Un problema de salud pública

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Entre las cosas extravagantes de este país, y hay muchas, llama la atención en particular la buena conciencia de los empresarios, la desenvoltura con que critican a unos y otros y dan lecciones de civismo, de política o de lo que haga falta. Como si ellos nunca hubiesen roto un plato y más, como si les hubiese tocado pagar por los destrozos de todos los demás. Hablan con una seguridad y un aplomo, en su papel de “creadores de riqueza”, que incluso da la impresión de que se lo creen: leyendo sus declaraciones hay para pensar que sólo haría falta quitarles los obstáculos para que todo marchase de maravilla. Lo malo es que tanta virtud termina siendo sospechosa.

Es verdad que durante décadas los políticos hicieron lo posible por estorbar la vida de las empresas y que, en mucho, sigue habiendo impedimentos más o menos absurdos e inoperantes. Pero también es verdad que desde siempre los grandes negocios se han hecho no a pesar del gobierno, sino gracias a él, con protecciones y créditos y contratos públicos; llevamos además bastantes años promulgando leyes muy a propósito para la “creación de riqueza”. Da lo mismo. Los empresarios se quejan como antes, con más energía que antes, y se quejan de casi todo. Sólo una cosa falta y se nota: no les hemos oído hasta ahora pedir que se aclaren las operaciones financieras del rescate bancario de 1995. Es un silencio casi perfecto, de la orquesta completa.

Según parece, el Banco de México se ha visto obligado a presentar una serie de demandas en los tribunales para poder conocer las operaciones amparadas por los pagarés del Fobaproa. Según parece, los banqueros encuentran que todo es muy normal y muy apegado a derecho y no tienen intención de informar a nadie de nada, a menos que haya una orden judicial que lo haga obligatorio. Y ya tienen interpuestos amparos por si llega el caso. El gobierno, por su parte, en el ánimo de conservar el silencio, ha solicitado a la Suprema Corte que anule las “acciones correctivas” que había pedido la Auditoría Superior de la Federación no por otra cosa, sino que considera que no es materia de su competencia. Es decir: por una vez parece que el sistema judicial funciona a pedir de boca; hace ocho años que se hizo la operación y aquí nadie sabe nada, al Estado le toca pagar sin ver y sin hacer preguntas y el secreto bancario no lo quiebra nadie. Habría la menos motivo para que los empresarios aplaudiesen la actuación ejemplar de todos, pero no hay ni eso. Otra vez: tanta normalidad, tan callada y virtuosa, inspira recelo.

No tengo la menor duda de que hiciese falta, en 1995, lo que se llamó el “rescate bancario”. No tengo duda de que era indispensable mantener la liquidez de los bancos y apoyarlos comprando parte de su cartera vencida. Ahora bien: como todos, tengo fundadas sospechas con respecto a los créditos que se incluyeron en el Fobaproa. Habrá habido –imagino- créditos otorgados sin garantía suficiente, también los habría para los accionistas de los bancos y sus familiares en condiciones por los menos dudosas, los habría para políticos por razones políticas y para amigos por motivos de amistad y los habría con cláusulas ilegales: se lo puede imaginar cualquiera, conociendo el percal. Aparte de eso, ha habido varias auditorías –dos, tres o más, tampoco se sabe bien- que han descubierto, según lo que se publica, varias “operaciones reportables”, que no se sabe lo que es, pero no suena muy bien.

El problema es el silencio. La complicidad de todos –perdón: todos- para mantener el silencio. Como nadie dice nada, estamos en libertad para imaginarnos cualquier monstruosidad. Podría ser que hubiese operaciones irregulares o directamente fraudulentas por valor de varios miles de millones de pesos: eso dijo la Auditoría Superior de la Federación cuando la mandaron callar por meterse donde dice el gobierno que no le tocaba. No sabemos. El gobierno lo sabe, los partidos lo saben, sobre todo los banqueros lo saben pero ya han anunciado, con mucha sonrisa, que no van a dar esa información ni siquiera al Banco de México. Y los empresarios, tan locuaces como están últimamente, se callan a todo callar.

El mínimo no ya de decencia ni de responsabilidad, sino de sentido práctico debía llevarlos a decir algo. Puestos a exigir transparencia y una gestión pública decorosa, honrada, que no estorbe a la economía, deberían empezar por ahí. Deberían empezar por reclamar, por motivos de salud pública, la más perfecta transparencia en lo que se refiere a la operación del Fobaproa y sus secuelas, porque no hay otro tema más grave, ninguno que lastime así la confianza general ni que lastre de ese modo las finanzas públicas. Mientras no lo hagan, están todos en entredicho: sus sermones sonarán cada vez más huecos y sus amenazas serán más oscuras.

 

La Crónica de hoy 24 de junio de 2003