México 2006-2008

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(Apareció en el Anuario del Instituto Elcano, Madrid: Real Instituto Elcano de Estudios Estratégicos, 2008)

1. Una herencia complicada

Entre los lastres más pesados que arrastra el gobierno de Felipe Calderón en México está el desencanto provocado por el gobierno anterior, también del PAN: el clima de crispación y escepticismo, el sentimiento de frustración que dejó tras de sí el sexenio de Vicente Fox. Se esperaba demasiado de la alternancia, después de 70 años de gobiernos del PRI, entre otras cosas porque el candidato Vicente Fox prometió demasiado, con demasiada facilidad durante su campaña, y el resultado sólo podía ser decepcionante.

Ahora bien: incluso para una mirada distante, desapasionada, el desempeño del gobierno federal entre 2000 y 2006 dejó mucho que desear. Hubo en el gabinete improvisación, inexperiencia, falta de coordinación y de sentido práctico: gestos muy desafortunados en la política exterior, que provocaron el distanciamiento de Cuba y Venezuela, e incluso una tensión innecesaria con el conjunto de la OEA; manejo imprudente de conflictos políticos, como el de San Salvador Atenco, con motivo del proyecto de un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México, que desembocó en una escalada de violencia callejera de varios años; innecesarios enfrentamientos verbales del presidente con muchos actores políticos y en particular con la oposición en el congreso; una política económica restrictiva, que conservó estables la inflación, las tasas de interés y el tipo de cambio, pero que también mantuvo la economía prácticamente estancada.

Más grave, por lo que se esperaba del “gobierno del cambio”, fue su fracaso en el combate contra la corrupción y su nula capacidad para impulsar un programa mínimo de reformas legislativas. El sexenio comenzó con dos escándalos serios relativos al financiamiento de las campañas tanto del PRI como del PAN: el desvío de recursos del sindicato petrolero para la campaña del PRI (lo que se conoció como el “Pemexgate”), y los movimientos financieros irregulares del grupo Amigos de Fox, en el PAN. Ambos casos se resolvieron con multas más o menos abultadas, pero sin sanción penal para nadie –salvo amagos, arresto preventivo de personajes secundarios—y sin una explicación satisfactoria. A eso hay que sumar pequeños escándalos por gastos excesivos de algunos funcionarios, manejos poco claros en la Lotería Nacional, contratos públicos para los hijos de la esposa del presidente, la insólita fuga de uno de los mayores narcotraficantes del país, Joaquín Guzmán Loera, preso en una cárcel de máxima seguridad. Era casi inevitable que se extendiera la sensación de que las cosas seguían, en ese terreno, como siempre.

En el plano federal, la relación del ejecutivo con el congreso fue siempre mala. Sin mayoría en ninguna de las dos cámaras, el presidente Fox intentó en los primeros años imponerse mediante una estrategia plebiscitaria, denunciando en la televisión a los diputados que se oponían al “cambio”; la campaña, como podía esperarse, resultó contraproducente y la relación entre los poderes empeoró (se complicaron hasta lo inverosímil votaciones que solían ser de mero trámite, como las autorizaciones de viajes al exterior del presidente de la república). En la elección federal de medio sexenio el PAN mantuvo una estrategia antipriísta (con el lema: “¡Quítale el freno al cambio!”) y sufrió un serio revés: perdió 50 diputados, la tercera parte de su fracción, y su posición se vio seriamente debilitada. El presidente siguió hablando de las “reformas estructurales” que necesitaba el país –hablaba de reforma fiscal, energética, laboral, financiera, de telecomunicaciones—pero no presentó en el congreso más que una tímida iniciativa de reforma fiscal, que en lo sustantivo contemplaba tan sólo cobrar el IVA en alimentos y medicinas, y que fue rechazada por una mayoría abrumadora.

La segunda mitad del sexenio de Vicente Fox estuvo dominada absolutamente por la confrontación entre el presidente y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, que sería el candidato presidencial del PRD en 2006: una confrontación enconada, personal, que daba titulares de prensa todos los días, y que culminó en un turbio proceso de desafuero contra el jefe de gobierno, en 2005, por el desacato de una sentencia judicial. Mucho más que los últimos presidentes priístas, o de modo más público, el presidente Fox intervino en la campaña electoral, con críticas directas y explícitas contra el candidato del PRD. El resultado fue una polarización política y social cuyas consecuencias gravitan sobre el presidente Calderón, años después.

