El crimen como realidad y representación. Baile de números

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  1. Baile de números: algunas dudas, algunas preguntas, algunos datos

 

Retrato esquemático del enemigo

En las páginas que siguen quiero analizar la construcción imaginaria del crimen organizado en México, a partir de su elaboración en el espacio público estadounidense, porque nuestra manera de mirar el problema, nuestra manera de conceptualizarlo, en aspectos fundamentales depende de la mirada norteamericana. Antes de comenzar, algunas consideraciones preliminares.

(Aquí con otro formato) 

Cualquiera que sea su realidad empírica, el crimen organizado es también una creación de los medios de comunicación: de la prensa, del cine, de la televisión, una creación más o menos azarosa del lenguaje periodístico, la literatura popular y el lenguaje político. O sea, es también una ficción. Algo hemos dicho ya de eso. La explicación de las decisiones políticas, de las iniciativas, las propuestas de ley, lo mismo que la crítica, pasan por una elaboración simbólica del problema, es decir, pasan por la creación de una imagen del enemigo, de rasgos reconocibles, que en alguna medida corresponda a la experiencia cotidiana –y que sirva por eso como recurso de legitimación, y como orientación práctica.

En un aparte, digamos que no podría ser de otro modo. La información más o menos dispersa que se tiene, los hechos conocidos y las conjeturas, las noticias, la historia y la estadística tienen que organizarse de alguna manera. Y siempre habrá una dosis de fantasía, una dosis de prejuicio, distorsiones interesadas o accidentales. Sucede casi de la misma manera con cualquier otro fenómeno social, y sucede en cualquier país del mundo, por las mismas razones. Ahora bien: hay una dimensión propiamente mexicana del fenómeno, que plantea dificultades adicionales.

El problema con la construcción imaginaria del crimen organizado, y del delito en general, es que resulta particularmente difícil contrastar la versión oficial, porque no hay otras fuentes de información. La estadística delictiva, por mencionar lo más obvio, depende en última instancia de la policía –que no puede llevar un registro objetivo de los números que sirven para justificar su presupuesto o para evaluar su estrategia. No hace falta pensar que se inventen las cifras o que se oculte algún dato: basta con un cambio en los criterios de clasificación para que aumenten o disminuyan asaltos, agresiones, lesiones o amenazas, por ejemplo[i]. De nuevo, sucede en México lo mismo que en cualquier otro país: la estadística delictiva es problemática.

Si pasamos de la estadística a la dimensión digamos narrativa, que podría permitir un análisis cualitativo, la situación es muy similar, porque de nuevo la información proviene básicamente de fuentes policíacas –incluso en el plano más elemental: quién hizo qué, cuándo, cómo, por qué motivo. Son los cuerpos de policía, los peritos de la policía, y en su caso los fiscales o los agentes del ministerio público, quienes explican los hechos, atribuyen responsabilidades, argumentan motivos, nexos. Y siempre es difícil encontrar información para sostener hipótesis distintas. Se puede recurrir a la prensa para contrastar las explicaciones oficiales, en los casos en que haya trabajo de investigación periodística. No es lo más frecuente.

Aquí sí conviene hacer una distinción, de paso, y señalar dos vicios característicos del periodismo mexicano que lo hacen poco confiable, y poco útil para ese fin. En primer lugar, en la mayoría de los casos los medios se limitan a reproducir la información de los comunicados de la policía, del ejército o del ministerio público, sin hacer ninguna comprobación por su cuenta. O sea, que en la mayoría de los casos lo que se encuentra en la prensa es la explicación oficial, sin más[ii]. En segundo lugar, está también el vicio inverso, que consiste en emplear fuentes anónimas para sostener denuncias imposibles de verificar; fue un recurso habitual en los conflictos de la elite posrevolucionaria: no se podía saber nada, no había información cierta de nada, pero podía darse crédito a casi cualquier acusación.

Es claro que las dos propensiones tienen un mismo origen, en el funcionamiento del sistema político mexicano del siglo veinte[iii]. Por una parte, está la repetición mecánica de un discurso oficial cada vez más hueco, altisonante, que ni siquiera aspira a la verosimilitud, y por la otra la difusión de rumores, filtraciones, revelaciones espectaculares, indemostrables –que precisamente por eso resultan más creíbles. El resultado es una especie de desfondamiento del espacio público, donde no se puede creer en nada, y a la vez se puede dar crédito a cualquier cosa. La versión oficial pierde credibilidad precisamente porque se repite sin preguntas, sin matices, sin variaciones. Y la desconfianza que resulta alimenta la convicción de que lo verdaderamente importante está siempre oculto. O para decirlo con más exactitud, que lo importante es siempre una trama palaciega[iv].

No es el lugar para una explicación más detallada, pero importa mencionarlo porque eso no sólo afecta a los recursos disponibles para estudiar el fenómeno delictivo, sino que influye de manera decisiva sobre el modo en que se percibe –y se explica, y se denuncia, y se discute—la “guerra contra el crimen organizado”. Gracias a esa inercia, desde la década de mil novecientos ochenta, y en particular a partir del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, han proliferado los libros de denuncia, a medio camino entre el periodismo de investigación y la calumnia, que dan cuenta del poder del crimen organizado mediante historias fabulosas, imposibles de verificar. Es casi un género literario, híbrido de la novela negra, el panfleto político, y la literatura de cordel, dedicado a narrar interminablemente los vínculos entre la clase política y la delincuencia. El resultado es un clima de sospecha permanente, en que todo parece verosímil, y el poder de los grandes delincuentes es ilimitado.

Algo más –y es en lo que voy a enfocarme enseguida. La representación de la delincuencia en el espacio público mexicano está inevitablemente mediada por las imágenes de la delincuencia en el espacio público estadounidense. Dicho de otro modo, nuestra imagen de la delincuencia se construye también en Estados Unidos. La frontera común impone la mediación, sobre todo en lo que se refiere al contrabando, por supuesto, y la asimetría explica que los gobiernos mexicanos estén obligados siempre a responder a las preocupaciones de los Estados Unidos en sus propios términos[v]. Y desde luego es irrelevante que esas preocupaciones estén justificadas o no, que sean más o menos razonables o quiméricas, oportunistas, genuinas o enteramente inventadas. Normalmente, será todo a la vez, es decir, una construcción imaginaria, a partir de temores reales, fundados en información dudosa, que se difunde por motivos políticos (y que aprovecha también la facilidad de la prensa mexicana para las especulaciones y las denuncias escandalosas[vi]).

Con algunas fricciones, algunos episodios de tensión, con más o menos importancia según el momento, el narcotráfico ha estado en la agenda bilateral desde que el presidente Richard Nixon declaró la guerra contra las drogas –y eso inevitablemente ha incidido sobre la manera como se ha planteado el problema en México, y ha contribuido a definir los márgenes de maniobra para la política de seguridad. Ahora bien: el fenómeno delictivo ha cambiado en las últimas décadas, y han cambiado también la imagen de la delincuencia, la imagen de México, la percepción de los riesgos, sobre todo ha cambiado el nivel de preocupación con que se mira el fenómeno.

Vuelvo al argumento. El crimen organizado tiene una dimensión imaginaria, creación de los medios y del lenguaje político, que es difícil de verificar porque hay pocas fuentes alternativas de información. Por otra parte, en nuestro caso, en México, esa dimensión imaginaria depende en buena medida de la manera como se presenta en los informes del congreso y el gobierno de los Estados Unidos, la manera como se explica en la prensa y en la academia de Estados Unidos, porque esa idea es el término de referencia para explicar el fenómeno en México en los últimos años. Se puede resumir en una frase: la delincuencia organizada mexicana representa una amenaza inminente para la sociedad estadounidense, de la mayor gravedad, que requiere políticas de fuerza, y se concentra básicamente en la frontera sur, en las organizaciones dedicadas al contrabando de drogas. Tres rasgos sirven para identificar el carácter del peligro, y el tipo de respuesta que requiere: la vulnerabilidad de la frontera, el volumen de ganancias de los narcotraficantes, y la infiltración del sistema financiero mexicano por la delincuencia.

 

Apunte sobre los números

Abro un pequeño paréntesis para hablar sobre los números de la delincuencia. El tema no es nuevo, ni es exclusivamente mexicano. En general, la estadística delictiva es inexacta, confusa, de base bastante precaria. Se presta además con frecuencia para exageraciones verdaderamente disparatadas.

En el origen de esas cifras hay varios problemas. Primero, la necesidad de poner números a las cosas, y explicarlas mediante estadísticas. Algo dice de la cultura pública de buena parte del mundo el hecho de que haga falta asentar las explicaciones con el recurso de las cifras. Si un funcionario, por ejemplo, para evaluar un programa, dijera: “me parece que realmente tiene muy poco éxito”, la afirmación sería de una vaguedad inadmisible; podría decir en cambio: “se estima que tiene una eficacia aproximada del 10 por ciento”, y eso resultaría mucho más claro, más convincente –y podría servir de base para justificar lo que sea. Bien. En ese plano, el problema afecta al conjunto de la vida pública, a la manera de argumentar en el espacio público.

Aclaremos: siempre se ha hecho política con los números, siempre ha sido necesario contar o medir de alguna manera los problemas. No obstante, el fetichismo de la estadística es relativamente reciente. En el caso de la delincuencia tiene la agravante de que esas estimaciones, con números, son la mayor parte de las veces conjeturas que no tienen fundamento ni acaso podrían tenerlo. De modo que, mucho más que en otros terrenos, funcionarios, políticos, expertos, periodistas, se mueven entre números y porcentajes imposibles de verificar, que en realidad no tienen ninguna validez.

Después está el miedo. Las sociedades modernas tienen pocos recursos culturales para asimilar el riesgo del delito, en particular el delito predatorio, por supuesto: es inadmisible. Por esa razón, cualquier amenaza resulta siempre excesiva, abrumadora. Los números nunca parecen ser demasiado altos. A eso se suma el hecho de que los responsables de la política criminal son quienes elaboran la estadística, quienes ponen los números, y necesitan que sean lo suficientemente elevados para justificar su presupuesto, sus atribuciones, su influencia, su posición política. Se alimentan recíprocamente las fuerzas de seguridad, los responsables políticos, los organismos internacionales, las empresas de consultoría, todos necesitados de captar la atención del público: “Existe una fuerte demanda de datos inflados y siempre parece haber alguien dispuesto a ofertarlos a la medida del cliente”[vii]. Se cierra el círculo: nadie más puede ofrecer otra estadística, otros números que sirvan como contraste.

En 1971 publicó Max Singer un artículo en Public Interest titulado: “The Vitality of Mythical Numbers”[viii]. Se refería a esa tendencia a emplear números inverosímiles, absurdamente inflados, a partir de cálculos fantasiosos: “números míticos”, fabulosos, que se convierten en término de referencia que nadie discute en el espacio público. Es sabido, decía Singer, que los adictos a la heroína son responsables de la mitad de los delitos contra la propiedad que se cometen en la ciudad de Nueva York, y es sabido que eso significa un botín que oscila entre los dos mil y los cinco mil millones de dólares. Son las cifras que manejan los expertos, los políticos, la oficina de la fiscalía general. Nadie las discute (es 1971). Lo interesante es que ese monto se suele estimar de la siguiente manera:

Hay 100,000 adictos, con un consumo habitual promedio de 30 dólares al día. Eso significa que los adictos deben tener más de mil millones (1.1 miles de millones) de dólares al año para pagar su heroína (100,000 x 365 x 30). Como el adicto debe vender la propiedad que roba a un prendero por una cuarta parte de su valor o menos, los adictos deben robar entre 4 mil y 5 mil millones de dólares para pagar su heroína.[ix]

 

Es obvio que el procedimiento tiene toda clase de fallas: no considera el tiempo que los adictos pasan en prisión, ni que roben efectivo, que no tiene que pasar por ningún prendero, o que paguen por la droga vendiendo droga, o mediante la prostitución, y así sucesivamente. Singer se fija en otra cosa. No es inevitable entrar a esa clase de especulaciones sobre el comportamiento de los adictos, dice. Para tener un punto de partida más sólido, se podría comenzar por preguntar: ¿cuál es el valor total de propiedad robada en Nueva York en un año? ¿Y qué porcentajes corresponden a hurto, robo menor, robo a transeúnte, robo en casa habitación…? Abreviamos. Después de hacer una serie de cálculos a partir de las denuncias presentadas ante la policía, los registros de compañías de seguros y las cuentas de los grandes almacenes, concluye: “si atribuimos a los adictos la totalidad de los hurtos menores en tiendas, la totalidad de los robos a casa habitación, y la totalidad de los robos a transeúntes, el monto total de la propiedad robada por los adictos en la ciudad de Nueva York sería de unos 300 millones de dólares”. Es decir, que el volumen es diez veces menor al que supone la cifra admitida –y eso puede demostrarse con sólo dedicarle al tema cinco minutos de atención.

