¿Estamos de acuerdo?

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Es una bonita idea la del acuerdo de civilidad de los partidos políticos. Incluso el nombre suena bien. Cumplir con lo que piden las leyes, respetar las decisiones de las autoridades, acatar las resoluciones de los tribunales, todo eso está muy bien. Nadie podría pedir lo contrario ni puede decirse nada contra la idea, salvo que es absurda. ¿Para qué hace falta firmar una cosa así? En serio, ¿qué necesidad hay de que los partidos se pongan de acuerdo entre sí para decirnos que van a respetar las leyes?

Si se piensa un poco, el mensaje es poco tranquilizador. En buena lógica significa que algunos de ellos, si no todos, tenían previsto desobedecer las leyes y saltarse las resoluciones judiciales. Peor: significa que si finalmente se decidieran a comportarse con civilidad, sería porque se han puesto de acuerdo entre sí y no porque sea una obligación indiscutible. A nadie le parece –hay por eso motivos para preocuparse—que el acuerdo sea redundante. Ahora bien: si es que hace falta, si los partidos tenían la intención de hacer trampas, desconocer los resultados e imponerse por la fuerza, si no veían ningún motivo para cumplir con las leyes, tampoco es razonable pensar que vayan a someterse sólo porque firmaron un documento diciendo que se portarían bien. Es decir que el acuerdo no sólo es absurdo sino que, llegado el caso, será perfectamente inútil. En serio en serio, ¿para qué hace falta firmar una cosa así?

Es un gesto. Bien. Tiene sobre todo un valor simbólico. Muy bien. Tiene el propósito de refrendar públicamente el compromiso de los partidos políticos con las instituciones. Miremos el asunto bajo esa luz. Lo primero que llama la atención es que la parte frágil, necesitada de apoyo, sea el Estado. Lo segundo es que se pretenda contribuir a la solidez o la credibilidad de las instituciones mediante lo que en estricto sentido es un mecanismo de desinstitucionalización (y perdón por la palabra). Estamos acostumbrados, tanto que lo pasamos por alto, pero tiene su importancia: del “abrazo de Acatempan” en adelante nuestra historia política está hecha a base de acuerdos; los términos más apreciados en nuestro lenguaje público son todos de ese tenor: negociación, pacto, consenso, alianza, arreglo, voluntad política. Todos implican una solución informal fundada en algún tipo de transacción que sobre todo evita la violencia. Sea bueno o sea malo –no entro en ello porque no viene al caso—es lo contrario de un orden institucional en que los problemas se resuelven, si no de un modo mecánico, mediante la adopción de una lógica impersonal.

El acuerdo de civilidad, con su sonoridad moderna y democrática, forma parte de esa historia en que los pactos sustituyen a las instituciones públicas: hacen lo que no puede hacerse con los recursos institucionales, pero lo hacen anulando el orden institucional o subordinándolo a otro orden donde lo que priva es la voluntad política.

Dentro de esa misma lógica López Obrador ofrece promover un “gran acuerdo nacional” como apoyo para su gobierno. Lo dice para ganarse la simpatía de la gente y no tengo duda de que funciona así. Cuando lo explica dice que será diferente de otros acuerdos porque no será de “los de mero arriba”, sino que incluirá a la gente, al pueblo, y lo detalla diciendo que tiene pensado invitar a los representantes de las iglesias, de los empresarios, de los trabajadores. La contradicción de un acuerdo que incluya a la gente y se concrete en una pequeña reunión de representantes invitados por el presidente es lo de menos, hay que cargarla a la cuenta de la demagogia y no tiene mayor interés. Es mucho más grave que a la mitad de una campaña en que se quiere convencernos de votar para elegir diputados y senadores se nos diga que los asuntos fundamentales se arreglarán mediante un acuerdo fuera del Congreso. En familia, bajo la amable mirada del presidente. Personalmente, encuentro también escandaloso que se ponga siempre por delante a los representantes de “las iglesias”; la enumeración que hace López de los invitados a ese acuerdo es más o menos larga, según la ocasión: los que nunca faltan, los que no se le olvidan son los representantes de las iglesias. Yo sigo sin entender por qué o para qué hace falta, ¿para qué incluir a los representantes de las iglesias? ¿A quién o a qué representan? ¿Por qué es necesario que empresarios y trabajadores y campesinos y universitarios se pongan de acuerdo con las iglesias? ¿Y ponerse de acuerdo sobre qué?

