La piedra filosofal

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Quienes elogian el conocimiento por su utilidad, quienes admiran sobre todo sus posibilidades de uso técnico y su contribución al desarrollo económico, están en el camino de hacer imposible cualquier forma de conocimiento. No ven, no quieren o acaso no pueden ver el sentido del conocimiento en sí y necesitan atribuirle otra finalidad, más o menos accesoria, pero que les resulta más comprensible. Es una confusión que viene de lejos, de hace al menos tres o cuatro siglos, y no ha hecho más que agravarse hasta llegar al ridículo.

Desde luego, los descubrimientos científicos han servido para desarrollar tecnología utilísima, indispensable para la economía moderna: el problema consiste en suponer que ése es el propósito fundamental de la investigación, incluso el único que vale la pena considerar; porque lo que se hace, a partir de esa idea, es subordinar la educación y la investigación a las imperiosas exigencias de la economía: como cosa útil se quiere mano de obra calificada y tecnología aprovechable para aumentar los beneficios empresariales (que después, se supone, procuran empleos, desarrollo y bienestar para todos). Suena razonable, casi de sentido común. Pero es confundir, como se dice, la velocidad con el tocino. Mi argumento va contra la inclinación básica de nuestro tiempo, ya lo sé; por eso me interesa explicarlo con calma.

Hay algo, tal vez mucho que celebrar en los rituales, proclamas y festejos de la semana pasada con motivo de la educación; incluso si no hay recursos fiscales para poner en práctica lo que se dijo, incluso si todo obedeció básicamente a estrategias y ambiciones personales, incluso si lo dicho se diluye o se extravía en el aparato burocrático. Descontando lo que haya tenido de espectáculo, significa que todavía hay quien tiene la idea de que la educación es asunto de interés público. Me parece más interesante, sin embargo, aunque haya tenido poco brillo, la instalación del Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, que no es ya cosa de retórica. La tarea del Consejo será definir las políticas y criterios de prioridad para asignación del gasto en investigación y apoyo a la ciencia, de acuerdo con la delimitación de áreas estratégicas para favorecer el desarrollo nacional (perdón por el lenguaje: no es mío); en resumidas cuentas, se trata de un organismo creado para decidir cuándo, cómo, dónde y de qué modo apoyar la investigación.

Llama la atención sobre todo la integración del Consejo. Están el Presidente de la República y los Secretarios de estado de Educación, Hacienda, Medio Ambiente, Economía, Energía, Comunicaciones, Relaciones Exteriores, Salud, Agricultura y Pesca (aparte de cuatro miembros de “la comunidad científica, tecnológica y empresarial”); con lo cual se supone que el apoyo público a la investigación científica se convierte en una “política de Estado”. Más vale no complicarse tratando de averiguar lo que eso significa; quiere decir que se tiene la intención de darle la mayor importancia y punto.

El diseño del aparato tiene sus más y sus menos; personalmente, no me impresiona mucho la elevación ceremonial de la “política científica” hasta ese Consejo de Ministros: más bien me temo que signifique redoblar la ortopedia burocrática que de por sí se ha impuesto a la investigación, con el añadido de la “visión política”. Pero eso mismo no sería tan grave si no fuera por el modo de definir la intención básica, que debe servir de guía para el Consejo: procurar la vinculación del “sector productivo” con la investigación (por activa y por pasiva, es decir, que el “sector productivo” preste apoyo a la investigación y que la investigación se oriente hacia las necesidades del “sector productivo”).

Nadie necesita que se lo expliquen: se trata de que los empresarios gasten algún dinero en el sistema de educación superior a cambio de que la investigación les sirva para su negocio. La idea no es mala, lo malo es la manera de razonar que conduce a ella. Lo triste, absolutamente deprimente, es que en la cabeza de quien escribió la ley, del Presidente, de sus secretarios y del resto de nuestros políticos, la educación y la investigación no forman parte del “sector productivo” y por sí mismas no contribuyen al “desarrollo nacional”. Dicho sin adornos, a falta de vínculos con el “sector productivo”, hasta hoy la investigación en México ha sido ociosa, estéril y vacua: improductiva.

