Negociar con ETA

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Hasta hace poco hubo en España un acuerdo general en la política antiterrorista. Había mecanismos de consulta, una estrategia básica compartida por todos los partidos democráticos y sobre todo el compromiso de no utilizar el terrorismo como argumento electoral. Se logró con eso no sólo debilitar a ETA casi hasta la extinción, sino también mantener la confianza en las instituciones, mantener un clima de serenidad, civismo y firmeza incluso en los peores momentos. Rompió el acuerdo hace algunos años el Partido Nacionalista Vasco para tratar de ampliar su base electoral, sumando votos radicales. El Partido Popular ha decidido hacer otro tanto, dinamitar el consenso para usar el terrorismo como argumento de campaña contra el gobierno del PSOE.

La maniobra recuerda en algo la propaganda del presidente Bush, pero obedece a causas locales. En el origen de la nueva orientación no está el terrorismo de ETA sino el atentado del 11 de marzo del 2004; la historia es conocida: hubo en su momento críticas amargas, violentas, contra el gobierno de José María Aznar por su manera de manejar la información, porque muchos supusieron que trataba de usarla para favorecer a su partido en las elecciones del domingo siguiente. Ganó el PSOE. Desde entonces el atentado se ha convertido en una preocupación obsesiva para los líderes del PP. La fijación puede entenderse, significa que perdieron las elecciones por accidente, sin haber hecho nada mal, pero su modo de razonar es para poner los pelos de punta. Según su idea, las bombas de Atocha cambiaron el resultado de la elección y le dieron la victoria al PSOE: hasta ahí, el argumento es discutible pero sensato; a continuación, se supone que ése era el único propósito del atentado, que se tramó para derrotar al partido de Aznar, y de ahí se pasa a acusar al Partido Socialista de complicidad con los terroristas. Así lo han sugerido, en todos los tonos posibles, los actuales líderes del PP y sus aliados en los medios de comunicación. El resto de la estrategia se explica fácilmente, a partir de ahí. No anuncia nada bueno.

La manifestación del sábado pasado fue sólo otro episodio de esa extraña, peligrosa deriva de la política española. Varios cientos de miles, acaso medio millón, marcharon para protestar contra la propuesta del gobierno socialista de negociar con ETA si deja las armas. Fueron convocados por la Asociación de Víctimas del Terrorismo, con el apoyo del Partido Popular. La idea de la convocatoria, la de las pancartas, era muy simple: no se puede admitir ninguna negociación con terroristas; el mensaje político lo repitieron los populares varias veces: el PSOE ha traicionado a la sociedad española, ha abandonado el consenso democrático, se ha convertido en cómplice del terrorismo. Todo se hizo y se dijo aprovechando la autoridad moral de las víctimas.

La acusación sería gravísima si fuese cierta: es gravísima porque no lo es, porque es una deformación malintencionada de la política socialista, en un tema en que no puede admitirse la demagogia. Hace dos o tres semanas, en un gesto un poco grandilocuente, el presidente del gobierno pidió la autorización del congreso para iniciar conversaciones con ETA si abandona las armas de modo unilateral y definitivo; como dijo en su momento Fernando Savater, es como pedir permiso para usar el paraguas si llueve. La formulación no deja lugar a dudas: el fin de la violencia no es negociable, para empezar a hablar ETA debe renunciar absolutamente y sin condiciones a la amenaza de la violencia, debe desaparecer como organización criminal. Eso ha dicho el gobierno de Rodríguez Zapatero, lo mismo que todos los pactos antiterroristas de los últimos veinte años.

En cuanto al contenido de ese posible diálogo, también hay límites muy claros. A nadie se le ocurre que pueda negociarse ninguno de los objetivos políticos con que se adorna ETA: ni la independencia ni la limpieza étnica del País Vasco, ni la anexión de Navarra y parte de Francia. Ni siquiera Batasuna ni ETA piensan en eso. Algo más: los sentenciados por delitos de sangre deben cumplir íntegras sus condenas. En esas condiciones, ¿hay algo que negociar con ETA? Desde luego que sí. Para comenzar a establecer un mínimo de normalidad en la política vasca hace falta que ETA pida perdón: no sólo que lamente que haya habido víctimas, como si se tratara de un desastre natural, sino que reconozca su responsabilidad y acepte la condena, que pida perdón; el gobierno, por su parte, puede modificar la política penitenciaria: la dispersión de presos, por ejemplo, que ha sido necesaria para reducir la presión de ETA sobre los reclusos, para romper tramas delictivas centradas en las cárceles, no tendría razón de ser si ETA se disolviera efectivamente; también se podría facilitar la reinserción de quienes purgan condena por delitos menores, cuya sentencia ha sido agravada por su pertenencia a una organización criminal activa. Se puede hacer mucho para facilitar o entorpecer el retorno a la vida normal de los etarras y sus simpatizantes. Todo eso debería discutirse y acordarse, responsablemente, entre los partidos democráticos.

Tampoco es algo absolutamente inédito. En otras circunstancias, el gobierno de Adolfo Suárez negoció con muy buen sentido la reinserción de muchos militantes de ETA Político-Militar, que formaron Euskadiko Eskerra. Lo que hay en ETA hoy son asesinos de pocas luces y ambiciones retorcidas, nadie que ni remotamente pueda compararse con Mario OnaindÌa, por ejemplo. Pero el precedente puede servir.

Algo más. Las vÌctimas del terrorismo merecen todo el respeto y la consideración de las autoridades, el respeto que nunca ha manifestado hacia ellas el gobierno sectario y cerril del PNV en el País Vasco, dicho sea de pasoó, pero no tienen ninguna representación polÌtica ni se les puede conferir una autoridad especial para la definición de la polÌtica antiterrorista. Usar su dolor como escudo o plataforma para la pequeña política es por lo menos innoble. El gobierno está obligado a escuchar a las víctimas, también a quienes podrían ser víctimas en el futuro, también a quienes viven hoy amenazados y a los representantes electos de todos. Así se hace en una sociedad civilizada, que por eso es civilizada.

ETA ha sido derrotada por el trabajo de la policÌa y los jueces. No se puede olvidar. También por el espíritu cívico de la sociedad española y la responsabilidad de la clase política. Eso mismo hace falta para empezar a construir el futuro sin ETA.

 

La Crónica de hoy, 8 de junio de 2005