Con todo, el problema más difícil de resolver, herencia no sólo del sexenio de Fox, sino de los últimos 20 años del siglo XX, es la fragmentación del poder que resulta del deterioro del arreglo posrevolucionario. Con el declive del PRI se han roto los mecanismos de integración política y movilidad social de más de medio siglo; adicionalmente, han aumentado los recursos de control y vigilancia sobre el gobierno federal, cuya estructura es hoy más transparente, pero también más rígida y más frágil, mientras han ganado autonomía y capacidad de operación política los gobernadores de los estados y los presidentes municipales de las ciudades mayores; no han podido hasta ahora actuar de forma conjunta (a pesar del intento de coordinarse mediante una Conferencia Nacional de Gobernadores, CoNaGo), pero tienen capacidad para actuar por cuenta propia, y obstruir con bastante eficacia las políticas federales. Tampoco los partidos políticos –dicho sea de paso—tienen posibilidad real de controlar o moderar a sus gobernadores, algunos de los cuales pueden resultar muy incómodos por sus extravagancias o su manejo arbitrario de los recursos públicos, como los de Jalisco (PAN), Puebla, Oaxaca (PRI), Guerrero y Chiapas (PRD).

A ese lastre hay que sumar la complicada y discutidísima elección presidencial de 2006. La campaña estuvo marcada por episodios de publicidad negativa que no se habían visto antes en México, intervenciones inopinadas del presidente de la república y un gasto descomunal en propaganda televisiva. El PRI, con un pésimo candidato y con la defección del sindicato de maestros (SNTE) para formar su propio partido, se hundió hasta un remoto tercer lugar. Es decir, competían por la presidencia, en términos reales, sólo el PAN y el PRD. La operación, de una torpeza incomprensible, del Instituto Federal Electoral (IFE) retrasó la entrega de los resultados casi cuatro días, de modo que el anuncio de la victoria de Felipe Calderón por una minúscula diferencia de medio punto porcentual (alrededor de 250 000 votos) dio pie a toda clase de sospechas y acusaciones.            Siguió un largo proceso de impugnaciones, recursos legales, peticiones de recuento de votos, guerras de desplegados en la prensa, un “plantón” del PRD que bloqueó el Paseo de la Reforma, la principal avenida del centro de la Ciudad de México, durante meses, una radicalización de posiciones que culminó finalmente en la decisión de Andrés Manuel López Obrador de proclamarse “Presidente Legítimo” para encabezar un movimiento de resistencia civil contra el usurpador.

En esas circunstancias, con esos antecedentes, Felipe Calderón tomó posesión de la presidencia de la república el primero de diciembre de 2006.

 

  1. El escenario, los actores

Es razonable suponer que las principales preocupaciones del presidente Calderón fuesen distender el clima político, neutralizar la oposición intransigente de López Obrador, y evitar los errores de cálculo y estrategia que resultaron en la absoluta esterilidad del gobierno de Vicente Fox. Es decir: necesitaba afirmar su autoridad y mostrarse abierto, dispuesto al diálogo; necesitaba un discurso de unidad nacional y una práctica capaz de darle credibilidad. En ese propósito ha sido consistente, aunque los resultados no son para inspirar entusiasmo.

El escenario nacional sigue siendo complicado por la configuración de las cámaras. La elección de 2006 (como la de 2000, como la de 1997) dio como resultado un congreso dividido casi en tercios –PAN, PRI, PRD—con media docena de partidos menores, insuficientes para que uno solo de los partidos mayores forme con ellos una mayoría. En la práctica, eso significa que el ejecutivo no tiene más remedio que pactar con el PRI cualquier reforma legislativa, en un escenario cada vez más adverso para el partido en el gobierno. Vale la pena mirarlo con algún detenimiento.

El PAN, el partido de Felipe Calderón, fue en su origen un partido de la “derecha cívica”, opuesto de todo a todo al régimen revolucionario: un partido conservador, provinciano, católico, civilista. No tiene hoy una identidad clara. La vieja división, de los años ochenta, entre doctrinarios y pragmáticos, se ha reproducido entre los partidarios de Fox y Calderón: las diferencias programáticas no son apreciables, pero sí las de tono y actitud. Mucha de la atención y la energía del presidente en su primer año estuvo enfocada en su partido, en la sustitución del secretario general, Manuel Espino, de la derecha más intransigente, por uno de sus incondicionales, Germán Martínez, al que se supone de talante más conciliador. El partido carga con el desgaste del gobierno, de un segundo gobierno consecutivo, no tiene buenas perspectivas electorales, y no tiene tampoco una agenda legislativa lo bastante clara para firmar una alianza duradera. De las casi 200 elecciones municipales que ha habido entre 2006 y 2008, el PAN ha ganado únicamente diez.

