La ilusión del mercado

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Cada época tiene sus ideas fijas, más o menos disparatadas pero inconmovibles; entre las nuestras está la convicción de que el mercado es el mejor instrumento para resolver casi todos los problemas de la vida social, también la fantasía de que la iniciativa privada es por definición mejor que la intervención pública. Es algo que los economistas y los políticos ya ni se molestan en discutir, porque pertenece al reino de lo obvio. El mercado produce, de manera espontánea, soluciones racionales; la iniciativa privada implica eficiencia y honestidad, donde la intervención pública es irremediablemente turbia, incierta, ineficaz y corrupta. Insisto: ni se discute. No parece que haga falta razonar sobre ello. Los más aventurados van un poquito más lejos; argumentando por analogía, imaginan que los empresarios deben ser en todo sentido mejores que los políticos: más competentes, más honrados.

Las consecuencias son bastante curiosas. Se comienza procurando que las instituciones públicas funcionen como si fueran empresas, para lo cual se producen pequeños simulacros de mercado, con sistemas de incentivos, criterios de productividad, circuitos de calidad total y demás. El resultado suele ser decepcionante: esos diminutos mercados ficticios por lo general no son un espejo de racionalidad. A veces es justo lo contrario. De donde se deriva la conclusión de que las instituciones públicas no tienen remedio.

El siguiente paso, muy lógico, consiste en privatizar, es decir: que el Estado se retire y las empresas se hagan cargo de lo que sea, puesto que lo pueden hacer mejor. Cuando las cosas no salen como estaba previsto y la privatización no produce la abundancia y la felicidad que se esperaba, hay siempre una explicación a mano: falta todavía privatizar otras cosas, es un mercado imperfecto porque el Estado interviene demasiado, sobran reglas y burocracia y falta más iniciativa privada. Por supuesto, mientras alguien conserve un mínimo de sentido común seguirá habiendo intervención pública, de modo que el pretexto está servido.

Lo que sigue es casi de broma y necesita la audacia de alguien como el Presidente Fox para ponerse en práctica: consiste en colocar a empresarios en los puestos públicos, en sustitución de los políticos. La idea es de una candidez religiosa. No sé si se trata de que, con su presencia, impregnen de moralidad al Estado, o que lo público mágicamente deje de serlo y se vuelva privado, es decir, eficiente y virtuoso. Lo interesante de verdad es que la decisión no provoque un escándalo; a todos, por lo visto, les parece muy sensato pensar que si un señor fue capaz de hacer mucho dinero con una empresa, también sabrá hacer cualquier otra cosa. Así de convencidos están nuestros notables de que por definición lo privado es bueno y lo público, malo.

Por supuesto, en un principio la creencia no era tan idiota. Hace veinte o treinta años, cuando comenzó a ganar adeptos el mercado, había una gran cantidad de empresas públicas, ocupadas en toda clase de asuntos, y eran por regla general ineficientes, de manejo turbio, corrupto y abusivo. Entre otras cosas, funcionaban mal porque estaban en una posición monopólica, porque no había una legislación adecuada ni la posibilidad de vigilar sus operaciones, porque se regían por criterios políticos, porque sus pérdidas y sus descalabros se pagaban con dinero público. Eran una monstruosidad. Pero no por el hecho de ser públicas. Puestas en situación parecida, las empresas privadas son iguales: dondequiera que una empresa tenga un monopolio, o casi monopolio, será abusiva e ineficiente, como lo es Microsoft por ejemplo o como Telmex y Televisa en sus buenos tiempos; donde no haya vigilancia y una legislación adecuada, las empresas privadas actuarán poco más o menos como piratas, como los bancos en casi cualquier parte del mundo; siempre que un empresario pueda cargar sus pérdidas a los contribuyentes lo hará encantado y será tan irresponsable como nuestros banqueros.

Los escándalos recientes de las empresas norteamericanas: Enron, Merck, World Com, Xerox, Qwest, Merrill Lynch, resultan de lo más instructivo. Dicen, entre otras cosas, que el mercado no es un espacio mágico de racionalidad por la sencilla razón de que todos los jugadores, cuando pueden, hacen trampa. Dicen también que la iniciativa privada, lo más moderno y cosmopolita de la iniciativa privada es tan turbio, trapacero y corrupto como los viejos monopolios públicos. Desde luego, dicen que los empresarios no son mejores que los políticos en ningún sentido. Lo único lamentable es que haga falta todo ese estrépito para que empiece a asomar algo de sensatez.

Hablando en serio, no debería ser muy sorprendente que las empresas procuren amañar su contabilidad, que simulen beneficios para vender acciones y simulen pérdidas para evadir impuestos. Tampoco habría que extrañarse de que los ejecutivos se las arreglen para recibir créditos especiales, bonos y otras chucherías. Mucho menos que se aprovechen de la menor rendija que abra la ley para aumentar sus ganancias: en eso consiste su oficio. Lo que pasa es que la otra idea, la del empresario modelo de virtud, noble e inteligente, no sólo era vistosa, sino que les ayudó a conseguir los mejores negocios de los últimos veinte años, con el Estado en retirada.

En plan de salvar lo que pueda salvarse, el Presidente Bush anunció la semana pasada “una nueva era de integridad en la vida empresarial”; ahora bien: él mejor que nadie sabe que es una tontería. Los empresarios (y gerentes, ejecutivos, consejeros y demás gente de los grandes negocios) serán en adelante como han sido siempre; lo suyo es hacer dinero y para eso no necesitan otra virtud más que la avaricia (si por añadidura son mezquinos y faltos de escrúpulos, tanto mejor). Para evitar que su eficiencia ocasione demasiados destrozos no hay otro remedio, sino una legislación bien pensada y un regimiento de policía. Por si acaso, el señor Bush también dijo que haría eso, crear un cuerpo de policía especializado en vigilar empresas y empresarios.

Todavía nos falta ver qué moraleja sacan nuestros notables de todo ello. Pero no me los imagino, francamente, cambiando de idea. Hemos pasado, en las últimas décadas, por toda clase de escándalos, quiebras, fraudes y abusos, nos consta que los empresarios pueden ser tan irresponsables y tramposos como cualquier cacique sindical y que les falta tiempo para endosarle las pérdidas al erario público. A pesar de todo, con el Fobaproa a cuestas, seguimos creyendo en las virtudes del mercado, en la imperiosa necesidad de privatizar. Seguimos creyendo, por puras ganas de creer, que en nuestro mercado puede haber lo que no hay en nuestra vida pública. Es una ingenuidad peligrosa. En general a nuestros empresarios les falta lo mismo que a nuestros políticos: honradez, decencia, un mínimo cuidado por el interés público, y por las mismas razones.

Tratemos de verlo con un poco de sentido común. Es verdad que el mercado puede ser eficiente y relativamente racional; es verdad que la iniciativa privada puede ser responsable y productiva. También el Estado puede dejar de ser esa máquina voraz, oscura e indecente, y funcionar de manera confiable, honesta, competente y eficaz. Todo depende de que haya un arreglo jurídico e institucional capaz de proteger el interés público. Eso no lo da el mercado por generación espontánea y no está garantizado por la mera intervención pública. Es difícil de conseguir, ciertamente, pero más nos valdría intentarlo.

 

La Crónica de hoy, 16 de julio de 2002