El ejemplo –sigo con Singer—arroja luz sobre la actitud de la gente hacia los números. La gente tiene la impresión de que los adictos son responsables de muchos delitos, y 2 mil millones es un número muy alto –y por lo tanto, a la gente le parece razonable. Sólo una cita más, para ahorrar comentarios:

El ejercicio es un recordatorio de que incluso funcionarios responsables, periódicos responsables, y grupos de investigación responsables recogen y difunden, como si fuese el evangelio, números que de hecho no tienen ninguna base real. La experiencia nos recuerda que a pesar de que una cifra se usada profusamente, por gran variedad de personas que deberían saber de lo que están hablando, no podemos asumir de antemano que la estimación no sea ni siquiera aproximadamente correcta.[x]

 

En el resto del texto desmonta de modo similar dos o tres conjeturas del mismo orden (empezando por la cifra de 100,000 adictos a la heroína). Es un clásico, que convendría tener siempre presente.

Trece años más tarde, Peter Reuter volvió al tema en un nuevo artículo publicado en Public Interest: “The (continued) vitality of mythical numbers”. Miraba el mismo problema y la situación que se encontraba era prácticamente la misma: una estimación absurda del número de adictos, y de los delitos cometidos por adictos. El problema, decía Reuter, es que “hay mucho interés en mantener las cifras altas, y ninguno en asegurarse de que sean correctas”[xi], porque el propósito es crear la impresión de que las autoridades saben mucho más de lo que realmente saben. Tres factores explican la vitalidad de los “números míticos”: que no haya un público, un grupo social interesado en corregir las cifras y llevar la estadística con seriedad, que no haya un interés académico consistente en el tema, y que los números en realidad sean irrelevantes para la definición de las políticas públicas –aunque tengan impacto sobre la opinión pública, se entiende[xii].

La guerra contra las drogas resulta particularmente atractiva para esa clase de fabulaciones estadísticas[xiii], pero se dan con la misma facilidad cuando se trata del “tráfico de personas”, el terrorismo, el mercado de copias, imitaciones y falsificaciones, y casi cualquier delito que atrapa la imaginación del público, en cualquier parte[xiv]. A veces los números están manipulados de alguna manera, distorsionados o tomados fuera de contexto, pero lo más frecuente es que sencillamente carezcan de fundamento, es decir, que no sean otra cosa más que aproximaciones puramente especulativas, basadas en estereotipos, conjeturas, prejuicios y extrapolaciones a partir de información anecdótica.

Para la prensa, para la clase política y la opinión pública los números son creíbles porque provienen de fuentes autorizadas, porque son presentadas por expertos, y porque confirman lo que dice el sentido común. Ahora bien, una vez puestas en circulación las cifras adquieren progresivamente el carácter de datos indiscutibles:

Una vez producidos, los números ya no dependen de sus creadores para perpetuarse y legitimarse. El anuncio público de un número que suena impresionantemente grande, cualquiera que sea su origen o su validez, puede generar una notoria cobertura de prensa, que a su vez legitima y perpetúa el uso del número. Como dijo alguna vez George Orwell: ‘Lo oí en la BBC casi equivale a decir: <sé que es verdad>’. Inversamente, el manejo escéptico de la estadística tiende a recibir mucha menos atención por parte de los medios. Esto se debe en parte al analfabetismo numérico de mucha gente, a la que se le dificulta pensar críticamente sobre la estadística y tiende a confiar absolutamente en el presunto saber experto de quienes la producen.[xv]

 

Tendremos que volver varias veces al problema de los números, y de la representación estadística del crimen organizado. Para el resto de este apartado es fundamental. Por eso me importa subrayar que no es algo nuevo, ni exclusivo del narcotráfico, ni de México ni de los años recientes.

 

¿Por dónde llega la droga?

Antes de seguir conviene aclarar el punto de partida. Es indudable que hay contrabando masivo de drogas hacia Estados Unidos a través de la frontera terrestre con México, es indudable que se trata de un negocio millonario, y es indudable también que se mueven cantidades considerables de dinero en efectivo, producto de las drogas. Dicho lo cual hay que añadir que los matices son importantes, porque con sólo un cambio de énfasis en algunos aspectos, la imagen del conjunto resulta muy diferente.

Vayamos por partes. En primer lugar, en la imagen recibida, está la idea de la vulnerabilidad de la frontera, que se pone de manifiesto con el paso de la droga –y se supone que si pasa la droga, podría pasar cualquier cosa. Desde mediados de los años noventa se afirma de manera rutinaria, en todos los informes del gobierno, en los textos de consultorías, en las audiencias del congreso, que la gran mayoría de las drogas ilícitas que circulan en Estados Unidos pasan a través de la frontera mexicana. La cifra que se suele usar es 90 por ciento. La explicación estándar es como sigue. En los años ochenta, los años del auge de Pablo Escobar y el cartel de Medellín, el gobierno norteamericano se concentró en la organización de un sistema de vigilancia para interceptar la droga que llegaba por mar, a través del Caribe. Y tuvo éxito. Consiguió desmantelar las redes marítimas del narcotráfico, que cambió de ruta, cambió de métodos, y se trasladó fundamentalmente a la frontera mexicana –como espacio más vulnerable.

Siguiendo la pauta conocida, los textos remiten unos a otros, hasta que la idea adquiere una solidez absoluta, y resulta prácticamente indiscutible: un dato. En 2006, el Subcomité de Investigaciones del Comité para Seguridad Interior del Congreso daba por hecho el nuevo riesgo de la frontera:

De acuerdo con el Centro Nacional de Inteligencia para las Drogas, los carteles mexicanos son ‘los principales contrabandistas, transportistas y distribuidores de cocaína, mariguana, metanfetaminas y heroína de producción mexicana en Estados Unidos’ y ‘están expandiendo su control de la distribución de estas drogas en áreas controladas durante mucho tiempo por grupos criminales colombianos y dominicanos…’ [xvi]

            En su informe de 2009 sobre la estrategia contra las drogas en la frontera sur, el Departamento de Estado volvía a decir lo mismo, casi en los mismos términos: “México sigue siendo el lugar de transbordo más importante para la mayor parte de la cocaína de contrabando… A pesar de los cambios en las rutas y modos de transporte, el destino inicial de la cocaína enviada a Estados Unidos es casi siempre México o Centroamérica”. Más adelante, con otras palabras: “La mayor parte del mercado de drogas de los Estados Unidos es controlado por organizaciones con base en México”[xvii]. La Corporación Rand, sin perder el hilo: “De acuerdo con el Informe de 2009 sobre la Estrategia Internacional para el Control de Narcóticos, del Departamento de Estado, alrededor del 90 por ciento de la cocaína que ingresa a los Estados Unidos pasa por México…” [xviii]

No hace falta más como información, porque el dato proviene de fuentes autorizadas. Hal Brands, investigador del Instituto de Estudios Estratégicos del ejército estadounidense, tiene la explicación completa:

Debido al éxito de la interdicción en el Caribe, México se ha convertido en la estación de tránsito más importante para la cocaína y la heroína producida en los Andes, aparte de que es también uno de los mayores productores de mariguana y metanfetaminas. La permeabilidad de la frontera entre México y Estados Unidos permite un tránsito fácil, y la participación de México en el comercio de drogas ha crecido de manera sostenida en los últimos 15 años. Más del 90 por ciento de la cocaína y el 70 por ciento de las metanfetaminas y la heroína que se consumen en los Estados Unidos o se produce en México o pasa a través de México. El valor total del negocio es acaso de 25 mil millones de dólares anuales… [xix]

            La idea, los datos, la explicación son ya un saber adquirido, que no se discute. Vanda Felbab-Brown, del instituto Brookings, sólo se pregunta si en algún momento cambiarán las cosas: “Siempre existe la posibilidad de que se reabra la ruta del Caribe a través de la que se canalizaba la mayor parte de las drogas rumbo a Estados Unidos durante los 1980 y principios de los 1990, antes de que Estados Unidos desarrollase su masivo esfuerzo de interdicción aérea y marítima en el Caribe”[xx].

Lo interesante es que nada de eso es verificable. Ni el éxito de la intercepción, ni el cambio de rutas, ni la proporción de la droga que pasa por México. Pero la idea tiene como consecuencia un cambio de acentos en la relación bilateral. Para empezar, significa que para Estados Unidos el problema de la droga está sobre todo en México, y ya no en Colombia o en Perú, y que por lo tanto la guerra contra las drogas tiene que librarse en la frontera sur. Por otra parte, si los traficantes mexicanos “controlan” el mercado estadounidense, si la droga pasa por tierra, y continúa mediante una cadena de mexicanos hasta Miami y Nueva York, entonces se justifica casi cualquier cosa, en la frontera y en las calles, y hay mucho que exigir a México en la relación bilateral.

Desde luego, es un poco sorprendente de entrada que se admitan datos tan problemáticos, tan endebles, en asuntos así. Tengo la impresión de que es relativamente fácil de explicar: el sentido común pone lo que falta, y hace verosímil la información aunque no tenga ningún fundamento sólido. Volveré a ello un poco más adelante.

Algo más puede saberse, sin embargo. Preguntemos de nuevo: ¿por dónde pasa la droga? Insisto, es indudable que hay droga que pasa masivamente por la frontera terrestre. Pasa por el desierto de Sonora, por las aduanas de Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, pasa por túneles en Tijuana o Ciudad Juárez. Ahora bien: una cosa es decir que pasa por esa frontera, y otra distinta decir que pasa sólo por esa frontera. O que el 90 por ciento pasa por esa frontera. Y el problema es que no hay otra fuente de información que permita verificar el cálculo.

Sí es posible analizar lo que significa. Para empezar, basta la lógica para saber que la estimación de ese 90 por ciento es puramente especulativa, de fundamento por lo menos discutible. La afirmación dice que el 90 por ciento de la droga que no es detectada por las fuerzas de seguridad, policías y aduanas, pasa por la frontera sur –y bien: eso es imposible de saber, por definición. Porque se trata de la que no ha sido detectada. La conjetura se hace a partir del volumen de droga decomisada, según la idea de que se logra detener entre el 10 y el 20 por ciento de los cargamentos, y por lo tanto, se puede usar el volumen de la droga decomisada como indicador: si hay más decomisos en la frontera sur, significa que pasa más droga por la frontera sur. Eso puede parecer más o menos lógico, pero desde luego está muy lejos de ser un fundamento sólido para afirmar nada; entre otras cosas, porque el cálculo lo ofrecen los responsables de controlar el contrabando, que tienen un interés directo en lo que dicen las cifras.

Los cálculos se incorporan a documentos oficiales, que les confieren una autoridad indudable –pero no tienen fundamento. En el informe sobre seguridad en la frontera con México de 2006, por ejemplo, el comité de seguridad interior del congreso estadounidense hacía sus cálculos exactamente así. Tomaba como punto de partida los datos sobre arrestos y decomisos, y a continuación hacía un cálculo aproximado a partir de conjeturas imposibles de verificar: “Las dependencias de policía federal estiman que entre el 10 y el 30 por ciento de los extranjeros ilegales son detenidos, y entre el 10 y el 20 por ciento de la droga es decomisada. Por lo tanto, en 2005 ingresaron a los Estados Unidos entre 4 y 10 millones de migrantes ilegales, y se introdujeron entre 1.1 y 2.2 millones de kilos de cocaína, y entre 5.8 y 11.6 millones de kilos de mariguana”[xxi]. El problema es que no hay ningún método para hacer el cálculo. La única fuente que se cita, en nota a pie de página es una “entrevista del equipo de apoyo del subcomité con personal de la policía federal, el 21 de agosto de 2006”[xxii].