El PRI, 11 años después de haber perdido la mayoría en las cámaras y tras dos derrotas en elecciones presidenciales, es el partido que tiene mejores perspectivas. Gobierna en dos terceras partes de los estados, y con una cuarta parte del congreso es la fuerza decisiva, incluso para aprobar los presupuestos. Ha adoptado una estrategia de “oposición responsable”, que no sigue a ciegas al gobierno ni se le opone por principio, como hace el PRD. Es la tercera fuerza en la cámara de diputados, pero ha aumentado su votación en los últimos años de modo consistente y es el primero en intención de voto, de cara a las elecciones federales de 2009 (con un crecimiento de más de diez puntos con respecto al año anterior). Las circunstancias aconsejan, hacen casi obvia la estrategia de minimizar costos, mantener un bajo perfil y capitalizar los errores de sus contrincantes; por lo que puede verse, según sus cálculos, la pura inercia podría darle la victoria en les elecciones legislativas de 2009 y en las presidenciales de 2012. Ha ganado la mayoría de las elecciones de los dos años pasados; entre las victorias más significativas, ha ampliado sus mayorías en estados como Puebla, Veracruz y Coahuila, y ha recuperado la gobernación de Yucatán (antes del PAN) y la mayoría de los municipios de Guerrero (antes del PRD).

Salvo excepciones, como la nueva gobernadora de Yucatán, el PRI no ha renovado a sus cuadros: se mantienen en las cámaras y en el comité ejecutivo del partido los mismos personajes que hace diez, doce y quince años. Los nombres son los que podían escucharse ya durante los gobiernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas en los años ochenta: Beatriz Paredes, Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa. En el clima de inseguridad que vive el país, trata de hacer valer la experiencia como carta fuerte; capitaliza también, sin dificultad, el desgaste del PAN en el gobierno y el descrédito del PRD por su agresividad y sus conflictos internos.

La situación del PRD es mucho más complicada. Desde el inicio de la legislatura el partido se encuentra dividido entre los partidarios de López Obrador, que no reconocen al gobierno de Felipe Calderón, y sus adversarios en el partido, que preferirían una estrategia más pragmática. Es la segunda fuerza en el congreso desde 2006, pero las encuestas con miras a la elección federal del 2009 lo sitúan en tercer lugar, con menos de una quinta parte de los votos (los resultados varían según la empresa encuestadora y según la pregunta, entre el 11% y el 20%). Los problemas vienen de lejos, desde que López Obrador desplazó a los líderes históricos, empezando por Cuauhtémoc Cárdenas, para encabezar una campaña típicamente caudillista, de retórica beligerante y programa ambiguo, con un aparato personal (Redes ciudadanas) superpuesto al del partido.

La división, como es lógico, se acentuó tras la derrota en la elección presidencial. López Obrador quedó en una posición muy vulnerable: sin ningún puesto formal ni cargo en el partido, sin recursos para organizar a sus clientelas ni autoridad para tomar decisiones; es decir, estaba obligado a radicalizar su posición, acentuando la nota victimista además, para recuperar autoridad moral (la que había perdido por sus alianzas durante la campaña) y conservar su influencia sobre el partido. En la práctica, la ruta no tiene misterio. Llamar a la “resistencia civil”, negarse a reconocer formalmente al presidente Calderón o a negociar cualquier iniciativa en el congreso no tenía –no tiene—para él ningún costo, pero sí para los gobernadores de su partido (Guerrero, Chiapas, Michoacán, Zacatecas, Baja California Sur, Distrito Federal) que están obligados a negociar con el ejecutivo federal su presupuesto, lo mismo que para los diputados y senadores, que con la estrategia de bloqueo ven reducida a nada su capacidad para incidir en el debate parlamentario. Es también muy costoso para cualquiera de ellos, sin embargo, romper abiertamente con López Obrador, porque es exponerse a ser acusado de traición, de haber pactado con un gobierno espurio.

Dicho en una frase: la intransigencia de Andrés Manuel López Obrador es parte de una estrategia de supervivencia, sobre todo dentro de su partido, con miras a la elección presidencial de 2012.

La “resistencia civil” obradorista se ha traducido en manifestaciones y protestas, en la amenaza constante de cerrar aeropuertos, refinerías, carreteras y paralizar al país, e incluso en la clausura por la fuerza de la cámara de diputados durante semanas. Ha tenido consecuencias sobre todo para el PRD, cuya imagen se ha desplomado, literalmente, en dos años. Se llegó casi a la fractura formal con la elección de la dirigencia del partido, que enfrentó a Jesús Ortega, del ala pragmática, por llamarla de algún modo, y Alejandro Encinas, directamente impulsado por López Obrador: después de dos meses, la comisión electoral del partido anunció que no podía ofrecer resultados de la elección interna; se optó por un interino que no convence del todo a nadie, ni resuelve la crisis.

Es interesante anotar que incluso en ese escenario los diputados y senadores aprobaron casi por unanimidad –con la única disidencia de un partido menor, Convergencia—una reforma constitucional para modificar el código electoral a fines de 2007. En lo fundamental, se trataba de hacer un ajuste del “modelo de vida pública” para controlar en algo los abusos de las cadenas de radio y televisión, que habían llegado a extremos alarmantes en la campaña de 2006. En la nueva fórmula, dado que los partidos reciben un masivo subsidio público para sus campañas, éstas deben transmitirse obligatoriamente en tiempos oficiales, en horarios establecidos por el Instituto Electoral, y queda por eso prohibida la contratación privada de publicidad en medios audiovisuales. Se evita con eso toda una serie de prácticas discriminatorias y, sobre todo, la transferencia directa de casi todo el subsidio electoral a las empresas de radio y televisión.

