Sobre una aberración

Etiquetas: ,

Jorge Fernández Menéndez, en Excelsior, hace unos días: “lo que se propone es que se le regrese a la ciudadanía su derecho a opinar sobre los candidatos o los partidos dentro de un proceso electoral. Hoy ese derecho está seriamente restringido debido a la reforma que se realizó al artículo 41 de la Constitución, que establece que ‘ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular…’ Es una aberración legal y política, ¿por qué los partidos pueden contar con más de 23 millones de spots y a un ciudadano o a una organización civil no se le deja expresar su opinión?, ¿por qué el monopolio de la opinión, la difusión o, como mal dice el texto constitucional, la posibilidad de “influir” en las elecciones, es sólo de las dirigencias partidarias?, ¿cómo se puede compatibilizar esa pretensión con el derecho a la libre expresión vigente en los artículos 6 y 7 de la Carta Magna?”

Veamos. El señor Fernández Menéndez tiene una columna en el Excelsior para manifestar su opinión diariamente, y lo ha hecho durante toda la campaña, con perfecta naturalidad. Tiene también un programa de radio de dos horas, de lunes a viernes, en el Grupo Imagen, es decir: ejerce su derecho a opinar en radio durante unas cuarenta o cincuenta horas al mes. Mucho más tiempo que cualquier candidato a cualquier puesto, en cualquier elección. Y no sólo no paga, sino que cobra por eso. En otras palabras, él sabe perfectamente que no se trata del derecho a opinar, que a nadie se le impide expresar su opinión ni hay un monopolio de la opinión. La gente que no es tan afortunada como él se manifiesta también durante las campañas por muchos medios: artículos de periódico, cartas abiertas, manifestaciones, bloqueos, mesas redondas, entrevistas, ruedas de prensa, blogs, mantas, carteles, calcomanías, también con desplegados en la prensa.

Su pregunta, formulada correctamente, sería: ¿por qué los ciudadanos no tienen todos igual derecho a comprar publicidad política en la radio y la televisión? O bien: ¿por que las empresas de radio y televisión no tienen derecho a vender a quien quieran publicidad política durante las campañas? Pues por motivos de equidad que son penosamente obvios, porque ese presunto derecho a comprar publicidad depende estrictamente de la capacidad económica para pagarla. Se trata de moderar mínimamente el impacto de la desigualdad sobre la política. La regla se refiere a los términos en que pueden hacer su negocio las empresas que –ellas sí – monopolizan las frecuencias de difusión: procura que no sea en perjuicio de la vida pública.

Es curioso que no se haya fijado el señor Fernández en que la aberración está bastante extendida. En Chile, por ejemplo, que es muy socorrido como término de comparación, la Ley Orgánica sobre votaciones populares y escrutinios establece que los canales de televisión “deberán destinar gratuitamente treinta minutos diarios de sus transmisiones a propaganda electoral” en elecciones separadas, para el congreso o la presidencia, y cuarenta minutos en elecciones conjuntas; el artículo 31 dispone la distribución de ese tiempo entre los candidatos y dice también: “Los canales de televisión de libre recepción sólo podrán transmitir propaganda electoral en los términos previstos en este artículo. Los servicios limitados de televisión no podrán, en caso alguno, transmitir propaganda electoral.” Se permite en la radio (un soplo de libertad) pero a cambio se prohíbe en cines o con altoparlantes.

En España el tema es materia de la Ley Orgánica 2/1988, reguladora de la publicidad electoral en emisoras de televisión privada. Es de una simplicidad admirable: “Artículo único.1. No podrán contratarse espacios de publicidad electoral en las emisoras de televisión privada objeto de concesión”. La Ley Orgánica 10/1991 se refiere en términos parecidos a las emisoras municipales de radio, y la 14/1995 lo extiende a la televisión digital terrestre. Sólo otro caso, para completar está galería de los horrores. El Código electoral francés, en su artículo 52-1 dice que en los tres meses anteriores al de una elección y hasta que termine el escrutinio “la utilización con fines de propaganda electoral de todo recurso de publicidad comercial en la prensa o cualquier medio de comunicación audiovisual está prohibida.” Con los franceses pasa eso, que no saben en qué consisten los derechos civiles, y se les ocurren aberraciones como prohibir la contratación de publicidad en las campañas electorales.

Bien mirado, eso significa que tenemos la ocasión de darle al mundo un ejemplo de convicción democrática ¡y de paso darle gusto a Televisa! No sé por qué no termina de parecerme una buena idea.

 

La Razón, 11 de julio de 2009