultado estaba a la vista: Estados incapaces de administrar, incapaces de ordenar la vida social o poner freno a la corrupción, todo lo cual se traducía en el aumento de la economía informal y la obstrucción permanente del crecimiento económico.

De la mano del nuevo institucionalismo se intentó hacer frente al problema de la debilidad del Estado mediante programas más o menos ambiciosos que incluían la reforma del sistema de administración pública, el equilibrio presupuestario, el control del gasto público, el combate a la corrupción y una extensa pedagogía social en favor de la cultura de la legalidad. El resultado fue en casi todas partes paradójico: conforme se adoptaban las medidas para el fortalecimiento del Estado, para asegurar que tuviese recursos suficientes, funcionarios más vigilados, profesionales, bajo control democrático, los problemas de informalidad, delincuencia, clientelismo y corrupción parecían aumentar. En general: aumentaba la vida en los márgenes del Estado, se hacían borrosas las fronteras de la legalidad.

 

§. Derecha, izquierda. A partir de entonces, en el diagnóstico y en los programas políticos comienzan a aparecer con más nitidez, bajo nuevas definiciones, las posturas de la derecha y la izquierda, o lo que por abreviar podemos llamar la derecha y la izquierda. La diferencia, para decirlo en términos muy gruesos, está en la imagen del Estado y lo que significa. Siempre ha sido ambivalente, para unos y otros. Para la sensibilidad o la cultura política de la izquierda, la imagen del Estado oscila entre el Estado-protector, que se hace cargo de las necesidades populares, y el Estado-represor, identificado con ejércitos y policías; para la sensibilidad política de la derecha oscila también entre el Estado-corrupto, que distribuye beneficios entre clientelas a partir de la politización de los mercados, y el Estado-modernizador, que garantiza las condiciones para el desarrollo económico. Eso significa que el enemigo de la izquierda no es el Estado, sino el Mercado: concretamente, el mercado bajo su definición neoliberal, y el Estado que ampara y promueve las formas del orden neoliberal; el enemigo de la derecha no es el Estado, sino lo Público: propiedad pública, responsabilidad pública, intervención pública. Quieren unos y otros más Estado: un Estado que sea sobre todo garantía de participación e interés público, o bien un Estado que sea sobre todo protección de espacios privados.

Es una confrontación ideológica, que puede ser más o menos confusa en sus programas, pero que está bastante clara en su idea básica. Pueden ser más o menos impracticables las ideas concretas de unos y otros, pueden tener consecuencias indeseadas, pero están claras. No es sólo un problema de equilibrio, de tanto privado y tanto público, sino de la imagen del Estado y de sus funciones; sobre todo porque hace falta el Estado como forma de identificación. Esa cultura ciudadana que se reclama de un lado y otro, y que se desfonda bajo el peso de la informalidad y la privatización de espacios, formas de gestión y gobierno.

El problema, por supuesto, es que la cultura no se improvisa ni puede elaborarse artificialmente. Es parte de un conjunto de prácticas.

 

§. Pensar el Estado. Da la impresión de que hace falta pensar de nuevo el problema del Estado, planteárselo como problema en términos bastante más radicales de lo que se ha hecho hasta ahora. Significa pensarlo como parte del orden social, ya no como una entidad superior y ajena: racional, unitaria, exterior a las relaciones sociales. Tratemos de ser un poco más claros. El Estado define el campo político, define las normas para regular el conflicto, pero a la vez participa en ese campo político: el Estado define funciones, atribuciones, límites, pero después tiene que intervenir mediante individuos concretos, investidos como autoridades o funcionarios, en el campo social; en el momento de intervenir, los representantes del Estado están inmersos en un sistema de relaciones sociales que no controlan. La autoridad que tienen, sus atribuciones y recursos pueden usarse hasta cierto punto, porque con frecuencia tienen que negociarse con actores sociales que controlan recursos de distinto tipo.

Eso que llamamos Estado es al menos dos cosas. Hay por una parte un conjunto de prácticas y relaciones sociales localizadas, materialmente observables: edificios de oficinas, uniformes, papel membretado, trámites, reglamentos escritos, personas concretas que vigilan, autorizan, solicitan, juzgan; y hay por otro lado la idea de una entidad única, abstracta, separada y situada por encima de la sociedad, con una lógica propia. Automáticamente, sin pensarlo, juntamos ambas cosas: en cada una de las “prácticas estatales” vemos al Estado y así se construye nuestra noción de la autoridad, también nuestras imágenes de la corrupción, la arbitrariedad o la ineficiencia. En general, perdemos de vista lo que el Estado tiene de hecho social: contingente, situado, y dondequiera que eso se hace ostensible lo que vemos es corrupción.

