En buena compañía

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Es difícil saber lo que significa la elegante reunión del castillo de Chapultepec el jueves pasado ni la proclamación, allí mismo, de lo que se llamó un Acuerdo Nacional. Tengo la impresión de que es producto de una serie de malentendidos, con su dosis de oportunismo, de miedo, ambición y hasta su dosis de buena fe en alguno. Por el tono y el título del documento, por su intención, es lo que en el siglo diecinueve se habría llamado un “pronunciamiento”. Como el del Subcomandante Marcos. No hay ni remotamente una amenaza de violencia, tampoco se proponen los firmantes tomar el poder. Diría yo: ni falta que hace. Todo está en el gesto. Un puñado de notables, encabezados por los hombres más ricos del país, se hacen cargo de interpretar los “sentimientos de la Nación” y proponen nada menos que un Acuerdo Nacional, con una larga lista de condiciones. Es decir: el contenido del acuerdo ya está, lo único que hace falta es que la gente se adhiera a él, empezando por los candidatos a la presidencia. Es eso, un pronunciamiento.

Los del siglo diecinueve eran algo distintos. Sobre todo porque, en general, eran cosa de militares; se anunciaban en una guarnición. Ortega decía que eran producto de generales y coroneles tan cerrados de cabeza que cuando se convencían de algo suponían que todos los demás mortales debían estar igualmente convencidos de ello; de modo que bastaba con “pronunciar” la opinión que fuera: salvo los miserables y los perversos, todos reconocerían de inmediato su incontrastable verdad. La lógica es parecida hoy, aunque haya seguramente menos ingenuidad.

Los malentendidos empiezan con la malhadada noción de “Sociedad Civil”, que se ha traído y llevado tanto que ya no significa prácticamente nada. Importa porque con esa autoridad se presentan los autores del pronunciamiento de Chapultepec: hablan “como miembros de la sociedad civil”.

Tratemos de aclararnos un poco. En el sentido que se hizo habitual a fines del siglo veinte, Sociedad Civil era un término que servía para designar al conjunto de organizaciones ciudadanas, no partidistas, no lucrativas, que trabajaban por alguna causa concreta: la protección del ambiente, el cuidado de los animales, los derechos humanos, los derechos de las mujeres, de las minorías. Eran grupos de todo tipo, cada uno con su propósito. Como conjunto representaban preocupaciones concretas de la gente, en asuntos que podían ser de interés público pero que recibían poca atención de los políticos profesionales. No eran partidos políticos precisamente porque su interés era localizado, particular. Tampoco eran grupos de presión, en el sentido tradicional de la palabra, porque no buscaban un trato privilegiado, no trataban de influir discretamente sobre los funcionarios, sino que apelaban a la conciencia de los ciudadanos: actuaban públicamente y trataban de transformar su preocupación particular en un tema de interés público.

Ante la necesidad de llamar la atención en nuestra sociedad del espectáculo las organizaciones de la sociedad civil comenzaron a reclutar a personajes famosos: actores, cantantes, escritores que podían servir de portavoces de su causa. Se mezcló así el activismo de los movimientos sociales con la tradición, típica del siglo veinte, de la presencia de los “intelectuales” en la vida pública: la tradición de desplegados, manifiestos y cartas abiertas que se inició con el caso Dreyfuss. Ya no eran sólo intelectuales, pero la idea era la misma. Sucedió en todo el mundo y era una coincidencia más o menos lógica, puesto que se suponía que ni las agrupaciones civiles ni los intelectuales tenían ningún poder, apelaban a la conciencia de la gente porque no tenían otra cosa más que “autoridad moral”. Eso sí: poseían autoridad moral.

Entre nosotros, con una elite minúscula, de intrincado parentesco, se ha ido confundiendo todo. Las asociaciones civiles se mezclan con los partidos y con los grupos empresariales, de modo que es imposible saber para quién trabajan unos y otros. Los famosos –pocos, poquísimos, gracias a los medios de comunicación- terminan por alquilar lo que sería su “autoridad moral”, que no es más que su imagen en la corta memoria del público masivo, construida por la televisión. Sumado eso al desprestigio de los políticos y los partidos tenemos como resultado el ‘grito’ de Chapultepec.

