Sin discusión

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La vida pública de México resulta a veces difícil de entender. Si se juzga por lo que dice la prensa, lo más importante es la nota roja junto con la interminable campaña electoral de López Obrador, también ese absurdo juego de azar en que se han convertido las candidaturas para el 2006. Todos, del presidente abajo, aluden de vez en cuando a las reformas gravísimas que han de hacerse, pero que no se discuten nunca, ni siquiera se explican con claridad. Las cifras que se conocen dicen que hay problemas serios en la economía, en la educación, en las finanzas públicas. Ninguno de los políticos que figuran tiene nada que decir sobre eso: hay gestos de indignación todos los días, vagas promesas y acusaciones igualmente vagas, pensadas para ir de relleno. Poco más. Será que no ha llegado el momento, porque nadie espera ganar ninguna votación importante en el congreso. No lo sé. Hay motivos para preocuparse, sin embargo, porque al hablar de los temas serios, lo poco que se habla, todos emplean prácticamente el mismo lenguaje, el que se puede escuchar en cualquier parte del mundo, y no promete nada bueno.

Sirve de ejemplo la privatización del sistema de pensiones que se discute en estos días en Estados Unidos, como parte de la reforma de la seguridad social en que está empeñado el presidente Bush. Es algo similar a lo que se hizo en México hace algunos años y se argumenta en términos muy similares. Consiste en eliminar el sistema público de ahorro y pago de jubilaciones y sustituirlo por cuentas individuales, abiertas en empresas privadas, con la posibilidad de invertir los fondos en la bolsa de valores. Se supone que eso contribuye a reducir el déficit fiscal, favorece la inversión privada y aumenta la libertad de los trabajadores. Aparte de que los bancos adquieran el negocio de gestionar esos fondos. Cualquier político de los nuestros y casi cualquiera de nuestros intelectuales podría hacer un poema épico para celebrar la idea. Lo han hecho.

Hay un problema: el modelo ya se ha puesto en práctica. En Texas se privatizó el sistema de pensiones hace veinticinco años y los resultados están a la vista. Los solteros de más altos ingresos han salido ganando: sus pensiones son mucho más altas de lo que hubieran sido en la seguridad social. Los demás, el 75% de la población, en particular las personas casadas y con hijos, con bajos ingresos, reciben menos e incluso mucho menos de lo que recibirían con el sistema público, en ocasiones la mitad. No es para sorprenderse. Las pensiones de la seguridad social están atadas a la inflación, para asegurar que se mantiene su capacidad adquisitiva y consideran el número de dependientes: las cuentas privadas son un negocio de particulares, suben o bajan según los cambios en la bolsa o en las tasas de interés y tienen que ser rentables para los intermediarios, en cuyo cálculo no pueden entrar las necesidades personales de los jubilados.

El liberal más cabezota puede reconocer que existe al menos ese riesgo y que dentro de diez o doce años empezaremos a ver las consecuencias. La réplica nos la sabemos de memoria, la hemos oído cada vez que se ha planteado el tema entre nosotros: el sistema público es incosteable, está en quiebra, no se puede sostener. En realidad, los números sobran. El régimen de pensiones y jubilaciones, como el resto de la seguridad social, se diseñó para una economía en la que crecían la población y el empleo y difícilmente puede mantenerse en economías de lento crecimiento, donde hay menos empleo formal, menos cotizaciones y mayor esperanza de vida. Ahora bien: lo que se ofrece como una solución saludable para un problema financiero, la privatización, significa de hecho una modificación radical de nuestro idioma normativo.

Tratemos de poner en limpio el argumento. El sistema de pensiones obedece a un imperativo de justicia: se trata de proteger la vejez de las personas que han trabajado toda su vida. El mecanismo financiero que se imagine para resolverlo es algo secundario; seguramente el que se diseñó hace cincuenta o sesenta años no resulta práctico hoy y eso significa que hace falta imaginar otro. El propósito tiene que ser el mismo. Modificar el sistema sólo a partir de criterios contables, de rentabilidad, poner como única condición que resulte conveniente para los intereses de los bancos es un retroceso moral, también lo es eliminar la responsabilidad pública. El sistema de pensiones debe ser sólido y debe tener financiamiento adecuado, sin duda. Lo mismo que el resto de la seguridad social. Pero su objetivo no puede quedar subordinado a la lógica de los negocios privados.

La misma discusión, casi en los mismos términos, se repite cuando se trata de la generación de energía, la educación o la salud pública. Por lo visto, hace falta recordarlo: las fuerzas del mercado, de las que hablan con trágica reverencia nuestros políticos y nuestros intelectuales, son los intereses de gente muy concreta. Las grandes palabras que hoy nos suenan casi ridículas –soberanía, justicia, responsabilidad pública- representan el intento de organizar esos intereses, los de todos, para hacerlos coincidir en un orden humanamente habitable. Y pongamos las cosas en su sitio: la alternativa al orden de los bancos no es la República Popular de Kampuchea.

 

La Crónica de hoy, 23 de febrero de 2005