De toda confianza

Etiquetas: , ,

Parece indudable que hace falta una reforma del sistema de pensiones y jubilaciones en el país: unas pocas son muy altas, la mayoría son miserables, hay quienes se jubilan muy pronto y quienes esperan no tener que jubilarse nunca, porque no podrían vivir del pago que les corresponde. Además, el sistema entero de pensiones públicas resulta insostenible con la estructura actual del empleo. Tiene razón el secretario de trabajo, el señor Abascal, y los demás funcionarios que vienen diciendo eso mismo desde hace tiempo. Lo malo es que haya que confiar en ellos para hacer la reforma.

Hasta ahora, lo único que se les ha ocurrido como solución, aparte de ajustes menores como el del Seguro Social, es privatizar el sistema. Tiene las ventajas que dice la publicidad: cuentas individuales, información detallada de los fondos, mecanismos flexibles de recuperación, la posibilidad de retirarse con una pensión mucho mayor, al menos decorosa. Tiene desventajas y riesgos que no se dicen: son fondos que se depositan en instituciones financieras, que se invierten, fondos cuyo rendimiento depende de las tasas de interés, del índice de cotizaciones la bolsa, y que si vienen mal dadas podrían reducirse a nada. No es una hipótesis absurda. Las últimas generaciones en este país han visto bastantes catástrofes financieras –imposibles, inimaginables, que nadie hubiera pensado- para saber que eso está a la vuelta de la esquina. La sustancia del esquema es bastante simple y fácil de entender. La administración de los fondos de pensiones, por su volumen y por su naturaleza, es el mayor negocio que ofrece el sistema financiero (aparte de los trapicheos del Fobaproa y el IPAB, que sólo se brindan una vez cada tanto); la privatización entrega ese negocio, casi sin competencia, a unas cuantas empresas. Tan confiables y tan bien vigiladas como estaban los bancos en 1994. Vigiladas y garantizadas por los mismos que hoy nos proponen las reformas. De verdad, ¿alguien necesita que se le explique por qué no nos inspiran confianza?

Es el destino de las mejores ideas, de las reformas y las leyes mejor pensadas y mejor intencionadas. Hace unos días el PRD del Distrito Federal propuso una iniciativa para legalizar la eutanasia. Es una ley necesaria. Indispensable para que la idea de la dignidad humana tenga algún sentido. Se explica fácilmente: la vida humana es valiosa, pero hay siempre otras cosas más valiosas que la vida; por ejemplo, la dignidad, la posibilidad de morir en paz. El derecho de cada quién a decidir dónde está el límite de lo intolerable, lo que hace que la prolongación de la vida carezca de sentido. Quien está en condiciones y tiene capacidad para matarse, llegado ese límite, se mata sin mayores escrúpulos: tiene sus razones, que son las únicas que cuentan. La legalización de la eutanasia está pensada para quienes no pueden tomar esa decisión, para los que no pueden ya valerse por sí mismos y necesitan ayuda: los que quieren morir en paz y no pueden matarse sin dar explicaciones. La legalización de la eutanasia significa una expresión de respeto, la más exigente, la más delicada, hacia la dignidad de las personas.

Es una buena idea. Digna de agradecerse. Personalmente, celebro que el diputado Víctor Varela propusiera la iniciativa. Personalmente aplaudo incluso la declaración del jefe de gobierno de la capital, señor Alejandro Encinas, inteligente, respetuosa, impecable; hace falta una claridad y un sentido de responsabilidad que no son frecuentes para distinguir con esa nitidez entre su opinión personal, a favor de la iniciativa, y su responsabilidad como funcionario, que le pide que se haga una consulta. Dicho lo cual añado que, personalmente, también tengo mis dudas.

Otra vez, lo malo es que haya que confiar en ellos. Y en los que vengan detrás. La iniciativa requiere que las solicitudes se tramiten en un Comité de Ética, dependiente de la Secretaría de Salud, con especialistas designados por el gobierno de la ciudad y la Asamblea de Representantes. Acaso no haya otra forma de hacerlo. Ninguna otra institución más confiable ni más capaz. Lo malo es que significa que esas decisiones estarán intervenidas por la gente de Bejarano, Chagüil, Luján, Garduño y los demás poderes fácticos de la ciudad; quienes decidieron regalarle terrenos públicos a la iglesia católica, por ejemplo, quienes impusieron su veto a la ley de sociedades de convivencia. De verdad, ¿se extrañarían si uno dijera que no inspiran confianza?