La idea del Estado no sólo justifica y organiza las prácticas estatales, sino que contribuye a darles una coherencia imaginaria, como si fuesen efectivamente partes de un único mecanismo (que se explica en jerarquías, jurisdicciones y organigramas). Las prácticas estatales, por su parte, hacen verosímil la idea del Estado porque son básicamente formas de disciplina: organizan la distribución del espacio, el uso del tiempo, regulan comportamientos, distribución de recursos, posiciones, atribuciones, de acuerdo con una lógica impersonal y abstracta, que no remite a la voluntad de los individuos concretos que vigilan, autorizan, juzgan. El efecto es esa imagen básica de nuestro lenguaje público que es la oposición entre Estado y Sociedad, de donde resulta la idea de que podamos pensarlos por separado, pensar si el Estado es fuerte o débil, ineficiente o corrupto, con independencia del orden social del que forma parte. Es una ilusión. Doy por descontado que la autoridad del Estado y su legitimidad dependen de la idea de que está situado fuera y por encima de la sociedad, pero creo que ganaríamos bastante –si se trata de entender—si pudiéramos hacerla a un lado (o ponerla, al menos, entre paréntesis).

Las prácticas estatales suelen definirse de un modo más o menos unilateral y relativamente sencillo: basta con redactar una ley, un reglamento, un programa, imaginar una serie de atribuciones, una organización, si acaso ordenar la construcción de un edificio o el diseño de un uniforme, un logotipo, establecer un procedimiento para la aprobación de gastos, y se hace con una idea concreta de lo que se quiere conseguir, sea el desarrollo agrícola, el control de la contaminación o la tranquilidad en las calles. Ahora bien: esas prácticas se introducen en un espacio social saturado de significados y relaciones de poder y siempre concreto, situado. Son un recurso más disponible para los diferentes sujetos sociales.

En la idea que nos hacemos de ellas, porque está en su definición explícita, las prácticas estatales son formas de racionalización que se imponen desde un lugar abstracto, que está por encima de la sociedad. En los hechos, las prácticas estatales dependen de individuos concretos en situaciones concretas: en lugares mejor o peor comunicados, donde habitan cien, diez mil o diez millones de personas, donde hay una sola fuente de trabajo o diez o cientos, lugares más o menos centrales o periféricos, con una trama densa de relaciones de clase, de parentesco, de identidad religiosa, étnica o local, y también formas de poder tradicional, económico, cultural. No están por encima de ese orden y no pueden darle forma libremente. Lo que hacen es introducir otros recursos: dinero, formas de poder, de organización, hacen más costosas o más difíciles algunas prácticas y favorecen otras, modifican el sistema concreto de relaciones, abren posibilidades nuevas, pero no pueden imponerse como el único referente de orden porque no lo son.

Los diferentes actores sociales utilizan los recursos que ofrecen las prácticas estatales en la medida en que pueden beneficiarse de ellos y por supuesto tratan de evitar las consecuencias que les son desfavorables. Los funcionarios del Estado, cuya autoridad depende de la idea del Estado tanto como de los recursos que controlan, están obligados teóricamente a imponer la lógica estatal –uniforme, general, abstracta—por encima de las varias, contradictorias lógicas sociales con las que se encuentran, incluyendo la de su propio interés particular: es difícil que se logre, casi imposible que se logre del todo. El resultado es un proceso de permanente adaptación en el que se transforman a la vez el orden social y las prácticas estatales: es eso que llamamos política.

Se dice que el Estado es “fuerte” donde la lógica estatal que se despliega en instituciones y prácticas concretas puede imponerse y disciplinar efectivamente el comportamiento social; el Estado es “débil” donde la lógica estatal es rebasada en la práctica por otras lógicas. Y eso es algo que no depende, o que sólo en parte depende de la cantidad de recursos de que dispongan los funcionarios o de su honestidad o capacidad profesional. Dicho de otro modo, no se arregla con más impuestos y mano dura. Tampoco es –hay que decirlo—un problema “cultural”, que se refiera a las ideas y creencias de la gente y se remedie con clases de civismo: por supuesto, una sociedad es más disciplinada cuando interioriza la lógica estatal y los individuos la asumen como propia, pero eso sólo sucede cuando se adaptan el orden social y las prácticas estatales de modo que éstas aparecen como referente “natural”.

Eso implica que un mismo Estado puede ser fuerte en algunos lugares y débil en otros, fuerte en algunas funciones y débil en otras, según las características del campo social en que intervenga y el poder, los recursos y los intereses de los actores afectados. Debe ser obvio, pero no sobra: por débil que sea un Estado no es nunca insignificante. Puede que fracasen los programas, que no consigan sus objetivos, puede que no se cumpla la ley o sólo a medias, puede que los recursos se desvíen o se usen de modo torcido, en todo caso, con su sola existencia las prácticas estatales producen efectos de poder: mientras no se declare en guerra abierta contra el Estado, incluso el más poderoso de los actores sociales –un banco internacional, un mandamás del narcotráfico—tiene que pagar una mordida, conceder un favor o por lo menos amenazar seriamente a alguien que no tiene más que un escritorio, un uniforme o un sello; de modo parecido una prohibición, aunque sea imposible de poner en práctica, modifica el precio de lo que sea y una autorización o un reconocimiento oficial altera relaciones de poder.