Primero está la redefinición de la Sociedad Civil como sustituto decente del Pueblo, la Nación y otras categorías similares. Sería difícil que los señores Slim, Azcárraga, Salinas Pliego, Vázquez Raña, se presentasen como miembros del Pueblo, pero son sin duda miembros de la Sociedad Civil. Después está la idea de que eso, la Sociedad Civil, es una unidad, con voluntad propia, que se deja representar por los notables. Finalmente, descontadas todas las operaciones anteriores, se supone que la Sociedad Civil es depositaria única de la autoridad moral que no pueden tener los políticos, por muchos votos que tengan como respaldo. Obispos, guerrilleros, empresarios, todos hablan en nombre de la Sociedad Civil y por eso tienen una credibilidad que sólo le está negada a los políticos.

Es incómodo, es desagradable, pero hace falta pensarlo. La “autoridad moral” de los intelectuales y las agrupaciones civiles se debía en buena medida al hecho de que no tenían ningún poder, fuera de su capacidad de persuasión. ¿Qué pasa cuando aparecen como representantes o aliados de quienes poseen el poder real? ¿Qué autoridad tienen cuando figuran como personeros, portavoces, acompañantes de los mayores empresarios del país? La junta de Chapultepec incluía un bonito surtido de celebridades. Ahora bien: el hecho de que estuviese allí Hugo Sánchez, ¿significa que apoyan la declaración todos los futbolistas, los aficionados al fútbol, los deportistas? El que estuviesen Emmanuel y Mijares, ¿significa el apoyo de los cantantes o de sus fanáticos? La presencia del arzobispo Rivera, de Héctor Aguilar Camín y Enrique Krauze y Juan Ramón de la Fuente ¿qué quiere decir? Ya sé: quiere decir que ninguno de ellos, personalmente, se rehusaría a una invitación de Carlos Slim. ¿Qué más?

A los ingenuos, concedo que los haya, alguien les habrá dicho que eso podía ser algo equivalente a los acuerdos de la Moncloa que, en la mitología actual, hicieron posible la transición a la democracia en España. No puedo pensar nada más ajeno. Los pactos de la Moncloa fueron producto de una iniciativa de la presidencia del gobierno, en una mesa de partidos, con representantes de todos los grupos parlamentarios, a partir de un conjunto de medidas económicas muy concretas, diseñadas por Fuentes Quintana para sortear de algún modo la primera crisis petrolera, la de mediados de los setenta. Sin publicidad, sin notables, sin demagogia, sin la ambición de un “proyecto nacional”. Esto es otra cosa.

En el Acuerdo, los notables ya no se dirigen a la sociedad, sino que hablan en su nombre. Piden tonterías, como la autonomía del Ministerio Público (¿para asignarlo –me pregunto yo- a cuál de los tres poderes? ¿O para crear un cuarto poder, con derecho a usar de la fuerza pública?), piden “reprogramar” los calendarios electorales, sin pensar en lo que significa la lógica de la representación local ni el desastre que sería alinearla con la representación federal. A la gente la definen como “capital humano” y piden que se combata la pobreza “por la necesidad económica de incorporar al mercado” a los pobres. Lo más interesante, con todo, es lo que omiten: piden que se reduzca el costo de las elecciones pero no se les ocurre proponer lo más obvio, que es prohibir la publicidad pagada en los medios de comunicación masiva; piden que se apoye la inversión privada en educación, pero no dicen que es indispensable un mecanismo público, riguroso, transparente de evaluación y certificación de los estudios que ofrecen las instituciones privadas. Más todavía: con respecto a los empresarios, lo único que dice el documento es que hay que favorecer, ayudar, facilitar, impulsar, promover, fomentar, apoyar.

Hablando mal y pronto, el Acuerdo Nacional que se plantea en el pronunciamiento de Chapultepec es una versión más o menos adornada de una plataforma empresarial. En su contenido, es lo que pediría un grupo de presión. En su forma, por los tristes azares de nuestra historia reciente, aparece como la voz de la Sociedad Civil.

 

La Crónica de hoy, 5 de octubre de 2005