El desacuerdo necesario

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El tema del acuerdo político se nos ha vuelto obsesivo. No pasa una semana sin que haya voces pidiendo a los partidos un acuerdo, uno o varios, grandes acuerdos nacionales; se pide generosidad, patriotismo, altura de miras, se pide uniformidad y disciplina por el bien del país, por el interés general. Lo malo es que nadie sabe en qué consiste el interés general. No es algo obvio, no existe fuera del conflicto político: se define a partir de las elecciones, mediante un aparato institucional pensado para evitar la arbitrariedad, pero que no puede eliminar la incertidumbre ni la confrontación. Lo otro es una dictadura, con el disfraz que se le quiera poner.

El problema de nuestros políticos no es que no puedan ponerse de acuerdo, sino que no saben definir y explicar los desacuerdos que justifican su función. No son capaces de integrar un programa coherente, que represente intereses concretos. Salvo excepciones, prefieren refugiarse en un patriotismo difuso, palabrero y autoritario, invocando un interés superior al que deben subordinarse los intereses de los partidos, los programas y los votos en el congreso. Quieren un orden como se imaginan que pudo ser el del PRI en sus buenos tiempos, con mayorías automáticas: porque no piensan en cualquier acuerdo, sino en uno en que se impongan sus ideas.

La semana pasada tocó el turno al señor Carlos Slim, que pidió acuerdos nacionales, reconciliación, políticas de consenso, unidad nacional. Lo secundó el secretario de Gobernación, señor Creel, que nos encareció también la lógica de los acuerdos para sacar adelante las reformas pendientes. Puso lo suyo el jefe de gobierno del Distrito Federal que quiere un pacto, un gran acuerdo para defender el interés general; tuvo la ocurrencia, además, de proponer que la “sociedad civil” sea quien convoque, formando una comisión de arbitraje con representantes de la iglesia, empresarios y medios de comunicación.

Pongamos un poco de orden. Hasta donde pueden darse, esos acuerdos básicos y generales ya existen. Hay un orden institucional, mecanismos de representación y gobierno, de administración, de vigilancia y de resolución de conflictos. Se pueden mejorar, sin duda. Pero de momento ofrecen una buena aproximación. No se puede aspirar a mucho más, como materia de consenso. A cualquier político le gustaría, sin duda, que estuviesen todos de acuerdo en apoyar su programa, que todos aceptasen su idea de la economía o de la política social, pero no puede ser.

Pretender que haya acuerdos a toda costa es, en el mejor de los casos, una ingenuidad. En general es indicio de cosas peores. Casi siempre pueden encontrarse soluciones intermedias, arreglos provisionales que dejen más o menos satisfecha a la mayoría: para eso hace falta definir con toda claridad los desacuerdos, establecer los límites aceptables para unos y otros. También hay casos en que no hay acuerdo posible. En nuestra sociedad, tal como está organizada, poner de acuerdo a los banqueros y los sindicatos y los campesinos y los ambulantes para “impulsar las reformas que el país necesita” es una ambición quimérica. Ahora bien: lo que necesitamos es ver con claridad los desacuerdos, verlos integrados en programas políticos más o menos sensatos, consistentes, defendibles. Encontrar en los partidos representados los desacuerdos reales de la sociedad. Habrá quienes quieran una política educativa, políticas de salud y de población que dejen contenta a la iglesia católica, habrá quienes piensen que eso es inaceptable; habrá quienes quieran una política fiscal a gusto de los banqueros, una política comercial a la medida de nuestras empresas monopólicas o un mercado laboral con legislación parecida a la de China o a la de los Estados Unidos, habrá quienes quieran otra cosa completamente distinta. Todos creen, a veces de buena fe, que lo suyo es el interés general. No es.

La obsesión con los acuerdos dice que nuestros políticos ni saben ni quieren adoptar una identidad partidaria y hacerse cargo de lo que eso significa. Prefieren una política de ordeno y mando, arrimándose a la sombra de las encuestas de popularidad.

Es para tratarse aparte la descabellada ocurrencia de López. No se entiende por qué motivo la “sociedad civil” deba sustituir al congreso o a la dirigencia de los partidos, ni qué se puede esperar de la convocatoria. Lo increíble es que proponga que en ese cónclave haya representantes de la iglesia (imagino que piensa en la católica). En eso sí había, hasta ayer, un acuerdo nacional y muy sensato: ninguna iglesia tenía nada que decir con respecto a nuestro orden político, no hacían falta representantes suyos para discutir la gobernabilidad ni para propiciar ningún acuerdo. El cambio es lamentable, da miedo, pero se entiende: unidad nacional, disciplina, acuerdos corporativos, el interés del pueblo y una sotana para bendecirlo. La nueva izquierda: Dios, Patria y Rey.

 

La Crónica de hoy, 18 de agosto de 2004