Las siete hojitas

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No era una mala idea publicar con anticipación la agenda legislativa del próximo gobierno y hacerlo precisamente en un documento dirigido al congreso, pero no ha dado casi ningún resultado ni ha tenido eco. Peor: cuesta trabajo hacerse una idea clara de lo que será el gobierno a partir de lo que allí se dice; no porque falten ideas e incluso iniciativas concretas, sino que es imposible ver la coherencia del conjunto y menos, mucho menos el sentido político de la agenda. El coordinador del PRD en la cámara, Javier González Garza, no podía haber sido más despectivo: “en lo que nos pasaron, esas siete hojitas, no traen nada.” Lo dirá por estrategia, porque es el tono que quiere dar a la legislatura o porque de verdad lo piensa, no lo sé, pensará algo parecido de los cincuenta puntitos con los que hizo campaña, pero no tiene razón. Hay en el documento muchas cosas que vale la pena pensar y discutir, incluso si uno no está de acuerdo (más todavía si uno no está de acuerdo). Vayamos por partes.

La idea es buena, es un gesto amable en busca de una buena relación con el congreso. Lo malo es el texto. Para empezar, la redacción es un puro desastre: si uno leyese literalmente lo que está escrito no se entendería nada. Significa que quien lo escribió ni sabe escribir en castellano ni piensa que eso sea importante; ahora bien, aparte del descuido –cambia de un párrafo a otro el sujeto, el tiempo, se equivocan las concordancias, faltan verbos y sobran mayúsculas—la redacción expresa una inseguridad desconcertante. No sabemos ni quién habla ni a quién se dirige ni, finalmente, qué quiere decir ni con qué autoridad lo dice. El orden de la agenda cambia dos o tres veces en el documento: son tres temas que se convierten en cinco, algunos se desarrollan en tres o cuatro iniciativas concretas, otros en una larga lista de vaguedades. Hay buenas ideas, y otras malas y otras disparatadas, pero es imposible entender el nexo que las une ni por qué –por ejemplo—la democracia efectiva necesita la reelección o por qué la igualdad de oportunidades requiere una nueva legislación para el deporte.

El documento se presenta con modestia: “se reconoce que los Temas Legislativos no son exhaustivos de la Agenda Nacional en su conjunto”. Más: “Es deseable que la Agenda Nacional para los próximos años se edifique con la participación de todos los partidos, en un esquema de negociación política transparente, de cara a los ciudadanos, y bajo premisas de equidad y reciprocidad” (no me pregunten lo que significa porque no lo escribí yo). No obstante, hay la vieja ambición de ofrecer un “proyecto nacional”. En la agenda tiene que estar todo, desde la legislación fiscal hasta el cuidado de los bosques y la política exterior. El resultado es que en la miscelánea que se titula “Igualdad de oportunidades” están en el mismo plano el ordenamiento territorial, la calidad de la educación, la política científica y tecnológica, las instituciones culturales y el “marco legal en materia de deporte” (por supuesto, hace falta todo eso y mucho más, y también alimentar a los patos del lago de Chapultepec, pero ¿qué va primero? ¿Por qué y en qué orden y con qué lógica?). Por otro lado, la “Política Exterior Responsable” que con todo y mayúsculas se propone como uno de los cinco temas de la agenda no tiene ni siquiera una línea de explicación.

Me llama la atención sobre todo el último apartado, donde todo parece mucho más claro y tan obvio como para que sobren las explicaciones, y que no sólo es gratuito sino gravemente irresponsable. Se trata de la “Democracia Efectiva” que, según el texto, puede conseguirse con cuatro medidas: reducir el costo de las elecciones, unificar el calendario electoral, suprimir la representación proporcional y permitir la reelección. Lo fundamental con respecto a todo ello lo ha dicho ya Rafael Segovia en su artículo del viernes pasado en Reforma: sólo añado algunas apostillas.

Si uno piensa con mentalidad de tendero, lo importante –en las elecciones o en lo que sea—es reducir costos y que todo sea lo más barato posible. Hay que suponer que el presidente y su partido tienen otras miras, piensan también en la estructura del sistema político que se produce como consecuencia de la legislación electoral. En esos términos hay que discutir la agenda que nos proponen. Voy con orden.

