Nostalgia de la barbarie

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Hubo un tiempo en que ser de izquierda significaba la obligación de justificar la violencia revolucionaria; incluso cuando la Revolución era materialmente imposible, incluso cuando no había ni programa ni militancia ni condiciones que permitieran pensar en una Revolución, cuando no había más que la violencia. Era necesario defender el ánimo revolucionario, la ira de los oprimidos, cualquier forma de rebelión contra la autoridad, ya fuese en las universidades norteamericanas, en Angola o en las calles de Berlín. Poco a poco, conforme las izquierdas se resignaron a los procedimientos del sistema representativo, la violencia se convirtió en un problema. Sobre todo, un problema sicológico. Algo había que hacer con el resentimiento, con el deseo de destruirlo todo por las buenas y empezar de nuevo: con la fantasía del fuego purificador.

En general, lo que sucedió fue que se produjo un desplazamiento. La violencia estaba bien y era muy justa, pero en otra parte, en cualquier lugar más o menos remoto. Con la distancia terminó de perderse cualquier rastro de coherencia ideológica, de sentido común e incluso de decencia. Allá lejos, donde otros ponen los muertos, la violencia sigue siendo justa y buena de antemano y casi por definición. El culto a la violencia ha quedado como un automatismo. Y sirve lo mismo cualquier forma de agresión contra el orden establecido, donde sea. Así las izquierdas europeas han festejado la guerrilla en México, por ejemplo, así nuestra izquierda (llamémosle así) encuentra muy razonable y digno el terrorismo en Europa. Sin tener la más remota idea de lo que sucede en un sitio u otro.

Los trámites parlamentarios, el fastidio de tener que ganar votos, la pesada formalidad de las leyes se avienen mal con el temperamento mesiánico. Siguen siendo para muchos un mal necesario, seguramente transitorio; ahora bien: eso no quita que se usen las leyes y las instituciones y que se defienda el derecho con emocionada energía, siempre que sirva para amparar a los buenos, a los asesinos más estólidos, con tal de que puedan mantener viva la llama de la Revolución. No es raro: es el cinismo típico de los profesionales de la virtud; no es raro pero es deplorable, es triste y bochornoso que haya todavía esa nostalgia de la barbarie y que se haga pasar como identidad de la izquierda.

Pienso en el comunicado del PRD de la semana pasada para hacer pública su indignación por el mandato judicial que ha ordenado la suspensión de actividades y el cierre de las sedes de Batasuna en España. A juicio del PRD, se trata de una “lamentable regresión democrática” y, en particular, “un agravio a los derechos civiles del pueblo vasco”; pero además es un gesto inútil, porque “es iluso pensar que esas medidas harán desaparecer a Batasuna”, de modo que la actuación judicial sólo “alentará la tensión y la confrontación en el País Vasco y España”. Es curioso: hace años que ETA asesina en el País Vasco a políticos, periodistas, policías, empresarios, concejales del Partido Socialista o del Partido Popular por la sencilla razón de que no son independentistas, y nunca le ha parecido al PRD que estuviesen en riesgo los derechos civiles de los vascos; hace años que los miembros de Batasuna amenazan y acosan a los militantes de otros partidos políticos, incendian sus oficinas y festejan los asesinatos de ETA, y al PRD no le parece que eso sea una “regresión democrática”. Será que lo ve como un progreso.

Como corresponde a los tiempos, el comunicado es un puro fervorín democrático, una pepitoria de desvergüenzas, majaderías y despropósitos pero bien aderezada a base de principios y derechos. Como sea, es una declaración seria y conviene tomársela en serio. Batasuna es la más reciente metamorfosis de lo que se ha llamado el “brazo político” de ETA, cuya función consiste en anunciar públicamente y representar las intenciones de ETA, es decir: en un remoto futuro, la independencia de un País Vasco étnicamente homogéneo, con la anexión de Navarra y una porción de Francia, aparte de la destrucción del capitalismo y la implantación de un “socialismo nacional”; y por lo pronto, extorsionar a los empresarios, intimidar y asesinar a los políticos de los partidos no nacionalistas y, en general, sembrar el miedo en la sociedad española y vasca. ETA pone las bombas, Batasuna explica los motivos.

