La Iglesia de nuevo

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La iglesia católica ha iniciado una nueva ofensiva en México. Quiere lo de siempre: la educación pública, puestos en el congreso, medios de comunicación. Y no hay motivo para que se quede sólo en eso. Tiene a su favor el espantajo del voto católico, o al menos la opinión de los católicos en encuestas, que en los últimos tiempos ha hecho recular a toda la clase política. Incluso a López Obrador. Tiene también una nueva retórica.

Si uno hace caso a lo que dicen sus voceros, la iglesia católica es hoy partidaria del Estado laico, los derechos humanos y la libertad individual. Sería muy razonable si fuese cierto: todo está en los matices.

La novedad más ingeniosa es la invención del término laicismo. La iglesia defiende al Estado laico pero se opone al dogma del laicismo: es un juego de palabras, una distinción especiosa como la que se hace entre libertad y libertinaje, donde libertad es obedecer a la iglesia y libertinaje es todo lo demás. En la definición vaticana el laicismo pretende excluir a la iglesia de la vida pública, considera que la religión es un asunto privado, y ésa es una postura dogmática y anticuada, que hace falta superar; el estado laico, en cambio, el que le gusta al Vaticano, es compatible con la libertad religiosa, que es el segundo invento: un término profundamente ambiguo, pero de indudable sonoridad liberal, que incluye el derecho de los creyentes a dar a sus hijos una educación católica, votar por representantes católicos, militar en partidos católicos y tener medios de comunicación católicos. Y a continuación todo lo demás.

El Colegio de Abogados Católicos ha iniciado trámites, por lo visto, para una serie de amparos y protestas pidiendo eso, la libertad religiosa, con el peregrino argumento de que los católicos son discriminados en México. Seamos claros: para empezar, los católicos tienen los mismos derechos que cualquier otro ciudadano, y su iglesia tiene los mismos derechos que cualquier otra iglesia. En segundo lugar, el tema está resuelto en la constitución con perfecta claridad: en el artículo 24, que tiene una redacción muy justa, se establece que “todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade”. Es cuestión de gustos, y el Estado no se mete en ello. La libertad de cultos es un derecho individual clarísimo e indiscutible. Ahora bien: de ahí no se deriva ningún derecho para las agrupaciones políticas o político-religiosas que quieran formar los creyentes. Ésas se regulan en otro capítulo, y no tienen lugar en el espacio público.

Los católicos pueden educar a sus hijos en el catolicismo, como cualquiera, creyente o no, pero no tienen derecho a interferir con la educación pública. Los curas católicos pueden jurar la constitución del Estado Vaticano, pero no pueden al mismo tiempo participar en la política mexicana. Hasta hace poco estaba tan claro que no hacía falta ni discutirlo: tal como están las cosas, parece que tendremos que pelear de nuevo los pleitos de hace doscientos años. ¡Qué aburrimiento!

25 de diciembre de 2007