¿Para qué queremos los números? / Seguridad y justicia, INEGI

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Entre 2004 y 2008 aumentó el número de delitos registrados en el país. Aumentó tanto en el ministerio público del fuero común como en el federal, para casi todas las categorías. En algunos casos el cambio es casi inapreciable, en otros es más significativo. Aumentó el registro de robos 35%, el de portación de arma prohibida 43%, pero sobre todo aumentó el registro de delitos contra la salud “en su modalidad de narcotráfico”, cuyo renglón pasó de 28,553 a 73,187 casos, es decir, tuvo un incremento del 156% en cinco años. No sobra insistir en que no se trata de la totalidad de los delitos, sino de los que ha reportado el ministerio público. Significa que habrá seguramente muchos más, no denunciados, no registrados; pero eso no quiere decir que las cifras sean inútiles: sólo que hablan más de la actividad de la policía que de la delincuencia.

Extrañamente, esa evolución no se ha traducido en un incremento ni remotamente similar en el número de delincuentes presentados en los juzgados. En el mismo periodo aumentaron sólo 6% los acusados de robo, 8% los acusados de portación de arma prohibida, y algo más de 7% los acusados de narcotráfico. Si se miran los números agregados el resultado es parecido: el número de presuntos delincuentes presentados es casi el mismo, con un muy pequeño aumento, desde 1996, tanto en los juzgados federales como en los del fuero común. Dicho en una frase, el ministerio público recibe más denuncias, inicia más averiguaciones, registra más delitos, incluso muchos más, pero no lleva a los tribunales a más delincuentes. En ese contexto llama poderosamente la atención el año 2009: el número de presuntos delincuentes presentados en los juzgados federales pasa de 34,856 en 2008 a 65,225, es decir, en sólo un año hay un aumento de 87%. Casi se duplica el número de procesados. Y de ese conjunto, el 65% son acusados de delitos contra la salud y otro 20% por portación de arma prohibida.

¿Qué significan esos números? Es difícil decirlo. Son apenas los primeros trazos para ensayar una explicación del delito y del sistema de procuración de justicia en México. Algo salta a la vista: en un sentido muy concreto, en los últimos años el gobierno federal sí ha estado librando una guerra contra las drogas. La mayor parte de los delitos registrados por el ministerio público federal, la mayor parte de las averiguaciones, la mayor parte de los casos presentados ante los tribunales federales se refieren a posesión, tráfico y venta de drogas. A partir de ahí, se puede pensar en una infinidad de preguntas.

Siempre es difícil tener cifras confiables sobre la delincuencia, en México y en cualquier parte, por muchas razones. En primer lugar, hay que contar con lo que se llama la “cifra negra”, es decir, los delitos que no son denunciados, y que puede ser más o menos importante según el caso; es posible hacer algunas estimaciones, es razonable pensar que el robo de bienes asegurados, como los automóviles, se denuncie con más frecuencia, por ejemplo, pero lo único cierto es que la mejor recopilación de datos de policía y ministerio público registra sólo una parte de los delitos. Las encuestas sobre victimización no son más confiables en este aspecto; en general, registran cifras ocho y diez veces mayores que la estadística oficial, con números que resultan con frecuencia poco verosímiles. En segundo lugar, hay que contar con los incentivos que puede tener la policía para aumentar o disminuir sus números; es relativamente sencillo en muchos casos convertir un delito en falta administrativa y viceversa, según se quiera aumentar el número de delitos registrados, para pedir más presupuesto, por ejemplo, o disminuirlo para presumir de eficacia. También puede suceder que cambie el modo en que se registran los hechos, que cambie la calificación de un delito de un año a otro, de una jurisdicción a otra.

Ahora bien: a pesar de todas las dificultades, las que van dichas y muchas otras, a pesar de todos los defectos que pueda tener, la estadística delictiva es absolutamente indispensable si se quiere pensar con seriedad la delincuencia como fenómeno social. Mucho más, y con más razón, si se trata de discutir la política de seguridad, la legislación o la asignación de recursos para policías, ministerios públicos, tribunales y reclusorios. La alternativa es quedarse con los titulares de prensa y las encuestas de opinión, algún modelo teórico, algunas anécdotas y la intuición. Y con eso no se llega muy lejos.

En cualquier caso, importa tener presente lo que puede esperarse de una fuente, de una serie de datos. Tener claro lo que sí dice y lo que no dice, para no darle más crédito del que merece pero no desecharla tampoco de buenas a primeras. Si se mira con atención, incluso los números de fundamento más frágil y problemático pueden ser útiles. En el peor de los casos, pueden confrontarse con otros, y dicen algo de quien los ha elaborado. Y siempre, todos sugieren preguntas. Está bien saber que aumentó el número de delitos registrado entre 2004 y 2008, pero falta saber por qué, es decir, para empezar, saber si aumentaron los delitos, si aumentó la vigilancia policiaca, si cambió la legislación o la estrategia o si se modificó el sistema de registro, por ejemplo. Está bien saber que dos terceras partes de los delitos procesados en tribunales federales son de narcotráfico: hay una lista interminable de preguntas que sigue a eso.