Eso, los acuerdos políticos, los grandes acuerdos nacionales, son los procedimientos clásicos de desinstitucionalización. Hay otros de aspecto mucho más moderno, que de hecho forman parte de lo que hoy en día es la modernización. En primer lugar, por supuesto, todos los organismos “ciudadanos” que se han creado durante nuestro penoso tránsito democrático, donde lo ciudadano significa la exclusión de los representantes elegidos, puesto que califica como ciudadano únicamente quien no se haya expuesto ni por asomo a una votación popular, ni se haya manifestado a favor o en contra de ningún partido. Hay cosas peores: por ejemplo, que el presidente ofrezca como prueba de la transparencia de su gobierno, como prueba de su lucha contra la corrupción, las mediciones de una organización civil internacional; es nada la aparatosa maquinaria de vigilancia de contralorías y auditorías del gobierno y el congreso: lo que cuenta, lo que puede exhibirse como garantía es el dictamen de una organización privada.

Hay cosas mucho peores. Llego a casa y me encuentro en el contestador del teléfono un mensaje extraño. La voz de un joven muy animoso me dice: “Al igual que tú, quiero que nuestro México sea un mejor país, con crecimiento económico, justicia, empleo, con más y mejor salud y educación. Por eso apoyo los objetivos del Acuerdo de Chapultepec. Es momento de sumar voluntades. En México ¡estamos de acuerdo!”. Otra vez la palabra mágica: acuerdo. A continuación se oye la voz amable e impersonal de una mujer: “Si deseas sumarte oprime uno, sin costo alguno”. Paso por alto el tuteo, aunque no deje de molestarme: me impresiona sobre todo la candidez de la última frase porque me hace caer en la cuenta de que vivo, como cualquiera, con el temor de que un gesto mínimo, como oprimir el botón de un número en el aparato de teléfono, me cueste quién sabe cuánto. Pienso a continuación que alguien ha pagado la llamada y la grabación y la maquinita que cuenta a aquellos que han oprimido uno, para sumarse: alguien que tiene mucho interés en la suma. No puedo saber si el silencio de mi máquina contestadora se haya contado como aprobación, pero imagino que se lleva la cuenta. ¿Habrá una base de datos donde conste quién, con nombre y apellidos, localizado en tal teléfono, se ha sumado? ¿Habrá una base de datos donde conste quién no ha querido sumarse? Sí, sin duda. Y en esa misma base de datos está el registro de todas mis llamadas telefónicas. Recuerdo las imágenes de pesadilla que se usaban para denunciar a los estados totalitarios: son una broma comparadas con los recursos de vigilancia que tiene hoy una compañía de teléfonos, que tiene y que usa con perfecta impunidad.

No tengo más que una grabación. No tengo más opción sino oprimir uno o colgar. No hay nadie que por lo menos me explique el Acuerdo de Chapultepec. ¿Quiero que México sea un mejor país? Por supuesto que sí. ¿Eso significa que apoyo los objetivos del Acuerdo de Chapultepec? No lo sé: es posible que sí, pero no puedo saber con qué métodos se propone el Acuerdo conseguir esos objetivos ni si pueden conseguirse, ni quién ganaría con ello ni qué se perdería en el camino. No sé quién me llama. No puedo saber qué significaría que decidiera hacer caso a la grabación y oprimir uno. Tampoco sé lo que significa no haber obedecido.

Modernos, liberales y demócratas, nuestros empresarios han decidido aprovechar y usar por su cuenta los mecanismos de desinstitucionalización. Ellos también, contra la lógica de las instituciones, contra el sistema de representación han organizado un “acuerdo” nada menos que nacional. Hablando por la Nación nos conminan a sumarnos, sin hacer preguntas ni pedir explicaciones: uno por uno y llamándonos a casa.

¿Para qué diablos votar si ya nos han puesto de acuerdo? ¿Para qué, si los representantes electos no tendrán ni voz ni voto en los acuerdos nacionales? ¿Para qué tanta historia si basta con oprimir uno, sin costo alguno?

 

La Crónica de hoy, 14 de junio de 2006