La ley y la justicia

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Nuestro sistema de administración de justicia no es para inspirar confianza a nadie. No sólo por la corrupción, que es en realidad una abreviatura, una fórmula inexacta y cómoda para resumir el problema; hay incompetencia, irresponsabilidad, ignorancia pura y simple, hay también mala fe y hay prejuicios de todo tipo que influyen sobre el comportamiento de policías, abogados y jueces. El problema básico, uno de ellos al menos, está en nuestra idea de la justicia. Quiero decir: incluso si se resolviesen muchos de los defectos habituales, y hasta todos ellos, persistiría la desconfianza, porque nos hemos hecho ya a la idea de que la ley y la justicia no tienen nada que ver.

Es un desfase que existe en todas partes y que es tan viejo como el derecho. Los curiosos podrán encontrarse con la misma clase de ideas en el siglo primero, en algunos de los discursos de Cicerón, por ejemplo. Siempre se ha sabido que la ley, con su rigurosa formalidad, es a veces insuficiente para administrar justicia: castigar a los malos, absolver a los buenos. La cosa no tiene remedio. Siempre habrá un notorio mafioso que resulta absuelto por un tecnicismo, por insuficiencia de pruebas, y habrá gente en la cárcel purgando condena sólo por una desafortunada coincidencia de circunstancias. Una sociedad civilizada se preocupa sobre todo de lo segundo, por eso se requiere que en caso de duda se falle a favor del acusado. In dubio, pro reo.

Lo malo, es lo que sucede entre nosotros hoy en día, lo malo es que se suponga que las sentencias injustas son sistemáticas. Más todavía: lo malo es que haya razones para sospechar que efectivamente es así.

Hay en México dos lenguajes distintos y hasta opuestos para describir los procedimientos judiciales: el lenguaje de la formalidad y el de la convicción moral. En un caso se trata sólo de los detalles técnicos del proceso: plazos, jurisdicciones, elementos de prueba, las explicaciones remiten al texto de la fracción tal en el artículo cual; en general, es un lenguaje hermético que sirve para decir que el acusado quedará libre, pero es el mismo en que se explican las condenas. En el otro caso, el lenguaje más frecuente en la prensa, en la televisión, lo único que hay es la certeza irrefutable, indemostrable, de que fulano es culpable. Se usa para pedir venganza. A veces coinciden la convicción y el tecnicismo, pero es pura casualidad.

Hasta hace muy poco, en el periodo del priísmo tardío, el lenguaje de la formalidad era el preferido de las autoridades; la oposición por su parte recurría casi siempre al lenguaje de la convicción moral. La oposición sabía, por ejemplo, que Salinas era culpable: de todo, de cualquier cosa, de lo que fuese, era culpable José Córdoba como Raúl Salinas o Hank, cualquiera de los Hank. En los tribunales lo que había era la prescripción, la carga de la prueba, la fracción del artículo y la legislación secundaria.

En la lógica de ese conflicto terminó de cristalizar nuestra cultura jurídica. Hoy sabemos, con seguridad perfecta, que los tribunales no imparten justicia. Hoy sabemos, más que nunca, que la justicia está en la calle.

A primera vista, lo que hay es un sistema jurídico hecho para asegurar la impunidad de los poderosos. La confusa dinámica de los últimos tiempos complica las cosas. La vieja oposición, la más recalcitrante, la del PRD, adopta de pronto el lenguaje del formalismo cuando se trata del caso de René Bejarano y los otros escándalos del año pasado: resulta que una grabación de video no puede hacer prueba plena en un juicio, resulta que no hay ningún modo de demostrar ante los tribunales que López Obrador siquiera tuviese noticia de lo que hacía el PRD en la ciudad ni puede demostrarse tampoco que supiera de los viajes del señor Ponce a Las Vegas, resulta que no hay obligación legal de hacer público el origen ni el destino de los fondos de una asociación civil como la que preside el Secretario de Gobierno del Distrito Federal. La ley es la ley. Hermética, retorcida, incomprensible como siempre. Al mismo tiempo, las mismas gentes, denuncian la transacción política que ha permitido el amparo favorable a Raúl Salinas, porque tienen la convicción moral de que es culpable, saben que no hay ley sino capricho.

El lenguaje de la formalidad legal, con su aparatosa vacuidad, hizo mucho para desacreditar al sistema de administración de justicia. El lenguaje de la convicción moral quería precisamente eso, denunciar al sistema judicial entero. Lo que tenemos hoy es consecuencia de ambas cosas. Peor: del uso obviamente interesado de los dos lenguajes como recurso de propaganda política. Como en tantas cosas, el ejemplo clásico, para libro de texto, lo ha puesto el Presidente en el bochornoso episodio del desafuero, pero siguen por el mismo camino todos los demás.

En la práctica, los procedimientos judiciales pertenecen al reino de la magia, donde existen conjuros indescifrables para salvar o condenar y fuerzas ocultas, estigmas, auras. La esperpéntica aventura de La Paca y el cadáver prestado, de hace diez años, sigue siendo algo angustioso porque revela la estructura profunda de nuestra idea de la justicia; el brujo resultó ser un tramposo, pero se dedicaba a la misma brujería de hoy.

 

La Crónica de hoy, 22 de junio de 2005