No es un atavismo. Para explicarlo no hace falta más que remitirse al escándalo de la semana. Al de la semana pasada, quiero decir, el de las casas y propiedades del señor Montiel y sus familiares, que nadie sabe cuándo se compraron ni con qué dinero; que, por cierto, podrían ser producto de una actividad empresarial exitosa como la del señor Montiel, antes de ser gobernador. Da lo mismo. Con razón o sin ella, hoy son la expresión material más concreta, inmediata, de la corrupción. Nuestros columnistas se devanan los sesos tratando de averiguar quién filtró los documentos: para unos es obvio que detrás está Carlos Salinas, que tiene una relación muy cercana con el secretario de hacienda, el señor Gil Díaz; para otros es al revés: es obvio que fue una maniobra de Zedillo, amigo de Gil Díaz y Guillermo Ortiz, en su guerra contra Carlos Salinas; unos saben sin duda que el responsable es Roberto Madrazo, otros saben que el único que no pudo haberlo hecho es Roberto Madrazo; hay quien dice que todo viene de la presidencia, de la esposa del presidente, de la cámara, incluso de Enrique Jackson o Beatriz Paredes, que podrían ser la “tercera opción” en el PRI. Todo muy interesante y revelador de la inclinación paranoica de los analistas políticos.

Interesante sobre todo porque pasa por alto lo más obvio, lo único que sabemos con absoluta seguridad. Los documentos fueron publicados y difundidos por Televisa. Son documentos de la Secretaría de Hacienda. Las especulaciones, por entretenidas que sean, salen sobrando. La difusión de esos documentos es un delito. El portavoz de la Presidencia puede decir que no sabe nada (a lo mejor no sabe nada), el secretario de Hacienda puede negarse a hacer comentarios (que ya es un comentario, muy elocuente). Hay una responsabilidad penal, grave, que recae sobre los responsables del poder ejecutivo, porque se trata de documentos que estaban bajo la custodia del Estado. Hay una responsabilidad también de Televisa, que obtuvo ilegalmente información y difundió ilegalmente información (según puede conjeturarse, para depositar su voto contra Montiel y contra el PRI). De eso, nadie dice nada.

Me pongo en la situación de un ciudadano cualquiera, que es la que me corresponde. Aparte de la anécdota, aparte de que me simpatice Montiel o no, lo que me queda claro es que el Estado dispone de la información que tiene con una libertad escandalosa. Y Televisa, como Azteca o como cualquier periódico, puede usar esa información impunemente, para destruir a quien le venga en gana. En serio, después de eso, ¿esperan que alguien tenga confianza en ellos, en las instituciones más sólidas y profesionales del Estado? Súmese a eso la alegría con la que el Secretario de Gobernación defiende la objeción de conciencia cuando las leyes vayan en contra del orden natural (eso dijo).

La mesa está servida para la demagogia pueblerina de López Obrador. No tiene más que hacer sino repetir lo que dice la gente, hacerse eco del sentido común: decir que los políticos son todos unos pillos, vividores, que no hay motivo para creer en ninguna de las instituciones públicas. También eso –acaso sea deliberado, no lo sé- juega finalmente en favor del poder de Televisa. Porque a nadie se le ocurre decir que haya algo malo o siquiera dudoso en las decisiones de Televisa, que viene a ser la voz de la Sociedad Civil, ejemplo de transparencia y vocación informativa.

Se habla mucho en estos días de la irremediable caída de Montiel, de los efectos que eso tiene sobre Madrazo. Se habla de Elba Esther, de Salinas y Zedillo. El único perdedor definitivo, que registra una pérdida neta, irrecuperable, es el Estado. Hoy sabemos todos, a ciencia cierta, que la información más delicada que tiene en custodia, de todos nosotros, puede publicarse en cualquier momento o usarse para cualquier cosa, y que los responsables se desentienden del tema con una sonrisa y un encogimiento de hombros. Después de eso, perdón por la insistencia, después ¿se extrañan de que haya desconfianza?

El ganador absoluto, único, es Televisa. Sin comentarios.

 

La Crónica de hoy, 19 de octubre de 2005