La nueva política

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El derrocamiento del presidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez, es un episodio confuso, que ha pasado sin pena ni gloria, sin que la prensa internacional le preste mucha atención. El tono de lo que se publica en Ecuador en estos días tampoco es trágico. No es para sorprenderse: en menos de diez años han pasado por la presidencia Sixto Durán-Ballén, Abdalá Bucaram, Fabián Alarcón, Jamil Mahuad, Gustavo Noboa, Lucio Gutiérrez y ahora Alfredo Palacio. Prácticamente no hubo oposición al golpe, no hizo falta más que una votación del Congreso, con mayoría simple, después de unas cuantas semanas de manifestaciones callejeras. Eso y que ni el ejército ni la embajada de Estados Unidos trataran de intervenir.

El coronel Gutiérrez comenzó su carrera política con el presidente Abdalá Bucaram, que fue destituido antes de cumplir su segundo año de gobierno, en medio de acusaciones de corrupción que todavía no terminan de juzgarse. Participó en el golpe de estado que defenestró a Jamil Mahuad, también acusado de corrupción. Fue amnistiado y llegó a la presidencia con una retórica ambigua, vagamente populista. Buscó primero una alianza con León Febres Cordero, del Partido Social Cristiano, después con el empresario Álvaro Noboa, mientras trataba de fabricarse una clientela propia a partir de los recursos públicos, un poco a la manera de Hugo Chávez; quiso deshacerse de la cúpula del poder judicial, desprestigiada por obedecer consignas políticas, y trató de sustituirla por otra, hecha a su medida: designó nuevos jueces para el Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal de Garantías Constitucionales y la Corte Suprema de Justicia. Fue la chispa para desatar el incendio. Por lo visto, intentó contrarrestar las manifestaciones de protesta en Quito con el acarreo de partidarios suyos de los departamentos de la costa y amazonia. Es curioso: varios de sus críticos de hoy lo acusan de haberse entregado a la “vieja clase política”, traicionando sus promesas de campaña; Gutiérrez dice que lo han derrocado “los políticos de siempre”, que no quieren que haya “un Presidente del pueblo”.

La inestabilidad política de los Andes no es cosa nueva, pero tampoco es un puro atavismo lo que hemos visto en los años recientes en Perú, con Fujimori y Toledo, en Bolivia, con Sánchez de Losada y Mesa, en Ecuador, con Bucaram, Mahuad y Gutiérrez. El orden institucional es frágil, eso ya se sabe, faltan recursos y falta Estado, pero también son frágiles las alianzas en que se apoyan los gobiernos. La historia se repite, igual en todas partes. Surge un líder de carisma improvisado, venido de abajo o de fuera, un movimiento masivo, confuso, básicamente orientado contra los viejos políticos; después una brevísima euforia, golpes más o menos espectaculares contra el sistema representativo, contra el poder judicial, después el desencanto de un gobierno arbitrario, caprichoso o corrupto, incompetente, paralizado, y un movimiento idéntico al anterior. Con un poco más de estabilidad, es lo mismo que hemos vivido en México en la última década.

Tengo la impresión de que el conjunto del subcontinente vive un periodo de transición similar al de los años treinta del siglo pasado, sólo que de signo contrario. Entonces se trataba de la integración en sindicatos, corporaciones y partidos de una población que llegaba masivamente a la economía urbana, industrial: había que aumentar la oferta de bienes públicos, invertir en infraestructura, regular la economía, desarrollar el aparato administrativo del Estado y encontrar recursos de identificación nacional, encauzar un caótico proceso de movilidad social ascendente. Hoy el problema es una población que ha quedado, en masa, fuera del mercado formal, en una economía con desigualdades cada vez más rígidas y desequilibrios regionales que parecen irremediables. El Estado, sin instrumentos de política económica, sin dinero, sin capacidad para organizar el mercado, tiene muy poco que ofrecer y desde luego no es capaz de eliminar ni la miseria ni la inseguridad de las clases medias, tampoco tiene los recursos de antes: empresas públicas, gasto social, sindicatos, para consolidar clientelas. Bien mirado, no hay nada de raro en el desprestigio del sistema representativo, no es difícil convencerse de que no representa nada.

En un plano muy general, hay la sensación de que la clase política –toda- ha roto las normas básicas del orden, no cumple con sus funciones, no puede ofrecer seguridad ni justicia, no gobierna: una vez y otra aparece la imagen de los políticos ladrones, parásitos, empleados que no hacen su trabajo, que no escuchan al pueblo, siempre los viejos políticos. La denuncia no falla, tiene público donde sea. Pero el descontento, por esa misma razón, no puede organizarse dentro del campo político tradicional; los nuevos líderes son gente que ostensiblemente no pertenece a la vieja clase: recurren a una retórica ambigua, sin color partidista muy definido, para expresar una oposición nueva, de base heterogénea y casi siempre inestable. Los que tienen éxito, Hugo Chávez o Fujimori en su momento, hacen cristalizar una nueva fractura simbólica, imposible de representar políticamente, con fórmulas rudimentarias y exasperadas –ricos y pobres, blancos y cholos- que dan cauce al resentimiento. Lo malo es que con eso, aunque se ganen elecciones, no se gobierna. Después viene el reparto de puestos y dineros, el intento de crear clientelas, después las amenazas, lo de siempre pero con una dosis de improvisación y de urgencia que lo hace casi más desagradable; por otra parte, una vez que llegan al cargo los nuevos líderes se encuentran con tal cantidad de compromisos adquiridos, ineludibles, que terminan convirtiéndose en viejos políticos casi de inmediato. Y vuelta a empezar.

 

La Crónica de hoy, 27 de abril de 2005