 

§. Otro panorama. ¿Qué sucede en la actualidad? Ha cambiado el orden social, han cambiado los mecanismos de agitación y representación. El aparato del Estado se ha descargado de muchas de sus funciones, se han producido nuevas formas de desigualdad, desequilibrios regionales y nuevas formas de hacer política, nuevas formas de trabajo, producción, comercialización y delincuencia. La nueva configuración es todavía vacilante, incierta, a menos que la incertidumbre y la ambigüedad sean su naturaleza.

Se dice que impera el mercado, y es verdad, pero junto a las transacciones formales, reguladas, crece el extenso campo de la economía informal, con otro sistema de reglas. No hay alternativa imaginable a la democracia representativa, pero la representación está entreverada con una tupida red de caciques, clientelas, corporaciones. Se dice que la globalización se ha producido en detrimento del Estado, y es verdad, salvo que las oportunidades de ganancia, las formas de acumulación, los resortes dinámicos del mercado global dependen de la existencia de fronteras y legislaciones particulares. El neoliberalismo, por otra parte, es antiestatal sólo hasta cierto punto: en realidad, más que nunca se necesitan los recursos represivos, la función de policía, la garantía judicial y las facultades de identificación y acreditación del Estado, su capacidad para cobrar impuestos y transferirlos a quienes son más eficientes en el mercado para ofrecer bienes públicos.

La idea del Estado de Derecho adquiere en ese contexto una enorme importancia no sólo porque se eche de menos, no sólo por la inseguridad, sino que ofrece una ilusión de estabilidad. El Estado de Derecho es lo más elemental, el Estado en su definición última o primera. Previsiblemente, se desdobla en el campo político: para unos remite sobre todo a la propiedad, para otros remite sobre todo a los derechos de ciudadanía.

La defensa del Estado como Estado de Derecho se convierte fácilmente en un lenguaje de clase, porque se mira básicamente la economía informal y ese cajón de sastre que es la corrupción. En las declaraciones de los políticos, en las plataformas de campaña, en artículos de prensa y desplegados de los grupos empresariales aparece la exigencia del Estado de Derecho como condición necesaria para favorecer la inversión privada. Aparece asociada la expresión a otras: “seguridad de los mercados”, “confianza”, “seguridad jurídica”, “certidumbre”. Cuando se usa en ese contexto, se trata explícitamente de evitar las intervenciones “políticas” en el mercado y limitar el poder del Estado. Dicho de otro modo, Estado de Derecho se conjuga con privatización, liberalización, desregulación, porque se trata en general de eliminar las “distorsiones” y la “incertidumbre” que produce la politización de los mercados.

La izquierda tiene más dificultades para reconciliarse con el Estado. Los temas suelen ser la plena ciudadanía, la participación, la responsabilidad pública. Lo que no está claro es cómo pueden traducirse en políticas concretas. En primer lugar, es una retórica que mira con frecuencia al pasado y que se manifiesta como forma de resistencia: resistencia sobre todo a las reformas del orden neoliberal. Contra la privatización de empresas y funciones públicas, de los sistemas de pensiones, etcétera. No puede evitar un problema: muchos de los sistemas públicos de seguridad social eran corporativos, para beneficio de una clase trabajadora asalariada, sindicalizada, que ya no es la mayoría; es decir: no puede evitarse el problema de que el viejo orden dejaba fuera a buena parte de la población que está en la economía informal.

Mientras tanto, la globalización ha producido nuevos espacios económicos que es difícil controlar: sobre todo ha producido nuevas oportunidades en los márgenes del Estado. En ocasiones son grupos de población que piden su regularización, en ocasiones lo que piden es permanecer sin regulación, en ocasiones aprovechan precisamente los desfases entre el orden jurídico y el orden real. Los colonos asentados de modo irregular en la periferia de cualquiera de nuestras ciudades piden la regularización de sus títulos de propiedad, pero los narcotraficantes no piden la legalización del tráfico, ni los comerciantes ambulantes aspiran a un registro fiscal.

Las prácticas estatales intervienen en un espacio social saturado de relaciones, formas de poder, desigualdades. Y ofrecen recursos a unos y otros: son parte del sistema de relaciones sociales. Se cumpla la ley o no. Tienen que negociarse con actores locales que con frecuencia han constituido su poder en los márgenes del Estado. No es probable que en el futuro próximo desaparezca, ni siquiera que cambie mucho la idea del Estado, porque no hay alternativa como forma política, pero sí está cambiando su significado. En eso consiste la particular incertidumbre del presente.