En resumen, la idea de que el 90 por ciento de la droga entre a través del territorio mexicano es una simple suposición –sin sustento confiable. Ahora bien: lo más interesante es que al afirmar eso se dice también, implícitamente, que la droga no entra por mar ni entra por la frontera canadiense.

Volvamos al principio. La explicación oficial, que repiten académicos y expertos de empresas de consultoría, sostiene que los contrabandistas colombianos cambiaron sus métodos como consecuencia de la presión a la que los sometió el gobierno de Estados Unidos a fines de los años ochenta. En particular, se menciona el éxito de la intercepción en el Caribe, que tuvo como consecuencia la opción por la vía terrestre, es decir, por México. Veamos lo que hay en ello. Sin duda las operaciones policíacas de los años ochenta frustraron operaciones de contrabando, desmantelaron redes, decomisaron droga. Pero prácticamente en todos los casos conocidos se descubrieron los cargamentos o las bodegas de Miami gracias a algún informante: delator o testigo protegido –y no por el funcionamiento rutinario del aparato de vigilancia de marina, guardacostas y aduanas. Es decir: no puede atribuirse una especial eficacia al filtro policíaco en el Caribe.

Eso significa que no hay ningún motivo de peso para suponer que se hayan abandonado de manera permanente las rutas marítimas del Caribe o del Pacífico. Es claro que el movimiento de cocaína entre Colombia, Perú, la costa de Ghana, y España, Holanda o Italia se hace por mar –o por aire. Lo mismo que el opio y la heroína que salen de Afganistán o Myanmar. A Centroamérica, a México, según lo que puede saberse por decomisos y operaciones de policía, una parte considerable de los estupefacientes llega por mar. Todo lo cual es lógico, dado que el 90 por ciento del comercio global se transporta por mar, en unos 50,000 barcos de carga registrados en más de 150 países. Parece razonable también que una parte de la droga llegue a Estados Unidos por mar.

Es sólo una suposición, desde luego. Pero hay información suficiente para que resulte por lo menos verosímil, incluso probable. La vigilancia de los barcos en alta mar es sumamente problemática[xxiii]. También en los puertos. Absolutamente insuficiente para frenar el contrabando, en ningún país del mundo. Los puertos más sofisticados pueden revisar alrededor del 5 por ciento de la carga que se maneja en ellos[xxiv]. Por supuesto, permanentemente se desarrollan nuevas tecnologías de detección, cuya consecuencia básica es el desarrollo de tecnologías de evasión. Algunos números permiten hacerse una idea de lo que significa la vigilancia marítima para Estados Unidos. Por el puerto de Long Beach, en Los Angeles, pasa más del 40 por ciento del comercio global, en un flujo que no puede detenerse, ni retrasarse. Eso significa que en un año transitan por él más de 14 millones de contenedores. Tiene capacidad para revisar, en tiempo, un 6 por ciento de la carga. Pero hay más: entre la ciudad de Los Ángeles y Long Beach hay registradas unas 250,000 embarcaciones de recreo –sin contar las de menos de 130 pies de eslora, que no necesitan registro[xxv]. Y es sólo un trecho minúsculo de la costa del Pacífico.

Estados Unidos tiene más de 26 puertos de altura, que mueven millones de contenedores de mercancía, y cientos de puertos deportivos, con decenas de miles de embarcaciones, a lo largo de 19, 924 kilómetros de costa. Es difícil imaginar que ese espacio tenga una vigilancia diez veces más eficaz que los 2,000 kilómetros de frontera terrestre con México.

Sirven de indicio también los testimonios que recogieron Scott Decker y Margaret Chapman, en el único estudio extenso de análisis cualitativo a partir de entrevistas con contrabandistas de alto nivel presos en cárceles estadounidenses. El libro está escrito en 2006, con material recogido durante los dos años anteriores[xxvi]. Salvando uno, que transportaba la droga en una avioneta, todos dicen que la llevaban por mar, la mayoría en pequeñas embarcaciones, pequeños pesqueros o barcos de recreo.

Imagino que no hace falta insistir mucho más. En todo caso, para completar el panorama, no sobra recordar que la frontera terrestre de Estados Unidos con Canadá es la más extensa del mundo, cuatro veces más larga que la que tiene con México: 8,893 kilómetros de longitud[xxvii]. Y no sobra tampoco recordar que hay una producción interna de estupefacientes en Estados Unidos. Para empezar, en los 14 estados en que es legal el cultivo y la comercialización de la mariguana. No me detengo más en ello. Es imposible saber qué proporción de la oferta de droga corresponda a esas otras fuentes: rutas marítimas, frontera canadiense, producción local. Sin embargo, si se considera la información con un mínimo de seriedad resulta obvio que la idea de que el 90 por ciento de la droga pase por la frontera terrestre con México es insostenible. Es una fabricación que no tiene ningún sustento empírico, pero no parece que sea algo gratuito.

No tendría sentido hacer un juicio de intención. El número forma parte de la elaboración simbólica de las relaciones entre México y Estados Unidos, y por eso se sostiene. Es claro que cualquier funcionario, como cualquier experto, puede ver que las cifras son puramente especulativas. En cualquiera de los tramos, entre el reporte de campo, el informe de la DEA, la comisión del congreso, el discurso del Departamento de Estado y el informe de la consultoría, en cualquiera de los tramos se deja ver la falta de base. Pero es igualmente claro que muchos de los que participan en esa cadena, incluidos sin duda los expertos, encuentran creíbles los cálculos a pesar de todo, porque confirman lo que les dice el sentido común. Comoquiera, tiene consecuencias. Me interesan particularmente dos de ellas.

La primera, la más obvia, es desviar la atención de la frontera canadiense y de los puertos, y el tráfico marítimo. Son ambas fronteras mucho más extensas, sin duda permeables, y mucho menos vigiladas que la frontera con México, pero sería imposible someterlas a un mayor control. Dados los niveles de alarma con que se trata en las últimas décadas el problema de la seguridad en Estados Unidos: droga, contrabando, terrorismo, crimen organizado, sería inmanejable en el sistema de opinión pública norteamericano una preocupación por la seguridad de los puertos, por ejemplo, equiparable a la que hay en la frontera sur. Es imposible saber en qué medida eso obedezca a un cálculo deliberado, pero en la práctica resulta muy útil que se asiente la idea de que la “guerra contra las drogas” ya se ganó en el mar –uy que prácticamente no hay contrabando marítimo.

La segunda consecuencia, casi igualmente obvia, es que la cifra sirve para justificar el presupuesto de la Patrulla Fronteriza, para justificar el despliegue policíaco y militar en la frontera sur, y para subrayar la importancia de la corrupción mexicana. Y minimizar en cambio la corrupción –tolerancia, complicidad, ineficiencia, da lo mismo—del lado estadounidense. Me explico. Si hay esa enorme desproporción, y la droga pasa casi exclusivamente por México, significa que el problema es México. Porque las autoridades estadounidenses son igualmente responsables, competentes y enérgicas ahí que en los 20,000 kilómetros de costas y en los casi 9,000 kilómetros de la frontera canadiense. Lo que cambia es que del otro lado está México.

Todos los estudios que conocemos sobre el contrabando en cualquier parte del mundo muestran extendidas, densas redes sociales, que incluyen a funcionarios, policías, líderes políticos, autoridades locales. Vista desde el centro, la frontera es una línea indudable y siempre amenazada, donde se enfrentan lo propio y lo ajeno. Y vistos desde el centro, los tráficos fronterizos tienen un grave componente moral. En cambio para las sociedades de frontera el tráfico legal e ilegal es parte del orden: plantea problemas prácticos, mucho más que morales[xxviii]. En el discurso estándar sobre el contrabando de drogas el contraste se hace particularmente agudo –y hace falta un lenguaje maniqueo, que ponga toda la responsabilidad de un lado (del lado mexicano, obviamente).

Esa omisión de la contraparte estadounidense, de funcionarios y policías y políticos locales estadounidenses, en la organización del narcotráfico en la frontera importa no por motivos morales, sino estrictamente prácticos: porque distorsiona el fenómeno e impide verlo con claridad[xxix]. El hecho de que las autoridades mexicanas, y en general la prensa y la opinión mexicanas admitan tácitamente la lectura maniquea es sólo un reflejo de la asimetría entre los dos países (multiplicada además porque Estados Unidos es también un modelo cultural). En términos prácticos, el resultado es que la frontera se construye literalmente como campo de batalla, donde contrabandistas aliados con policías y funcionarios mexicanos intentan pasar droga, y funcionarios estadounidenses tratan de impedirlo: es un problema de fuerza, que se resuelve por la fuerza, con más recursos de interposición, con más patrullas, cámaras, muros, helicópteros. De modo que queda siempre fuera de foco la estructura social de la frontera, con sus redes y sus sistemas de intercambio.

 

 

¿Cuánto vale el mercado de la droga?

El segundo rasgo que define la amenaza mexicana es el volumen del negocio de los narcotraficantes. Es uno de los temas más aireados cuando se trata de las drogas, porque las ganancias multimillonarias explican la infinita capacidad corruptora de “los carteles”, la inagotable reserva de gente con que cuentan, y el peligro que representan para el conjunto de la sociedad. Bien: aquí hay que decir que no hay nada claro, ni puede haberlo. La contabilidad de los negocios ilegales es prácticamente imposible, ni con márgenes de error de diez a uno. Es necesario manejarse a partir de estimaciones, conjeturas más o menos informadas, fuentes indirectas, y el resultado es que las cifras que se manejan varían de una manera escandalosa. No sólo en el caso de México, por cierto.

El ejemplo más notable, que viene a la memoria inmediatamente, es la estimación del Producto Criminal Bruto global, que circula en documentos del sistema de Naciones Unidas desde hace tiempo. A partir de 1998 se estandarizó el cálculo, con una aproximación de amplísimo margen: entre 800 mil millones y un billón y medio de dólares, que equivaldrían aproximadamente a un 5 por ciento del producto global[xxx]. A la droga corresponderían unos 500 mil millones de dólares. El conjunto es una cifra extraña, que incluye venta de imitaciones, contrabando de drogas, armas y tabaco, robo de automóviles, y en realidad casi cualquier cosa. A poco que se quiera exigir, carece de sentido. No hay ni la sombra de una metodología consistente para semejante cálculo (ni podría haberla, seguramente)[xxxi]. Volveremos a ello un poco más adelante.

En cuanto al negocio de los contrabandistas mexicanos, la información resulta bastante confusa. En 2009, el informe del Instituto de Estudios Estratégicos del ejército estadounidense que mencionamos más arriba afirmaba que “el valor total del negocio es acaso de 25 mil millones de dólares al año”, lo que según sus cálculos significaba que los “cárteles” mexicanos tenían ingresos superiores al 40% de las 500 compañías de la revista Forbes: “más que Merck, Deere y Halliburton”[xxxii]. El informe de Gereben, Bahney y Riley para la Rand ese mismo año abría un poco el margen: entre 25 mil y 30 mil millones de dólares anuales[xxxiii]. Al año siguiente, el reporte de la Oficina de Naciones Unidas para el control de las Drogas y la prevención del Crimen aseguraba que tan sólo el mercado de cocaína en América del Norte era de 38 mil millones de dólares[xxxiv]. Robert Killebrew y Jennifer Bernal, en un informe sobre la guerra contra las drogas en México, proponían una solución de compromiso: “Las estimaciones sobre las ganancias anuales por venta de drogas ilícitas van de 25 a 40 mil millones de dólares, o sea hasta el 5 por ciento del PIB de México –el doble del monto de las remesas de migrantes mexicanos”[xxxv]. Los análisis de los expertos de Stratfor, una empresa de consultoría especialista en asuntos de seguridad, normalmente optan por un número redondo: 40 mil millones de dólares[xxxvi]. Los cálculos del Departamento de Seguridad Interior dicen otra cosa: en 2010, entre 19 mil y 29 mil millones de dólares[xxxvii]. Diez mil millones de dólares más o menos.

