Otro basurero

Etiquetas: ,

No queda más remedio, ni modo, que seguir hablando de delitos y juicios y de historias de policías y ladrones; no queda más remedio, pero ya empieza a resultar aburrido. Lo de menos, por supuesto, es el asunto mismo, que a casi nadie le dice casi nada de nuevo; lo que cuenta es el escándalo de bombo y platillo con que se anuncia. Lo que cuenta es la publicidad.

Es lógico y es normal, tal como van las cosas; la política depende en mucho del espectáculo, porque así son los tiempos que corren. El problema es lo que queda, si algo queda, después. Porque no es difícil conmover, pero tampoco sirve de mucho; la gente es veleidosa y asustadiza, ya lo sabemos, aunque sea en general agradecida y de buen conformar: procura estar cada día al sol que más caliente, y por eso mismo aplaude hoy -si se lo piden- el que se cumpla la ley en el caso de Raúl Salinas, como aplaudió -porque se lo pidieron- que no se cumpliera con Sebastián Guillén o con Fernando Yáñez.

El problema serio es que, dígase lo que se diga, el riguroso apego y el respeto irrestricto los conocemos sólo de oídas, y aun así no nos convence. El más sólido de los argumentos jurídicos se desmorona con el menor embate de la demagogia; hablando mal y pronto, nos inclinamos siempre ante la gritería de los caciques, bravucones y sentimentales, que no se conforman con los rigores de la ley. Ningún derecho vale para nada frente a los sentimientos del Pueblo que, limpiecitos y auténticos, representa el cacique de turno.

Para nuestros políticos, desde siempre, la ley es apenas un instrumento útil y aprovechable para extorsionar, y si acaso señala algunos límites para el juego de presiones e intercambios al que están acostumbrados. Véase, si no, cómo se manejan los aguerridos líderes estudiantiles del día o el gobernador de San Luis en el caso del confinamiento de Guadalcázar.

La historia es tan conocida ya, es tan vieja que debería provocar, si acaso y para empezar, hastío. Pero sigue resultando conmovedora para demasiada gente. Y el argumento habitual es tan peligroso que debería hacernos reparar, y sin embargo se acepta, incluso alegremente, y se da por buena la idea de que la ley es, por lo común, contraria a la «voluntad del Pueblo».

El de San Luis Potosí es un caso típico. El gobernador sabe, como cualquiera que haya estado atento, de los estudios en que se funda la decisión de la Profepa y el INE; sabe que en el caso se cumplen todas las exigencias legales. Y sin embargo le conviene, él sabrá por qué, disolver el asunto en la retórica y subirse al carro del federalismo ultrajado y la amenaza del imperialismo: basta insinuarlo, y él lo sabe, para que se forme un coro de acusaciones contra los tecnócratas vendepatrias. La ley, por supuesto, es lo de menos, y él mismo lo ha dicho: «Las decisiones de la autoridad federal en materia ambiental podrán, formalmente, fundarse en la razón. Pero éstas no prosperarán sin el auténtico concurso de la sociedad.»

Habrá que preguntarle cómo se alcanza ese «auténtico concurso» que no se manifiesta en la ley. Porque así podremos crear otro confinamiento de residuos peligrosos para desechar las leyes que son contrarias a los «sentimientos del Pueblo».

 

El Universal, 1995