La información sobre seguridad y justicia de INEGI tiene varias fuentes: las procuradurías, los tribunales, las secretarías de salud, el registro civil, incluye también encuestas y tiene registro detallado, muy completo para algunas categorías de datos. Es información que hace falta elaborar y cuando sea posible confrontar con la de otras fuentes, pero es indispensable como punto de partida. En ocasiones, los propios cuadros de INEGI sugieren la posibilidad de explorar correlaciones entre distintas variables: entre la edad de los delincuentes y el tipo de delito o la relativa dureza de las sentencias, por ejemplo. En ocasiones admiten recursos de corroboración que sería interesante explorar: se podría cotejar, por ejemplo, la información sobre procesos y sentencias de los distintos sistemas de tribunales con los resultados de encuestas de población en reclusión; igualmente se podría contrastar la información del ministerio público sobre robo de autos con la información de las compañías aseguradoras, y el registro de lesiones con los datos de admisiones de urgencia en el sistema hospitalario.

Insisto: la información de INEGI, con toda la precaución que requiere esa clase de datos, tendría que ser el punto de partida obvio, mínimo, para discutir sobre el sistema de procuración y administración de justicia en el país. Entre otras cosas, porque no hay otra fuente mejor. Pero tendríamos que hacernos a la idea de emplear no datos sueltos, más o menos escandalosos u oportunos, sino series históricas y datos tan matizados y complejos como sea posible tener.

Volvamos a los datos de los años recientes. Seguramente lo que dicen sobre el delito y la delincuencia es incompleto y está sesgado por las fuentes. Tendríamos que mirar cada registro por separado para valorar su utilidad. Sin embargo, lo que sí ofrecen a simple vista es un perfil del sistema de procuración de justicia: dicen qué clase de delitos, qué clase de delincuentes son detectados, detenidos, procesados y sentenciados. Y eso no es trivial.

Llama la atención de entrada la enorme diferencia que hay en la mayoría de los casos entre delitos registrados y delincuentes condenados por los tribunales, pero no es fácil saber lo que eso significa. En primer lugar, hay que tomar en cuenta la lentitud de los procedimientos penales, descontar las sentencias que corresponden a delitos de años anteriores y admitir un margen más o menos parecido de casos que se resolverán en los siguientes. En segundo lugar, es obvio que en muchos casos coinciden varios delitos: robo, posesión de arma prohibida, lesiones y allanamiento, digamos, todos ellos registrados por separado, pero los datos sobre sentencias se refieren al delito principal únicamente. Comoquiera, no deja de ser notable que en 2008 se registren 486,277 robos y que haya sólo 64,712 personas sentenciadas por el delito de robo, que haya alrededor de 14,000 homicidios dolosos y sólo 8,000 casos procesados en los tribunales, o que haya registrados más de 73,000 delitos de narcotráfico y poco más de 14,000 sentencias.

Insisto: no sabemos lo que eso significa. Visto deprisa, parecería que puede servir como base para un índice de impunidad, pero es bastante más complicado que eso. Y seguramente hay en las bases de datos de INEGI material para ir afinando el análisis.

Si nos fijamos en el último tramo del proceso los datos son igualmente interesantes. Casi la mitad de las sentencias de tribunales federales en 2008 fueron por delitos contra la salud y algo más de un tercio por portación de arma prohibida, es decir, corresponden a eso que vagamente llamamos el narcotráfico; en los tribunales del fuero común, ese mismo año, el 41% de las sentencias fueron por robo, el 15% por lesiones, el 5% por homicidio. En conjunto, ese año de 2008 los tribunales mexicanos enviaron a prisión a unas 64,000 personas acusadas de robo, a 23,000 por lesiones, a 14,000 por posesión o tráfico de drogas, a 11,000 por portación de arma prohibida, a 8,000 por homicidio… Son números altísimos, por supuesto, pero la proporción de delitos violentos en el conjunto es relativamente baja. Apunta en el mismo sentido la información sobre el porcentaje de quienes portaban arma en el momento de cometer el delito: para 2008 está entre el 30 y el 40% en Guerrero, Morelos, Hidalgo y Distrito Federal, y en menos del 15% de los casos en Nuevo León, Oaxaca, Durango, Puebla, Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Zacatecas, Coahuila, Sonora, Baja California Sur, Colima, Nayarit y Aguascalientes.

Es obvio que eso no dice nada sobre los niveles de violencia en el país, cuyo registro tiene que buscarse en la estadística de homicidio, lesiones, asalto y demás. Pero sí dice algo sobre nuestro sistema de procuración de justicia. En México, como en cualquier otro país del mundo, la mayoría de los delitos no implica el uso de la fuerza. La mayoría de los delincuentes procesados y sentenciados están cumpliendo penas de prisión por delitos no violentos, desde robo de autopartes hasta venta de drogas. Y la mayoría, además, términos de reclusión relativamente muy breves: en 2008 casi el 52% de las sentencias de los juzgados federales impusieron penas de menos de 3 años, lo mismo que el 62% de las sentencias de los juzgados del fuero común. Preguntemos de nuevo, ¿qué significa eso? ¿Qué dice? Algo muy obvio para empezar: tenemos en prisión a demasiados pequeños delincuentes purgando penas muy menores. Y el sistema penitenciario saturado. Según las cifras de INEGI los reclusorios tienen un sobrecupo de casi 50,000 internos; entre ellos hay decenas de miles de presos condenados a ocho o diez meses, un año, año y medio de cárcel por delitos no violentos. Acaso sería razonable empezar a pensar en penas alternativas. Eso dice el sentido común a partir de una primera lectura, muy superficial, de las estadísticas de seguridad y justicia del INEGI.

Son números que hay que mirar con atención.