Otros análisis tienen otros números. Un informe de Naciones Unidas sobre movimientos ilícitos de dinero, de 2011, estima que el monto del flujo que sale de América del Norte, en el mercado de drogas, podría ser de 10 mil millones de dólares[xxxviii]. O sea: aproximadamente la mitad de lo que supone el más sobrio de los análisis citados arriba, y eso incluyendo dinero con otros destinos, y no sólo México. Michael Braun, director en funciones de la DEA, tiene otra idea: “Los ingresos generados por el tráfico de drogas entre México, Estados Unidos y Canadá se ubican en 147 mil millones de dólares anuales…” Eso, sin contar con los 32 mil millones de dólares que según su idea corresponden al tráfico de personas[xxxix]. Profesor del ITAM y asesor de la ONU, Edgardo Buscaglia también ha echado su cuarto a espadas: de acuerdo con sus cálculos, los “cárteles del narcotráfico tienen recursos que representarían el 40 por ciento del Producto Interno Bruto” mexicano –es decir, entre 400 mil y 500 mil millones de dólares[xl]. Diez veces más de lo que calculan las fuentes estadounidenses más generosas.

Nuevamente hay que decir que nada de eso puede comprobarse. Volveremos a ello. Me interesa de momento subrayar que casi todas las cifras que se manejan, y desde luego las de fuentes oficiales, hacen de la droga una de las principales fuentes de ingresos del país. Implícitamente se refieren a un único sujeto, “el narco”, con ingresos de diez mil, veinte mil, cuarenta mil millones de dólares, es decir, con un poder económico superior al de cualquier empresa legal y de hecho superior al de cualquier otra rama de la economía como conjunto, y por lo tanto con un poder de corrupción ilimitado, y con capacidad para comprar regiones enteras del país, masas de población –en particular, por supuesto, a los jóvenes que se contratan como “sicarios” con la expectativa de darse “la gran vida”, aunque sea por un tiempo breve. En síntesis: frente a eso, es poco lo que se puede esperar de México, sin el apoyo de Estados Unidos.

Recapitulemos, para ver si algo puede quedar en claro: ¿cuánto vale el mercado de la droga? ¿Cuánto ganan los contrabandistas mexicanos? Las cifras que se manejan son tan problemáticas como las que se refieren al movimiento por las fronteras. Para empezar, las diferencias en los cálculos entre las distintas dependencias son absolutamente insólitas: puede haber una distancia de vente mil, cuarenta mil y hasta ochenta mil millones de dólares entre unas fuentes y otras. Pero además, cada una de ellas establece sus cifras con un rango de variación de diez mil o veinte mil millones de dólares. Por supuesto, eso significa que los números no son en absoluto confiables. Quien dice que su estimación tiene un margen de error de veinte mil millones de dólares, en realidad está diciendo que no tiene ni idea.

En esas condiciones, lo que llama la atención es que a pesar de todo las cifras estén en los informes, en las declaraciones de funcionarios, en las ruedas de prensa, en las audiencias del congreso. Y como un eco, en la explicación oficial mexicana. Significa que, disparatados y todo, esos números cumplen con una función. Sirven para algo.

Empecemos por el Producto Criminal Bruto. Decía que no hay una metodología explícita para calcularlo, pero que se admite en general como base la estimación de la Oficina de Naciones Unidas para el control de las Drogas y la prevención del Crimen, que lo sitúa entre el 2 y el 5 por ciento del PIB global. Ahora bien, los números son apenas poco más que una ocurrencia: “Estas cifras, repetidas una y mil veces, proceden de una simple conferencia del antiguo presidente del FMI, Michel Camdessus, que, por su parte, las extrajo de un artículo del Financial Times de 1994, en el que su autor aplicaba un coeficiente multiplicador a una serie de estimaciones del GAFI [Grupo de Acción Financiera Internacional], también dudosas, aparecidas poco tiempo antes”[xli]. De ese gran total, 500 mil millones de dólares corresponden al tráfico de drogas, contando con 100 mil millones de dólares sólo de Estados Unidos. Los números también son inciertos:

La cifra de 500 mil millones fue el resultado de un intento de ‘investigación’ de la oficina de Naciones Unidas responsable del combate al narcotráfico –cuando el jefe necesitaba desesperadamente un número para una rueda de prensa. De ahí en adelante, la cifra ha sido citada con frecuencia en los medios masivos. […] Cuando a uno de los altos funcionarios de ONU responsables de la estimación original se le preguntó por su exactitud, respondió que cualesquiera que fuesen sus deficiencias científicas, 500 mil millones de dólares era un número útil para atraer la atención del público.[xlii]

 

Desde luego, el número llama la atención, y se retiene fácilmente. Sirve para que los gobiernos justifiquen legislación, decisiones políticas y presupuestarias, sirve para mantener un clima de miedo –y las políticas de “mano dura”. Porque el volumen del negocio habla de la peligrosidad del enemigo. En resumen, los números son parte de la estrategia en la “guerra contra las drogas”, y no otra cosa.

Algo más tarde, la ONUDC redujo la cifra a 400 mil millones de dólares. No era en realidad una estimación del tráfico, sino del mercado de menudeo –donde el precio es considerablemente mayor. Pero además se trata de una aproximación de una vaguedad irremediable: “Francisco Thoumi, economista y en otro tiempo consultor de la ONUDC, ‘preguntó a varios miembros de la ONUDC por el procedimiento que habían empleado para llegar a esa cifra, pero la mejor explicación que pudieron darle fue que a partir de un repaso de varias estimaciones hechas de distintas partes del mundo habían hecho un cálculo aproximado de 356 mil millones de dólares, y habían redondeado a 400 mil millones’…”[xliii]

Por supuesto, el problema de origen es que resulta imposible hacer un cálculo. Para estimar el valor de la droga a partir de la producción por ejemplo, según lo explica Naylor, hace falta lo siguiente: una estimación de la superficie cultivada; una aproximación al contenido promedio de droga de las plantas; una conjetura sobre la calidad de los otros insumos químicos; una intuición acerca de los costos de transporte; una idea de la magnitud que representan los decomisos, y un cálculo de los precios de exportación: “cada asunto, por separado, es difícil de calcular, y el resultado siempre es de dudosa validez. Pero además hay que reunirlos todos”[xliv]. O sea, que el resultado es una inferencia a partir de un cálculo hipotético, derivado de una serie de conjeturas, cuya base es una estimación imposible de verificar. Las cifras estratosféricas son en general consecuencia de tomar como punto de partida la venta al pormenor, o incluso de tomar como datos de origen el volumen estimado de la producción y el valor de venta al pormenor en las ciudades de los países centrales[xlv]. Que son cosas que no tienen nada que ver.

El precio por gramo en los lugares de consumo es altísimo, desde luego. El problema es que la cantidad que se forma a partir del volumen total de venta al pormenor es una suma de dinero que no tiene nadie: ni ese monto es ganancia, ni la ganancia la concentran “los narcotraficantes”[xlvi]. Según los pocos estudios serios que existen, de base empírica contrastable, alrededor del 70 por ciento del precio de venta de la droga se queda en los últimos dos tramos del circuito, los más cercanos al consumidor, es decir, distribuidores y vendedores al pormenor –que son quienes están más expuestos[xlvii]. En términos prácticos eso significa, en lo que nos interesa, que el volumen del mercado global de drogas para los contrabandistas podría ser de 20 mil o 25 mil millones de dólares, a precios de desembarco en los países de consumo, y que el valor de las exportaciones mexicanas de droga estaría entre mil y tres mil millones de dólares[xlviii]. De nuevo, también en este caso se trata de valor total, no ganancia –porque ese dinero tiene que repartirse entre muchas manos.

Sólo un punto más, antes de seguir. Es difícil calcular las ganancias en un mercado ilegal, pero no imposible. Sobre todo, no es necesario limitarse a estimaciones a partir del volumen de la droga incautada y los precios al pormenor en el mercado final. De hecho, pueden hacerse cálculos de base mucho más sólida, a partir de la información de las cuentas nacionales –porque el movimiento de dinero producto del contrabando, si ingresa al país y se gasta o se deposita en cualquier banco, queda registrado en el renglón de “errores y omisiones”. Para esos efectos, no tiene ninguna importancia si se gasta en el mercado informal, en efectivo o del modo que sea, porque tarde o temprano aparece en el balance de alguien, y se refleja en las cuentas nacionales.

Desde luego, habrá dinero que ni se gasta ni se invierte, ni se deposita en un banco, dinero en billetes, escondido bajo tierra. No parece razonable que sea la mayor parte –sobre todo porque la mayoría de los que participan en la cadena productiva de la droga necesitan el dinero para consumo inmediato, cotidiano. Y bien: ¿de cuánto dinero estamos hablando? En los primeros años del nuevo siglo el monto total de los ingresos por transferencias registrado en cuenta corriente está sobre los 20 mil millones de dólares. Incluye por supuesto las remesas. Y el renglón de “errores y omisiones” registra algo menos de 10 mil millones de dólares –pero de saldo negativo. Puesto en blanco y negro, eso significa que hay una salida de divisas no registrada por Banco de México, cuyo valor excede a las que ingresan por cualquier vía[xlix]. Y significa que los ingresos por el contrabando de drogas están muy lejos de las estimaciones fantasiosas de 20 mil, 40 mil y 80 mil millones de dólares, y más cerca de los 2 o 3 mil que ha calculado Peter Reuter.

Dos apostillas. Primero, los anuncios de cifras multimillonarias del narcotráfico sugieren implícitamente –a veces explícitamente—que la droga es un gran negocio para México, porque supone un ingreso equivalente al de las remesas, si no mayor, y contribuyen a que se pase por alto el hecho de que el saldo global del movimiento irregular de dinero es negativo para México. El análisis de ese dato conduce a la prosa de la economía, y no es lo que me interesa[l]. Pero sí insistir en que la especulación sobre los fabulosos ingresos de los narcotraficantes mexicanos distorsiona la relación bilateral, y el significado económico del mercado de la droga. No es trivial. Segundo: las cifras escandalosas sirven para dar verosimilitud a la imagen de los “narcos” como elite ilegítima, que debe su posición a un dinero que se supone rápido, fácil y mal habido –y que es la contraparte ostensible de la elite legítima. Sirven también para que se pase por alto el hecho de que la inmensa mayoría de los detenidos, perseguidos, procesados, sentenciados, asesinados, en la guerra contra las drogas son pobres, incluso miserables.

 

¿Dónde se “lava” el dinero de la droga?

El tercer rasgo para caracterizar el peligro que representan los narcotraficantes mexicanos es la infiltración del sistema financiero del país, y a partir de ahí del conjunto de la economía mediante operaciones masivas de “lavado de dinero”. Es una consecuencia de lo anterior. Y parece en realidad de pura lógica: dado el volumen de dinero que mueven los cárteles mexicanos, tiene que haber una rutina de blanqueo igualmente masiva. No es sólo la lógica la que interviene, y no es trivial que se insista en ello.

