Seamos serios

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Pocas veces habíamos oído tan solemne y definitivo a Santiago Creel. Salió la semana pasada a defender su programa de reformas del sistema político pero no como secretario, no como hombre de partido, sino como portavoz de la nación. Hay en el país, así dijo, “pleno consenso” sobre el agotamiento del régimen actual y la necesidad de reformarlo. Lo desmintió el presidente ese mismo día. El consenso de Creel no es más que la opinión de media docena de académicos y otros tantos líderes políticos; lo que llama la atención es el entusiasmo de todos ellos, el apremio con que quieren cambiarlo todo y la seguridad con que hacen mangas y capirotes del orden institucional. De verdad, da la impresión de que no tienen la menor duda.

La ocurrencia que se ha repetido más en estos días pasados es la de adoptar un régimen parlamentario, es decir: un sistema en que el jefe de gobierno sea nombrado por el congreso. Según nos dicen, eso permitiría tener un gobierno estable y eficaz. No entiendo. Pienso en repúblicas parlamentarias y, honradamente, no entiendo. Su modelo de estabilidad ¿es la república de Weimar, que terminó en la dictadura de Hitler? ¿Es la tercera república francesa o la cuarta? ¿Es la segunda república española, que desembocó en la guerra civil en menos de seis años? Sólo se me ocurre pensar que tendrán presente nada más el sistema político actual de Francia o España, pero entonces es peor: son sociedades que tienen un ingreso por habitante cuatro y cinco veces mayor que el nuestro, donde la escolaridad promedio es del doble que la nuestra; en serio: ¿se puede pensar que las condiciones institucionales para la estabilidad sean las mismas aquí y allá?

También podría ser que la idea no tuviera ninguna base en la experiencia histórica. Podría ser sólo resultado de un juego especulativo. Suena raro, pero no es del todo impensable. Nos han pintado un cuadro del parlamentarismo tan fantasioso que parece imaginado sólo a fuerza de buenos deseos. Casi todos los que han defendido la idea en estos días nos han dicho que en el sistema parlamentario tienen que formarse coaliciones de gobierno, que aseguran la armonía entre el ejecutivo y el legislativo. Perdón, pero no es así. Puede haber, hay con frecuencia pactos de investidura que no implican pactos de gobierno, donde los partidos acceden a la integración de un gobierno pero no dejan de ser oposición. No hace falta más que leer los periódicos para saber que esa es la situación actual de José Luis Rodríguez Zapatero en España, por ejemplo.

Lo que obsesiona al secretario de gobernación y al coro de reformadores de estos días es que no haya una mayoría automática en el congreso, favorable al presidente. Lo del parlamentarismo y el semiparlamentarismo y el semipresidencialismo y los demás circunloquios que se han inventado son rodeos para decir lo mismo. Les preocupa tanto que querrían alterar por completo la división de poderes para remediarlo. Personalmente, no lo veo tan grave. Es verdad: hubo un tiempo, en este país, en que el presidente podía decidir la nacionalización de la banca en una noche, con la seguridad de que el congreso iba a aplaudir la decisión. No creo que hayamos perdido mucho.

Las demás ideas que hemos oído se refieren al sistema de representación. Todas tienen el propósito de debilitar a los partidos políticos y limitar su influencia. Se habla de la reelección –de verdad, ¿hace falta seguir hablando de la reelección? ¿Hace falta repetir que en este país, tal como es, significa el triunfo del caciquismo, la fragmentación? ¿Hay alguien que no haya visto las elecciones de Oaxaca o de Veracruz?-, se habla de autorizar candidatos independientes, de reunir todas las elecciones en un solo día –como si no fuese nada la lógica de la representación política local-. Se habla también de eliminar el sistema de representación proporcional porque favorece a los partidos pequeños. Si todavía tuviésemos capacidad de asombro, sería para asombrarse que ninguna de las propuestas que hemos conocido, absolutamente ninguna, se refiriese al modo de asegurar una representación adecuada y suficiente de la opinión política de la sociedad mexicana; se trata, en todos los casos, de buscar algún recurso legal para sortearla. Los razonamientos abstractos sobre la “rendición de cuentas”, como cosa individual, de cada diputado, son adornos retóricos. El problema real es que el PRI y el PRD, mientras sigan actuando como partidos, con una mínima identidad ideológica, votarán en contra de la privatización del sector energético.

Si se juntan las piezas, el modelo que nos propone el secretario de gobernación es el de un sistema político oligárquico, de base caciquil, donde pueda comprarse al menudeo el voto de los diputados, sin el estorbo de los partidos. Una fantasía. También podría haber otros cálculos, podría ser un intento de curarse en salud: limitar de antemano el poder del presidente electo por sufragio universal –López Obrador, por ejemplo-, poniendo como contrapeso a un jefe de gobierno sensatamente nombrado por los diputados. Tiene razón el presidente: más vale andarse con cuidado, no dejarse llevar de ideas cocinadas al vapor.

La Crónica de hoy, 6 de octubre de 2004