Como podía esperarse, la reforma inspiró una violentísima reacción de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y la Televisión (después de todo, las campañas eran un negocio seguro de más de 400 millones de dólares en cada elección federal). En los noticiaros y en las mesas de análisis de las dos grandes empresas televisoras y de casi todas las de radiodifusión subió el tono de las críticas de inmediato, se pasó de una retórica vagamente antipolítica a un antiparlamentarismo beligerante, explícito, agresivo, que en ocasiones –conforme se agrava el problema de la inseguridad—resulta amenazador.

 

  1. Gestión sin estrategia

La distribución de fuerzas en las cámaras hace prácticamente imposible cualquier estrategia general de reforma, porque ninguno de los partidos querría pagar el costo. Con buen sentido, el presidente Calderón decidió afrontar sus primeros años de gobierno con los recursos de gestión del ejecutivo, mediante políticas públicas que no requerían del concurso del congreso; procuró restaurar en algo el prestigio internacional de México, muy dañado por los exabruptos del gobierno de Fox, y escogió en la política nacional los temas que, en teoría, serían menos polémicos: seguridad pública y educación. Podía con eso afirmar su autoridad, dar algún contenido concreto al gobierno, y evitar fricciones con el congreso.

Aunque sensata, la decisión ha tenido costos. En primer lugar, falto de recursos, el presidente tuvo que abandonar el que fue el gran tema de su campaña: la generación de empleo. En segundo lugar, ante la beligerancia de la oposición y los problemas dentro de su propio partido, ha tenido que formar su equipo de gobierno basado fundamentalmente en la lealtad personal de sus colaboradores (él mismo lo ha dicho, en entrevista: obligado a escoger entre competencia y lealtad, prefiere la lealtad). No es la mejor plataforma para ganar popularidad.

La política exterior del presidente Calderón ha sido sobre todo prudente: ha intentado recuperar algo del tono y actitudes tradicionales de la diplomacia mexicana. En circunstancias a veces complicadas, México ha conseguido restablecer relaciones casi cordiales con Cuba, Ecuador y Venezuela, y mantiene una buena relación de cooperación con Colombia. La relación con Estados Unidos no ofrece sorpresas, aunque ha sido menos fluida de lo que se podría esperar: para México, por obvias razones, es un asunto de política interna, que se lleva en buena medida a través de la Secretaría de Hacienda, el Banco de México, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República; tiene, aparte del comercio, dos temas: la seguridad, que es prioritaria para Estados Unidos, y la migración, que es prioritaria para México, al menos teóricamente. En los hechos, es poco lo que el gobierno mexicano ha podido avanzar en los temas de la agenda migratoria, pero es poco también lo que se ha logrado en materia de seguridad: México ha autorizado la extradición de varias decenas de narcotraficantes en los últimos años, pero la colaboración por parte de los Estados Unidos –materializada en el Plan Mérida—deja bastante que desear, con un paquete de ayuda de 400 millones de dólares (diez veces menos de lo que implica el Plan Colombia) y una nula receptividad hacia las demandas mexicanas de mayor control sobre la venta de armas y su tráfico hacia el sur de la frontera, o mayor información sobre movimientos financieros de probable origen criminal. El amago del presidente Calderón de rechazar el Plan Mérida consiguió modificar en algo las condiciones impuestas por el congreso estadounidense, pero la relación dista de ser fluida.

No deja de ser extraño el empeño de la cancillería mexicana por tener un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU, que se consiguió en 2008, como en 2002. Es el único proyecto identificable en política exterior, aparte de la normalización, pero no se ha dado una explicación convincente del propósito o lo que se espera conseguir con ello.

En lo que se refiere a la política nacional, la primera decisión del gobierno, de los primeros días, fue lanzar una gran ofensiva del ejército contra el narcotráfico, incluyendo el despliegue de operativos de presencia física constante en varias regiones del país (diariamente hay, en el conjunto del territorio, entre 35 y 40.000 efectivos del ejército en operaciones, en contacto directo con la población civil). No fue una ocurrencia gratuita, fue recibida incluso con entusiasmo en algunos lugares, pero no por eso estuvo exenta de polémica: después de todo, combatir a la delincuencia no es una función del ejército, sino de la policía, y no faltó quien quiso ver en el gesto un intento del presidente de amparar su autoridad –puesta en entredicho por el movimiento de López Obrador – bajo la de los militares. Las consecuencias son de mucho mayor alcance: hablaremos de ello un poco más abajo.