Igual que en los otros casos, la acusación es prácticamente rutinaria. Aparece en todos los informes, sin necesidad de mayores explicaciones. En la definición de la estrategia antinarcóticos en la frontera, de 2009, se dice con toda la claridad que se pudiera desear:

 

La aparición de las organizaciones mexicanas de tráfico de drogas como proveedor dominante del mercado de drogas ilícitas de los Estados Unidos ha hecho que la frontera sudoeste sea la principal ruta de expatriación de las ganancias ilícitas de la droga. El cumplimiento estricto de la Bank Secrecy Act por parte de las instituciones financieras estadounidenses disuade a los traficantes de drogas de colocar inicialmente las ganancias ilegales en el sistema financiero de Estados Unidos. De acuerdo con el NDIC [Centro Nacional de Inteligencia para las Drogas], las organizaciones de narcotraficantes mexicanas y colombianas generan, mueven y lavan entre 18 mil y 39 mil millones de dólares al año, producto de la distribución mayorista, y se cree que una gran parte de eso es sacado de contrabando a través de la frontera sudoeste. Numerosas investigaciones policíacas han confirmado este método para mover las ganancias de la droga generadas en Estados Unidos.[li]

 

Es la versión estándar. Los expertos se permiten más flexibilidad todavía. Saskia Rietbroeck, de No Money Laundering, por ejemplo, puede decir que “el monto del dinero sucio que el crimen organizado hace circular por las arterias del sistema financiero mexicano va de los 25 a los 45 mil millones de dólares al año”; y para llegar a la cifra no necesita más que el sentido común, porque “en general, el lavado de dinero se estima aproximadamente entre 2% y 5% del PIB… Siendo México una nación con alto nivel de corrupción y narcotráfico, podemos esperar que el monto sea cerca del estimado alto…”[lii] O sea, 45 mil millones de dólares. Los documentos oficiales se repiten, con variaciones insignificantes. La base de datos sobre lavado de dinero, del Departamento de Estado, de 2010:

 

México es un importante productor e importante país de tránsito para la droga y también una de las principales vías para que las ganancias de la venta de drogas salgan de los Estados Unidos. Las ganancias del mercado ilícito de drogas son la principal fuente de fondos lavados a través del sistema financiero y el sistema comercial de México. […] El contrabando de grandes embarques de papel moneda hacia México, y la repatriación del efectivo hacia Estados Unidos mediante correos, vehículos blindados y transferencias electrónicas sigues siendo los métodos preferidos para lavar el dinero producto de la droga. […] Las estimaciones van de 8 mil millones a 25 mil millones de dólares enviados a México desde Estados Unidos, anualmente, por parte de las organizaciones de narcotraficantes.[liii]

 

Los números, los porcentajes, son para inspirar seguridad. El verdadero soporte es el sentido común. Las cifras son básicamente un recurso retórico, lo importante es que el relato se ajuste a la imagen que tiene el público. En la presentación de un Estudio Binacional sobre Bienes Ilícitos, por ejemplo, en 2010, el secretario adjunto para Investigación sobre Migración y Aduanas, John T. Morton decía que las ganancias de los cárteles mexicanos en Estados Unidos podrían ser de 29 mil millones de dólares, y a continuación explicaba: “Cierta información obtenida indica que no más de la mitad del dinero llega a las entidades financieras por conducto de las organizaciones criminales; otra información indica que es un cuarto del numerario”. En el mismo acto, el embajador estadounidense Carlos Pascual ponía otros números: “entre 75 y 90 por ciento de las ganancias obtenidas por la venta de droga al menudeo en Estados Unidos ingresa a México, generalmente en efectivo y mediante distintos métodos, como el cruce hormiga, a través del cual una persona transporta pequeñas cantidades (entre 5 y 10 mil dólares) o incluso en contenedores”[liv].

No está claro a qué se refiere concretamente ninguno de los dos: ni la cantidad de dinero, ni el término de referencia para los porcentajes. Ni mucho menos el método para hacer los cálculos. En realidad, no tiene importancia –es una escenificación casi ritual, para poner las cosas en su sitio. O mejor dicho para recordar que cada cosa tiene su sitio.

Antes de verlo con más detenimiento, digamos de nuevo que no es trivial que se insista en ese relato, porque dice muchas cosas. Dice para empezar que el dinero producto de la droga tiene que ser “lavado”, dice que se “lava” a partir de efectivo, de papel moneda, y que se hace en México, porque el sistema financiero estadounidense está blindado contra ello. Dice que el dinero de la droga sale de Estados Unidos, y que la economía mexicana recibe por esa vía muchos miles de millones de dólares al año. Todo lo cual autoriza al gobierno estadounidense a exigir a México muchas cosas, y además obliga a poner la atención en algunos asuntos muy concretos: las operaciones en efectivo en México, por ejemplo, los envíos de dólares, las remesas, y no en otros. Nuevamente hay que decir que nada de los que se dice sobre el “lavado” está comprobado, sería muy difícil de comprobar, y desde luego nada de ello es ni obvio ni lógico.

Empecemos por lo más simple. Es claro que algunas de las transacciones en el mercado de droga se hacen en efectivo, en particular la venta al menudeo. Pero no hay ningún motivo para suponer que siempre, todas las transacciones se hagan exclusivamente en efectivo. No hay ningún motivo, y no es razonable suponer que nadie de los que están implicados en el contrabando de drogas tenga una cuenta de banco, que nadie haga una transferencia –o que, en particular, nadie tenga una cuenta de banco en los Estados Unidos.

En segundo lugar, la afirmación de que el dinero de la droga tiene que moverse en efectivo hacia México para evitar los controles de la banca estadounidense sólo sería verosímil si pudiera pensarse que no hay en Estados Unidos grandes criminales, ni nadie que maneje dinero “sucio”. O que quienes lo hacen sólo usen efectivo. O que por alguna razón los contrabandistas mexicanos en particular no sean capaces de utilizar la banca estadounidense, que no sepan cómo sortear los controles. Y bien, es obvio que no es así. Es obvio que hay delincuencia en Estados Unidos, hay movimiento de dinero ilícito, producto de toda clase de actividades ilegales, y ese dinero ingresa al sistema financiero y a la economía formal, y el de los traficantes mexicanos exactamente igual que el de los demás.

Las dificultades empiezan con la idea misma de “lavado de dinero”, y las expectativas que se han generado a partir de ella. Vale la pena dar un breve rodeo para dejarlo un poco más claro. En las consideraciones preliminares de la Convención de Viena de 1988, contra el tráfico de drogas, se explicaba la amenaza en los términos que se han generalizado a partir de entonces:

 

Las partes de la presente convención […] conscientes de que el tráfico ilícito genera considerables rendimientos financieros y grandes fortunas que permite a las organizaciones delictivas transnacionales invadir, contaminar y corromper las estructuras de la Administración Pública, las actividades comerciales y financieras lícitas y la sociedad en todos sus niveles,

Decididas a privar a las personas dedicadas al tráfico ilícito del producto de sus actividades delictivas y eliminar así su principal incentivo para tal actividad…[lv]

            Insisto: es la imagen convencional, que explica la preocupación de gobernantes, funcionarios, expertos, por el lavado de dinero. Hay “grandes fortunas” que invaden, contaminan y corrompen. Y por otro lado hay la posibilidad de acabar con el crimen organizado de raíz, eliminando los incentivos. El resultado es un clima de permanente de frustración y de ansiedad global, la exigencia de nuevas leyes, nuevas instituciones, nuevas medidas de vigilancia, más estrictas, porque es obvio que no se está haciendo lo suficiente, puesto que no aparecen esas grandes fortunas. Incluso en Estados Unidos, que es promotor de casi todas las iniciativas, los resultados son bastante modestos, insignificantes en realidad –en comparación con lo que podría esperarse, dadas las cantidades que se manejan[lvi].

Todo parece indicar que el origen del problema, el origen de ese fracaso aparentemente clamoroso, está en la estimación de las ganancias del crimen. Si los contrabandistas mexicanos “lavan” 45 mil millones de dólares al año, es ridículo que se decomisen en promedio sólo 50 millones de dólares. Apenas algo más que el 0.1 por ciento del total. Ahora bien, es interesante que, pese a todo, en los círculos oficiales nadie piense en revisar a la baja los números. Significa que es preferible esa imagen de fracaso catastrófico, a cambio de la capacidad para pedir más facultades, más recursos, y para presionar al gobierno mexicano para que busque los 44,950 millones de dólares que faltan.

Pero decía que las dificultades comienzan con la idea misma del “lavado de dinero”. Todos sabemos de qué se trata. Es algo tan simple, tan claro, tan conocido, tan de sentido común, que pueden ahorrarse las explicaciones. Lo malo es que por eso, porque es algo tan sabido, suelen confundirse en la prensa y en las declaraciones políticas cifras que no tienen nada que ver entre sí. Sin que parezca extraño se identifica el valor del mercado de droga, por ejemplo, calculado a partir de precios de venta al pormenor, con los ingresos de los narcotraficantes, con las ganancias de los narcotraficantes, y con el dinero que se lava o se blanquea, como si fuese una misma cosa. Alguien estima que el consumo de drogas en Estados Unidos es de 80 mil millones de dólares, por ejemplo, y a renglón seguido se afirma que el crimen organizado lava 80 mil millones de dólares. Aclaremos antes de seguir. La mayor parte del dinero que se gasta en drogas se queda en la localidad de consumo, en los últimos dos tramos de la cadena. Y una parte considerable de lo que llega a los contrabandistas tiene que dedicarse a pagar a proveedores, productores, transportistas, guardaespaldas, policías… es decir, no puede contarse como ganancia.

En realidad, no es obvio que el dinero tenga que lavarse, y desde luego no todo. Veamos. El proceso de lavado de dinero implica tres pasos. Primero, hay un ingreso ilícito: ilegal, criminal, informal, no declarado. Segundo, una operación contable mediante la que ese dinero se incorpora al sistema financiero, a través de un prestanombres o una compañía que sirve de cobertura, para ocultar su origen. Y tercero, un nuevo movimiento mediante el que los fondos ya “blanqueados” se reinvierten en la economía formal: no tendría sentido correr el riesgo de lavar un dinero que no se piensa usar de algún modo, gastar, invertir o ahorrar. Y bien, una gran parte del dinero del crimen no tiene que lavarse de ninguna manera.

La mayoría de los integrantes de las cadenas delictivas necesita el dinero para consumo inmediato, y lo gasta sin ninguna operación financiera intermedia: campesinos, raspachines, traquetos, transportistas, bodegueros, guardaespaldas, burreros, pasadores, puntos, sicarios, pandilleros, camellos, necesitan el dinero de la droga para vivir[lvii]. Nunca tienen mucho, y desde luego no tienen que lavarlo. Tampoco hace falta lavar los recursos que se dedican a sobornos de funcionarios menores y policías[lviii]. Y desde luego, no hace falta lavar lo que se va a gastar en el mercado negro para comprar armas o droga, o falsificaciones o automóviles robados. A fin de cuentas, sólo una fracción del dinero de la droga tiene que blanquearse, y sólo en la medida en que hay al menos un deseo mínimo de respetabilidad, o hay la necesidad de actuar abiertamente en la economía formal[lix].

Vuelvo a la imagen aceptada, tal como aparece en la Convención de Viena. Se supone que las grandes fortunas del narcotráfico invaden, contaminan y corrompen. Pero no está claro cómo o por qué. No se sabe gran cosa sobre las prácticas financieras de los contrabandistas de droga, pero lo que se conoce no sugiere que intenten de ninguna manera subvertir el orden económico ni controlar ningún sector de la economía formal. Tienden a ser conservadores, incluso rudimentarios en sus inversiones. Compran tierras, casas, automóviles, si acaso negocios de funcionamiento relativamente simple, a veces con intenso movimiento de efectivo, como hoteles o restaurantes, clubes nocturnos, empresas de espectáculos, o depositan el dinero en paraísos fiscales.

 

A lo que apuntan los escasos estudios de los que disponemos, es que cuando los grandes delincuentes compran productos financieros o abren cuentas en jurisdicciones con secreto bancario, no tienen comportamientos diferenciados o especialmente distorsionadores de la (a)normalidad del sistema financiero internacional, sino que hacen exactamente lo mismo que el resto de sus actores: ponen sus dineros en manos de expertos financieros para que les produzcan unas determinadas plusvalías, preferentemente a largo plazo.[lx]

En la práctica se da por sentado que los narcotraficantes representan una amenaza no por otra cosa, sino por ser quienes son, y eso no necesita argumentarse. Su dinero es amenazador porque es suyo. Ni siquiera hace falta que se hagan explícitos los presuntos propósitos criminales del blanqueo: el dinero de origen ilícito implica una peligrosidad por contagio, porque es propiedad de criminales. Las declaraciones oficiales suelen resultar sumamente confusas porque tienen que explicar lo obvio, es decir, que el dinero sucio ensucia –está donde no debería estar[lxi].

