Incivil y popular

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Una política civilizada con frecuencia es también impopular. Casi diría que tiene que ser impopular. Porque sobre todo se dedica a poner límites; no sólo a la violencia, también al entusiasmo y a la buena voluntad. De hecho, el mérito propio, característico de la política civilizada consiste en dar una forma estable y objetiva al interés público, para ponerlo fuera del alcance de los partidos, fuera de los conflictos y arranques ocasionales, por muy bienintencionados que sean. El interés público significa un acuerdo básico duradero, con miras a la subsistencia de la sociedad como tal, susceptible por eso de imponerse de igual manera a todas las partes; el interés público dice lo que una sociedad considera indispensable, de valor objetivo, fuera de discusión. La política civilizada depende de eso.

Cuando no hay esa definición objetiva del interés público no hay tampoco límites definitivos para lo que puede hacerse. Tal vez esa sea una de las taras más graves de nuestro arreglo político, que no haya un acuerdo medianamente claro y razonable sobre los límites de la política: lo que está fuera de discusión. Desde luego, la idea del interés público está entreverada en el discurso político mexicano desde siempre y se ha usado de la expresión, hasta el hartazgo, para justificar casi cualquier cosa. Precisamente en eso estriba el problema. Entre nosotros, el interés público puede significar las necesidades populares, el propósito de la Revolución, la voluntad mayoritaria, lo que sea que pueda presentarse con apariencia provechosa y de beneficio masivo.

Acaso sea inevitable un margen de indefinición y seguramente habrá siempre temas de ubicación discutible. Se entiende. Resulta escandaloso, sin embargo, que haya todavía quien piense que algo como la religión puede ser asunto de interés público. Porque dice que ni siquiera los derechos civiles garantizados por la constitución sirven como criterio. Lo malo no es el uso abusivo del término, conste, sino el grado de confusión que eso implica. Quiere decir que, para muchos, ni siquiera está claro todavía que el límite inferior, el mínimo que requiere para organizarse una sociedad decente es la libertad de conciencia.

Pienso, en particular, en la sugerencia del cardenal de Guadalajara, señor Sandoval, de que el Estado subsidie a la iglesia católica. No es el único que lo piensa, ya lo sé, pero es el más extravertido y también suele estar entre los más deslenguados. La semana pasada, según parece, declaró con toda formalidad que la religión, la suya, “al ser un servicio público, debería estar subsidiado por el gobierno”. Igual que el drenaje y el alcantarillado. Por si alguien tuviese dudas, con una ingenuidad desarmante, explicó las “iniciativas sociales” de su iglesia, que consisten en difundir su doctrina, construir sus templos, formar a sus sacerdotes y pagar sus gastos médicos y de jubilación.

Desagradable y todo, podría pasar como broma, si fuese una broma. Pero no es. Confundir lo “social”, lo masivo, lo que la gente quiere, lo bienintencionado y lo público tampoco es novedad. Pero incluir a la religión en el catálogo, eso ya es harina de otro costal. Sobre todo porque la ocurrencia del señor Sandoval no es algo del todo nuevo. Hace tiempo que los obispos católicos están en el empeño de que se incluya la religión entre las materias de la educación pública si no se otorga un subsidio a las escuelas confesionales; eso a partir de la peregrina idea de que el Estado debe tomar en cuenta las “necesidades espirituales” de las mayorías, que no pueden pagar las colegiaturas de una escuela católica. Peor: el subsecretario Moctezuma, responsable de los asuntos religiosos en la Secretaría de Gobernación, con mucha amabilidad les dijo en una ocasión memorable que era para pensarse y que seguramente haría falta reformar la legislación, para ponerla al día.

Es decir: ni siquiera eso está claro. Hace falta decir de nuevo, como si estuviésemos en el siglo dieciocho, que la religión es un asunto privado. Religiosamente privado. Que el Estado no puede hacerse cargo ni siquiera de la existencia de esas presuntas “necesidades espirituales”, que la ocupación de las iglesias es un negocio particular que en ningún sentido razonable puede considerarse de interés público. Puede parecer una exageración: creo que no lo es. No sería para preocuparse mucho si hubiese ese acuerdo básico, civilizado, acerca de lo que está fuera de discusión; a falta de ese límite, con elecciones de resultado tan dudoso como serán las que vienen en los próximos veinte años, siempre habrá la tentación de echar mano de los curas para inclinar la balanza. Podría ser incluso un gesto popular. Incivil y popular. Por si acaso, la iglesia católica ya mostró su juego.

 

La Crónica de hoy, 10 de diciembre de 2002