La segunda decisión, de enorme importancia, fue iniciar un ambicioso programa de reforma educativa, mediante un acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (que agrupa a más de un millón y medio de maestros, de escuelas públicas). Conviene tener en mente los antecedentes. El mayor obstáculo para la modernización educativa en México, en los últimos 30 o 40 años, aparte de la falta de presupuesto, ha sido el conjunto de “conquistas laborales” del sindicato de maestros: el sindicato ha tenido, hasta ahora, la facultad para llenar las nuevas plazas, decidir promociones, nombrar directores de plantel e inspectores federales; y se ha rehusado a cualquier mecanismo de evaluación externo, oposiciones o evaluación federal de los estudiantes. El acuerdo firmado entre el gobierno de Calderón y el SNTE implica entre otras cosas que, en adelante, las contrataciones, promociones y nombramientos para todos los puestos deberán decidirse mediante concurso de oposición: parece poca cosa pero, en el contexto mexicano, es un avance mayor, con miras a una mejora en los niveles educativos. En todo caso, como es lógico, tardará años en ofrecer resultados visibles.

Por supuesto, el acuerdo lastima intereses creados, y ha enfrentado resistencias en algunos sectores del sindicato de maestros, que defienden –entre otras cosas—su derecho a heredar o vender las plazas (operaciones que los maestros consideran una conquista sindical, y un complemento de su jubilación). Las protestas, vinculadas con la exigencia de que renuncie la actual líder del sindicato, Elba Esther Gordillo, por haber firmado el acuerdo sin consultarlo con las bases, se extienden a varios estados. A fines de 2008 han provocado bloqueos de calles y carreteras en Morelos, Oaxaca, Guerrero y el Distrito Federal. Algunos gobernadores, como el de Oaxaca (Ulises Ruiz, PRI) se han manifestado a favor de los disidentes. Ni la dirección del SNTE ni la Secretaría de Educación pueden dar marcha atrás en la reforma, pero los movimientos de inconformidad, secundados por el PRD, pueden crear un problema serio para la gobernabilidad en el centro del país, aunque no se trate de la mayoría de los maestros, ni mucho menos.

A principios de 2008, cumplido casi un tercio de su mandato sin ningún logro tangible, el presidente decidió adoptar una estrategia más agresiva, de mayor alcance, y poner como tema prioritario en la agenda pública la reforma del sector energético. En lo sustantivo, la iniciativa presidencial suponía una reforma de PEMEX para darle mayor autonomía de gestión, reducir la carga fiscal de la empresa (que llega a ser del 70%) y autorizar la inversión privada en exploración, refinación y construcción de ductos. Como resultado, aparte de la modernización de la industria petrolera, el proyecto ofrecía liberar recursos públicos para destinarlos al gasto social. Ahora bien: una reforma de esa envergadura necesitaba por lo menos un apoyo sin fisuras del PRI en el congreso, y era difícil de conseguir dado que éste no tenía ya casi ningún incentivo para hacer apuestas arriesgadas. Más todavía cuando salieron a la luz los intereses de la familia del secretario de gobernación, Juan Camilo Mouriño, con empresas dedicadas al transporte de hidrocarburos.

El petróleo tiene en México, aparte de su importancia económica y estratégica, un valor simbólico –como clave de la soberanía nacional—que al obradorismo no le costó trabajo capitalizar: la discusión se retrasó durante más de seis meses, puntuados por manifestaciones callejeras, y el PRI –nadando entre dos aguas—impuso a fin de cuentas un proyecto de reforma muy diluido, que difícilmente servirá a los propósitos del gobierno federal. A riesgo de quedar fuera por completo, el sector más pragmático del PRD, encabezado por los líderes de las fracciones en la cámara de diputados y en el senado, decidió finalmente participar en las negociaciones, que López Obrador rechazaba de plano. Otro amago de fractura en el PRD, que se mantuvo hasta el día mismo de la votación en el senado, donde se aprobó la reforma con los votos del PRD y con una manifestación de rechazo de varios miles de obradoristas –encabezada por López Obrador—que intentó incluso impedir la sesión, bloqueando los accesos.

No hay que descartar que continúe la agitación con motivo del petróleo, pero a fines de 2008 los temas ya son otros: otros para el PRD, para la ciudadanía y para el gobierno. La crisis financiera global y su coincidencia con la crisis de seguridad terminaron de desarticular la agenda presidencial, a unos meses de iniciarse la campaña para las elecciones al congreso federal de 2009.