Cuando se trata de explicar de manera más concreta el riesgo que representa el lavado de dinero se recurre normalmente a un razonamiento hipotético –el daño que podría ocasionar ese dinero—basado en tres premisas: primero, se trata de una cantidad ingente de recursos, equivalente al 3, 4 o 5 por ciento del PIB; segundo, ese dinero está concentrado en pocas manos, en unas cuantas organizaciones extraordinariamente poderosas; tercero, sus decisiones de inversión son irracionales desde un punto de vista económico, porque sobre todo les interesa mantener oculta su riqueza[lxii]. Sobra decir que las tres cosas son por lo menos discutibles. La fragilidad de las conclusiones que se extraen de ellas es notable.

Como término de referencia tomo el informe de 2011 sobre los flujos financieros ilícitos, de la Oficina de Naciones Unidas para el control de las Drogas y la prevención del Crimen. El director ejecutivo, Yuri Fedotov, resume con toda claridad en la presentación:

El informe también nos recuerda que, contra lo que supone la idea común de que el dinero no es ni bueno ni malo, las inversiones de “dinero sucio” en economías lícitas pueden crear problemas que van de la distorsión en la distribución de recursos al acaparamiento de sectores lícitos. En algunos casos, la influencia del dinero contaminado socava la reputación de las instituciones locales. Señaladamente, esas inversiones pueden obstaculizar la inversión y el crecimiento económico.[lxiii]

            Las mismas ideas, casi con las mismas palabras, se repiten en el resumen inicial del documento y en las conclusiones, como cosa sabida. El problema está en la demostración. En el informe hay complicados modelos algebraicos, cuadros, ecuaciones, gráficos, como corresponde a un análisis económico. Pero si se presta un poco de atención resulta que no hay más que conjeturas sin fundamento empírico, especulaciones, números muy dudosos, y una argumentación hipotética sobre posibles comportamientos de posibles criminales, sin ninguna información que permita verificarla. Vale la pena verlo con algún detenimiento.

Antes de asentar sus conclusiones los autores del informe aclaran que su análisis del mercado de la cocaína tiene algunas deficiencias: se sabe muy poco sobre el consumo per cápita, sobre los precios ajustados según pureza, o sobre el número de traficantes que hay en cualquier país dado; se sabe muy poco sobre la distribución del ingreso entre los traficantes; la información disponible no permite calcular el monto de las ganancias que tienen respectivamente mayoristas y minoristas; es difícil estimar las ganancias que produce el contrabando en particular, porque la estadística de decomisos ofrece datos poco confiables; finalmente, haría falta más investigación, con información más detallada de muchos países, para poder verificar los resultados del modelo[lxiv]. O sea, que se sabe realmente muy poco. Lo extraordinario es que después de eso haya cuatro páginas de conclusiones, erizadas de cifras.

Pero me interesa sobre todo su análisis de los problemas que implica la inversión de “flujos financieros criminales”. En primer lugar, según su argumento, provocan una “distorsión” en la asignación de recursos, porque un inversionista “normal” busca los rendimientos más altos, mientras que el inversor de fondos criminales sobre todo se preocupa por mantener oculto el origen del dinero: “la consecuencia es una distribución de recursos sub-óptima”, que desvía el capital hacia actividades menos productivas, hacia inversiones de baja calidad, o con las que están familiarizados los criminales, como bienes raíces, hoteles, restaurantes, compañías de transporte o de construcción[lxv]. No explican por qué motivo la inversión en restaurantes y hoteles tiene menos visibilidad o es más fácil de ocultar que la inversión en acciones de empresas de aeronáutica, o de informática. Pero tampoco explican por qué eso sea una “distorsión” o una “distribución sub-óptima”, si se trata de recursos que no se suponía que existieran.

En segundo lugar, los flujos de dinero ilícito “distorsionan los precios de mercado”. Eso se explica como sigue:

El problema subyacente –desde un punto de vista económico—es que grandes sumas de recursos criminales se concentran en un número limitado de grupos del crimen organizado que a su vez invierten esos fondos en un número limitado de sectores económicos, en particular en bienes raíces. Esto puede conducir a un aumento masivo de precios de los bienes raíces, con lo que se dejaría fuera del mercado a la gente que depende de fuentes de ingreso legales. [lxvi]

 Es llamativo que precisamente después del estallido de la burbuja inmobiliaria provocada por la banca de Estados Unidos, de Irlanda y España, a los expertos de la ONUDC les preocupe que el “dinero ilícito” pueda llegar a ocasionar un aumento de precios de los bienes raíces –en algún momento, en algún lugar. Desde luego, para alterar así el precio de la vivienda en cualquier país tendrían que invertirse cantidades astronómicas de dinero; por eso tal vez se refieren a los “grupos del crimen organizado” como si fuesen empresas, que toman colectivamente las decisiones de inversión. Comoquiera, lo más interesante es que sea un argumento puramente hipotético. No aducen información de ningún caso, no mencionan ninguna experiencia concreta, ninguna ocasión en que se haya producido efectivamente esa inflación de los precios de los bienes raíces.

Otra de las consecuencias negativas del lavado de dinero que registra el informe es la “distorsión de las exportaciones”. En particular se menciona el riesgo de que los flujos ilícitos provoquen una revaluación de la moneda que reduzca la competitividad del país, de modo que las exportaciones legales sean reemplazadas por las exportaciones ilegales[lxvii]. Nuevamente hay que decir que un impacto así sobre el tipo de cambio requiere un movimiento masivo de dinero. Nuevamente, la afirmación es puramente hipotética. No hay nada que sugiera, por ejemplo, que las exportaciones de automóviles de México se han visto perjudicadas por el contrabando de drogas. En los párrafos siguientes del informe se especula sobre el incremento en la siembra de coca y la tasa de crecimiento económico en Bolivia, Perú y Colombia, sin nada concluyente. Al cabo de tres páginas, se reconoce en un aparte que no hay ninguna prueba[lxviii], pero el argumento sigue[lxix].

Otra de las posibles consecuencias del ingreso de dinero ilícito es, según el informe, “la distorsión de las pautas de consumo y su impacto sobre las importaciones”. Ya no es que se invierta en empresas deficitarias o poco productivas, o en bienes inmuebles, sino que se gasta en bienes de consumo de lujo: joyas, instrumentos de música, aviones, yates, automóviles de lujo. El argumento se desarrolla así. Ese consumo podría tener como consecuencia un aumento de las importaciones, lo que podría afectar a la balanza comercial, cuyo desequilibrio podría afectar a la estimación de las empresas calificadoras de riesgo, lo que a su vez podría afectar a las tasas de interés para la contratación de deuda soberana, cosa que podría tener un impacto negativo sobre el crecimiento económico[lxx]. Ningún ejemplo, ningún dato, ninguna información sobre ningún caso concreto –sólo lo que podría suceder si se diera el impacto que podría darse si sucediera lo que podría suceder si hubiese un impacto como el que podría haber si se gastara una cantidad exorbitante de dinero en joyas y coches de importación (y no en bienes raíces o en restaurantes).

Me he detenido un poco para dejar en claro que las fantasías sobre el lavado de dinero no son accidentes de interés anecdótico. Y para dejar en claro que son fundamentalmente fantasías.

Vuelvo al argumento. Según lo más probable, el volumen del dinero que tiene que lavarse es muchas veces menor al que se estima normalmente. Su impacto sobre la economía es sin duda mucho menor de lo que se sugiere. Y bien: ¿qué volumen tiene? Imposible saberlo con seguridad. La información de Banco de México sugiere que podría estar como mucho en torno a los 3 mil millones de dólares al año. Pero eso es, por supuesto, si se atribuyen al narcotráfico todas las inconsistencias registradas en la balanza de cuenta corriente. La prensa quiere hablar de “blanqueo”, las autoridades dan a entender que se trata de “blanqueo”, pero la información se refiere a flujos no documentados, nada más, por un monto de 46 mil millones de dólares en once años, es decir, un promedio de cuatro mil millones de dólares anuales –no de contrabando, sino de inconsistencias[lxxi].

La imagen de los contrabandistas moviendo su dinero en paquetes de papel moneda sirve para confirmar la eficacia de los mecanismos de vigilancia del sistema financiero estadounidense, y pone en contraste el capital honrado, que no tiene nada que ocultar, y se presta a ser supervisado, y el capital criminal, que tiene que salir de Estados Unidos en fardos de billetes. Y es además una amenaza para la economía mexicana.

Por otra parte, poner el énfasis en los movimientos de efectivo, en la compra de joyas y casas, sirve para dejar fuera de foco el funcionamiento ordinario del sistema financiero internacional, que está diseñado precisamente para favorecer el movimiento de dinero anónimo, opaco, imposible de controlar. Sólo un dato para que se entienda lo que esto significa: más de la mitad de las operaciones financieras globales se realizan cotidianamente en lo que se conoce como “paraísos fiscales” –si hay algún impacto relevante del movimiento de “flujos ilícitos” sobre la economía de los países periféricos, se produce ahí.

 

En resumen

Aparte de todo eso, que define la imagen del “narco” en el espacio público norteamericano, hay aditamentos que varían según la coyuntura política. En ocasiones se pone el énfasis en la participación de los “cárteles” en el “tráfico de personas” y la migración ilegal, en ocasiones se insiste en los riesgos que hay en México para el turismo estadounidense, en la violencia de las ciudades fronterizas, o en la amenaza del narco-terrorismo.

No hace falta pensar que nadie pretenda engañar ni que fabrique la información deliberadamente. En realidad, lo más probable es que casi todos: funcionarios, académicos, expertos, estén convencidos de lo que dicen. Todos ellos saben, con la seguridad que da el sentido común, que la droga llega de fuera, que pasa por México, que el narcotráfico es un negocio fabuloso de unos cuantos “carteles”, que el dinero sale en billetes para “lavarse” en la banca mexicana. La información que encuentran, o que construyen, les resulta verosímil precisamente porque coincide con lo que sabían de antemano –y por supuesto, los números contribuyen a su vez a confirmarlo. Si hubiese información que dijera lo contrario, resultaría difícil de creer, y se exigiría absoluto rigor metodológico para admitirla.

Me detengo sólo un instante en esto, porque importa dejarlo claro. El sentido común, como dice Geertz, es una interpretación de la experiencia inmediata, su autoridad es el mundo[lxxii]. Se impone con el peso de lo obvio. Ahora bien: cuando se trata de fenómenos complejos, o de gran escala, como es el caso, no puede haber una percepción inmediata, el sentido común es entonces una elaboración secundaria, que depende de estereotipos, prejuicios, razonamientos preconcebidos. Así pasa con el tráfico de drogas, con el crimen organizado, el lavado de dinero –la experiencia inmediata que tiene la gente es la de los periódicos, las de los noticieros de televisión.

La explicación estándar, que se construye con esos tres rasgos básicos, resulta en más de un sentido tranquilizadora para la opinión estadounidense, y en todo caso muy útil para explicar el modo como se hace frente al problema. En primer lugar, dice que la amenaza viene de fuera[lxxiii]. Las drogas se producen, se cultivan y se procesan fuera de Estados Unidos, y llegan del exterior –esa sola idea, subrayada por la afirmación de que el 90% de la droga pasa por México, dice que existe la frontera, que la frontera es importante, que es necesario protegerla, pero sobre todo dice que es posible hacerlo. Por otra parte, si el problema es la frontera mexicana, la solución está en la política fronteriza. La preocupación por Colombia, Bolivia, Perú, Myanmar o Afganistán pasa a un segundo o tercer plano. El enemigo está mucho más cerca, y además es posible actuar contra él de manera mucho más inmediata. La idea sirve también para afirmar algo fundamental: Estados Unidos es país de consumo de drogas, y es decir, que tiene básicamente un problema de salud; otros países son espacios de producción y tránsito, y eso significa que tienen graves problemas de corrupción, y que el tráfico debe atacarse con el ejército. Todo ello se da por sabido, como si la droga no transitara entre Matamoros y Baltimore, entre Miami y Detroit, como si no hubiese ni sembradíos de mariguana ni laboratorios de metanfetaminas en territorio estadounidense.