El vínculo no es una novedad para nadie. Pero ahora está documentado en la investigación del juez Baltasar Garzón. No es que haya afinidades entre las dos organizaciones, sino que Batasuna está subordinada a ETA. Batasuna, como sus antecedentes: Herri Batasuna, Euskal Herritarrok, ofrece apoyo material y logístico a ETA y sirve para justificar sus acciones; por sistema, incluye entre sus candidatos a miembros de ETA que están en prisión, sentenciados o sujetos a proceso, o que son prófugos de la justicia; organiza homenajes públicos para festejar como héroes a los miembros de ETA, para hacer burla de las víctimas, para insultar y amedrentar a quienes están amenazados; mantiene una complicada red de empresas que sirve de soporte para los movimientos financieros de ETA. Batasuna ha servido de correo, intermediario y portavoz de ETA y participa directamente en la estrategia de “socialización del sufrimiento”: organiza y paga el vandalismo callejero, las manifestaciones violentas, el hostigamiento de los políticos socialistas y populares; Batasuna señala, acusa y amenaza, sentencia, después hace la apología de los atentados y se encarga de que se entienda el mensaje.

Desde hace décadas, las víctimas del terrorismo y sus familiares han tenido que huir, esconderse o emplear guardaespaldas: personajes como Fernando Savater, igual que los más modestos militantes del Partido Socialista. Al mismo tiempo, Batasuna, como partido político, no sólo ha contado con el pleno amparo de la ley, sino que ha recibido financiamiento público para sus actividades, de modo que sus dirigentes han podido secundar la estrategia terrorista de ETA con toda tranquilidad y más: con subvenciones del “Estado opresor”. El mandato judicial de la semana pasada es el primer paso para acabar, por lo menos, con la monstruosa anomalía de esa impunidad.

En lo que se refiere a los derechos civiles de los vascos, están protegidos por la Constitución española y el Estatuto de Gernika, lo mismo que antes. Por mucho que se quiera retorcer las cosas, resulta que no hay nadie acusado ni procesado por sus ideas. Los partidarios de la independencia pueden decirlo y lo dicen, pueden explicarlo y publicarlo, y lo hacen: en la prensa, en el parlamento, en el Partido Nacionalista Vasco (que, por cierto, sigue gobernando). No hay tampoco ningún impedimento para la organización de partidos políticos ni hay restricciones para el derecho de asociación (salvo que se trate de asociaciones con fines delictivos, desde luego, pero eso uno se imagina que es obvio). Lo que le preocupa al PRD es otra cosa, es ese diez por ciento de los ciudadanos vascos que ha votado a Batasuna en las últimas elecciones; bien: supongamos, como parece suponer el PRD, que votan no por la independencia ni por el socialismo, que podrían seguir haciéndolo, sino estrictamente por la violencia, porque son partidarios del tiro en la nuca y de los coches-bomba. En ese caso, no tendrán un partido que los represente. En serio: ¿a alguien le extraña?

Lo más escandaloso del comunicado, sin embargo, es la lógica gangsteril de su argumentación, digamos, política. Informa al Estado español que las medidas judiciales serán inútiles contra Batasuna y a continuación le advierte que lo único que va a conseguirse por ese camino es aumentar la violencia. O sea: que si se empeña en hacer cumplir la ley, habrá más asesinatos. Con lo cual nuestros fervorosos demócratas se prestan como caja de resonancia para repetir las amenazas de ETA. El razonamiento es enteramente idiota, pero además es siniestro: poco más o menos, dice que los terroristas han sido moderados hasta ahora y no han matado a demasiada gente gracias a que ha habido tolerancia hacia Batasuna, pero que si se intenta castigar sus delitos serán realmente violentos, de manera que no hay otro remedio sino dejarles hacer, detener al poder judicial, olvidarse del Estado de Derecho, concederles impunidad y confiar en que sean generosos. Darles lo que quieran y pedir clemencia.

De esas astucias conciliadoras no digo nada: hasta en el PRD saben que hacer concesiones a un grupo terrorista es un proceso que sólo termina cuando se concede todo. ETA lo tiene claro. Ha celebrado veinticinco años de autonomía y democracia asesinando a un jubilado y a una niña de seis años con un coche-bomba. En cuanto al PRD, supongo que lo que hay es ese culto atávico a la violencia y la convicción de que los buenos deben estar por encima de la ley. Más vale tenerlo claro.

 

La Crónica de hoy, 3 de septiembre de 2002