Ruido publicitario

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La semana pasada se aprobó la integración de la nueva Comisión Europea, bajo la presidencia de José Manuel Durâo Barroso. El Parlamento había rechazado la primera propuesta del presidente, hace un mes, objetando varias designaciones; aceptó la nueva lista después de una discusión áspera y con el compromiso de Durâo Barroso de pedir la dimisión de cualquier comisario que pierda la confianza del Parlamento. También esta semana pasada logró José Luis Rodríguez Zapatero el voto en el Congreso español de Esquerra Republicana de Catalunya, indispensable para la aprobación de su presupuesto: a cambio tuvo que hacer una alambicada declaración oficial en que su gobierno reconoce que el valenciano es en realidad catalán, aunque siga siendo valenciano. Son cosas de todos los días en los sistemas con división de poderes. Hay una regla jurídica para definir las atribuciones de unos y otros, hay un principio de operación política que distribuye los cargos según los votos que se hayan recibido en las elecciones.

Sucede en México, como en todas partes. No es grave ni escandaloso que la Cámara de Diputados modifique el presupuesto, tampoco es para asombrarse que el presidente oponga sus reparos. Está en su derecho. Acaso haga falta que la Suprema Corte aclare algún extremo del artículo 72 de la Constitución, que regula el procedimiento del veto, cuya redacción puede ser confusa, pero es un asunto menor. Habrá seguramente errores en el decreto, se podrán corregir. La Secretaría de Hacienda, por otra parte, puede ordenar recortes durante el ejercicio fiscal y modificar el gasto en muchos renglones, y es probable que lo haga. Todo es previsible, institucional y aburrido.

Se dice, como si fuera una enormidad, que los diputados han modificado el presupuesto obedeciendo a intereses políticos y partidistas. No tengo la menor duda. Pero se supone que para eso están ahí, precisamente. Su obligación es representar los intereses de quienes votaron por ellos, defender el programa del partido con el que se presentaron en las elecciones. Sería absurdo que pretendieran ser neutrales porque no hay neutralidad posible en la distribución del gasto público. El presidente también representa intereses políticos, también tiene un programa: su proyecto de presupuesto, como cualquier otra iniciativa suya, está pensado para cumplir con la plataforma de su partido; hay cosas en las que puede decidir por su cuenta, porque una mayoría de votos le confirió el poder ejecutivo, hay cosas en las que debe aceptar los límites que ponga el Congreso, donde su partido no tiene mayoría. Insisto: es todo de una normalidad soporífera. También será así lo que sigue.

Lo que llama la atención es la agresividad en el mensaje del presidente para explicar su desacuerdo con el presupuesto elaborado en la Cámara. Dijo que era producto de un “parlamentarismo irreflexivo”, dijo que “afecta los intereses de todos”, que “compromete el bienestar de los mexicanos” y en particular “la calidad de vida y el futuro de las familias con mayores carencias”, dijo que es “incongruente e inviable”, muestra del “rechazo sistemático a las propuestas del ejecutivo” por parte de la oposición que “ha bloqueado el avance de México”. Dijo mucho más, todo en el mismo tono. Impugnará el decreto porque su obligación es defender a los mexicanos. Llama la atención porque es un arrebato inconsecuente, puramente publicitario.

Sabe perfectamente, él o quien haya escrito el texto, que su impugnación no tiene buen futuro. Mucho menos por el tono del discurso. Sabe que los cambios se refieren a una fracción mínima del presupuesto, que no hay esa monstruosa amenaza. Es decir: el propósito de su declaración no es iniciar un diálogo con los diputados ni corregir el presupuesto, sino subrayar su antagonismo con el Congreso. Es un acto de propaganda nada más, con la misma orientación estratégica que ha seguido desde que inició su campaña para la presidencia y que consiste en decir que todo iría bien si no existiera el PRI. Antes le sirvió para ganar las elecciones, ahora le sirve para justificar el fracaso de su administración, le servirá de base a la propaganda del PAN para la próxima elección presidencial. Como estrategia no está mal. Acaso sea la única posible. Lo malo es que se construya sobre el desprestigio de las instituciones.

Siempre es popular la defensa de la justicia en contra de la formalidad de las leyes. En eso se apoya la propaganda del presidente, lo mismo que la de López Obrador. Ahora bien: la justicia –como el interés general, el bien del pueblo- es un asunto político. Siempre es discutible. Tanto que para eso se han creado las instituciones, para darle alguna solución. No es difícil auparse aprovechando el descrédito de los jueces o los diputados, pero hacen falta unos y otros. La justicia se decide en la calle, en los periódicos, en la televisión, la posibilidad de gobernar depende de la ley. El funcionamiento normal de un sistema democrático requiere que todos se hagan cargo de ese hecho, que los procedimientos institucionales estén fuera de la discusión. Todavía no es así entre nosotros. Nadie nos ha anunciado un golpe de Estado, pero nuestros líderes, casi todos, encuentran mucho más fácil la publicidad personal que incorpora la promesa y las excusas y lo lleva todo al terreno moral, peor: a la imagen en la televisión. En la práctica, el caudillismo atrabiliario de nuestros héroes significa reducir la política a la lógica de los anuncios de detergente.

Es curioso: en los últimos tiempos, el PRI es el único partido que no ha adoptado la retórica justiciera; en su alma dividida predomina, por ahora, lo institucional sobre lo revolucionario. Sus resultados electorales no son malos. Habrá que ver lo que sigue, porque tengo la impresión de que esa será una delas líneas básicas de la interminable campaña del 2006.

 

La Crónica de hoy, 24 de noviembre de 2004