El impacto de la crisis financiera llegará a la economía real, en México, en el primer trimestre de 2009, con la caída de las exportaciones (el 90% se dirigen a los Estados Unidos), el cierre de maquiladoras, la disminución de las remesas de emigrantes y el regreso al país de quienes ya no encuentran trabajo en el norte. El sistema bancario mexicano no tiene problemas de liquidez equiparables a los de otros países porque ha sido básicamente conservador en su política crediticia, después de la crisis de 1995 y el crédito para consumo, que previsiblemente sería el más afectado con un ajuste de tasas de interés, es estrictamente minoritario; el problema, no obstante, es que los principales bancos del país no son mexicanos: son Citibank, BBVA, Santander, HSBC, y van a resentir el impacto de sus crisis en Estados Unidos y Europa. La bolsa ha caído sistemáticamente desde el inicio de la crisis, pero sólo es significativa para un reducido número de empresas. El sector productivo está en una situación también ambigua. La economía mexicana ha tenido un desempeño mediocre en los últimos ocho años: se ha mantenido baja la inflación y un tipo de cambio estable, pero con crecimiento prácticamente nulo; la mitad de la población económicamente activa está en la economía informal, que aporta alrededor del 35% del PIB, descontando que hay cerca de 15 millones de mexicanos en Estados Unidos, y el crecimiento ha sido sobre todo de productos para exportación (agroindustria y maquiladoras). Es difícil estimar la naturaleza de la crisis en una economía así estructurada.

Padecerá el sector externo, sin duda, pero las consecuencias que eso pueda tener para el mercado nacional son inciertas. Es previsible un repunte de la inflación, una devaluación de la moneda (es ya del 40%), caída de los salarios reales, aumento del desempleo y una recesión que siga a la de la economía estadounidense. Han comenzado a resentir los efectos de la crisis las cadenas de tiendas de autoservicio. No hay muchos recursos de política económica para hacer frente a una situación así. La primera reacción del gobierno federal ha sido el anuncio de un programa anticíclico que incluye apoyo crediticio a pequeñas y medianas empresas, inversión pública en infraestructura y el inicio de la construcción de una nueva refinería. Es un plan bien orientado, en línea con los de otros países, básicamente prudente, pero que no podrá hacer mucho para paliar los efectos del desempleo y la inflación sobre la población de menores recursos (entre 2007 y 2008 la inflación oficial ha rondado el 7%; el alza en los precios de los alimentos, no obstante, implica que la inflación real para el tercio más pobre haya sido cercana al 60%).

 

  1. Narcotráfico e inseguridad: la nueva agenda

El crimen organizado se ha impuesto como prioridad indiscutible, por encima incluso de la crisis económica, y es el primer punto en la agenda bilateral con Estados Unidos. Es extraño, pero a juzgar por sus reacciones, el problema ha cogido por sorpresa a todos los actores políticos, a pesar de que fuese perfectamente previsible. Las declaraciones públicas de casi todos –funcionarios, diputados, líderes partidistas—son parecidas: enfáticas, imprecisas y en el fondo anodinas. No hay una estrategia general clara, compartida, de itinerario reconocible, es decir, no se puede saber en qué consiste realmente la “guerra contra el crimen organizado” declarada por la presidencia de la república, ni cómo podrían evaluarse los resultados.

Las cifras más gruesas bastan para hacerse una buena idea de la gravedad del problema. En dos años de gobierno, cerca de 5.000 mil asesinatos atribuibles al crimen organizado; alrededor de 400 policías, militares, funcionarios, mandos de cuerpos de seguridad, presidentes municipales; asesinatos colectivos, de cinco, diez y hasta veinticuatro personas, cuerpos decapitados, mutilados, atentados con granadas contra puestos del ejército, en restaurantes, incluso en la plaza mayor de la ciudad de Morelia, durante la celebración del día de la independencia, el 15 de septiembre de 2008. Es decir, el conflicto tiene efectivamente las dimensiones de una guerra. La mayor parte de esa violencia tiene que ver, sin duda, con el tráfico de drogas: con los nuevos acomodos que resultan de la ofensiva del Estado, también con la lucha por el control de rutas y plazas de tráfico. No obstante, han aumentado también otros delitos graves, y en particular los secuestros: entre 400 y 500 denunciados al año.

Ahora bien: el problema más grave, el que justificó el ingreso del ejército, no fue el grado de violencia, sino el hecho de que las organizaciones criminales fuesen la autoridad de facto en algunas regiones y localidades del país (La Laguna, Sinaloa, Michoacán, el norte de Veracruz, Tijuana, Nuevo Laredo, Gómez Palacios, Ciudad Juárez). No es que hubiese “dinero negro” en las campañas electorales o arreglos con la policía local, aunque había todo ello, sino sistemas bien establecidos de control y parasitismo de la vida cotidiana, incluso retenes armados a la entrada de las poblaciones; es decir, se trataba de recuperar la jurisdicción del Estado en el sentido más craso de la palabra.