Reducir el costo de las campañas es muy razonable, puesto que se pagan con dinero público. Es sencillísimo. La fórmula más simple y más obvia, la única que corresponde al modelo de vida pública que hemos adoptado, es prohibir la contratación de publicidad política en los medios de comunicación masiva. Las campañas electorales son asuntos de interés público y por lo tanto la radio y la televisión deben estar obligadas a transmitir gratuitamente –en espacios oficiales—la publicidad de los partidos, en los tiempos y términos que fije la ley. No hay más. Así se hace en España, en Francia, en Chile y en muchos otros países. Bastaría para reducir el costo de las campañas a mucho menos de la mitad. Está clarísimo y lo sabemos todos: si no fuese eso –prohibir la publicidad política pagada—la propuesta del próximo presidente sería un fraude. Esperemos.

Unificar las “fechas electorales” y “garantizar elecciones concurrentes” es una solución muy económica. Sólo descuida la lógica política que hay en la dispersión actual, que permite –incluso favorece—coaliciones de intereses distintas en elecciones distintas y respeta, por eso, la particular estructura política de los estados y los ayuntamientos. Nada impide, lo hemos visto muchas veces, que dos partidos estén en polos opuestos en una discusión en el congreso y se presenten en coalición en unas elecciones locales. Es decir: el sistema de representación puede ser más flexible, más complejo, no se reduce a la lógica de la confrontación federal. Permite administrar los conflictos locales en los términos del orden local. Por otra parte, la dispersión sirve como sistema de señales y como válvula de presión: por ejemplo, en la medida en que en toda elección influye el clima nacional, quienes estén enojados porque Calderón vaya a ser el próximo presidente y quienes estén enojados por la actitud de López Obrador han tenido ocasión de decirlo en Chiapas hace dos semanas, tendrán ocasión de decirlo en Tabasco en unos días. Privarse de eso –y que en una sola campaña, un solo día, cada seis años se decida todo—parece casi suicida.

Las otras dos iniciativas son para desarticular el sistema de partidos. No es difícil de entender que la representación proporcional ofrece un resultado más equitativo y que refleja mejor el peso electoral de los diferentes partidos, mientras que el principio de mayoría simple favorece a los partidos mayores y tiende a dar una imagen distorsionada, porque es un juego de todo o nada que se decide por un voto. En un sistema bipartidista, con partidos de fuerza equiparable y tradición de alternancia, el inconveniente puede no ser tan grave: no es nuestro caso. Para ganar la elección de mayoría en un distrito basta aproximadamente un 35% de los votos; si no hubiese el correctivo de las circunscripciones plurinominales eso dejaría sin representar la opinión de una buena parte, mucho más de la mitad de los electores. En el congreso actual, por ejemplo, habría casi sólo diputados del PAN y del PRD, y una docena del PRI: el país no es así. Es probable que la proporcionalidad pura produjera una representación demasiado fragmentada, con la que sería muy difícil gobernar: por eso hay el equilibrio actual entre los dos principios; por otro lado, con sólo trescientos diputados de mayoría acabaríamos por tener en muy poco tiempo una sólida corporación de caciques locales usando la etiqueta de dos o tres partidos. No parece un buen método ni para la gobernabilidad ni para la “Democracia Efectiva”, tampoco para construir “un poder político eficiente, responsable y claramente comprometido con el bienestar de los ciudadanos”, sin contar con que la idea desmiente todo lo que se dice en las primeras páginas del documento para celebrar la pluralidad política.

Respecto a la reelección se ha dicho ya todo lo que puede decirse, varias veces. No hay un solo argumento sensato que justifique la necesidad de la reelección en nuestra situación. Necesitamos partidos más sólidos, coherentes, capaces de ordenar la vida pública y no “romper con la disciplina de partido” (como se ha sugerido, con transparente cinismo). Experiencia, los legisladores actuales la tienen de sobra y muy útil como diputados locales, alcaldes, senadores, gobernadores, líderes sindicales, funcionarios o diputados de anteriores legislaturas, no hace falta tener profesionales de la redacción de leyes ni de la representación del segundo distrito de Tulancingo. Como “rendición de cuentas” es mucho más eficaz que podamos identificar a los partidos, su definición, su programa, la coherencia de su fracción en las cámaras. Finalmente, para desmentir a quienes dicen que el caciquismo es cosa del pasado y que no puede ya darse en México, debería bastar el extraordinario resultado del PANAL en las últimas elecciones.

Ver esas ideas en el texto del Pronunciamiento de Chapultepec es normal: a los empresarios les molestan los partidos, los políticos, los congresos y las elecciones, querrían que –si no hay más remedio—hubiese al menos pocos diputados y que pudieran comprarse al menudeo. Están en su derecho. Verlas en la agenda del próximo presidente ni es normal ni es sensato, significa que su equipo –como el de Vicente Fox—quiere hacer política en un país muy extraño, que no es éste. Está en las siete hojitas, es mucho y es grave.

 

La Crónica de hoy, 11 de octubre de 2006