En todas partes se cuecen habas

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La corrupción ya casi no es noticia, en ninguna parte. De vez en cuando aparece un caso particularmente escandaloso por la materia o por los protagonistas, pero en general estamos acostumbrados a la dosis semanal de negocios de especulación inmobiliaria, contrabando, obras públicas. Sólo se hace una crónica si el giro político resulta lo bastante atractivo; de otro modo, ¿qué más da otro alcalde que compra terrenos, otra empresa que paga mordida para obtener un contrato?

En España, en los últimos meses, es noticia sobre todo la acumulación de expedientes abiertos, que da para que algunos empiecen a sospechar que no son raras excepciones. Lo más sonado es la intrincada trama de negocios del Partido Popular de Valencia, cuya investigación lleva casi un año y sigue sin entenderse del todo, pero va ya mezclada, en los medios, con otros casos que implican al resto de los partidos. Tiene su interés uno, de la semana pasada, en el ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, en Barcelona.

El periódico Público, el más afín, incluso vergonzosamente afín al gobierno de Rodríguez Zapatero, daba la noticia así: “Un socio de Aznar, un liberal y un hijo de franquista”. En la nota iban luego, con sus nombres, el alcalde de Santa Coloma y los dos empresarios coludidos en un complicado negocio de especulación inmobiliaria y lavado de dinero. En el titular está todo: es la derecha de siempre, la de Aznar y la de Franco, genéticamente corrupta. La mafia, vamos. No obstante, si se lee con algún cuidado, resulta que el “hijo de franquista” (¡qué culpa tendrá él!) es el señor Bartolomeu Muñoz, alcalde socialista de Santa Coloma y vicepresidente de la diputación de Barcelona, como miembro del Partido Socialista de Cataluña. El “socio de Aznar” viene a ser el señor Macià Alavedra, que fue consejero de gobernación y consejero de economía en la Generalitat de Cataluña, bajo el gobierno de Jordi Pujol, y el “liberal” es Lluís Prenafeta, que fue secretario general de la presidencia de la Generalitat, también con Pujol. Ambos nacionalistas catalanes, por supuesto, de Convergencia i Unió. También formaban parte de la trama, por lo visto, el concejal de urbanismo, Manuel Dobarco, del PSC y un exdiputado, también del PSC, Luis García Sáez, conocido con el simpático nombre de Luigi “el conseguidor”.

Uno se pregunta, es casi inevitable, por qué tiene que dar tantas vueltas el periódico para identificar a los personajes, buscarle a uno la afiliación a una fundación liberal, a otro su intervención en una negociación política de hace quince años y al tercero nada menos que la vida profesional de su padre. Con lo fácil que hubiera sido decir: dos nacionalistas catalanes y un alcalde socialista, que queda mucho más claro. Lo anota, sin más comentario, Josep Maria Fábregas. Es verdad, la pregunta es un poco ingenua. Si se dijera con claridad y se identificase a cada cual como lo que es habría el riesgo de que la gente pensara que también hay socialistas y nacionalistas metidos en negocios de corrupción. Y eso no puede ser.

Nada muy sorprendente, la verdad sea dicha. Público les ahorra a sus lectores el sofocón que les vendría si llegaran a imaginar que puede haber corruptos en casa. En nuestra prensa hay acrobacias como ésa todos los días: hemos visto, en titulares, a René Bejarano como “víctima” de Carlos Ahumada y muy seguramente, en caso de necesidad, Porfirio Muñoz Ledo, Manuel Camacho o Marcelo Ebrard resultarían ser “ex priístas”. En todas partes se cuecen habas.

Me llama la atención, aparte de la candorosa desvergüenza de Público, uno de los detalles de la trama. Es un negocio inmobiliario de manual: se compran unos terrenos, el ayuntamiento recalifica la zona, se revenden los terrenos a una sociedad de inversión que construye un centro comercial, un hotel y un asilo, se revende el conjunto de nuevo; tangencialmente, las empresas constructoras reciben contratos del ayuntamiento, información anticipada sobre los cambios en el plan de ordenamiento urbano. El detalle que me interesa es el siguiente. La operación comienza y termina, como es lógico, con grandes cantidades de “dinero negro” que hace falta blanquear; y para eso es fundamental que pase por un circuito cuyo nudo en este caso está, por lo visto, en el banco BBVA-Privanza, con sede en las Islas Jersey. De nuevo, hay que hacer una pregunta idiota: ¿qué hace el BBVA con una filial en las Islas Jersey? Aclaremos: es un bailiazgo dependiente de la corona británica que comprende un puñado de islotes casi deshabitados en el Canal de la Mancha, unas ochenta mil personas en total que viven, sí, de los servicios financieros.

Podemos hacernos cruces con el descubrimiento de redes criminales, círculos de corrupción política, malversación de fondos y prácticas irregulares de empresas de todo calibre. La verdad es que el sistema financiero internacional está hecho para eso. No hay ningún otro motivo para tolerar el desorden existente, sino amparar operaciones ilegales o inmorales. Que se escandalice quien quiera.

 

La Razón, 1 de noviembre de 2009