Civilización y delincuencia

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Se discute en estos días en el parlamento español la posibilidad de rebajar la edad penal hasta los doce años. No es insólito, otras sociedades europeas y Estados Unidos han avanzado en esa misma línea desde hace tiempo. Aun así, resulta un poco desconcertante, parece ir contra el sentido más claro del proceso de la civilización, lo mismo que entre nosotros la vindicación de la pena de muerte. Algo dice de este nuevo orden.

En todos los casos las propuestas de mano dura, suelen ser reacciones más o menos improvisadas de la clase política ante algún movimiento de la opinión pública, por una noticia especialmente escandalosa. En España han sido dos casos, a distancia de pocos días, dos niñas de trece años violadas y maltratadas por pandillas de adolescentes: una en una playa de Huelva, la otra en Baena, Córdoba. En los dos casos, varios de los agresores han quedado libres de inmediato porque, como menores de 14 años, no eran imputables; de ahí la exigencia de que se modifiquen el código penal y la legislación sobre menores. Es decir: hay siempre algo de urgencia electoral en ese tipo de reformas. Me interesa el clima cultural en que sucede algo así.

El proceso de la civilización en las sociedades occidentales, del siglo XVIII en adelante, ha sido básicamente un movimiento hacia formas de trato menos ásperas, hacia formas más pacíficas y respetuosas de convivencia, castigos menos violentos, mayores espacios de libertad, mayor atención hacia los más débiles. Hay una continuidad entre el alegato de Voltaire a favor de la tolerancia, la denuncia de la tortura de Pietro Verri, la abolición de la esclavitud, y el feminismo, la prohibición de los castigos físicos en las escuelas, la preocupación por la violencia doméstica; es un movimiento que en los años setenta llega a casi todas las instituciones: hospitales, escuelas, centros psiquiátricos, cárceles. Es todavía nuestro horizonte cultural. Todavía hablamos de las cárceles como centros de readaptación social y no sólo de castigo, hablamos de escuelas que sobre todo estimulen la imaginación y la creatividad. Pero cada vez con menos convicción.

Las cosas comenzaron a cambiar en los años ochenta, primero en Estados Unidos, después en Europa y el resto del mundo. El auge del nuevo individualismo junto con la preocupación obsesiva por la seguridad pública, terminada la Guerra Fría, pusieron de nuevo en circulación una idea puramente punitiva del derecho penal; junto con el Estado de bienestar se colapsó una manera de pensar los problemas sociales, también una manera de pensar la delincuencia y el castigo. Ya no se trata de reintegrar a los delincuentes, sino de encerrarlos el mayor tiempo posible. Paralelamente, comenzó a darse mayor protagonismo a las víctimas de delitos: se generalizó la idea de que el sistema penal compasivo de los años sesenta y setenta miraba sólo por los derechos de los criminales; se formaron asociaciones de víctimas para exigir alguna participación en los procesos y sobre todo en las decisiones de sentencia.

Es como si la mirada compasiva, atenta a las necesidades de los débiles, de las víctimas, hubiese dado una vuelta de campana. El resultado es una extraña forma de “privatización” de la justicia, que adquiere un perfil cada vez más vindicativo.

Por otra parte, el proceso de la civilización, en lo que tiene de libertario, es también paradójico. La confusa mezcla de aspiraciones de los años sesenta se orientaba sobre todo contra cualquier forma de autoritarismo, contra la disciplina y las jerarquías, contra la discriminación y la violencia institucionalizada; de ese impulso proviene mucha de la legislación contemporánea contra la violencia doméstica, por ejemplo, contra los castigos corporales. La paradoja consiste en que sólo hay un modo de controlar las innumerables formas de violencia, discriminación, arbitrariedad y maltrato que hay en cualquier sociedad, y es aumentar el poder del Estado, sus recursos de vigilancia e intervención. Al final del proceso –no llegamos aún—hay un extenso aparato legislativo y burocrático creado para desautorizar, para eliminar de hecho casi todas las formas no estatales de control social, porque todas tienden a ser inequitativas o discriminatorias, arbitrarias. Sin que el Estado sea capaz de suplirlas, desde luego.

Es difícil saber lo que todo eso producirá a fin de cuentas; de momento, una imposible confusión de aspiraciones contradictorias: el castigo y la readaptación, la disciplina y la libertad, en sociedades que tienen cada vez menos recursos de orden. Sociedades de horizonte incierto, de expectativas crecientes y crecientemente frustradas, que aprenden a vivir con miedo. No es el retorno de la barbarie, sino un bucle del proceso de civilización que apunta hacia formas que no podemos imaginar todavía, pero que estarán muy lejos del ideal libertario y compasivo de hace apenas tres décadas.

 

La Razón, 25 de julio de 2009