El otro juicio

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Hace unos días, con motivo de la detención de Miguel Nazar Haro, alguien decía que sería deseable que no se politizara el juicio. Sin duda. Sería muy deseable. Pero se trata de un juicio político. Hace falta también asumirlo así: sin pretender que todo se termine con media docena de sentencias. Porque están muy arraigadas, perfectamente vigentes las actitudes que produjeron la “guerra sucia”. Sería irresponsable, por decir lo menos, que todo quedara en un ejercicio publicitario. Lo que se juega es la definición del Estado, la posibilidad de una política civilizada.

Aclaremos: los jueces pueden dictar sentencias bien fundadas, jurídicamente impecables. Es de esperar que lo hagan. Pero con independencia de ese resultado, lo que está siendo juzgado es la política: la de antes y la de ahora, la de los gobiernos, con sus aparatos de seguridad, y la de las oposiciones, con su deriva antiparlamentaria. La confusa trama de ideas, prejuicios y automatismos de nuestra cultura política, que produjo aquella violencia y que puede repetirse en cualquier momento. El juicio de Nazar Haro no es un juicio como cualquier otro. Por eso es tan importante que los jueces lo traten, precisamente, como si fuese cualquier otro. Pero eso es sólo el principio. Tener a un político en la cárcel, o a media docena de políticos, por importantes que sean, no va a cambiar gran cosa: lo hemos visto.

El otro juicio se ha abierto ya en la prensa. Está en los titulares la expectativa de que se ordene la detención del expresidente Luis Echeverría. El Presidente Fox quiere que se usen los procesos como criterio para definir a su gobierno. Son palabras mayores. Hay acusaciones, amenazas y disculpas en todos los tonos. Hasta ahora, lo que hemos escuchado es lo de siempre. Por un lado se habla de la necesidad de defender al Estado, de la amenaza de la guerrilla; por el otro se explica que era necesaria la lucha armada, que no había otra opción. Desde luego, no son equiparables una violencia y la otra. Es mucho más grave, sin comparación, asesinar con el amparo del Estado. Pero los argumentos son simétricos: en los dos casos se hace recaer sobre las víctimas la responsabilidad de la violencia. Unos y otros se vieron obligados a hacer lo que hicieron. Con lo cual todo se reduce a la relativa credibilidad de las causas que dicen haber defendido: la violencia es lo de menos, un último recurso ilegal pero justo.

Los militares y los políticos que hoy aparecen para hacer la defensa de la represión no tienen una causa perdida ni mucho menos. Saben que mucha gente encontrará razonables sus argumentos. Estaba en riesgo la seguridad nacional, era una guerra: con militares y civiles muertos, con secuestros y asesinatos y la amenaza de una dictadura comunista. No había más remedio que hacer lo que se hizo. Lo mismo sucede del otro lado, con los defensores de la vía armada: también tienen su público, que entiende que los guerrilleros de entonces eran “luchadores sociales” que se vieron empujados a la violencia por el autoritarismo. Será lamentable, pero no había más remedio.

Así, poco más o menos, va el juicio. Es decir: prevalece la misma mentalidad de entonces. Idéntica en los dos casos. Sea por la seguridad de la Nación, por salvar a la patria o por imponer la Justicia, la violencia está justificada. No es casual: durante un siglo tuvimos un gobierno revolucionario, que fundaba su legitimidad en la retórica de la “guerra justa” del Pueblo contra la dictadura. De eso está hecha nuestra cultura política. Todo consiste en ponerse como auténtico defensor del Pueblo.

Sería grave que ese otro juicio se cerrara en falso. Por supuesto: para los políticos es enorme la tentación de convertirlo en una especie de causa general contra el pasado priísta. Todo se presta, además, para reconstruir la trama de una enorme conspiración, dirigida por media docena de malvados. Vende mucho. Lo malo es que en lo importante nos dejaría exactamente donde estamos. Con gobernantes que de verdad defienden al Pueblo, con “luchadores sociales” que hacen otro tanto. Aparte del riguroso apego y el respeto irrestricto que ya se sabe, que todos comparten, a menos que verdaderamente haga falta desacatar el fallo de un tribunal o resistir la ofensiva de la globalización.

Pienso en López Obrador, por supuesto. Pienso también en el CGH y en Atenco, en el gobernador Estrada Cajigal y en los inconformes de Tlalnepantla o de Chiapas. Pienso en la prensa que aplaude a unos u otros. También en la última declaración del señor Creel: en los procesos actuales, dijo, se trata de hacer justicia y garantizar que no vuelva a haber “actos de represión contra el pueblo, gente inocente o que, pensando distinto al gobierno, quiere hacer un cambio.” Francamente, no es muy tranquilizador que el Secretario de Gobernación suene como un editorial de La Jornada.

Por cierto: si fuese en serio, ese otro juicio tendría que mirar también el lado menos vistoso de la “guerra sucia”. Lo que hubo en los atropellos de la represión debido no a un diseño maquiavélico, sino a la torpeza y la inercia, la falta de preparación, el descontrol de los cuerpos de policía, las venganzas y los intereses personales; lo que ha habido también de negocio e impunidad en los “luchadores sociales”. Habría que mirar la política tal como es, tal como se hace en este país. Porque nada de eso ha cambiado.

 

La Crónica de hoy, 24 de febrero de 2004