El nuevo Estado

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Nadie discute que el Estado deba ser más ahorrativo, racional y eficiente. Deberíamos discutirlo. Porque no está claro lo que eso significa. No gastar más de lo que se tiene es un buen principio, lo mismo que poner un poco de orden en la administración, pero hay otras cosas de las que debe preocuparse un Estado y muchas de ellas pueden ir en contra de la lógica contable: al Estado le corresponde garantizar la seguridad, procurar mínimos de orden y cohesión social, dar una forma civilizada a los conflictos, el Estado tiene que representar de modo convincente un interés público. No se habla de eso. Nadie lo pone en duda pero nadie se lo toma en serio tampoco, no entra en los cálculos cuando se habla de eficiencia o racionalidad.

El realismo de los políticos de hoy consiste precisamente en hacer a un lado las funciones sustantivas del Estado: después se sorprenden porque no se entiende lo que hace, ni cómo gasta el dinero ni cómo se organiza. La idea general es que la política estorba, de modo que hay que dejarse de sentimentalismos y permitir que el mercado funcione limpiamente. En la práctica, eso significa hacer política de otra manera, intervenir en el mercado de otra manera: el Estado no desaparece, pero cambia de naturaleza. Se convierte en un aparato para transferir la riqueza social a un pequeño conjunto de empresas. Para hacer eficiente la gestión pública todo se privatiza, se subcontrata, desde la educación hasta la construcción de carreteras, la salud, la administración de los fondos de pensiones, es decir: el Estado se convierte en un gran intermediario que cobra coactivamente a todos para pagar a unas cuantas empresas por bienes y servicios en contratos millonarios.

Se dirá, se dice que las empresas privadas son más eficientes que las empresas públicas, que producen mejor y más barato. Tengo mis dudas. Aunque así fuese, el Estado tendría que guiarse por otros criterios también, no sólo el costo.

Tomemos el ejemplo que viene más a mano, el del último escándalo por los negocios de la Secretaría de Educación, la compra de un millón de ejemplares del Quijote a la editorial Santillana. Algunos diputados han pedido explicaciones al gobierno por el precio, porque resulta ser sospechosamente alto: está muy bien, pero es apenas una mínima parte del problema. La Presidencia ha salido al paso de las críticas con su estilo habitual, hablando de la importancia del Quijote y del proyecto de hacernos un país de lectores. Dejémoslo estar.

En este caso concreto, lo malo no es sólo el precio, sino la decisión de otorgar el contrato a la editorial Santillana, un contrato de cincuenta y seis millones de pesos, que serviría para resolver los problemas financieros de cualquier editorial mexicana. Del Fondo de Cultura, por ejemplo. Darle el negocio a Santillana es contribuir, desde el Estado, con dinero público, a la destrucción del mercado del libro en México. No es difícil de entender. Desde hace diez o quince años se ha producido una concentración de la industria editorial de resultados alarmantes; tres grandes consorcios acaparan hasta el setenta por ciento y más del mercado habitual de libros: Random House (que es Mondadori, Grijalbo, Plaza y Janés, Lumen, Sudamericana y diez sellos más), Planeta (que es Espasa, Paidós, Seix-Barral, Ariel, Joaquín Mortiz y veinte sellos más) y Santillana (que es también Aguilar, Altea, Alfaguara, Taurus, El País), y algo para el Grupo Anaya. La lógica de su negocio, que consiste en vender decenas de miles de ejemplares de unos pocos títulos, ha producido un empobrecimiento escandaloso de la oferta editorial: cualquiera que lo conozca un poco sabe que se vende basura a base de publicidad y que se dejan de publicar o se empujan al margen obras fundamentales, porque no son rentables según los nuevos criterios de la industria. Es un asunto serio y de interés público.

Es posible que Santillana ofrezca mejores condiciones de venta, no lo sé. Tampoco sería raro porque la lógica del mercado favorece a las empresas mayores. Razón de más para que el Estado procure algún equilibrio. ¿Se trata de pedir que intervenga en el mercado? Por supuesto que sí. Interviene cuando ofrece un contrato de cincuenta millones de pesos, interviene cuando aprueba títulos de unas cuantas editoriales para la educación media, una gran proporción de ellos de Santillana por cierto, interviene cuando decide no fijar el precio de los libros como se hace en otras partes. Todo está en decidir si debe intervenir a favor o en contra de la inercia monopolista del mercado de hoy.

El caso no es único ni mucho menos. De hecho, es la regla. Viene a la memoria otro negocio reciente, el de la Enciclomedia. Se ha defendido enérgicamente, hablando de la modernización educativa y la importancia de las nuevas tecnologías; muy interesante todo ello, sólo que el tema es otro. Es que se contrate el servicio con Microsoft, con una factura millonaria y que seguirá creciendo con los años, en lugar de encargarlo a los equipos de investigación en ingeniería de sistemas que tienen las instituciones públicas de educación superior del país. Innecesario, irresponsable, que invita a toda clase de sospechas.

Está cambiando la naturaleza misma del Estado. Valdría la pena al menos hablar de ello.

 

La Crónica de hoy, 20 de abril de 2005