Por supuesto, podría criticarse la estrechez mental de quienes piensan que todo debe ser “productivo”. Con más razón todavía, la miseria lingüística de quienes suponen que “productivo” significa “que da dinero”. Creo que sería tiempo perdido. Lo que hay es eso. Partiendo de esas premisas, se concluye que la educación pública es aproximadamente una obra de beneficencia y que el gasto en investigación viene a ser una forma de consumo ostentoso de la clase política: un mecenazgo que adorna al patrono y distrae los ocios de los académicos. De modo que un gobierno que se tome en serio la tarea del desarrollo tiene que deshacerse de todo ese dispendio y procurar, con toda energía, que el sistema de educación superior se vincule con el “sector productivo”. Es decir: que termine por dar dinero (se entiende: dar dinero a los empresarios, que por metonimia se llaman “sector productivo”).

Nada de eso es nuevo, por cierto. Llevamos veinte años con lo mismo, con la diferencia de que hoy es mucho más explícito y además ya sabemos que no funciona. Supongo que influye el asombro y la envidia que inspiran las empresas privadas de educación profesional, como el Tecnológico de Monterrey, que se las arreglan para ganar dinero con el negocio de educar; también las cifras que se publican sobre lo que invierten las grandes empresas alemanas o japonesas en investigación y desarrollo tecnológico. Pero tengo la sensación de que en la base de todo hay un intento formal, deliberado, de emulación: hacer como si el Estado fuese una empresa, utilizar los criterios que utilizan las empresas, a ver si al final también se termina ganando dinero, como hacen las empresas.

Así se ha hecho. Recurriendo a los criterios más rudimentarios de gestión: abaratar costos y aumentar productividad. Lo primero consiste en ver si es posible que siga funcionando el sistema sin casi gastar en libros ni revistas, reduciendo sueldos y salarios, sin jubilaciones; lo segundo consiste en hacer cada vez más con menos: con menores salarios y menos profesores conseguir un mayor número de estudiantes, un mayor número de titulados, un mayor número de publicaciones. Lo triste es que sí se puede y se ha hecho: se publica más que nunca, hay más estudiantes que nunca, más tesis que nunca, con los profesores universitarios a un precio más barato que nunca. Pero, por alguna razón, el resultado no ha sido como en las empresas; casi al contrario, para sorpresa de algunos, el sistema en su conjunto ha empeorado hasta el desastre y el gasto, en vista de la calidad de los resultados, cada vez parece más un desperdicio.

Ese es el origen de la nueva ley y el recién instalado Consejo de Ministros: la idea de que había habido un error, no en la estrategia de gestión, sino en seguir gastando, indiscriminadamente, en toda clase de conocimiento. Alguien descubrió que el conocimiento podía ser útil y servir a un propósito productivo (o sea, que podía ayudar a ganar dinero); en vista de eso, no había razón para continuar con el mecenazgo estéril de toda la vida. Todo era cosa de dejar obrar a la Madre Naturaleza, en la advocación del Mercado (con una pequeña ayuda, en plan de “mano invisible”, de parte del gobierno). Con un recurso así de sencillo, podría distinguirse la investigación útil de la inútil: bastaría ponerlas en venta; y el fisco ganaría por cuenta doble: podría reducir los costos de la investigación útil, la que lograra “vincularse”, porque los empresarios pagarían su parte, y eliminar de plano a la que no se pudiera “vincular”, porque estaría demostrado que era ociosa e innecesaria. Esa es la idea. Hasta convertir al Estado en algo semejante a una empresa de intermediación.

¿Estoy exagerando? Sí, pero muy poco. Hasta ahora, buscando un conocimiento “rentable”, más barato y más productivo, conseguimos un sistema de educación superior desarbolado, envejecido, clientelista y burocrático. En adelante, encandilados con el conocimiento “útil”, cabe esperar que acabemos con lo que pudiera quedar de entusiasmo e imaginación. Alguien ganará dinero, acaso. Y tal vez, pongámonos optimistas, tal vez y si hay suerte, cuando hayamos arrasado lo poco que falta, alguien caiga en la cuenta de que con la educación y la investigación puede hacerse negocio, pero no es ése su propósito; que el conocimiento puede tener una función técnica y aplicaciones muy útiles, pero ésa no es su única finalidad. Y que con todo, costoso y escasamente útil, es absolutamente indispensable.

La Crónica de hoy, 13 de agosto de 2002