En un primer momento, la estrategia dio buenos resultados: los operativos conjuntos de policías estatales y ejército en Tamaulipas, Michoacán, Sonora, Guerrero, fueron recibidos hasta con entusiasmo por parte de la población, otros gobernadores pidieron una intervención similar, y se recuperó la tranquilidad pública en plazas que eran escenario de masacres casi cotidianas. No obstante, esa primera fase, propiamente militar, no se ha articulado con otras, indispensables, para permitir el regreso del ejército a los cuarteles y la reconstrucción de un sistema de administración de justicia confiable, eficiente, capaz de producir un clima de seguridad. Periódicamente, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública ofrecen informes públicos, con indicadores de “éxito”: básicamente, toneladas de droga incautada y número de delincuentes detenidos; el problema es que ninguna de las dos cosas sirve para explicar el sentido ni los resultados reales de la lucha contra el crimen organizado (mientras subsistan las organizaciones, a cualquiera se le alcanza que un mercado ilícito puede ser sustituido por otro: armas, personas, piratería, secuestro, y que los sicarios detenidos son reemplazados de inmediato por otros).

Es un tema que viene de lejos y que conviene mirar con un poco más de atención. Para el régimen priísta, durante décadas, era funcional un sistema de procuración de justicia que dejaba amplios márgenes de arbitrariedad, con una policía poco profesional y mal pagada, con una legislación muy laxa para los delitos “de cuello blanco” y un Ministerio Público que, con el monopolio de la acción penal, podía en la práctica exonerar a cualquiera con sólo archivar el expediente. Sobre esa base se construía el poder local en casi toda la república, a partir de una trama densa de relaciones de complicidad y encubrimiento, con la autoridad última del presidente de la república. La fractura del régimen revolucionario, la descomposición del PRI, la debilidad del Estado central y el auge del crimen organizado, que comenzó en los años ochenta, con el crecimiento exponencial del mercado de droga, han cambiado los términos del juego: hoy en día, los márgenes de acción discrecional de policías y ministerio público se han vuelto contra el Estado, sobre todo en los espacios locales, donde los líderes del crimen organizado pueden imponer sus condiciones.

En la práctica, en los últimos 20 años, el crimen organizado ha podido aprovechar los vacíos legales, la vaguedad de la legislación en materias como el lavado de dinero, los márgenes de acción discrecional del Ministerio Público, y ha desarrollado vínculos estrechos con la economía formal, el sistema financiero, el sistema político, el sistema de procuración y administración de justicia, sobre todo en espacios locales. Según la información confiable, el negocio de la droga en particular podría producir a las organizaciones mexicanas entre 50.000 y 100.000 millones de dólares al año; dos terceras partes de ese dinero terminan invertidas en la economía formal: hostelería, espectáculos, clubes deportivos, casas de cambio, casinos, en una primera fase, y cualquier otra actividad en la segunda fase de “lavado”. Es un poder imponente en casi cualquier región de un país como México. Y que termina –en un espectro difícil de dilucidar, entre la complicidad y la extorsión—subordinando al conjunto de las actividades económicas y de la vida política, dondequiera.

El resto no necesita casi comentario: una vez instalado como poder fáctico, el crimen organizado puede multiplicar las formas de depredación, desde el secuestro, el cobro de “impuestos” y las exigencias de contratación, hasta el uso de los transportes legales o de un sistema crediticio alternativo (como mecanismo para el lavado de dinero).

El problema es que, frente a eso, el Estado mexicano no tiene hoy recursos jurídicos suficientes, ni recursos humanos. Hace falta, sin duda, profesionalizar a la policía y dotarla de recursos de inteligencia criminal de los que carece, pero no sólo eso: hace falta un nuevo arreglo entre las fuerzas de seguridad del Estado, un nuevo arreglo en las relaciones entre la Federación y los estados, una nueva legislación que se fije en particular en las “zonas de contacto” entre el crimen organizado y la economía formal, el sistema financiero, el sistema político. Y no se ve en el horizonte. Entre otras razones, porque los gobernadores de los estados necesitan conservar su autonomía en esos terrenos, porque en algunos casos buena parte de su economía depende del crimen organizado.

En los hechos, eso quiere decir que se ha lanzado al ejército a la primera línea de fuego sin un aparato legal suficiente y sin una alternativa razonable para su retorno a los cuarteles.

El ejército, en su guerra contra el crimen organizado, carece de un marco legal adecuado: no tiene facultades para ocuparse de ello. El ejemplo más obvio: el parte militar que rinde un comandante de zona o incluso un comandante de región ante el Ministerio Público (el único autorizado para presentar un expediente ante un juez) tiene únicamente el valor de una “prueba testimonial”, equiparable por lo tanto al testimonio de los delincuentes detenidos tras un trabajo de inteligencia acaso de meses y un enfrentamiento armado. Es para imaginarse el sentimiento de frustración, de vejación incluso, de los mandos militares, a los que se hace responsables de una tarea que legalmente no les corresponde (pero que nadie haría en su lugar).

Eso, unido al clima general antipolítico y antiparlamentario que difunden los medios masivos, unido al clamor de una sociedad civil que pide sobre todo seguridad, comienza a configurar –no lo habíamos visto en México en un siglo—un clima casi golpista. El ejército mexicano no tiene una política de comunicación propia: se expresa únicamente a través del Secretario de Defensa, previa autorización de la presidencia; no obstante, por primera vez en mucho tiempo, ha habido declaraciones públicas de generales (el más señalado, el General Sergio Aponte Polito, comandante de la segunda región militar, que incluye a Baja California) denunciando en términos muy duros la corrupción de las policías y su complicidad con el crimen organizado.