Por otra parte, si las ganancias son de ese orden, si hay media docena de “carteles” que ganan decenas de miles de millones de dólares, entonces se justifica el gasto multimillonario de la guerra contra las drogas. Se justifica la prioridad que se le concede, en la estrategia de seguridad interior, en la legislación, en las relaciones exteriores –porque es un enemigo imponente. Y de paso, eso sirve para explicar el fracaso de la guerra.

Ahora bien: lo más interesante es lo que se dice al afirmar que la mayor parte del dinero se “lava” en México, a partir de billetes de banco. Primero, se dice que los mecanismos de control del sistema bancario estadounidense funcionan, y no permiten el “lavado” de dinero. Volveremos a eso. También se dice que el negocio de la droga es de extranjeros, de mexicanos concretamente, que sacan sus ganancias del país. Eso significa que en todos los sentidos Estados Unidos es víctima de los narcotraficantes, que llevan mercancía prohibida, la introducen ilegalmente, provocan un problema de adicciones, y además hacen un enorme negocio con ello, y se llevan el dinero. Las cosas serían más difíciles de explicar, más confusas en cualquier caso, si resultara que la mayor parte del dinero del mercado de drogas se quedara en Estados Unidos.

Todo eso nos importa en primer lugar porque esa mirada pone el contrabando de drogas como asunto absolutamente prioritario en la agenda bilateral. Y además impone una manera de abordarlo que no deja abiertas muchas alternativas. Pero importa sobre todo porque el gobierno mexicano ha aceptado esa manera de explicar el fenómeno: los datos, los argumentos, las inferencias, y los estereotipos implícitos[lxxiv]. Eso dice el Plan Mérida (Iniciativa Mérida, Plan México) de 2007. Según la declaración conjunta, su propósito era “incrementar la cooperación bilateral para luchar contra el crimen organizado y combatir el tráfico de armas que fomenta la violencia de las organizaciones criminales, así como el tráfico de drogas, entre ellas las metanfetaminas y los precursores químicos, y las actividades financieras ilícitas, incluyendo el contrabando de dinero en la frontera”. No hacía falta decir hacia dónde iban las drogas, hacia dónde las armas, el dinero de contrabando[lxxv]. Dicho sea de paso, el gobierno de Estados Unidos no asumía ningún compromiso concreto para actuar dentro de sus fronteras.

En resumen, para concluir, podemos saber que los números que se usan para caracterizar el fenómeno no son dignos de crédito. No sólo carecen de fundamento empírico contrastable, sino que parecen deliberadamente arreglados con una intención política. Se corresponden con una serie de estereotipos: la ilegalidad mexicana, la peligrosidad del contrabando, su inmenso poder, estereotipos que tienen consecuencias políticas. Dicho de otro modo, el “narco” es también, siempre, una construcción política.

[i] Ya lo mencionamos. La alternativa de las encuestas de victimización, que puede ser útil para establecer algunos contrastes, tiene sus propias dificultades. Para México, la serie más consistente es la Encuesta Nacional sobre Inseguridad, levantada anualmente desde 2002 (ver Encuestas Nacionales sobre Inseguridad (ENSI), México: Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, http://www.icesi.org.mx/estadisticas/estadisticas_encuestasNacionales.asp (consultado el 12 de junio de 2012).

[ii] Hemos mencionado algunos casos, hablaremos de otros más adelante. Pero basta una revisión superficial de la prensa para confirmarlo.

[iii] Me he ocupado del tema en otras ocasiones. Por ejemplo, en A la sombra de los libros. Lectura, mercado y vida pública, México: El Colegio de México, 2007, y en “Vida pública en México. Apuntes sobre el sistema de la opinión pública en el nuevo siglo”, en Soledad Loaeza y Jean-François Prud’homme (eds.), Instituciones y procesos políticos. Los grandes problemas de México, Vol. XIV, México: El Colegio de México, 2010.

[iv] Es un escenario similar al que sostiene las acusaciones de brujería contemporáneas en buena parte de los países africanos. Nunca se va a saber lo que ha sucedido realmente: pero se sabe que la verdadera historia se reduce a una historia de familia de “los grandes”. Ver Ashforth, Witchcraft, Violence and Democracy in South Africa, Chicago. The University of Chicago Press, 2005, passim, o Peter Geschiere, The modernity of Witchcraft. Politics and the Occult in Postcolonial Africa, Charlottsville, W.V.: The University of Virginia Press, 1997.

[v] Supongo que se entiende: la idea que se hagan la prensa, los académicos o el gobierno mexicano con respecto a la delincuencia estadounidense es fundamentalmente irrelevante en Estados Unidos. Y desde luego no tiene ningún impacto sobre la política de seguridad.

[vi] Entre los títulos notables de la literatura de escándalo narco-político, señalando uno de los momentos de mayor tensión en la relación bilateral, está el libro de Elaine Shannon, Desperados, en que directamente se señala al presidente Miguel de la Madrid –a la manera de la prensa mexicana de esos años. Ver Froylán Enciso, “Los fracasos del chantaje. Régimen de prohibición de drogas y narcotráfico”, en Alvarado, Arturo y Mónica Serrano (coords.), Seguridad Nacional y seguridad interior. Los grandes problemas de México, Vol. XV, México: El Colegio de México, 2010, pp.83 y ss.

[vii] Armando Fernández Steinko, Las pistas falsas del crimen organizado. Finanzas paralelas y orden internacional, Madrid: Catarata, 2008, p.138.

[viii] Max Singer, “The Vitality of Mythical Numbers”, Public Interest, n.23, Primavera 1971 (http://www.nationalaffairs.com/public_interest/detail/the-vitality-of-mythical-numbers ). Me extiendo en el ejemplo, porque es verdaderamente modélico.

[ix] Ibidem.

[x] Ibidem.

[xi] Peter Reuter, “The (continued) vitality of mythical numbers”, Public Interest, n. 75, Primavera 1984, p. 136.

[xii] Escéptico, Reuter se limitaba a pedir moderación: “Sin duda ha habido siempre números míticos en el mundo, que satisfacen una necesidad profunda de medir al ‘enemigo’, interior o exterior. […] Pero seguramente no es mucho pedir que la fabricación de mitos sea una actividad del sector informal, y que el gobierno se limite a ofrecer estimaciones sólo cuando haya un fundamento razonable y haya necesidad de hacerlo”, Ibid., p.145.

[xiii] Para un panorama, vale la pena ver Matthew B. Robinson y Renee G. Scherlen, Lies, Damned Lies and Drug War Statistics. A Critical Analysis of Claims Made by the Office of National Drug Control Policy, Nueva York: State University of New York Press, 2007.

[xiv] Sólo como ejemplos: Christopher Wren, “Phantom numbers haunt the war on drugs”, The New York Times, 20 de abril de 1997; Jack Shaffer, “The (ongoing) vitality of mythical numbers. Does ID theft really cost $48 billion a year?”, Slate magazine, 26 de junio de 2006; Jack Shaffer, “More mythical numbers. The GAO debunks the official human-traffoicking estimates”, Slate magazine, 16 de agosto de 2006.

[xv] Peter Andreas y Kelly Greenhill, “Introduction: The Politics of Numbers”, en Peter Andreas y Kelly M. Greenhill (eds.), Sex, Drugs and Body Counts. The Politics of Numbers in Global Crime and Conflict, Ithaca: Cornell University, Press, 2010, edición electrónica formato kindle, loc. 146-150.

[xvi] US Congress. The Majority Staff of the House Committee on Homeland Security, Subcommittee on Investigations, Michael T. Macul, Chairman, A Line in the Sand. Confronting the Threat of the Southwest Border, Washington: US Congress, 2006, p. 7. Continúa diciendo que según informa la DEA, las organizaciones de narcotraficantes mexicanos son “mucho más sofisticadas y peligrosas que cualquier otro grupo del crimen organizado en la historia…” Y se ilustra el peligro con una imagen muy llamativa: un mapa del estado de Texas literalmente acribillado desde el sur por veintinueve flechas (trece rojas, dieciséis negras).

[xvii] US Government. Office of National Drug Control Policy, National Southwest Border Counternarcotics Strategy, Washington, junio 2009, pp. 17, 41. Dice eso, literalmente: “Most of the U.S. illegal drug trade is controlled by organizations based in Mexico”.

[xviii] Agnes Gereben Schaefer, Benjamin Bahney y Jack Riley, Security in Mexico. Implications for U.S. Policy Options, Santa Monica: Rand Corporation, 2009, p. xiv.

[xix] Hal Brands, “Mexico’s Narco-Insurgency and U.S. Counterdrug Policy”, Strategic Studies Institute, Mayo 2009, http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/ (consultado 9 de junio de 2012).

[xx] Vanda Felbab-Brown, The Violent Durg Market in Mexico and Lessons from Colombia, Foreign Policy at Brookings, Policy Paper n.12, marzo 2009, p.3

[xxi] US Congress. The Majority Staff of the House Committee on Homeland Security, Subcommittee on Investigations, Michael T. McCaul, Chairman, A Line in the Sand., op. cit., p.3

[xxii] Ibidem. En un ensayo en el New York Times, de 1997, Christopher Wren citaba a un funcionario (que pedía el anonimato) para explicar cómo se llegaba a ese 10 por ciento de droga decomisada, que se había vuelto habitual: “La verdad es que hay manera de saber. Un año podemos estar decomisando el 50% y al año siguiente un 5%. Es una adivinanza”. Según Wren, la estimación del 10% surgió en los años ochenta, “cuando se presionó en una audiencia del congreso a un funcionario de policía, para que diese un número exacto”, Christopher Wren, “Phantom numbers haunt the War on Drugs”, The New York Times, 20 de abril de 1997.

[xxiii] En junio de 2002, por ejemplo, el presidente George W. Bush promulgó una autorización ejecutiva para que la armada estadounidense pueda interceptar y abordar barcos mercantes en alta mar, en busca de terroristas: no ha habido ningún resultado digno de mención. En los primeros dos años fuerzas de la OTAN interceptaron alrededor de 16,000 barcos, abordaron y revisaron más de 200 de ellos, y obtuvieron “unos pocos éxitos, más bien modestos”, William Langewiesche, The Outlaw Sea. A World of Freedom, Chaos and Crime, Nueva York: North Point Press / Farrar, Strauss & Giroux, 2004, p.40.

[xxiv] Si se piensa que el puerto de Rotterdam, por ejemplo, tiene una superficie de más de 100 kilómetros cuadrados, recibe al año alrededor de 30,000 barcos de carga, 133,000 embarcaciones de otro tipo y mueve unos 400 millones de toneladas de carga, transportadas en más de 9 millones de contenedores –eso quiere decir que llegan unos 80 barcos de altura cada día, y se descargan casi 25,000 contenedores. Ver Nordstrom, Global outlaws, op.cit., pp. 160-161.

[xxv] Ibid., pp. 192 y ss.

[xxvi] Scott H. Decker y Margaret Towsend Chapman, Drug Smugglers on Drug Smuggling. Lessons from the Inside, Philadelphia: Temple University Press, 2008, passim.