La clase política, eso parece, hace caso omiso de las advertencias: los gobernadores oponen reparos legales, los partidos no están preocupados por articular un frente común, un diagnóstico compartido. Y cada vez más, la agenda de la sociedad civil, en particular la que se organiza a partir de redes empresariales –Alejandro Martí, Alfredo Harp Helú, Alejandro Junco—encuentra coincidencias con la agenda del ejército. Y tiene el eco del estridente antiparlamentarismo de los medios masivos de comunicación.

Hay algunas iniciativas de ley en el congreso que parecen bien encaminadas: la ley de “extinción de dominio” promovida por el gobierno del Distrito Federal, por ejemplo. También la ley para crear una Policía Federal del presidente Calderón: pretende integrar a las dos policías federales, preventiva (PFP) y de investigación (AFI) y darle facultades para integrar expedientes judiciales e iniciar la acción penal. Falta siempre el marco general en que esas iniciativas podrían adquirir peso y sentido. Sobre todo, en lo que se refiere a lavado de dinero, a las redes financieras del crimen organizado, que requerirían una colaboración mucho más honesta e inmediata de las autoridades estadounidenses. Y falta articular las iniciativas federales con el orden jurídico de los estados.

El combate contra el crimen organizado es, sin duda, el tema prioritario de la agenda política mexicana. Lo malo es que se complica de tal manera con los problemas de gobernabilidad, la inevitable tolerancia hacia la economía informal, la relación del gobierno federal con los gobiernos locales, que parece imposible cuadrar el círculo. Los militares siguen en la primera línea de fuego, sumando bajas y frustraciones. Nadie les dice que su implicación podría ser de una o dos décadas, y que en todo caso, su retorno a los cuarteles dependería de que hoy se empezasen a tomar las medidas adecuadas: porque nadie está dispuesto a tomarlas.

 

  1. El futuro próximo

Para cualquiera de los partidos políticos mexicanos el futuro próximo es el de las elecciones de 2009. Todo se hace a partir de ese horizonte. Y nadie sabe lo que traerán consigo. El PAN apuesta a una inercia económica que permita asimilar la crisis sin demasiados estragos; todavía puede aprovechar un “antipriísmo” residual, pero no parece fácil remontar el desencanto producido por un segundo gobierno ineficaz, que por momentos se antoja paralizado. Es lo más probable que disminuya su representación en la cámara de diputados y que el gobierno de Calderón tenga que enfrentar la segunda parte de su mandato en condiciones más adversas todavía.

A estas alturas, con sus conflictos internos y el descrédito acumulado en los años recientes, el PRD necesitaría un cataclismo, que cambiase enteramente los términos de la discusión y la agenda pública, para situarse de nuevo como alternativa. La estrategia de López Obrador no puede variar: seguirá en el intento de polarizar el espacio político, aprovechando cualquier manifestación de inconformidad; ahora bien: es una estrategia cada vez más costosa para su partido y que –en la medida en que se lleven las protestas al Distrito Federal—puede poner en riesgo incluso su bastión más sólido, en el gobierno de la capital. Lo probable es que continúen las fricciones –sin llegar a la ruptura—hasta la elección. Su futuro, a partir de ahí, es incierto, y estará dominado por la lucha para definir al candidato presidencial de 2012.

En el PRI, en contraste, tiene razones para mirar su futuro con optimismo. Se mantiene en el gobierno en la mayoría de los estados, ha recuperado algunos, ha aumentado su votación en los últimos dos años, y todas las encuestas lo sitúan en primer lugar (aunque nunca con mayoría absoluta). Mantendrá su estrategia de bajo perfil, de “oposición responsable”, procurando evitar los costos de las decisiones del gobierno y tratará de hacer valer su experiencia como carta de triunfo. No deja de tener riesgos, porque no falta quien señale que en buena medida esa experiencia es la que ha llevado al país a la situación actual; no obstante, la crisis de seguridad sí favorece una actitud nostálgica, más o menos irreflexiva, partidaria de una mano dura.

En conjunto, el proceso ofrece la imagen de un gobierno errático, reactivo, sin agenda propia, y una oposición básicamente oportunista e irresponsable.

En resumen: el escenario político del país no ha permitido al presidente Calderón definir una agenda clara. La elección de 2009 no ayudará para eso. Todo parece indicar que la vida pública de los próximos tres años estará dominada por la confluencia de la crisis económica y la crisis de seguridad, contra las cuales sólo se anuncian medidas paliativas, parciales, provisionales y de escasa eficacia a corto plazo. La clase media comenzará pronto a padecer las consecuencias, en un clima general de desencanto y desconfianza hacia la clase política en su conjunto.