[xxvii] El contrabando por la frontera canadiense, en ambos sentidos, es un hecho bastante conocido. Rutinario, por ejemplo, en Cornwall, en el territorio Mohawk entre Ontario, Quebec y el estado de Nueva York (ver por ejemplo: Neco Cockburn, “Smuggling’s price”, Ottawa Citizen, 21 de noviembre de 2008, http://www2.canada.com/ottawacitizen/news/story.html?id=ecc66684-6dde-4924-bea7-9e54ff7b6063

[xxviii] Escribiendo sobre la cuenca del lago Chad, Janet Roitman: “La actividad económica no regulada y el bandolerismo en los caminos resultan necesarias para el Estado, en la medida en que circunscriben nuevas formas de rentismo y nuevas clientelas políticas. Sin embargo, también el Estado es necesario para esas actividades en la medida en que dependen de relaciones forjadas con funcionarios de aduanas, gobernadores, alcaldes, y la policía”, Roitman, “The Ethics of Illegality in the Chad Basin”, en Comaroff, Jean y John Comaroff, (eds.) Crime and Disorder in the Postcolony, Chicago: The University of Chicago Press, 2006, p.250. Es un panorama muy similar al que encuentra Andrew Walker en su magnífico estudio sobre el Mekong (Andrew Walker, The Legend of the Golden Boat. Regulation, Trade and Traders in the Borderlands of Laos, Thailandia, China and Burma, Honolulu: University of Hawai’i Press, 1999), o Natalia Mendoza en el desierto de Altar, en Sonora (Mendoza, Conversaciones del desierto. Cultura, moral y tráfico de drogas, México: CIDE, 2008).

[xxix] El repaso más superficial de la prensa de los últimos años muestra numerosos casos de corrupción de policías, fiscales, militares, infantes de marina estadounidenses, implicados en el tráfico de drogas (en la página de November Coalition, por ejemplo, se puede encontrar información abundante, actualizada, muy elocuente, http://www.november.org/index.html ). Es enteramente lógico. Sólo llama la atención que no se le preste más atención al hecho.

[xxx] Hay quienes proponen cifras más altas incluso: “Diversas estimaciones calculan que en la actualidad el blanqueo de dinero representa entre el 2% y el 5% del PIB mundial, es decir, entre 800,000 y dos billones de dólares”, Luis Esteban Manrique, “El dinero del crimen contamina América Latina”, Economía exterior, n.49, Estudios de Política Exterior, Madrid, Verano 2009, p.99.

[xxxi] Naylor, R.T., Wages of Crime. Black Markets, Illegal Finance, and the Underworld Economy, Ithaca: Cornell University Press, 2002, pp. 33 y ss.

[xxxii] Hal Brands, op. cit., p.5.

[xxxiii] Gereben, Bahney y Riley, op. cit., p. xvi.

[xxxiv] United Nations Office on Drugs and Crime. The Globalization of Crime. A Transnational Organized Crime Threat Assessment, Viena: UNODC, 2010, p. 85.

[xxxv] Killebrew, Bob and Jennifer Bernal, Crime Wars. Gangs, Cartels and US National security, Washington: Center for a New American Security, 2010, p. 16. Dicen eso: entre el 2 y el 5 por ciento del PIB, quince mil millones de dólares arriba o abajo.

[xxxvi] George Friedman, “Mexico: On the Road to a Failed State?”, Stratfor, 2008, http://www.stratfor.com/weekly/mexico_road_failed_state (consultado 3 de junio de 2012), George Friedman, “Mexico and the Failed State Revisited”, Stratfor, abril 2010, http://www.stratfor.com/weekly/20100405_mexico_and_failed_state_revisited (consultado 3 de junio de 2012).

[xxxvii] Silvia Otero, “EU: cárteles lavan hasta 29 mmdd”, El Universal, 3 de junio de 2010.

[xxxviii] United Nations Office on Drugs and Crime. Estimating Illicit Financial Flows Resulting from Drug Trafficking and Other Transnational Organized Crimes, Viena: UNODC, 2011.

[xxxix] Doris Gómora, “Narco genera 147 mil mdd al año: exjefe de la DEA”, El Universal, 4 de junio de 2012.

[xl] Doris Gómora y Francisco Gómez, “La economía, infiltrada por el narco”, El Universal, 15 de noviembre de 2009.

[xli] Armando Fernández Steinko, Las pistas falsas del crimen organizado. Finanzas paralelas y orden internacional, Madrid: Catarata, 2008, p. 136.

[xlii] R. T. Naylor, Wages of Crime, op. cit., p.33.

[xliii] Andreas y Greenhill, op. cit., loc. 824-844.

[xliv] Ibid., pp. 7-8.

[xlv] “La Oficina de Naciones Unidas para el control de las Drogas y la prevención del Crimen multiplica el precio de venta al pormenor por el volumen de producción mundial, aunque es obvio que los pequeños vendedores callejeros no son ‘grandes empresarios del crimen’ y que el precio en Karachi es mucho más bajo que en Nueva York…” Jean Cartier-Bresson, “Comptes et mécomptes de la mondialisation du crime”, Paris, L’Économie Politique, n.15, julio 2003, p. 30.

[xlvi] Según las conjeturas más serias, los jefes de organizaciones de contrabando, que son quienes concentran un mayor porcentaje del valor, retienen aproximadamente el 30 por ciento. Ver Fernández Steinko, op.cit., p. 167-168.

[xlvii] Peter Reuter, Disorganized Crime. Illegal Markets and the Mafia, Cambridge: The MIT Press, 1986; Peter Reuter y V. Greenfield, “Measuring Global Drug Markets”, World Economics, n.4, octubre-diciembre 2001, passim.

[xlviii] Reuter y Greenfield, op. cit., p. 171.

[xlix] Las estadísticas están disponibles en la página de Banco de México, http://www.banxico.org.mx/estadisticas/index.html

[l] Dev Kar, en un informe para Global Financial Integrity, ha calculado que anualmente salen de México de manera irregular alrededor de 50 mil millones de dólares –el 80 por ciento, producto de facturación fraudulenta entre empresas o dentro de una misma empresa. Ver Dev Kar, México: Flujos financieros ilícitos, desequilibrios macroeconómicos y la economía sumergida, Global Financial Integrity, enero 2012, http://mexico.gfintegrity.org/es/ (consultado 2 de julio de 2012).

[li] US Government. Office of National Drug Control Policy, National Southwest Border Counternarcotics Strategy, op. cit., p.25.

[lii] María de la Luz González y Doris Gómora, “Acentúan el combate al ‘lavado’ de dinero”, El Universal, México, 6 de febrero de 2009.

[liii] US Government. Departament of State. Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, Money Laundering and Financial Crimes, Country Database, Washington, Mayo 2010, p.291.

[liv] Daniel Venegas, “Se lava en México 50% del narcodinero que llega de EU”, Milenio, México, 6 de marzo de 2010. No está claro si el embajador Pascual se refiere al total de las ventas de droga al menudeo en Estados Unidos, que sería disparatado, o al total del dinero de la venta al menudeo por parte de contrabandistas mexicanos, en cuyo caso falta la información básica, sobre el volumen de ese posible negocio. La vaguedad dice que en realidad no importa el número.

[lv] Naciones Unidas. Oficina contra la Droga y el Delito. Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. Viena, 20 de diciembre de 1988. http://www.unodc.org/pdf/convention_1988_es.pdf

[lvi] La Oficina de Aduanas e Inmigración informa en 2012 que en los primeros ocho años de vigencia de la nueva legislación para perseguir el contrabando de efectivo ha decomisado 510 millones de dólares ( http://www.ice.gov/bulk-cash-smuggling-center/ ), y ha detenido a casi 200 personas en catorce países: México, Panamá, Colombia, Ecuador, Filipinas, Taiwán, Tailandia…

[lvii] “tiene que haber necesariamente muchos actores que intervienen en las cadenas delictivas, éstas están muy dispersas y la mayoría de estas personas generan pocos excedentes económicos una vez descontados sus propios gastos corrientes”, Fernández Steinko, op. cit., p. 141.

[lviii] Según lo que sabemos a partir de testimonios y procedimientos judiciales verosímiles, las cantidades que reciben los policías municipales en México son del orden de los 3,000 o 4,000 pesos al mes (es decir, sobre 300 dólares).

[lix] Volveremos a ello un poco más abajo, pero no sobra dejar dicho que eso significa que es mucho más probable que tengan que “blanquear” dinero un dentista o un cirujano que cobran sin entregar recibo o los propietarios de un restaurante.

[lx] Fernández Steinko, op. cit., p.110.

[lxi] La construcción simbólica del crimen organizado, y del lavado de dinero en particular, podrían servir de ejemplo para ilustrar las tesis de Mary Douglas. En una línea: la idea de suciedad implica la existencia de un sistema de clasificación para poner cada cosa en su sitio. Sucio es lo que está fuera de lugar, lo que se tiene que excluir para mantener el orden. Mary Douglas, Purity and Danger, An analysis of the Concepts of pollution and taboo, Nueva York: Routledge, 2009, passim.

[lxii] Dejo de lado, porque me parece irrelevante, la idea de que los delincuentes lavan dinero para financiar su actividad delictiva –no hace falta acreditar el origen de los recursos con que se compran armas en el mercado negro, o drogas. Insisto, me parece irrelevante, es una explicación rudimentaria, de quien no tiene claro en qué consiste el lavado de dinero o por qué es un problema. Declaraciones de la procuradora general Marisela Morales: “El abatimiento de la criminalidad solo se logrará cuando privemos a los delincuentes de los recursos materiales para obtener los medios que generan violencia e impunidad”, en Roberto González Amador, “Para abatir la criminalidad, el único camino es cortar sus ganancias: PGR”, La Jornada, 30 de septiembre de 2011.

[lxiii] United Nations Office on Drugs and Crime. Estimating Illicit Financial Flows Resulting from Drug Trafficking and Other Transnational Organized Crimes, Viena: UNODC, 2011, p. 5

[lxiv] Ibidem., p. 128.

[lxv] Ibidem., pp. 109-110.

[lxvi] Ibidem., p. 110.

[lxvii] Ibidem., p.111.

[lxviii] “Por supuesto, no hay ninguna prueba de que el incremento en la producción ilícita de drogas, y por lo tanto una mayor presencia del crimen organizado, esté necesariamente vinculada con la caída de la actividad económica. […] El declive económico y las bajas tasas de crecimiento son con frecuencia resultado de situaciones generales de inestabilidad…”, Ibidem., p. 112.

[lxix] En un párrafo muy interesante, los expertos de la ONUDC dicen que la explicación más obvia para la aparente correlación negativa entre crecimiento económico y producción ilícita de drogas es que las actividades ilícitas pueden ser “una reacción ante el deterioro de las condiciones económicas”. Es decir, que el nexo causal sería exactamente inverso.

[lxx] Ibidem., p.111.

[lxxi] Víctor Cardoso, “BdeM: en dos sexenios panistas el crimen lavó más de 46.5 mil mdd”, La Jornada, 29 de noviembre de 2011.

[lxxii] “La religión basa su teoría en la revelación, la ciencia en el método, la ideología en la pasión moral; pero el sentido común se basa precisamente en la afirmación de que la realidad no tiene otra teoría que la de la vida misma. El mundo es su autoridad.” Clifford Geertz, “El sentido común como sistema cultural”, en Geertz, Conocimiento local. Ensayos sobre la interpretación de las culturas, Barcelona, Paidós: 1994, p.97.

[lxxiii] Nunca se insistirá lo bastante en que la estrategia de interdicción, aparte de sus méritos prácticos, que parecen ser bastante escasos, cumple con una función simbólica invaluable, porque pone el problema –criminalidad, corrupción—fuera de las fronteras estadounidenses.

[lxxiv] Es notable que tratándose de un asunto problemático, que complica la agenda bilateral, no haya cifras mexicanas, interpretaciones mexicanas, bases de datos que permitan sostener una idea distinta.

[lxxv] Cámara de Diputados. Servicio de Investigación y Análisis. Subdirección de Política Exterior, “Comunicado conjunto México-Estados Unidos, 14 de marzo 2007, Iniciativa Mérida. Compendio, México, junio 2008, p. 8. www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spe/SPE-CI-A-02-08.pdf . El énfasis con que se decía en el comunicado que para México ese combate era “una de las más importantes prioridades de su propia agenda”, es para ahorrar comentarios.